STC2460-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2460-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2021-01901-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (04) de marzo de dos mil veintid\u00f3s. <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n tutela formulada por Lucas Leocadio Mendoza Barbosa contra las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Penal de esta Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes en el proceso penal con radicado 2014-04663-00 y en el amparo constitucional, identificado con N\u00b0 2021-03603-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abampliaci\u00f3n de derechos y garant\u00edas\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas en los asuntos citados, y solicit\u00f3, \u00abdejar sin efecto el auto AP1584-2021, 28\/04\/2021. Casaci\u00f3n N\u00b0 54888 y se revise de fondo con el fin de que la Sala Penal se pronuncie de forma oficiosa y restablezca derecho a la libertad (\u2026) adopte las decisiones que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
Como fundamento de sus reparos, expres\u00f3, en s\u00edntesis, de su extenso escrito, que, en la causa penal seguida en su contra por acto sexual abusivo con menor de catorce a\u00f1os agravado, fue condenado en primera instancia el 4 de mayo de 2018, decisi\u00f3n confirmada, en sede de apelaci\u00f3n, el 23 de octubre siguiente. <\/p>\n
Tras referir, in extenso, las consideraciones de los falladores penales en sus providencias, el solicitante advirti\u00f3 que la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas se origin\u00f3 en el hecho de aceptarse, exclusivamente, \u00abuna prueba de referencia\u00bb como fue la declaraci\u00f3n de la menor, recibida \u00aba trav\u00e9s de dos (2) entrevistas realizadas en la C\u00e1mara de Gesell; cuyo mecanismo conten\u00eda desperfectos t\u00e9cnicos (\u2026) como lo expres\u00f3 la fiscal\u00eda\u00bb, prueba que se incorpor\u00f3 sin el lleno de los requisitos legales porque no le permitieron controvertirla y, adem\u00e1s, se introdujo \u00aba trav\u00e9s de la declaraci\u00f3n del \u2018Perito del Caivas\u2019, sin agotar el debido proceso probatorio para su admisi\u00f3n, (\u2026) [con lo cual se incurri\u00f3 en] un error de derecho por falso juicio de legalidad al apreciar y valorar dicho medio de prueba\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en el caso no se recibi\u00f3 \u00abprueba pericial psicol\u00f3gica (\u2026) orientada a detectar un cambio comportamental o cualquier otro s\u00edntoma a ra\u00edz de un abuso sexual, ni mucho menos informaci\u00f3n adicional a la declaraci\u00f3n rendida por la menor fuera del juicio, por parte de las dos (2) psic\u00f3logas\u00bb; elementos necesarios para corroborar el \u00abhecho indicador\u00bb por el cual fue condenado. <\/p>\n
Luego de inadmitirse la acci\u00f3n de tutela para que se indicaran los motivos por los cuales el solicitante accion\u00f3 contra la Sala de Casaci\u00f3n Civil, aqu\u00e9l expuso: <\/p>\n
\u00ab[E]l Honorable Magistrado Francisco Ternera Barrios se ve claramente que no hizo un estudio de fondo de la tutela interpuesta en contra del auto emitido por las Sala Penal, Corte Suprema de Justicia en auto AP1584-2021Casaci\u00f3n.No. 54888 de fecha 28\/04\/2021 M.P. Fabio Ospitia Garz\u00f3n, auto en donde claramente se observa la violaci\u00f3n al debido proceso, a la administraci\u00f3n de justicia, y primac\u00eda derechos (sic) inalienables, mismos que debieron ser protegidos para preservarme mis derechos, como lo plasma la Constituci\u00f3n Nacional Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
2. Mediante auto de 15 de febrero de 2022, se aceptaron los impedimentos manifestados por los H. Magistrados \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda Restrepo, Hilda Gonz\u00e1lez Neira, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Octavio Augusto Tejeiro Duque y Francisco Ternera Barrios, para conocer del presente amparo; por tanto, el asunto fue asignado a este Despacho y habr\u00e1 de ser decidido con el Magistrado Luis Alonso Rico Puerta y los Conjueces previamente designados. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el asunto penal con radicado 2014-04663-00 y en el auxilio constitucional, identificado con N\u00b0 2021-03603-00. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La Procuradur\u00eda Tercera Delegada para la Casaci\u00f3n Penal relat\u00f3 los antecedentes de la causa penal seguida al actor y advirti\u00f3 que no formul\u00f3 el recurso de insistencia pedido por el reclamante, dado que \u00abno encontr\u00f3 error alguno en la decisi\u00f3n de inadmisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal\u00bb. Agreg\u00f3 que el solicitante, en pasada ocasi\u00f3n, interpuso otro amparo con argumentos id\u00e9nticos a los aqu\u00ed alegados, el cual fue denegado por la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal relat\u00f3 los antecedentes del caso penal reprochado, advirti\u00f3 que en este tr\u00e1mite no lesion\u00f3 las garant\u00edas del solicitante y destac\u00f3 que \u00e9ste propuso otra acci\u00f3n igual a la presente, la cual fue negada con la sentencia STC13704-2021 que no fue impugnada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Examinada la queja y los soportes adosados, pronto se advierte el fracaso de la protecci\u00f3n exigida frente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal porque, como el mismo accionante lo acept\u00f3, en anterior oportunidad interpuso la misma acci\u00f3n, la cual fue denegada en providencia STC13704-2021 de 14 de octubre de 2021. <\/p>\n
En efecto, en dicha decisi\u00f3n, sobre los ataques ventilados por el querellante frente al proceso penal, se expres\u00f3 que la Sala de Especializada, en el auto AP1584-2021 de 28 de abril de 2021, zanj\u00f3 la problem\u00e1tica expuesta al inadmitir la demanda de casaci\u00f3n formulada por el interesado contra la sentencia de segundo grado, con la cual se hab\u00eda confirmado la pena a \u00e9l impuesta por el a quo, bajo una interpretaci\u00f3n razonable, acorde con lo sucedido en el asunto, pues los cargos formulados no reunieron \u00ablos requisitos m\u00ednimos de orden formal necesarios para su estudio de fondo, ni satisfacer los presupuestos b\u00e1sicos de orden sustancial para la realizaci\u00f3n de los fines del recurso\u00bb; adem\u00e1s, precis\u00f3 que el amparo no sal\u00eda avante, porque la accionada <\/p>\n
\u00abadvirti\u00f3, en suma, que \u00ablos presupuestos a partir de los cuales se enarbolan los hipot\u00e9ticos yerros alegados no son consistentes con las circunstancias acreditadas en el expediente y lo que compendian son un c\u00famulo de cr\u00edticas dispersas presentadas a la Corte a la expectativa del efecto que puedan suscitar, m\u00e9todo refractario al car\u00e1cter rogado del recurso extraordinario y al deber de claridad y precisi\u00f3n que rige la debida argumentaci\u00f3n de la censura\u00bb. Y que, \u00abIncluso, al hacerse menci\u00f3n a que la motivaci\u00f3n de la sentencia es incompleta, se sugiere la existencia de una irregularidad cuya postulaci\u00f3n se ajusta a una causal diversa a la invocada en el libelo, dislate que coadyuva a ratificar la inadecuada sustentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, se consider\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ablos cuestionamientos esgrimidos por el tutelante con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para negar la petici\u00f3n del ac\u00e1 tutelante. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
Adicionalmente, en cuanto ata\u00f1e a la valoraci\u00f3n probatoria, la Sala tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, as\u00ed: \u00ab(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00 (\u2026). <\/p>\n
En el sub examine, no es posible devolvernos a la reconstrucci\u00f3n y a un nuevo an\u00e1lisis de las probanzas allegadas al plenario, m\u00e1xime teniendo en cuenta que, como se dijo atr\u00e1s, la decisi\u00f3n cuestionada se encuentra motivada razonadamente, con base en las pruebas consideradas\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es evidente el fracaso del amparo solicitado porque, se insiste, el actor activ\u00f3 este mecanismo extraordinario, para censurar de nuevo, una actuaci\u00f3n que ya hab\u00eda puesto en conocimiento de esta jurisdicci\u00f3n previamente, siendo aplicable, por tanto, lo reglado en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, que dispone: \u00ab[c]uando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb. <\/p>\n
Se memora, en criterio de esta Corte, la acci\u00f3n debe desestimarse si, <\/p>\n
\u00ab[L]a demanda versa sobre los mismos hechos y derechos que fueron materia de debate en [una] anterior tutela, (\u2026) [esto es, cuando se establece] (\u2026) que no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposici\u00f3n de [una] reciente demanda de amparo constitucional, ya que, ins\u00edstese, si bien los textos no son iguales, los hechos y derechos de esta acci\u00f3n son tambi\u00e9n id\u00e9nticos de la anterior (\u2026). Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u00bb (CSJ, 13 de febrero de 2013, exp. 00168-00; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp. 2012-00517-01 y en STC639-2022, entre otras). <\/p>\n
2. Ahora, el reproche dirigido frente a la actuaci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues el accionante cuestiona, de manera directa, la sentencia antes citada, STC13704-2021 de 14 de octubre de 2021, mediante la cual se neg\u00f3 la protecci\u00f3n antes propuesta, con lo cual resulta claro el fracaso de esta nueva acci\u00f3n, pues seg\u00fan lo ha precisado la Corte Constitucional, las decisiones que se adopten en virtud de una tutela, no pueden ser objeto de controversia constitucional a trav\u00e9s de ese mismo mecanismo, pues <\/p>\n
\u00abEl fundamento de tal improcedencia se encuentra, por un lado, en que se debe respetar la funci\u00f3n judicial que se concreta en la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y, por otro, garantizar la defensa del acceso efectivo a la justicia, el cual se ver\u00eda truncado si no se cierra la posibilidad de cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela en virtud de la espiral indefinida que podr\u00eda generarse. Esta posibilidad afectar\u00eda la seguridad jur\u00eddica y la cosa juzgada adem\u00e1s de generar un perjuicio al goce efectivo de los derechos constitucionales que la tutela busca garantizar\u00bb (Corte constitucional Sentencia SU-1219 de 2001). <\/p>\n
Adem\u00e1s, esta Sala reiteradamente ha denegado tales amparos a fin de evitar <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ, 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada recientemente en STC2255-2021). <\/p>\n
Asimismo, se resalta que, si bien la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 dictada el 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios que, de manera excepcional, permiten la procedencia de la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica frente a otra del mismo linaje; tales excepciones, relacionadas, como lo ha comprendido esta Sala, con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 ene. 2010, rad. 2009-02355-00, reiterada en la STC8657-2021 y STC10894-2021); (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb; o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivos del \u00abdebido proceso\u00bb; no obstante, en este caso, dichas circunstancias no se alegaron ni se encuentran probadas. <\/p>\n
Resta indicar que ante una posible irregularidad o desafuero de los jueces de tutela al emitir sus fallos, tras agotarse la impugnaci\u00f3n -la cual no fue propuesta por el actor-, el legislador dise\u00f1\u00f3 la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional prevista en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991 y el recurso de insistencia desarrollado en el Acuerdo No 05 de 1992, para pedir a dicha Corporaci\u00f3n su escogencia, mecanismos procesales pendientes de surtirse, dado que el expediente materia de reparo fue remitido para tal finalidad apenas el 20 de enero de 2022. <\/p>\n
Sobre el mecanismo de revisi\u00f3n comentado, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019 (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (CSJ STC8012-2021). <\/p>\n
3. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por Lucas Leocadio Mendoza Barbosa contra las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Penal de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
MIQUELINA OLIVIERI MEJ\u00cdA <\/p>\n
JORGE FORERO SILVA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
\u00c1LVARO BARRERO BUITRAGO <\/p>\n
GABRIEL HERN\u00c1NDEZ VILLARREAL <\/p>\n
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