STC2390-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2390-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00915-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de dos de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 13 de mayo de 20211, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Gabriel Jaime Gonz\u00e1lez Uribe contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1 de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia, debido proceso, entre otros, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada en un juicio laboral (SL4314-2020, 4 nov., rad. 72737). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que present\u00f3 demanda contra Epson Colombia Ltda., Epson Latin America Inc. y Epson America Inc., en procura de la declaraci\u00f3n de existencia de una relaci\u00f3n laboral del 1 de marzo de 2001 al 9 de agosto de 2009, as\u00ed como del despido sin justa causa y las dem\u00e1s acreencias derivadas del reconocimiento de los bonos \u2018Big Pass\u2019 como factor salarial, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medell\u00edn, quien desestim\u00f3 el petitum; decisi\u00f3n ratificada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa localidad. <\/p>\n
Inconforme, recurri\u00f3 en sede extraordinaria, pero la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1 dej\u00f3 inc\u00f3lume la resoluci\u00f3n desfavorable del ad quem, incurriendo en varias causales de procedencia excepcional del amparo \u2013defectos f\u00e1ctico y procedimental absoluto, as\u00ed como desconocimiento del precedente\u2013, porque valor\u00f3 erradamente \u00abla confesi\u00f3n\u00bb sobre la entrega de los citados bonos; aunado a que no aplic\u00f3 los art\u00edculos 83 y 99 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, con lo que pretermiti\u00f3 la sentencia \u00abSU-768 de 2014 en [la] que la H. Corte Constitucional determin\u00f3 que decretar pruebas de oficio es un deber legal de los jueces y la l\u00ednea jurisprudencial de la H. Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia\u00bb2. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3 que \u00abse REMUEVA del mundo jur\u00eddico la sentencia de casaci\u00f3n proferida por la H. Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia el d\u00eda el cuatro (4) de noviembre de 2020, y en su lugar se ordene proferir una nueva CASANDO la [providencia] de segunda instancia y, para un mejor proveer, decretando oficiosamente las pruebas que estime necesarias para acreditar los montos de los pagos realizados a favor del demandante a trav\u00e9s del servicio Big Pass\u00bb; y, de forma subsidiaria, que se ordenen \u00ablos mecanismos necesarios y pertinentes para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales conculcados\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La magistrada ponente de la decisi\u00f3n confutada manifest\u00f3 que \u00abel actor (\u2026) formul\u00f3 dos cargos por la causal primera de casaci\u00f3n, los cuales fueron estudiados conjuntamente\u00bb, frente a los cuales se concluy\u00f3 que \u00abpese a que Epson Colombia Ltda. acept\u00f3 en la contestaci\u00f3n de demanda que entregaba unos bonos no constitutivos de salario, le correspond\u00eda al demandante acreditar el valor de los denominados Bonos Big Pass y la habitualidad con la cual se le cancelaban, a efectos de ser tenidos en cuenta para liquidar las prestaciones pretendidas en la demanda inaugural\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, recalc\u00f3 que \u00aben el expediente no se evidencia la cancelaci\u00f3n de alguna suma por este concepto, lo que impidi\u00f3 a la Corporaci\u00f3n fulminar una condena, pues era deber del demandante probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen, obligaci\u00f3n que incumpli\u00f3 para los fines por \u00e9l pretendidos\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abel recurso extraordinario es de naturaleza rogado, y est\u00e1 concebido para ejecutar un control de legalidad de la sentencia, m\u00e1s no para definir el conflicto suscitado entre las partes, a menos que prospere el quebranto del fallo fustigado, ni mucho menos se ha instituido para subsanar irregularidades procesales o probatorias (AL1444-2021). De igual forma debe acotarse que corresponde a las partes, en ejercicio de principio de la carga de la prueba (art.167 del CPC) solicitar los medios de persuasi\u00f3n con los que considera puede demostrar los fundamentos f\u00e1cticos de sus pretensiones, dentro de las oportunidades previstas legalmente (art. 183 CGP); el decreto de pruebas corresponde en esencia al juez de primer grado (art. 169 CGP), por excepci\u00f3n y bajo ciertas circunstancias al Tribunal (art.83 CPTYSS)\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el resguardo, porque \u00ablos argumentos de la demandada son coherentes y est\u00e1n conforme a la normatividad que regulan el tema, los cuales les permitieron al cuerpo colegiado accionado no casar la decisi\u00f3n del Tribunal que neg\u00f3 las pretensiones del demandante. Por lo anterior, es claro que la parte accionante busca cuestionar el raciocinio jur\u00eddico de la jurisdicci\u00f3n laboral y, con ello, protestar por el sentido de la decisi\u00f3n adoptada por la accionada\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El apoderado del censor recurri\u00f3 la precitada providencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00abla H. Sala accionada incurri\u00f3 en la sentencia de casaci\u00f3n en un grave defecto f\u00e1ctico por valoraci\u00f3n defectuosa del acervo probatorio, pues, aunque se resalt\u00f3 que la parte demandante confes\u00f3 que \u201centregaba unos bonos no constitutivos de salario\u201d, luego, para no casar la sentencia, manifiesta que no est\u00e1 probado que se el demandante recibiera pagos por bonos, clara contradicci\u00f3n que vulnera gravemente los derechos fundamentales del accionante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1 de esta Corporaci\u00f3n dej\u00f3 en firme la resoluci\u00f3n desestimatoria del tribunal, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, sobre los elementos de convicci\u00f3n aportados al citado proceso, la Sala enjuiciada precis\u00f3 que \u00fanicamente obraban los siguientes: \u00abi) un derecho de petici\u00f3n a folio 106 en el que se solicita se expidan los soportes de valeras entregadas al trabajador por la empresa Epson Colombia Ltda., ii) la respuesta a esa solicitud, por parte de la empresa Big Pass que reposa a folio 107 informando que no puede suministrar lo peticionado a menos que Epson Colombia Ltda., lo autorice; y iii) a folio 214 un comprobante de n\u00f3mina de fecha abril de 2004\u00bb, \u00faltima probanza de la cual no se evidenci\u00f3 la cancelaci\u00f3n de suma alguna por ese concepto. <\/p>\n
En ese orden, se\u00f1al\u00f3 que \u00abera deber del demandante probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen, obligaci\u00f3n que incumpli\u00f3 para los fines por \u00e9l pretendidos\u00bb, comoquiera que \u00aben el plenario no hay prueba que acredite que los Bonos Big Pass se giraban como retribuci\u00f3n directa del servicio prestado por el demandante, ni tampoco se evidencia periodicidad alguna en su pago respecto de dicho trabajador, pues como se anot\u00f3 con anterioridad, solamente hay un recibo de n\u00f3mina del que no se puede concluir la cancelaci\u00f3n de alg\u00fan rubro por ese concepto, lo cual impide a la Sala decir que el demandante recibi\u00f3 una bonificaci\u00f3n y que esta era de car\u00e1cter salarial\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
3.2. Sumado a lo anterior, la Sala estima oportuno relievar que quien acude a un proceso judicial tiene el deber de presentar al juez de la causa no solo su versi\u00f3n de los hechos, sino tambi\u00e9n \u2013por v\u00eda general\u2013 los elementos probatorios tendientes a demostrar el fundamento de sus aspiraciones o defensas, debiendo soportar consecuencias adversas en caso de no hacerlo. <\/p>\n
Ahora, habr\u00e1 casos en los que, a pesar de la actividad probatoria desplegada por las partes, el sentenciador encuentre que no ha logrado recaudar la informaci\u00f3n necesaria o jur\u00eddicamente relevante para emitir un veredicto ajustado \u2013en la medida de lo posible\u2013 a la verdad real y a la justicia material, por lo que el ordenamiento jur\u00eddico ha facultado al fallador \u2013y al tiempo, compelido en determinados eventos\u2013, para procurar esclarecer esos pasajes de penumbra, mediante el decreto oficioso de medios de persuasi\u00f3n. <\/p>\n
Pero la comprensi\u00f3n previamente expuesta no implica que las partes hayan sido liberadas de la carga que les incumbe; por el contrario, con excepci\u00f3n de \u00ablos hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas\u00bb, o de aquellos eventos en donde la ley presume un determinado acontecimiento, a los litigantes les corresponde actuar con diligencia en la demostraci\u00f3n del \u00absupuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u00bb. <\/p>\n
En tal virtud, aunque al juez se le exige acuciosidad y dinamismo en la b\u00fasqueda de la verdad real sobre la cual ha de definir la controversia, esa labor no se extiende hasta el punto de tener que suplir en cualquier supuesto la carga probatoria que le incumbe a las partes, por lo que conviene precisar que la facultad-deber del fallador de decretar pruebas de oficio no puede interpretarse como un mandato absoluto, o fatalmente impuesto en todos los casos, dado que aquel sigue gozando de una discreta autonom\u00eda en la instrucci\u00f3n del proceso, con independencia de su naturaleza. <\/p>\n
3.3. Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del censor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.4. Por \u00faltimo, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb enunciados en el libelo inicial, esta Sala colige que la diferencia de criterios, por s\u00ed misma, no tiene la entidad de enervar la juridicidad de la sentencia de casaci\u00f3n, aunado a que en la misma providencia se hizo alusi\u00f3n a los postulados jurisprudenciales del \u00f3rgano de cierre laboral en lo concerniente a la problem\u00e1tica estudiada \u2013entre otros, se apoy\u00f3 en el fallo CSJ SL1798-2018, 16 may., rad. 63988, reiterado en el SL5159-2018, 14 nov., rad. 68303\u2013, pero, producto de la deficiente actividad probatoria de la parte, se despach\u00f3 desfavorablemente lo requerido, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO CONJUNTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00915-01 <\/p>\n
<\/p>\n
1. Con el mayor respeto hacia las decisiones adoptadas por esta Sala de la Corte, exponemos los motivos por los que diferimos de la postura mayoritaria, la cual dispuso ratificar el fallo denegatorio del a-quo constitucional, que, a su turno, estim\u00f3 razonable el veredicto casacional materia de censura (CSJ SL4314, 4 nov. 2020, rad. 72737). <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3. N\u00f3tese, que la Sala de Descongesti\u00f3n accionada al estudiar el cargo presentado en la demanda extraordinaria del tutelante, expres\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El Tribunal precis\u00f3 que los bonos Big Pass carec\u00edan de connotaci\u00f3n salarial, ya que, seg\u00fan las declaraciones de los compa\u00f1eros del actor, era costumbre empresarial, fijar en los contratos de trabajo una cl\u00e1usula de exclusi\u00f3n en ese sentido, hecho que dijo corroborar con las copias de los contratos de trabajo suscritos por otros subalternos de la empresa, que ocupaban cargos de similar nivel administrativo al que desarroll\u00f3 el demandante y que gozaban de la misma retribuci\u00f3n; as\u00ed mismo porque encontr\u00f3 que las bonificaciones o gratificaciones entregadas mediante dichos t\u00edtulos, ten\u00edan como finalidad premiar el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Agreg\u00f3 que la referida costumbre de la entidad de estimular los servicios de sus subordinados con el reconocimiento de unos incentivos, constitu\u00eda una fuente de derecho que adquir\u00eda la misma autoridad que la ley\u201d. <\/p>\n
\u201cLa censura radica su inconformidad, de un lado en que en su entender el juzgador interpret\u00f3 de manera err\u00f3nea el art\u00edculo 128 del CST, dado que el pacto de exclusi\u00f3n salarial debe constar por escrito y en \u00e9l estar \u00abdispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie\u00bb; y de otro, porque la prueba testimonial y los contratos de trabajo de las personas que declararon en el proceso, no implicaban que las condiciones laborales del recurrente necesariamente fueran iguales; por lo que frente a \u00e9l deb\u00eda obrar prueba expresa que demostrara la exclusi\u00f3n salarial del pago de los bonos Big Pass, como hubiera sido el contrato de trabajo suscrito por el actor, que no se aport\u00f3 al expediente\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, le corresponde a la Sala establecer si desde el punto de vista jur\u00eddico el Tribunal incurri\u00f3 en la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 128 del CST, al negarle el car\u00e1cter salarial a los Bonos Big Pass, pese a no exigir pacto expreso de la exclusi\u00f3n salarial de estos, e inferirlo de una costumbre mercantil\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La Sala de tiempo atr\u00e1s ha entendido que el legislador admiti\u00f3 el pacto de exclusi\u00f3n salarial de algunos rubros que no se involucrar\u00edan en la liquidaci\u00f3n de prestaciones sociales, siendo ineficaz la cl\u00e1usula que despoja la naturaleza de salario sobre conceptos que por esencia si lo son; as\u00ed se dijo claramente en providencia CSJ SL2441-2018 rad, 27 jun. 2018, 54257, en la que se memor\u00f3 la CSJ SL20037-2017 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) As\u00ed las cosas, la regla general consiste en que todo lo que recibe un trabajador por el desempe\u00f1o de su actividad, es salario, a menos que le sea suministrado para cumplir a cabalidad sus funciones, se trate de prestaciones sociales o de pagos ocasionales y\/o por mera liberalidad del empleador. De igual forma, que es permitido el acuerdo de las partes para excluir de la liquidaci\u00f3n de prestaciones, algunos pagos que pudiendo ser salario, no se involucraran como tales; eventualidad para la que debe imperar la claridad, precisi\u00f3n y detalle\u201d. <\/p>\n
\u201cPues bien, de cara a la sentencia impugnada se observa que en efecto el Tribunal err\u00f3, toda vez que a pesar de haber escogido correctamente la norma que gobernaba la litis, le dio un alcance equivocado, al no exigir que la cl\u00e1usula de exclusi\u00f3n salarial fuese pactada de manera personal, expresa, clara, precisa y detallada con el demandante, respecto de los denominados Bonos Big Pass\u201d. <\/p>\n
\u201cIgualmente se equivoc\u00f3 al predicar como \u00abcostumbre mercantil\u00bb la suscripci\u00f3n de pactos de exclusi\u00f3n salarial, frente a todos los trabajadores de la entidad demandada, incluido el demandante, pues el hecho de que la empleadora hubiera pactado con otros empleados distintos al actor, que la citada bonificaci\u00f3n cancelada a aquellos, no ser\u00eda salario, no significaba per se, que a ese mismo acuerdo se hubiere llegado con \u00e9ste; incluso ante la reclamaci\u00f3n de Gonz\u00e1lez Uribe para que se involucrara como salario el Bono referido, se impon\u00eda la probanza que se echa de menos. De igual forma aducir que dicho comportamiento, se erig\u00eda como una costumbre mercantil, fuente de derecho, resulta un argumento equivocado, en la medida que aquella puede pregonarse en actividades de tipo comercial, como lo permite el art\u00edculo 3 del CCo, m\u00e1s no frente a las relaciones de trabajo\u201d. <\/p>\n
\u201cDe otra parte y desde el punto de vista f\u00e1ctico, el sentenciador tambi\u00e9n err\u00f3 al soslayar que en el expediente no exist\u00eda prueba que referenciara un acuerdo expreso y personal entre las partes para excluir de la connotaci\u00f3n salarial, del tantas veces citado Bono Big Pass, y colegirlo de lo que la empresa acord\u00f3 con otros colaboradores, y argumentar que aquello correspond\u00eda a una \u00abcostumbre mercantil\u00bb con id\u00e9ntica fuerza a la de la ley\u201d. <\/p>\n
Seguidamente, manifest\u00f3 que el cargo formulado resultaba fundado; empero, <\/p>\n
\u201cen sede de instancia llegar\u00eda a la misma conclusi\u00f3n absolutoria a la que arrib\u00f3 el juzgador plural toda vez que, pese a que Epson Colombia Ltda. acept\u00f3 en la contestaci\u00f3n de demanda que entregaba unos bonos no constitutivos de salario, le correspond\u00eda al demandante acreditar el valor de los denominados Bonos Big Pass y la habitualidad con la cual se le cancelaban, a efectos de ser tenidos en cuenta para liquidar las prestaciones pretendidas en la demanda inaugural\u201d. <\/p>\n
\u201cPues bien por el contrario, en el expediente lo \u00fanico que reposa es: i) un derecho de petici\u00f3n a folio 106 en el que se solicita se expidan los soportes de valeras entregadas al trabajador por la empresa Epson Colombia Ltda., ii) la respuesta a esa solicitud, por parte de la empresa Big Pass que reposa a folio 107 informando que no puede suministrar lo peticionado a menos que Epson Colombia Ltda., lo autorice; y iii) a folio 214 un comprobante de n\u00f3mina de fecha abril de 2004, en el cual no se evidencia la cancelaci\u00f3n de alguna suma por ese concepto\u201d. <\/p>\n
\u201cLa anterior situaci\u00f3n impide a esta Corporaci\u00f3n fulminar una condena, pues era deber del demandante probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen, obligaci\u00f3n que incumpli\u00f3 para los fines por \u00e9l pretendidos\u201d. <\/p>\n
\u201cVale decir, que en el plenario no hay prueba que acredite que los Bonos Big Pass se giraban como retribuci\u00f3n directa del servicio prestado por el demandante, ni tampoco se evidencia periodicidad alguna en su pago respecto de dicho trabajador, pues como se anot\u00f3 con anterioridad, solamente hay un recibo de n\u00f3mina del que no se puede concluir la cancelaci\u00f3n de alg\u00fan rubro por ese concepto, lo cual impide a la Sala decir que el demandante recibi\u00f3 una bonificaci\u00f3n y que esta era de car\u00e1cter salarial\u201d. <\/p>\n
3.1. As\u00ed las cosas, el quebranto de las garant\u00edas del promotor radica en la inactividad de la convocada en decretar pruebas de oficio para dilucidar el asunto sometido a su conocimiento, pues la misi\u00f3n de la justicia en el Estado constitucional es lograr la demostraci\u00f3n de la verdad real para restablecer derechos agredidos, respecto del juzgamiento de los intereses en conflicto. <\/p>\n
N\u00f3tese, la Sala fustigada dio por sentado que el cargo formulado en la demanda de casaci\u00f3n impetrada por el petente, resultaba fundado, dado el alcance equivocado que el tribunal de segunda realiz\u00f3 frente al art\u00edculo 128 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo; empero, a pesar de ello, la convocada expres\u00f3 la imposibilidad de \u00abfulminar una condena\u00bb, ante la carencia de prueba que determine \u00abel valor de los denominados Bonos Big Pass y la habitualidad con la cual se le cancelaban [al actor], a efectos de ser tenidos en cuenta para liquidar las prestaciones pretendidas en la demanda inaugural\u00bb. <\/p>\n
3.2. Bajo ese horizonte, evidente es que la sede judicial acusada al carecer de esos elementos demostrativos necesarios para resolver el litigio cuestionado, debi\u00f3 hacer uso de las potestades oficiosas, frente a las cuales esta Corte ha dicho, que cuando las contiendas ofrezcan deficiencia probatoria, es deber del juzgador de emplear los poderes oficiosos para decretar todos los elementos de convicci\u00f3n que, a su juicio, considere convenientes para verificar los hechos alegados por las partes3, ante todo, cuando se afectan los derechos fundamentales o el orden p\u00fablico. <\/p>\n
Total, no cabe duda de que el juez casacional encartado, en vista de encontrar pr\u00f3spera la acusaci\u00f3n extraordinaria del aqu\u00ed quejoso, bien pudo \u2013para fines de mejor proveer en sede de segunda instancia\u2013 acudir a la facultad de que trata el art\u00edculo 54 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, tendiente a \u00abordenar a costa de una de las partes, o de ambas, seg\u00fan a quien o a quienes aproveche, la pr\u00e1ctica de todas aqu[e]llas [pruebas] indispensables para el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, m\u00e1xime si se est\u00e1 frente a un conflicto de car\u00e1cter laboral, el cual, como es natural y parece pasarlo por alto la ponencia ahora aprobada, debe procurar por una soluci\u00f3n de fondo a las pugnas derivadas de toda relaci\u00f3n que se aduzca como de empleador-trabajador, pues como ha preceptuado la Corte Constitucional (en pronunciamiento de tutela posterior al veredicto aqu\u00ed disentido, pero de la mano de uno de 2004), <\/p>\n
el juez est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de decretar y practicar pruebas de oficio si con ello garantiza la \u201cnaturaleza tutelar del derecho laboral\u201d, y evita \u201cabismales injusticias\u201d. A\u00f1ade esta Corte (\u2026) una de esas injusticias por evitar es la de la emisi\u00f3n de un fallo non liquet [inhibitorio]. Sobre el particular, en la Sentencia T-134 de 2004, esta Corte se\u00f1al\u00f3 que\u201c(\u2026) [S]e est\u00e1 ante dos formas de sentencia inhibitoria injustificada y, por ello, contraria a la Constituci\u00f3n. La primera, el fallo inhibitorio manifiesto, en que el juez expresamente decide no resolver de fondo lo pedido sin haber agotado todas las posibilidades conferidas por el ordenamiento jur\u00eddico aplicable, y, la segunda, el fallo inhibitorio impl\u00edcito, caso en el cual el juez profiere una decisi\u00f3n que en apariencia es de fondo, pero que realmente no soluciona el conflicto jur\u00eddico planteado y deja en suspenso la titularidad, el ejercicio o la efectividad de los derechos y prerrogativas que fundaban las pretensiones elevadas ante la jurisdicci\u00f3n. \/\/ En ambas situaciones se est\u00e1 ante la afectaci\u00f3n del derecho fundamental al acceso a la administraci\u00f3n de justicia (\u2026)\u201d\u2026 (CC SU129-21). <\/p>\n
3.2.1. En un reciente asunto de similares contornos al ac\u00e1 examinado, esta Colegiatura al conceder el amparo incoado contra una de las Salas de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral (por rehusar la potestad de la prueba oficiosa), indic\u00f3: <\/p>\n
\u201cMem\u00f3rese que, si la Colegiatura no contaba con los elementos probatorios para dilucidar tales irregularidades f\u00e1cticas, como ella misma lo plasm\u00f3 en su providencia -\u201cno existe informaci\u00f3n que permitiera colegir que, durante esos ciclos, el afiliado tuvo vinculaci\u00f3n laboral\u201d, debi\u00f3 decretarlos de oficio al momento de dictar la \u201csentencia de reemplazo\u201d, de conformidad con el art\u00edculo 349 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a ese tr\u00e1mite por expresa remisi\u00f3n del art\u00edculo 145 del C\u00f3digo de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, a cuyo tenor, \u201cA falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicar\u00e1n las normas an\u00e1logas de este Decreto, y, en su defecto, las del C\u00f3digo Judicial\u00bb, para as\u00ed esclarecer las dudas en el escenario planteado, sobre los \u201caportes\u201d y su respectiva relaci\u00f3n en la \u201chistoria laboral\u201d, la duraci\u00f3n del \u201cv\u00ednculo laboral con el empleador\u201d o la configuraci\u00f3n de una posible \u201cmora patronal (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Siendo as\u00ed, resulta palmario que tales derroteros no fueron tenidos en cuenta por la dependencia enjuiciada a la hora de zanjar la opugnaci\u00f3n \u00abextraordinaria\u00bb y, por tanto, es clara la vulneraci\u00f3n del \u00abdebido proceso\u00bb de la impulsora\u201d\u20264 <\/p>\n
3.2.2. Y refiri\u00e9ndose al tambi\u00e9n rotulado \u00abpoder-deber\u00bb oficioso para el decreto de medios demostrativos, la Corte anot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [A]quella es una valios\u00edsima herramienta que ha de servir al compromiso de apropiarse de la mayor cantidad de elementos de juicio posibles con el fin de hallar la verdad hist\u00f3rica de lo sucedido, y as\u00ed resolver las controversias de la manera m\u00e1s acertada posible, de cara a cumplir con el mandato constitucional de dar prevalencia al derecho sustancial (\u2026)\u201d (CSJ STC, 8 may. 2006, rad. 00089-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 7 feb. 2013, rad. 00160-00) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cDel mismo tenor, se ha expuesto que: <\/p>\n
\u201c[F]rente a las dudas que puedan derivarse en el juicio para el fallador, ah\u00ed est\u00e1 a mano la facultad oficiosa en materia probatoria a la que puede acudir contingentemente y si lo estima oportuno (\u2026), porque no otra connotaci\u00f3n tiene que prevalezca el derecho sustancial sobre el adjetivo (art\u00edculos 228 Superior y 4\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), lo cual posibilita que aquellas se remuevan, aun exofficio, en aras de perseguir la verdad real, cometido a que perennemente se debe propender por parte de la jurisdicci\u00f3n (CSJ STC, 21 may. 2013, rad. 01008-00) (\u2026)\u201d5 (Se destac\u00f3). <\/p>\n
3.3. Es que el desacierto cometido por el \u00f3rgano jurisdiccional fustigado (pese a las afirmaciones de la sentencia aqu\u00ed mayoritaria) se hace m\u00e1s latente, si de relieve se pone que, igualmente, dej\u00f3 de lado el criterio de su misma Sala permanente, en torno a la potestad tan comentada para casos como el de marras, en el que tendr\u00eda que posicionarse como juez de segunda instancia. <\/p>\n
Por ejemplo, en CSJ SL887, 16 oct. 2013, rad. 42433, la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, dijo: <\/p>\n
(\u2026)Juzga conveniente la Corte reiterar, en l\u00ednea de doctrina, lo expuesto en decisi\u00f3n reciente del pasado 6 de septiembre, radicaci\u00f3n 37.804, en cuanto a que los jueces deben procurar desentra\u00f1ar de los medios probatorios o de la actuaci\u00f3n surtida, los elementos indispensables para poder calcular los derechos laborales o sociales que le correspondan al accionante. <\/p>\n
Aun cuando tiene ense\u00f1ado esta Sala, que quien pretenda o demande un derecho, est\u00e1 obligado a probar los hechos que lo gestan o en los que se funda, tambi\u00e9n se ha de considerar, que el Juez est\u00e1 en el deber de estimar la plataforma probatori[a], buscando siempre no quedarse en la sola determinaci\u00f3n del derecho, sino hacerlo efectivo con la correspondiente liquidaci\u00f3n de las acreencias a que haya lugar, observando celosamente los presupuestos y par\u00e1metros legales o convencionales… <\/p>\n
De ah\u00ed que, en los eventos donde est\u00e9 evidenciado el derecho, como en el asunto bajo escrutinio, el sentenciador debe siempre procurar establecer su quantum\u2026 <\/p>\n
Y a trav\u00e9s de SL3461, 27 jun. 2018, rad. 58089, en lo atinente a la facultad de los juzgadores de alzada en materia probatoria, remarc\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)Frente a la mencionada facultad, que \u00faltimamente se concibe como un deber (CSJ SL9766-2016), esta sala de la Corte ha se\u00f1alado insistentemente que con la audiencia de juzgamiento concluye cualquier posibilidad probatoria que pudieran desplegar las partes o desarrollar el Tribunal en su actividad oficiosa, \u00ab\u2026salvo cuando al enfrentar la decisi\u00f3n de fondo, \u00e9ste encuentre falencias e insuficiencias probatorias que le impidan llegar a la verdad real, pues entonces podr\u00e1 regresar a la etapa procesal que le permita completar el conjunto probatorio con el cual pueda dictar la sentencia correspondiente.\u00bb (CSJ SL, 9 nov. 1999, rad. 12536). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha adoctrinado esta corporaci\u00f3n, con especial ah\u00ednco, que trat\u00e1ndose de derechos de especial relevancia social, como los que se debaten en los juicios de trabajo y seguridad social, el juez no puede adoptar una posici\u00f3n en extremo pasiva y dispositiva en materia probatoria, de manera que debe realizar todas las diligencias que est\u00e9n a su alcance para preservar los derechos fundamentales de trabajadores y afiliados a la seguridad social y evitar decisiones inhibitorias, vacuas o excesivamente formalistas. Ha sostenido, en esa direcci\u00f3n, que por la especial naturaleza del derecho laboral, \u00ab\u2026con mejor raz\u00f3n cuando en su \u00e1mbito se despliega la seguridad social, obliga al juez a actuar para superar las deficiencias probatorias o de gesti\u00f3n judicial, cuando se sospecha que de ellas pende, como en el sub lite, una irreparable decisi\u00f3n de privar de protecci\u00f3n a quien realmente se le deb\u00eda otorgar.\u00bb (CSJ SL, 15 abr. 2008, rad. 30434)\u2026 (Subrayado con intenci\u00f3n). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Por todo lo atr\u00e1s consignado, se impon\u00eda infirmar el fallo de primer rango y, por ende, conceder el auxilio implorado, dado que si bien para esta Magistratura es insoslayable el respeto por los pronunciamientos judiciales, y m\u00e1s si provienen de organismos de cierre, como el aqu\u00ed accionado, tambi\u00e9n lo es que el mecanismo tutelar puede erguirse excepcionalmente s\u00f3lo cuando aparezcan visibles causales de procedibilidad, atisbadas en el debate sub examine. <\/p>\n
<\/p>\n
5. En los anteriores t\u00e9rminos, dejamos plasmados los motivos que nos llevan a disentir de la decisi\u00f3n adoptada por la Sala mayoritaria. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
Los magistrados, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 El expediente fue ingresado a este despacho el 17 de febrero de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 Sobre el particular, se\u00f1al\u00f3, entre otras, las sentencias \u00abSL1338-2021, SL1340-2021, SL1300-2021, SL847-2021, SL1217-2021, SL745-2021, SL1142-2021, SL504-2021, SL890-2021, SL305-2021 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC6514, 4 jun. 2021, rad. 00575-01 <\/p>\n
5\u0002 CSJ STC15789, 18 nov. 2015, rad. 02725-00. <\/p>\n
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STC2390-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC2390-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00915-01 (Aprobado en Sala de dos de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 13 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61961","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61961","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61961"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61961\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61961"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61961"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61961"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}