STC2459-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2459-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00575-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dos de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Hugo Hernando Solarte Potes y Sandra Milena Su\u00e1rez Cifuentes contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Caloto. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, los solicitantes reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas al disponer el rechazo de la demanda radicaba bajo el n\u00ba 2021-00105. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, se extracta que Hugo Fernando Solarte Potes, como v\u00edctima directa de un accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 5 de agosto de 2016, y Sandra Milena Su\u00e1rez Cifuentes, como su compa\u00f1era permanente, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, el 30 de julio de 2021 promovieron \u00abdemanda de responsabilidad civil extracontractual y nulidad de contrato\u00bb contra Jos\u00e9 Heriberto Coicue Hilamo, Juan Carlos Coicue Salazar, Cooperativa de Transporte Etnias de Colombia S.A. y QBE Seguros S.A. <\/p>\n
Que la acci\u00f3n tuvo lugar porque \u00abel 8 de agosto de 2016, cuando [Hugo Fernando Solarte Potes] [s]e encontraba en el hospital\u00bb, el se\u00f1or Coicue Hilamo \u00ab[l]e solicit\u00f3 que firmara un documento con el objetivo de retirar el veh\u00edculo del parqueadero de bomberos y as\u00ed evitar que fuera trasladado a los patios de tr\u00e1nsito (\u2026), empero, en realidad dicho documento era un \u201ccontrato de conciliaci\u00f3n mutua de accidente de tr\u00e1nsito\u201d donde se estableci\u00f3 que Hugo Solarte \u201ctransaba\u201d, por lo que \u201cdesist\u00eda\u201d de cualquier acci\u00f3n legal como consecuencia del siniestro\u00bb. <\/p>\n
Que en raz\u00f3n a \u00ablas omisiones\u00bb en el \u00abinforme policial de accidente de tr\u00e1nsito\u00bb y por carecer de acompa\u00f1amiento jur\u00eddico, \u00abla denuncia por lesiones personales [ni] el requerimiento ante las entidades competentes (\u2026), deb\u00ed yo como v\u00edctima [y] tras una recuperaci\u00f3n de a\u00f1os, larga y dolorosa (\u2026) apersonar[me] de la investigaci\u00f3n\u00bb; del mismo modo, \u00abel mencionado contrato de conciliaci\u00f3n (\u2026) me llev\u00f3 a un error durante varios a\u00f1os [al considerar que] hab\u00eda perdido las posibilidades de hacer exigible el resarcimiento de los perjuicios que me fueron ocasionados\u00bb, lo cual solo realiz\u00f3 \u00abapurado por la prescripci\u00f3n extraordinaria, pues estaban por cumplirse 5 a\u00f1os desde la ocurrencia del siniestro\u00bb. <\/p>\n
Que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Caloto inadmiti\u00f3 la referida demanda con auto del 15 de septiembre del mismo a\u00f1o, por \u00abm\u00e1s de 10 causales\u00bb, y para subsanarla la presentaron \u00abreconstruida en su totalidad\u00bb; no obstante, el despacho encartado, \u00abmediante auto interlocutorio No. 34 del 17 de noviembre de 2021, dispuso rechazar[la] (\u2026), pues a [su] juicio no se subsan\u00f3 en debida forma, comoquiera que el cuaderno de medidas cautelares inclu\u00eda la solicitud de 1 medida improcedente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que, recurrida y apelada la anterior determinaci\u00f3n, la misma fue ratificada por las autoridades acusadas el 6 de diciembre de 2021 y 12 de enero de 2022, respectivamente, incurriendo con ello en \u00abdefecto procedimental por exceso ritual manifiesto\u00bb, porque \u00absi bien existi\u00f3 un error formal en la palabra empleada en el escrito de medidas cautelares al solicitar \u201cun embargo y secuestro\u201d cuando correspond\u00eda [a] la \u201cinscripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u201d, [esto] no es \u00f3bice para que el juzgado en buen uso de sus facultades constitucionales adecue la solicitud a lo que procede\u00bb. <\/p>\n
3. Pretenden, que por esta v\u00eda \u00abse revoque [el] auto 34 del 19 de noviembre de 2021 y [el] 37 del 6 de diciembre de 2021 del Juzgado 1 Promiscuo del Circuito de Caloto, as\u00ed como la decisi\u00f3n de la Sala Civil [del] Tribunal Superior del Cauca (sic) del 12 de enero de 2022, y en consecuencia se ordene (\u2026), admitir la demanda declarativa\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n fustigada, se opuso a la acci\u00f3n, aduciendo que con ella los actores pretend\u00edan \u00abutilizar este mecanismos subsidiario y residual como una instancia adicional lo que hace evidente su improcedencia, aunado a que no es dable predicar ninguno de los defectos que contempla la jurisprudencia para la prosperidad de la tutela en contra de providencias judiciales\u00bb, y sin m\u00e1s pronunciamientos, se remiti\u00f3 a los argumentos contenidos en el auto del 12 de enero de 2022. <\/p>\n
2. El Juez Promiscuo del Circuito de Caloto, expres\u00f3 que \u00abno existe vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales [invocados]\u00bb, toda vez que la providencia emitida por su despacho \u00abno es una decisi\u00f3n arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra preceptivas legales que rigen el respectivo proceso (\u2026), sino que por el contrario, como se indic\u00f3 en las providencias atacadas (\u2026), encuentran sustento en pronunciamientos de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que ha precisado que ante la solicitud de medidas cautelares improcedentes en los procesos declarativos, las mismas no pueden ser reemplazadas como requisito de procedibilidad de la audiencia prejudicial de conciliaci\u00f3n\u00bb. Por tanto, \u00abla exigencia del agotamiento de la conciliaci\u00f3n (\u2026) no configura un exceso ritual manifiesto\u00bb. <\/p>\n
3. Jorge Alberto Moreno Celis, quien dijo actuar \u00aben mi calidad de abogado y part\u00edcipe oculto dentro del contrato de cuentas en participaci\u00f3n suscrito con el Sr. Hugo Solarte, Sandra Castro y Carlos Buritic\u00e1\u00bb, manifest\u00f3 su intenci\u00f3n de \u00abcoadyuvar la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
4. Carlos Augusto Buritic\u00e1 Mej\u00eda, inform\u00f3 que como abogado, acerca del litigio emprendido por el se\u00f1or Solarte con ocasi\u00f3n del accidente de tr\u00e1nsito de que fue v\u00edctima, \u00abdi algunas pautas a seguir, como era la reclamaci\u00f3n directa ante la Aseguradora QBE, y la acci\u00f3n penal ante la Fiscal\u00eda de Caloto que a\u00fan sigue conociendo del caso\u00bb, y, entre otras situaciones, dijo que \u00abning\u00fan abogado se le med\u00eda a llevarle el caso por la situaci\u00f3n de orden p\u00fablico que se presenta en la zona y aun as\u00ed le colabor\u00e9 acompa\u00f1\u00e1ndole en tres oportunidades a la Fiscal\u00eda de Caloto a fin de realizar audiencia de conciliaci\u00f3n con el se\u00f1or que conduc\u00eda el veh\u00edculo de transporte p\u00fablico que le ocasion\u00f3 el accidente, pero nunca se present\u00f3\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Popay\u00e1n, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de los accionantes, al confirmar el rechazo de la demanda que ellos promovieron radicada bajo el n\u00b0 2021-00105, o si por el contrario esa decisi\u00f3n obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable. <\/p>\n
Esto, porque si bien la acci\u00f3n se dirigi\u00f3 tambi\u00e9n contra lo resuelto por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Caloto, el an\u00e1lisis se circunscribir\u00e1 a la providencia dictada por su superior funcional, en la medida en que corresponde a la definici\u00f3n del caso ac\u00e1 debatido, puesto que \u00abes inane detenerse [al an\u00e1lisis de la providencia inicial cuando \u00e9sta] al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, citada entre otras en STC3028-2020, 18 mar. 2020, rad. 2019-04162-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, cuando se trate de una irregularidad procesal, es indispensable \u00e9sta sea determinante en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n, y que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela. Finalmente, que se haya configurado alg\u00fan defecto de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, se trate de resoluci\u00f3n sin motivaci\u00f3n, se haya desconocido el precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que la Sala realiza a la queja constitucional y con observancia en los informes y piezas procesales adosados al expediente, se denegar\u00e1 el amparo implorado, porque la actuaci\u00f3n censurada no constituye defecto espec\u00edfico con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
Lo anterior, porque para que mediante prove\u00eddo del 12 de enero de 2022 el tribunal accionado hubiera confirmado el rechazo de la demanda incoada por los hoy tutelantes, se vali\u00f3 de una motivaci\u00f3n que lejos est\u00e1 de tornarse arbitraria o caprichosa, por tanto, no constituye desafuero que amerite su correcci\u00f3n a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional. <\/p>\n
En efecto, tras advertir que la inadmisi\u00f3n se produjo, entre otras falencias, porque el juzgado exigi\u00f3 \u00abque se indicara cu\u00e1les son las medidas cautelares que pretende se decreten, y los bienes sobre los cuales recaen, o en el evento de desistir de dichas cautelas, acreditar el agotamiento del requisito de procedibilidad (arts. 35 y 38 de la Ley 640 de 2001)\u00bb, ante lo cual los demandantes precisaron que tales medidas refer\u00edan a \u00abel embargo y retenci\u00f3n de sumas de dinero [depositadas en cuentas bancarias]\u00bb, as\u00ed como \u00abel embargo y secuestro [de las sociedades enjuiciadas]\u00bb, el tribunal encontr\u00f3 acertada la decisi\u00f3n proferida por el a-quo el 17 de noviembre de 2021, en el que la demanda se tuvo por no subsanada. <\/p>\n
El pronunciamiento que en su momento realiz\u00f3 el juez de la causa, se concret\u00f3 en que \u00abla solicitud de medidas cautelares improcedentes en los procesos declarativos, las mismas no pueden ser reemplazadas como requisito de procedibilidad de la audiencia prejudicial de conciliaci\u00f3n\u00bb, y para ello cit\u00f3 como precedente la sentencia STC3028-2020 del 18 de marzo de 2020 (rad. 2019-04162-00), en la que esta Corporaci\u00f3n encontr\u00f3 razonable el rechazo de una demanda, porque para obviar el requisito de procedibilidad consagrado en el art\u00edculo 38 de la Ley 640 de 2001, modificada por el art\u00edculo 621 del C\u00f3digo General del Proceso, se hab\u00edan deprecado medidas cautelares \u00abinviables\u00bb. <\/p>\n
En ese mismo sentido y ahondando en jurisprudencia de esta Sala, mediante la providencia criticada, la colegiatura acusada expuso los siguientes razonamientos: <\/p>\n
\u00abSe podr\u00e1 prescindir de la comentada exigencia, cuando se manifieste bajo la gravedad de juramento, que se entender\u00e1 prestado con la presentaci\u00f3n de la demanda, que se ignora el domicilio, el lugar de habitaci\u00f3n y el lugar de trabajo del demandado, o que este se encuentra ausente y no se conoce su paradero (inciso 40 art. 35 Ley 640 de 2001), o en el caso de solicitarse la pr\u00e1ctica de medidas cautelares que resulten procedentes (par\u00e1grafo 1 art. 590 C.G.P.). <\/p>\n
Sobre este \u00faltimo t\u00f3pico ha precisado la Corte: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien es cierto que el par\u00e1grafo del rese\u00f1ado canon establece que \u00aben todo proceso y ante cualquier jurisdicci\u00f3n, cuando se solicite la pr\u00e1ctica de medidas cautelares se podr\u00e1 acudir directamente al juez, sin necesidad de agotar la conciliaci\u00f3n prejudicial como requisito de procedibilidad\u00bb, tambi\u00e9n lo es que, como se dijo en un caso de similares contornos, \u00abel juez, como director del proceso, debe verificar que la medida solicitada sea PROCEDENTE que sea necesaria para evitar la vulneraci\u00f3n o amenaza del derecho, que sea proporcional, y que adem\u00e1s sea efectiva para el cumplimiento del fin previsto\u00bb (CSJ STC15432-2017), tarea que efectu\u00f3 el Tribunal accionado. <\/p>\n
(\u2026) Frente a este preciso t\u00f3pico, esta Sala, tuvo la oportunidad de se\u00f1alar que: \u00ab(\u2026) tomando en consideraci\u00f3n la improcedencia de la memorada cautela, tal petici\u00f3n en la demanda no sustitu\u00eda el requisito de la conciliaci\u00f3n pues \u201c(…) no es la sola solicitud de medida y pr\u00e1ctica de medida cautelar. Ella debe estar asistida de vocaci\u00f3n de atendimiento, es decir que sea procedente, porque aceptarlo de una forma diferente dar\u00eda al traste con el aspecto teleol\u00f3gico de la norma, puesto que bastar\u00eda solo predicar el pedimento asegurativo para evitar el escollo de la conciliaci\u00f3n previa (…)\u201d. <\/p>\n
De esa manera, advirtiendo la ausencia del aludido presupuesto de procedibilidad, dispuso revocar lo actuado en ese litigio y, en su lugar, \u00ab(. . . disponer el rechazo de la demanda, por ausencia del requisito de procedibilidad que conduce a la falta de competencia (…) \u00ab. <\/p>\n
Las conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura no refulge v\u00eda de hecho, el Tribunal efectu\u00f3 una juiciosa valoraci\u00f3n que le llev\u00f3 a rechazar de plano ese libelo, cimentado en la regla 36 de la Ley 640 de 2001; por lo tanto, no es posible reabrir un debate fenecido cuestionando el estudio realizado por el juez ordinario, pues este mecanismo no es una instancia revisora adicional a las previstas por el legislador (CSJ STC10609-2016)\u00bb (CSJ STC4283-2020, 8 jul. 2020, rad. 2020-01343-00)\u00bb. <\/p>\n
Bajo tal perspectiva, dijo que en el asunto en cuesti\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la parte actora no acredit\u00f3 el agotamiento de la conciliaci\u00f3n extrajudicial como requisito de procedibilidad, pues la constancia emitida el 21 de noviembre de 2017 por la Asistente de Fiscal en el marco de una investigaci\u00f3n penal, de no comparecencia del se\u00f1or JUAN CARLOS COICUE a la audiencia de conciliaci\u00f3n ah\u00ed programada no satisface tal exigencia, en la medida que trat\u00e1ndose de un asunto de competencia de los Jueces Civiles, dicha audiencia deb\u00eda intentarse ante los funcionarios que prev\u00e9 el art\u00edculo 27 de la Ley 640 de 2001, entre los que no se hayan los servidores de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, aunado que tampoco obra prueba de la citaci\u00f3n efectuada a todos los aqu\u00ed demandados ni el motivo de esa convocatoria contrastable con las pretensiones debatidas en este proceso. <\/p>\n
(\u2026) Ante ese escenario, como las cautelas rogadas resultaban improcedentes por ser aquellas propias de los juicios ejecutivos (art. 599 C.G.P.), acorde con el precedente citado l\u00edneas atr\u00e1s, raz\u00f3n le asisti\u00f3 al funcionario de primer nivel al rechazar la demanda, toda vez que tal petici\u00f3n no exoneraba al extremo activo de agotar la conciliaci\u00f3n previa como requisito de procedibilidad en esta acci\u00f3n declarativa, y en ese orden, se responde afirmativamente el problema jur\u00eddico propuesto, lo que conlleva a confirmar la decisi\u00f3n atacada\u00bb. <\/p>\n
Como acaba de verse, no se advierte una amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada por los accionantes, en tanto que la providencia reprochada no revela arbitrariedad o desmesura, sino una divergencia conceptual cuya razonabilidad torna inviable la salvaguarda. Ello, porque al analizarse la excepci\u00f3n para agotar la conciliaci\u00f3n extrajudicial en juicios declarativos cuando para ello se solicitan medidas cautelares, a tono con la jurisprudencia de esta Corte, encontr\u00f3 que para el caso sub j\u00fadice \u00e9stas no eran procedentes, y con ello, que ciertamente el requisito echado de menos por el juzgado al calificar la demanda, no hab\u00eda sido satisfecho. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la actuaci\u00f3n censurada no constituye una v\u00eda de hecho susceptible de enmendarse por esta senda, por cuanto los razonamientos contenidos en la decisi\u00f3n cuestionada, hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al fallador del amparo para inmiscuirse en el asunto, imponiendo una determinada tesis o sustituyendo al juez de conocimiento, pues es claro que la tutela no es un mecanismo alternativo sino un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
En ese mismo sentido se reitera que la tutela procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite, comoquiera que este remedio \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC976-2022, 3 feb. 2022, rad. 00535-01). <\/p>\n
N\u00f3tese que lo pretendido por los querellantes es anteponer su propio criterio al de las autoridades judiciales convocadas, y reprochar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que los desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues esta no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido en precedencia, se desestimar\u00e1 el resguardo invocado, toda vez que la determinaci\u00f3n criticada, no es producto de un subjetivo criterio que configure defecto susceptible de enmendarse a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00575-00 <\/p>\n
Con el respeto de siempre, nos permitimos expresar los motivos de nuestro disentimiento con la providencia aprobada por la Sala mayoritaria. <\/p>\n
En nuestro criterio, es irrazonable sostener que, si una medida cautelar solicitada no es procedente, se debe exigir el intento fallido de la conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho y, en el evento en que este no se acredite, sea rechazada la demanda. No en vano, en reciente pronunciamiento mayoritario de esta Sala, se consider\u00f3 que \u00abla regla general impone al demandante intentar la conciliaci\u00f3n previa al proceso, y la excepci\u00f3n a dicha pauta, por disposici\u00f3n legal, tiene lugar con la solicitud de medidas cautelares que acompa\u00f1e al libelo inicial\u00bb (negrillas de ahora), conclusi\u00f3n a la que se arrib\u00f3 luego del an\u00e1lisis constitucional y legal de los respectivos preceptos que gobiernan la materia. Razonamientos que reproducimos en esta ocasi\u00f3n, pero que, por honor a la brevedad, remitimos al lector a lo sostenido en CSJ STC16804-2021. <\/p>\n
En los referidos t\u00e9rminos dejamos consignada nuestra discrepancia. <\/p>\n
Fecha, up supra. <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
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STC2459-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC2459-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00575-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del dos de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Hugo Hernando Solarte […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61962","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61962","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61962"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61962\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61962"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61962"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61962"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}