STC2480-2022_1<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2480-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-03-000-2022-00032-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de febrero dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 1\u00b0 de febrero de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Octavio de Jes\u00fas Quintero Monsalve y Ruth Mar\u00eda Posada de Quintero contra los Juzgados Primero Civil del Circuito y Veinte Civil Municipal, ambos de la nombrada ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Treinta Civil Municipal de Conocimiento de Despachos Comisorios de Medell\u00edn, las partes e intervinientes en el asunto de restituci\u00f3n de inmueble arrendado con radicado 2019-00413. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderada judicial, los accionantes pidieron la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y propiedad, presuntamente vulnerados por los Juzgados accionados en el proceso se\u00f1alado, y solicitaron dejar sin efecto la providencia de 3 de diciembre de 2021 en raz\u00f3n a que \u00abel Juzgado Primero Civil de Oralidad del Circuito de Medell\u00edn argument[\u00f3] su decisi\u00f3n en normatividad aplicable pero mal interpretada\u00bb y, adem\u00e1s, que se disponga \u00abque el proceso se reinicie nuevamente en el Juzgado 20 Civil Municipal de Oralidad de Medell\u00edn, desde el momento en que se notifica la demanda al se\u00f1or RAFAEL GALVIS MAR\u00cdN, record\u00e1ndole que para ser o\u00eddo debe depositar los c\u00e1nones de arrendamiento\u00bb. <\/p>\n
Para sustentar sus reproches, se\u00f1alaron, en s\u00edntesis, que impulsaron proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado en contra criticado contra Rafael de Jes\u00fas Galvis Mar\u00edn, dado que \u00e9ste \u00abhac\u00eda muchos meses no cancelaba el canon correspondiente\u00bb, tr\u00e1mite en el cual, afirman, se omiti\u00f3 aplicar el inciso 2\u00b0 del numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que se permiti\u00f3 la intervenci\u00f3n del demandado sin que pagara los c\u00e1nones adeudados. <\/p>\n
Advirtieron que posteriormente, el 24 de septiembre de 2019 se emiti\u00f3 sentencia favorable a sus pretensiones, puesto que se declar\u00f3 terminado el contrato de arrendamiento y se le impuso al demandado la entrega del predio correspondiente. <\/p>\n
Expresaron que, para materializar esa decisi\u00f3n, se comision\u00f3 al Juzgado Treinta Civil Municipal de Conocimiento de Despachos Comisorios de Medell\u00edn, autoridad que, en providencia de 18 de agosto de 2021, neg\u00f3 la oposici\u00f3n a la entrega formulada por Paola Andrea Restrepo Alzate, al considerar que el referido fallo ten\u00eda efectos respecto de ella, dada su condici\u00f3n de esposa del demandado Galvis Mar\u00edn. <\/p>\n
Apelado ese pronunciamiento por la all\u00ed interesada, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Medell\u00edn lo revoc\u00f3 para, en su lugar, acoger la oposici\u00f3n de Restrepo Alzate y dejar el bien en sus \u00abmanos (\u2026) como poseedora transitoria\u00bb, valorando erradamente las pruebas obrantes en el asunto, pues, particularmente, desconoci\u00f3 que la \u00abpromesa de compraventa\u00bb de la cual coligi\u00f3 la posesi\u00f3n de Restrepo Alzate, \u00abse deshizo en una notar\u00eda (\u2026) adem\u00e1s no puede tener valor una promesa (\u2026), cuando el promitente vendedor falleci\u00f3 hace varios a\u00f1os\u00bb, y, con todo, aseguraron, la promitente compradora no cumpli\u00f3 con su obligaci\u00f3n de pagar el precio del bien y \u00absi quer\u00eda el cumplimiento del negocio, ha debido demandarlo\u00bb. <\/p>\n
Los accionantes estiman lesionadas sus prerrogativas fundamentales, por cuanto, de una parte, no debi\u00f3 escucharse al demandado Rafael de Jes\u00fas Galvis Mar\u00edn y, de otra, resultaba inviable acoger las manifestaciones de la opositora, pues si bien \u00e9sta no fue demandada en el proceso en cuesti\u00f3n, lo cierto es que \u00ablleg\u00f3 a ocupar el inmueble en compa\u00f1\u00eda de su esposo que firm\u00f3 contrato de arrendamiento, y aunque no tenga la calidad de arrendataria, (\u2026) por ser la esposa de RAFAEL GALVIS, y convivir con \u00e9l en el mismo inmueble, no puede alegar una calidad distinta\u00bb respecto del mismo predio. <\/p>\n
Finalmente, reprochan que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Medell\u00edn les impusiera el pago de costas al definir la oposici\u00f3n comentada, toda vez que \u00e9stas son para el opositor en caso de resultar vencido, m\u00e1s no para \u00abaquel que est\u00e1 haciendo uso de un derecho finalizando un proceso, solicitando la entrega del inmueble, luego de una restituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La Juez Veinte Civil Municipal de Medell\u00edn, relat\u00f3 los antecedentes del asunto y expuso que Rafael de Jes\u00fas Galvis Mar\u00edn en pasada ocasi\u00f3n, formul\u00f3 otro amparo contra su gesti\u00f3n en el asunto de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, salvaguarda que fue negada y agreg\u00f3 que la queja actual no cumple con el presupuesto de inmediatez porque han transcurrido m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os desde la emisi\u00f3n de la sentencia en dicho asunto. <\/p>\n
El Juez Primero Civil del Circuito de Medell\u00edn se opuso a la prosperidad del amparo, toda vez que no lesion\u00f3 las prerrogativas de los solicitantes, en tanto que <\/p>\n
\u00absiguiendo lo ampliamente establecido por la Corte Constitucional en el marco de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad de la acci\u00f3n; si bien la decisi\u00f3n, in toto, objeto de la presente acci\u00f3n de tutela pudiera no ser compartida, este Despacho considera que la misma no desborda las atribuciones ordinarias que en su calidad de Ad quem ostenta \u2013efectivamente en despliegue del principio de la autonom\u00eda judicial-, en lo estrictamente relacionado con el proceder probatorio y procesal que fue solventado respecto de la oposici\u00f3n a la entrega ab initio memorada\u00bb. <\/p>\n
Paola Andrea Restrepo Alzate expres\u00f3 que, en febrero de 2015, junto con su esposo Rafael de Jes\u00fas Galvis Mar\u00edn, celebr\u00f3 una promesa de compraventa con Francisco Antonio Galvis Mu\u00f1oz, quien, para esa \u00e9poca, figuraba como due\u00f1o del predio objeto del litigio cuestionado. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que viene ejerciendo actos de se\u00f1or\u00edo sobre dicho inmueble desde el 2014, por lo cual impuls\u00f3 un proceso de pertenencia que est\u00e1 conociendo el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Medell\u00edn, y agreg\u00f3 que el contrato de arrendamiento base del juicio criticado es \u00abfalso y (\u2026) por ese motivo [su] esposo present\u00f3 la correspondiente denuncia penal ante la Fiscal\u00eda\u00bb. Manifest\u00f3 a la par, que el juzgador del Circuito no cometi\u00f3 irregularidades al acoger su oposici\u00f3n a la entrega, pues no fue vinculada al pleito de restituci\u00f3n controvertido y, con todo, acredit\u00f3 en la diligencia su condici\u00f3n de poseedora, no solo con la mencionada promesa, sino con las declaraciones recaudadas y los documentos que dan cuenta de las mejoras realizadas al predio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Medell\u00edn Sala Civil, desestim\u00f3 el amparo frente al Juzgado municipal accionado por desconocer el presupuesto de inmediatez, pues \u00abse cuestiona una situaci\u00f3n previa a la sentencia proferida en el proceso de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado que en su momento fue favorable para los accionantes, y que data del 24 de septiembre de 2.019, es decir, hace m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os en relaci\u00f3n a la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n que nos ocupa, la que se radic\u00f3 el 20 de enero de 2.022\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, deneg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada respecto del Juzgado Primero Civil del Circuito de Medell\u00edn accionado, dado que no hall\u00f3 arbitrariedad en la decisi\u00f3n de 3 de diciembre de 2021, con la cual se revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado para, en su lugar, acoger la oposici\u00f3n a la entrega manifestada por Paola Andrea Restrepo Alzate. Sobre ello, expres\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[N]o constituye actuaci\u00f3n arbitraria, si no obedece a lo que ese Despacho ad quem llam\u00f3; \u201cla existencia de una prueba sumaria\u201d, y que corresponde al \u201ccontrato de promesa de compraventa debidamente autenticado ante la notar\u00eda 19 de Medell\u00edn donde figura ella como promitente compradora en compa\u00f1\u00eda del se\u00f1or RAFAEL DE JES\u00daS GALVIS MAR\u00cdN\u201d. <\/p>\n
Valga destacar del contrato de promesa, que en el mismo se dio la entrega definitiva del inmueble al punto que los compradores asumieron pagar los impuestos del caso, y el promitente vendedor <\/p>\n
asumi\u00f3 salir a sanear en evicci\u00f3n en el evento que fuera necesario, lo que refuerza la idea de la transferencia de la posesi\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
Por otro lado, d\u00edgase que la condena en costas resulta ser una consecuencia de ese tr\u00e1mite procesal, estando establecido en el art\u00edculo 309.9 del C. G. del P., visto en armon\u00eda con el art\u00edculo 365.1 \u00eddem, no evidenci\u00e1ndose una condici\u00f3n anormal que amerite la intervenci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon los accionantes con argumentos similares a los expuestos en el escrito inicial, a lo que adicionaron que el a quo constitucional desconoci\u00f3 que \u00abel proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado no se ha terminado\u00bb, por lo cual no pod\u00eda aducirse el incumplimiento del presupuesto de inmediatez y, asimismo, arguyeron que esa autoridad se equivoc\u00f3 \u00abal momento de interpretar\u00bb el numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abporque desviar una norma que claramente dice a qui\u00e9n, y en qu\u00e9 momento es aplicable, sin embargo, la aplica a la persona para quien no fue consagrada dicha norma\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Revisada la queja y los soportes allegados, la Sala resalta que la censura endilgada al Juzgado Veinte Civil Municipal de Medell\u00edn, por permitir la intervenci\u00f3n del demandado Rafael de Jes\u00fas Galvis Mar\u00edn, dentro del proceso objeto de censura, sin cumplir con la carga establecida en el inciso 2\u00b0 del numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso, no sale avante al resultar intempestiva, pues examinado dicho litigio, se evidencia que en providencia de 5 de julio de 2019 se corri\u00f3 traslado de las excepciones planteadas por el prenombrado, sin que los accionantes manifestaran reparo alguno, y ahora, trascurridos de m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os y seis (6) meses desde el presunto hecho vulnerador, acudieron el 20 de enero de 2022 a esta jurisdicci\u00f3n excepcional a cuestionar tal proceder. <\/p>\n
T\u00e9rmino que supera, holgadamente, el de seis (6) meses establecido por esta Sala para concurrir oportunamente a este amparo, sin que se entienda justificada tal demora porque no ha concluido el juicio reprochado, pues nada les imped\u00eda a los querellantes acudir y censurar, oportunamente, la determinaci\u00f3n ahora criticada. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que, <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ. STC703-2020). <\/p>\n
2. Ahora, para definir la queja presentada contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Medell\u00edn, debe tenerse presente que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones jurisdiccionales, pues ello ir\u00eda en desmedro de los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin embargo, cuando los funcionarios judiciales incurren en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento jur\u00eddico de forma arbitraria o caprichosa y los interesados no cuentan con otro medio de defensa judicial y acuden a esta acci\u00f3n oportunamente, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir, en aras de conjurar o evitar la lesi\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales involucradas. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte ha manifestado: <\/p>\n
Sobre el punto, se resalta que para la procedencia de amparos como el presente, deben observarse las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela frente a providencias judiciales, entre \u00e9stas: \u00abque la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; que se cumpla el requisito de la inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas, y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela\u00bb (CSJ, STC075-2022). <\/p>\n
A las anteriores, deben sumarse las causales espec\u00edficas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, las cuales, seg\u00fan la jurisprudencia de esta Corte, siguiendo la l\u00ednea de la Corte Constitucional, se contraen en los defectos o vicios: org\u00e1nico; procedimental absoluto; f\u00e1ctico; material o sustantivo; error inducido; decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; desconocimiento del precedente; y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n1, los cuales se presentan cuando: <\/p>\n
\u00abi) Defecto org\u00e1nico, (\u2026) el funcionario judicial que profiri\u00f3 la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello. <\/p>\n
ii) Defecto procedimental absoluto, (\u2026) se origina cuando el juez actu\u00f3 completamente al margen del procedimiento establecido. <\/p>\n
iii) Defecto f\u00e1ctico, (\u2026) surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el que se sustenta la decisi\u00f3n. <\/p>\n
iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales2 o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los fundamentos y la decisi\u00f3n; <\/p>\n
v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o lo condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos fundamentales. <\/p>\n
vi) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivaci\u00f3n reposa la legitimidad de su \u00f3rbita funcional. <\/p>\n
vii) Desconocimiento del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado3. <\/p>\n
viii) Violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u00bb (C.C. T-522 de 2001, reiterada en CSJ, STP-109764 de 24 de marzo de 2020). <\/p>\n
3. Precisado lo anterior y descendiendo al evento en estudio, destaca la Sala que, si bien el proceso que ocupa la atenci\u00f3n, corresponde a un asunto de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, donde se aleg\u00f3 como causal exclusivamente la mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, lo cual permite determinar que se trata de un proceso de \u00fanica instancia -numeral 9\u00b0, art\u00edculo 384, C\u00f3digo General del Proceso -, se observa que los juzgadores mencionados resolvieron dar curso a la apelaci\u00f3n propuesta porque \u00abhabiendo posiciones encontradas y considerando (\u2026) que este es un tr\u00e1mite independiente [la oposici\u00f3n a la entrega], se concede el recurso de alzada, tal como lo consagra el numeral 9 del art\u00edculo 321 del C.GP., en el efecto devolutivo\u00bb, postura que reconoce lo decidido por esta Corte en casos similares (CSJ, STC4312-2018, STC11873-2018, STC1826-2019, entre otras). <\/p>\n
No obstante, el reproche endilgado al Juzgado Primero Civil del Circuito de Medell\u00edn en raz\u00f3n de la providencia de 3 de diciembre de 2021, mediante la cual revoc\u00f3 la del Juzgado Treinta Civil Municipal de Conocimiento de Despachos Comisorios de esa ciudad, para acoger la oposici\u00f3n formulada por Paola Andrea Restrepo Alzate a la entrega del bien objeto de restituci\u00f3n, tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues contrario a lo considerado por el a quo constitucional, esa decisi\u00f3n no luce razonable, ni ajustada al ordenamiento jur\u00eddico, pues las pruebas aportadas no permit\u00edan arribar a la conclusi\u00f3n propuesta por el fallador censurado, circunstancia que habilita la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n que advierte la revocatoria del fallo constitucional impugnado para, en su lugar, acceder a la protecci\u00f3n demandada. <\/p>\n
En efecto, observa la Sala, que el juzgador del circuito accionado en dicho pronunciamiento, tras referirse al contenido de los art\u00edculos 308 y 309 del C\u00f3digo General del Proceso y precisar que, en el caso, deb\u00eda analizar \u00ablos efectos de la sentencia, especialmente de un fallo que orden\u00f3 la entrega de un bien inmueble y la prueba sumaria, espec\u00edficamente relacionada con los eventuales actos de posesi\u00f3n desplegados\u00bb, se\u00f1al\u00f3 que los actos posesorios que se pueden \u00abaludir en lo tocante con la demostraci\u00f3n de la posesi\u00f3n (catalogable como derecho real provisional, incluso, y para el caso concreto, provisional en tanto la oposici\u00f3n a la entrega de suyo exige b\u00e1sicamente dos condiciones, de las cuales una, precisamente, se refiere al car\u00e1cter sumario de la prueba que se allegue de los actos de posesi\u00f3n desplegados)\u00bb. <\/p>\n
Luego, se refiri\u00f3 a los art\u00edculos 762, 764 y 768 del C\u00f3digo Civil sobre la definici\u00f3n de la posesi\u00f3n, sus tipos, el justo t\u00edtulo, la buena fe y los \u00abactos indicativos de posesi\u00f3n\u00bb y sostuvo que revocar\u00eda la decisi\u00f3n de primer grado para en su lugar, <\/p>\n
\u00abconceder el derecho de oposici\u00f3n a la entrega a la aqu\u00ed recurrente y opositora (\u2026), quien contar\u00e1 con el derecho transitorio de permanecer en el inmueble arriba indicado como poseedora hasta la finalizaci\u00f3n del proceso de pertenencia que actualmente es de conocimiento del Juzgado Cuarto civil Municipal de Oralidad de Medell\u00edn de radicado 2021 00277 o, en su defecto, hasta la eventual finalizaci\u00f3n del proceso de reivindicaci\u00f3n que el demandante (en el proceso adelantado por concepto de restituci\u00f3n de bien inmueble dado en arrendamiento, origen de la presente controversia), si a bien lo estime, interponga en contra de la aqu\u00ed opositora, a fin de que, en ambos casos, se consolide el derecho definitivo que corresponda. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 previas las siguientes consideraciones: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]n este caso concreto la aqu\u00ed opositora, como el n\u00facleo central de lo decidido por el A quo, esto es, que \u201c…contra la se\u00f1ora PAOLA ANDREA RESTREPO ALZATE tambi\u00e9n produce efectos la sentencia proferida por el Juzgado 20 Civil Municipal de Medell\u00edn por ser tenedora a nombre del se\u00f1or RAFAEL DE JES\u00daS GALVIS MAR\u00cdN, ya que habitan juntos el inmueble con su grupo familiar, derivando sus derechos del demandado\u201d. <\/p>\n
Tal razonamiento, evidentemente desconoce prima facie que la aqu\u00ed opositora, igualmente suscribi\u00f3 un \u201c…contrato de promesa de compraventa debidamente autenticado ante la notar\u00eda 19 de Medell\u00edn donde figura ella como promitente compradora en compa\u00f1\u00eda del se\u00f1or RAFAEL DE JES\u00daS GALVIS MAR\u00cdN\u201d, y por lo cual, ante semejante desconocimiento, se cae por su propio peso lo afirmado por la parte demandante en el proceso de restituci\u00f3n de bien inmueble dado en arrendamiento, cuando narr\u00f3 \u201c…como se deshizo la promesa de compraventa y hubo devoluci\u00f3n de dineros adem\u00e1s de la firma de contrato de arrendamiento la cual autentic\u00f3 en el mismo acto el se\u00f1or RAFAEL GALVIS MAR\u00cdN como cabeza de familia, esposo de la se\u00f1ora PAOLA ANDREA RESTREPO\u201d (\u2026). Lo anterior, por cuanto se est\u00e1 partiendo impl\u00edcitamente de una cosmovisi\u00f3n excluyente de la mujer como sujeto privado de capacidad para efectuar actos jur\u00eddicos \u2013visi\u00f3n decimon\u00f3nica suficientemente superada-, soslayando que la aqu\u00ed opositora tambi\u00e9n fungi\u00f3 como promitente compradora y, por ende, habida cuenta la prueba de la existencia del contrato de promesa de compraventa como justo t\u00edtulo \u201c…constitutivo o traslaticio de dominio\u201d, en los t\u00e9rminos de que trata el C\u00f3digo Civil, es decir, como sujeto de plenos derechos contractuales, ello se torna como raz\u00f3n suficiente para que no puedan ser prohijadas tanto las conclusiones del A quo, aseverando que la aqu\u00ed opositora deriva \u201c…sus derechos del demandado\u201d, como las del demandante, asegurando t\u00e1citamente que la promesa de compraventa se deshizo con la anuencia exclusiva del esposo de la aqu\u00ed opositora, so pretexto de que este fungi\u00f3 en tal desenlace \u201c…como cabeza de familia, esposo de la se\u00f1ora PAOLA ANDREA RESTREPO\u201d. <\/p>\n
Secuela del anterior argumento, igualmente se extiende a que carezca de fuerza conclusiva lo afirmado por el A quo, en donde decidi\u00f3 que \u201c…contra la se\u00f1ora PAOLA ANDREA RESTREPO ALZATE tambi\u00e9n produce efectos la sentencia proferida por el juzgado 20 Civil Municipal de Medell\u00edn por ser tenedora a nombre del se\u00f1or RAFAEL DE JES\u00daS GALVIS MAR\u00cdN\u201d, pues, en todo caso, y como ya qued\u00f3 plenamente ilustrado, si la aqu\u00ed opositora tambi\u00e9n obr\u00f3 como promitente compradora del bien inmueble ya descrito, no cabe endilgarle la condici\u00f3n de simplemente tenedora a nombre de su esposo, por cuanto, existiendo un t\u00edtulo con vocaci\u00f3n traslaticia de dominio, verbigracia el contrato de promesa de compraventa (con independencia de lo que haya adelantado su esposo sin su consentimiento o, inclusive, de lo manifestado por escrito por la abogada Delma Jaramillo, al se\u00f1or Galvis Mar\u00edn, precisamente el esposo de la aqu\u00ed opositora), es en ello donde justamente aflora su buena fe como \u201c…conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios leg\u00edtimos exentos de fraudes y de todo otro vicio\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, sobre los hechos constitutivos de posesi\u00f3n, reiter\u00f3 el fallador que estos deb\u00edan probarse siquiera sumariamente y, en el caso, encontr\u00f3 <\/p>\n
\u00abel caudal suficiente como para que, con independencia de que [las] pretensiones [de la opositora] resulten airosas en un proceso de pertenencia e, incluso, prosperen ante una eventual demanda reivindicatoria, transitoriamente pueda afirmarse que a la aqu\u00ed opositora le asiste el derecho de que en un proceso con todas las garant\u00edas, y tal y como se dijo ab initio, mediante decisi\u00f3n de fondo se consolide el derecho definitivo que corresponda, bien fuere la posibilidad de usucapir el inmueble respecto del cual se opone a su entrega, o bien fuere el derecho de dominio de quien funge como demandante en el proceso de restituci\u00f3n que termin\u00f3 suscitando el presente debate. <\/p>\n
Pruebas sumarias que, (\u2026) [hall\u00f3 en] las sombras que rodean el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado por mora en el pago, como se dijo, entre las cuales se encuentra la falta de transparencia en la disoluci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa \u2013a espaldas de la aqu\u00ed opositora, habida cuenta lo aseverado por la parte que insiste en la entrega del inmueble-, as\u00ed como la presunta falsedad en el contrato de arrendamiento, ya denunciado ante la Fiscal\u00eda (lo cual deja subj\u00fadice la legitimidad en la causa por activa del demandante en el proceso arriba descrito), ciertamente refuerzan y esclarecen, por el contrario, la condici\u00f3n de la aqu\u00ed opositora como aparente poseedora; pues, a contrapeso de dichas dudas, existe constancia de que la aqu\u00ed recurrente actualmente se encuentra adelantando una demanda de pertenencia \u2013un acto claro de posesi\u00f3n, jurisprudencialmente aquilatado-, y que cuenta con al menos dos (2) testigos \u201c…que dan cuenta del conocimiento no solo de la posesi\u00f3n ininterrumpida que viene ejerciendo PAOLA ANDREA RESTREPO ALZATE sino tambi\u00e9n la promesa de compraventa que ella celebr\u00f3 con FRANCISCO ANTONIO GALVIS MU\u00d1OZ\u201d, pruebas sumarias que, se insiste, cuando menos temporalmente le otorgan el derecho de reputarse como poseedora hasta tanto no exista una decisi\u00f3n de fondo en sentido contrario. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, y huelga aclarar, con independencia de la eventual prosperidad de las pretensiones de pertenencia que actualmente se han sometido a la jurisdicci\u00f3n por cuenta de la aqu\u00ed opositora, (\u2026) los necesarios elementos axiol\u00f3gicos de toda acci\u00f3n posesoria, y que al presente, con un car\u00e1cter evidentemente sumario, han sido aportados (a partir de una posible prescripci\u00f3n adquisitiva ordinaria de dominio, ello con base en la existencia de un contrato de promesa de compraventa y la buena fe por la aqu\u00ed opositora alegada respecto de dicho contrato), sumados a los actos que la aqu\u00ed opositora ha llevado a cabo en el inmueble, \u201c…tales como arreglo de tuber\u00edas (…) desenglobe de la casa (…) todos los arreglos que se presentan en el inmueble\u201d; para este Despacho, \u201c…Si el fundamento \u00faltimo de la usucapi\u00f3n no es otro que la intenci\u00f3n de atender la apariencia de dominio que deriva de la posesi\u00f3n pac\u00edfica e ininterrumpida, en aras de preservar la seguridad (…) en la cual el ejercicio de una determinada detentaci\u00f3n se inserta en el contexto social pr\u00f3ximo, como el m\u00e1s destacado elemento demostrativo del \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o\u201d, en s\u00edntesis, evidencian el \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, sumariamente probado, en la aqu\u00ed recurrente\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, para resolver este asunto, considera necesario la Sala, luego de realizar una revisi\u00f3n al expediente digital del proceso, resaltar las siguientes circunstancias f\u00e1cticas que se encuentran acreditadas en el mismo: <\/p>\n
– La opositora, Paola Andrea Restrepo Alzate asever\u00f3 que junto con su esposo, Rafael de Jes\u00fas Galvis Mar\u00edn, ingres\u00f3 al inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 001-848221 en el a\u00f1o 2014, conforme al acuerdo verbal de promesa de compraventa al que llegaron con el entonces due\u00f1o del bien, Francisco Antonio Galvis Mu\u00f1oz. <\/p>\n
– Dicha promesa fue suscrita por los prenombrados el 13 de julio de 2015, los primeros como promitentes compradores y el \u00faltimo como promitente vendedor, ante la Notar\u00eda 19 del C\u00edrculo de Medell\u00edn y, en la misma, no fue transferida la posesi\u00f3n del predio. <\/p>\n
– Rafael de Jes\u00fas Galvis Mar\u00edn y Francisco Antonio Galvis Mu\u00f1oz firmaron el contrato de arrendamiento objeto del litigio censurado el 1\u00b0 de julio de 2015. <\/p>\n
– La promesa de compraventa mencionada se \u00abdeshizo\u00bb entre Rafael de Jes\u00fas Galvis Mar\u00edn y Francisco Antonio Galvis Mu\u00f1oz, a trav\u00e9s de documento firmado el 14 de septiembre de 2015 en la Notar\u00eda 29 del C\u00edrculo de Medell\u00edn, donde se expres\u00f3 que Galvis Mar\u00edn hac\u00eda \u00abdevoluci\u00f3n del dinero entregado (\u2026) en raz\u00f3n de la promesa de compraventa firmada en la Notar\u00eda 19 de Medell\u00edn\u00bb. <\/p>\n
– Francisco Antonio Galvis Mu\u00f1oz falleci\u00f3 el 30 de mayo de 2017 y, a trav\u00e9s de escritura p\u00fablica del 5 de marzo de 2018, se adjudic\u00f3 el bien objeto de la restituci\u00f3n en controversia a su esposa, Dioselina Quintero. <\/p>\n
– Esta \u00faltima, dej\u00f3 como herederos de dicho inmueble a Octavio de Jes\u00fas Quintero Monsalve y Ruth Mar\u00eda Posada de Quintero, aqu\u00ed accionantes, surti\u00e9ndose la adjudicaci\u00f3n correspondiente, mediante escritura p\u00fablica de 10 de diciembre de 2018, donde, entre otras materias, se precis\u00f3 que se transfer\u00eda en su favor el contrato de arrendamiento suscrito sobre el rese\u00f1ado bien. <\/p>\n
De lo anteriormente expuesto evidencia la Corte, el quebranto de los derechos invocados, en raz\u00f3n a que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Medell\u00edn estim\u00f3 pr\u00f3spera la oposici\u00f3n de Paola Andrea Restrepo Alzate porque, seg\u00fan expuso, la promesa que \u00e9sta suscribi\u00f3 otrora con el due\u00f1o del predio, Francisco Antonio Galvis Mu\u00f1oz, no hab\u00eda sido \u00abdeshecha\u00bb respecto de ella, toda vez que no intervino en los negocios celebrados entre su esposo y el prenombrado; no obstante, lo cierto es, que en la revisi\u00f3n de las diligencias, se constata que de tal promesa no pod\u00eda extraerse la posesi\u00f3n que aqu\u00e9lla asegur\u00f3 manifestar, pues en el documento no existi\u00f3 transferencia expl\u00edcita de tal se\u00f1or\u00edo, limit\u00e1ndose el negocio, tan s\u00f3lo, a determinar que se hac\u00eda entrega del bien, de donde se colige que la se\u00f1ora Restrepo Alzate apenas pod\u00eda ser catalogada como tenedora. <\/p>\n
Sobre lo advertido, esta Sala en sede de casaci\u00f3n, ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abDe acuerdo con la doctrina jurisprudencial vigente de esta colegiatura, \u00abla entrega anticipada de lo que se promete en venta, concede a quien recibe la mera tenencia de la cosa, salvo que se hubiere convenido expresamente la transferencia de la posesi\u00f3n\u00bb (CSJ SC3642-2019, 9 sep., rad. 1991-02023-01). <\/p>\n
De modo que si los signatarios de la promesa de compraventa deciden anticipar el cumplimento del negocio proyectado y no pactan expresa e inequ\u00edvocamente que se hace entrega antelada de la posesi\u00f3n sobre el bien prometido en venta, la secuela jur\u00eddica es que la cosa \u00abse entiende entregada y recibida a t\u00edtulo de mera tenencia, porque al prometerse con la celebraci\u00f3n del definitivo, transferir y adquirir la propiedad de su due\u00f1o, se reconoce dominio ajeno, y tal reconocimiento, excluye la posesi\u00f3n -texto destacado- (CSJ SC 30 jul. 2010, rad. 2005-00154-01; en el mismo sentido CSJ SC7004-2014, 5 jun., rad. 2004-00209-01; CSJ SC16993-2014, 12 dic., rad. 2010-00166-01 y CSJ SC10825-2016, 8 ago., rad. 2011-00213-01) (CSJ, SC5513-2021, exp.2008-00227-01). <\/p>\n
4.1. Ahora bien, resulta necesario destacar que el \u00abenfoque o perspectiva de g\u00e9nero\u00bb que quiso introducir el Juzgado Primero Civil del Circuito de Medell\u00edn accionado, argumentando que la opositora Paola Andrea Restrepo Alzate contaba con plenas capacidades para la celebraci\u00f3n de actos y negocios jur\u00eddicos y que, por ello no pod\u00eda entenderse que su esposo actu\u00f3 en su representaci\u00f3n al \u00abresolver\u00bb la renombrada promesa, resultaba intrascendente para el caso, pues como se expuso, ese contrato suscrito con el otrora due\u00f1o del inmueble, no le transfiri\u00f3 la posesi\u00f3n ni a la opositora ni a su c\u00f3nyuge y, con todo, el reconocimiento de las calidades de aqu\u00e9lla como persona capaz de celebrar negocios y contraer obligaciones, no le abr\u00eda paso a la oposici\u00f3n que formul\u00f3; por tanto, aducir la mencionada \u00abperspectiva de g\u00e9nero\u00bb en este asunto, no permite arribar a una conclusi\u00f3n distinta, m\u00e1xime si negar la oposici\u00f3n a la entrega no acarrea un tratamiento diferenciado sin justificaci\u00f3n, pues, se reitera, aunque la promesa siguiera siendo v\u00e1lida respecto de Restrepo Alzate, con ella solamente logr\u00f3 acreditar su calidad de tenedora. <\/p>\n
4.2 Debe resaltarse, asimismo, que tampoco existieron pruebas siquiera \u00absumarias\u00bb para decretar la prosperidad de la oposici\u00f3n alegada por Paola Andrea Restrepo Alzate, pues, adem\u00e1s de constatarse que es tenedora, seg\u00fan se extrae de la se\u00f1alada promesa, no acredit\u00f3 que se hubiese presentado la \u00abinterversi\u00f3n del t\u00edtulo\u00bb, por tanto, los arreglos locativos que realiz\u00f3 no modifican su condici\u00f3n y, de igual modo, lo dicho por los \u00abdos testigos\u00bb que refiri\u00f3 el fallador del Circuito, solo permite concluir que ingres\u00f3 al inmueble en virtud de la renombrada promesa, m\u00e1s no, se reitera, su calidad de poseedora. <\/p>\n
5. Como conclusi\u00f3n de lo dicho, es evidente que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Medell\u00edn vulner\u00f3 el debido proceso de los aqu\u00ed solicitantes e incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico al otorgarles a los elementos demostrativos adosados, un alcance diferente al que debi\u00f3 darles, conforme a la normativa aplicable, lo que impone la concesi\u00f3n del amparo. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, se destaca que para la prosperidad de la oposici\u00f3n formulada por Paola Andrea Restrepo Alzate, el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso expresamente establece que a ello hay lugar si el interesado, \u00aben cualquier forma alega hechos constitutivos de posesi\u00f3n y presenta prueba siquiera sumaria que los demuestre\u00bb, no obstante, como se advirti\u00f3, en el caso no se acredit\u00f3 ese supuesto normativo, ya que la opositora prenombrada entr\u00f3 al bien como tenedora y nada evidencia la mutaci\u00f3n de ese car\u00e1cter, por tanto, se establece que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Medell\u00edn pretendi\u00f3 aplicar la norma censurada, empero, sin observar la jurisprudencia sobre el punto antes citada y estimando, erradamente, que las pruebas allegadas daban lugar a la prosperidad de la oposici\u00f3n se\u00f1alada. <\/p>\n
Sobre la procedencia del amparo en trat\u00e1ndose de falencias en la valoraci\u00f3n probatoria, ha dicho la Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u00ab[U]no de los supuestos que estructura aquella [v\u00eda de hecho] es el defecto f\u00e1ctico, en el que incurre el juzgador cuando sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u00bb (subraya fuera de texto (CSJ STC, 10 oct. 2012, rad. 2012-02231-00, reiterada en STC, 7 mar. 2013, rad. 2012-00522-01; y STC, 9 dic. 2014, rad. 2014-00210-01, STC15259-2018, STC1673-2019, STC4330-2019, STC10976-2021 y, STC12083-201, entre otras muchas). <\/p>\n
6. En consecuencia, se revocar\u00e1 el fallo impugnado para, en su lugar, conceder la protecci\u00f3n propuesta. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia constitucional impugnada y, en su lugar, CONCEDER el amparo solicitado por Octavio de Jes\u00fas Quintero Monsalve y Ruth Mar\u00eda Posada de Quintero. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, se le ordena al Juzgado Primero Civil del Circuito de Medell\u00edn que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, previa recepci\u00f3n del expediente objeto de censura, deje sin efecto la providencia de 3 de diciembre de 2021 y defina, nuevamente, la apelaci\u00f3n a su cargo, teniendo en cuenta los argumentos expresados en este fallo. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia del mismo. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Veinte Civil Municipal de Medell\u00edn, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, remita el expediente objeto de censura, al Juzgado Primero Civil del Circuito de Medell\u00edn. <\/p>\n
CUARTO: Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
(Salvamento de voto) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Salvamento de voto) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-03-000-2022-00032-01 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que suscribieron la providencia de la cual tomamos distancia, nos permitimos expresar los motivos de nuestra discrepancia con la salida adoptada y lo hacemos en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
La Sala mayoritaria revoc\u00f3 el fallo impugnado que hab\u00eda negado la salvaguarda pedida por Octavio de Jes\u00fas Quintero Monsalve y Ruth Mar\u00eda Posada de Quintero y, en su lugar, la concedi\u00f3 y le orden\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Medell\u00edn resolver nuevamente la alzada propuesta por la opositora contra el auto que desestim\u00f3 su postulaci\u00f3n, tras colegir que: <\/p>\n
\u00absi bien el proceso que ocupa la atenci\u00f3n, corresponde a un asunto de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, donde se aleg\u00f3 como causal exclusivamente la mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, lo cual permite determinar que se trata de un proceso de \u00fanica instancia -numeral 9\u00b0, art\u00edculo 384, C\u00f3digo General del Proceso -, se observa que los juzgadores mencionados resolvieron dar curso a la apelaci\u00f3n propuesta porque \u00abhabiendo posiciones encontradas y considerando (\u2026) que este es un tr\u00e1mite independiente [la oposici\u00f3n a la entrega], se concede el recurso de alzada, tal como lo consagra el numeral 9 del art\u00edculo 321 del C.GP., en el efecto devolutivo\u00bb, postura que reconoce lo decidido por esta Corte en casos similares\u00bb. <\/p>\n
La m\u00e1s relevante consecuencia que por definici\u00f3n entra\u00f1a su nominaci\u00f3n de \u00fanica instancia es que sus decisiones no son pasibles del recurso de apelaci\u00f3n, cuesti\u00f3n cuya avenencia al ordenamiento patrio fue dilucidada por la Corte Constitucional en casos similares, al predicar que el postulado de la doble instancia contenido en el art\u00edculo 31 superior no es absoluto y, en esa medida, prohij\u00f3 la libertad de configuraci\u00f3n que asiste al legislador (sentencia C 103\/05 que estudio la exequibilidad del literal b) del art. 70 de la Ley 794 de 2002). <\/p>\n
Esta categor\u00eda de procesos tiene una unidad estructural trascendida por la mencionada caracter\u00edstica, de tal manera que cualquiera sea la \u00edndole de las instituciones jur\u00eddico procesales que necesaria o accidentalmente se integran en su desarrollo quedan afectadas, es decir, no es v\u00e1lido que las mismas lleguen a alterar esa propiedad esencial, toda vez que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. <\/p>\n
La anterior afirmaci\u00f3n deriva de sencillos principios de interpretaci\u00f3n jur\u00eddica que no por a\u00f1osos han ca\u00eddo en desuso, como que all\u00ed donde el legislador no distingue, no le es dable al int\u00e9rprete hacerlo; que cuando el sentido de la ley es claro no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu (art. 27 del C\u00f3digo Civil); y que las excepciones son restrictivas, los cuales empalman directamente con el de seguridad jur\u00eddica que implica que en todo momento las personas sepan a qu\u00e9 atenerse en sus relaciones con los dem\u00e1s cong\u00e9neres y con la administraci\u00f3n p\u00fablica, lo que no sucede cuando un planteamiento normativo di\u00e1fano resulta modificado por una hermen\u00e9utica ajena al mismo. <\/p>\n
En tal medida, estimamos que no es de recibo crear una excepci\u00f3n donde la ley es clara y no la ha previsto, pues la particularidad que en el numeral 9 del art. 321 procedimental el legislador haya fijado la apelaci\u00f3n para el auto que resuelva sobre la oposici\u00f3n a la entrega de bienes, y el que la rechace de plano, no autoriza a deducir que opera a favor de los terceros, indistintamente del pleito en que susciten esa discusi\u00f3n, pues, igualmente la ley ha contemplado ese recurso, v.gr. tomado al azar, para el prove\u00eddo que niegue la intervenci\u00f3n de sucesores procesales o terceros (n\u00fam. 2 \u00eddem), y no por ello se aplica a los juicios de \u00fanica instancia, pues, de la misma forma que con la postura aqu\u00ed sostenida por la mayor\u00eda, los desnaturalizar\u00eda. <\/p>\n
Menos si lo que esa particular visi\u00f3n termina creando es una distinci\u00f3n que en los t\u00e9rminos de la providencia de que nos apartamos privilegia el inter\u00e9s del tercero por el mero hecho de serlo, como si la actuaci\u00f3n en la que interviene se diera en un litigio distinto al que afrontan las partes con sus vicisitudes y ventajas, al punto que se llega a erigir una discriminaci\u00f3n en cuanto queda sugerido que para \u00e9stas no proceder\u00eda la alzada en relaci\u00f3n con lo que se decida en el mismo tr\u00e1mite. <\/p>\n
Se recalca, la \u00aboposici\u00f3n a la entrega\u00bb prevista en el art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso, constituye un tr\u00e1mite especial que aunque de estructura similar al proceso, en la medida que impone la proposici\u00f3n de la pretensi\u00f3n, un t\u00e9rmino propio para pruebas y su decisi\u00f3n, su principal caracter\u00edstica es el de ser accesorio a \u00e9ste. Esa condici\u00f3n de \u00abaccesoriedad\u00bb, es precisamente la que impide, cualquiera sea la \u00abcuesti\u00f3n a definir\u00bb, que altere la esencia misma del \u00abproceso principal\u00bb, de acuerdo con el principio general del derecho \u00ablo accesorio sigue la suerte de lo principal\u00bb, y no al contrario. <\/p>\n
<\/p>\n
Finalmente, cuando el art\u00edculo 321 de la misma codificaci\u00f3n, en su numeral 9\u00b0, prev\u00e9 que es apelable el auto emitido en primera instancia, que \u00abresuelva sobre la oposici\u00f3n a la entrega de bienes, y el que la rechace de plano\u00bb, en nuestro criterio excluye de entrada los expedidos en \u00fanica instancia, como lo es el asunto examinado que, por tratarse de un proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado por mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, al tenor del art\u00edculo 384, numeral 9, ib\u00eddem, \u00abse tramita en \u00fanica instancia\u00bb. <\/p>\n
En los referidos t\u00e9rminos dejamos consignada nuestra discrepancia. <\/p>\n
Fecha, up supra <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
1\u0002 Sobre el punto, pueden consultarse las Sentencias de la Corte Constitucional SU-917\/10, SU-195\/12, SU-515\/13, SU-769\/14, SU-336\/17, SU-116\/18, SU-332\/19 y SU-020\/20, entre otras. <\/p>\n
2\u0002 Sentencia T-522 de 2001. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. Sentencias T-462 de 2003, SU-1184 de 2001 ; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001. <\/p>\n
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STC2480-2022_1 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC2480-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-03-000-2022-00032-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de febrero dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 1\u00b0 de febrero […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61964","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61964","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61964"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61964\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61964"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61964"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61964"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}