STC2643-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2643-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76111-22-13-005-2022-00021-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 11 de febrero de 2022 por la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Luis Horacio M\u00e1rquez Sierra, contra el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes del ejecutivo de alimentos radicado 2021-00179. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso legalidad, \u00abprecedentes judiciales\u00bb, confianza leg\u00edtima y seguridad jur\u00eddica, presuntamente vulnerados en el tr\u00e1mite ya referido. <\/p>\n
En sustento se\u00f1al\u00f3 que, en el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Buga curs\u00f3 demanda ejecutiva de alimentos en su contra, presentada por su hijo mayor de edad Sebasti\u00e1n M\u00e1rquez Gallego, al contestar formul\u00f3 excepciones \u00abconsistentes en la inexistencia de ejecutoria del t\u00edtulo base de ejecuci\u00f3n, por contener una obligaci\u00f3n condicionada y t\u00edtulo complejo, aportado sin el complemento o cumplir la condici\u00f3n\u00bb, que no estudi\u00f3 el Juzgado al proferir sentencia, \u00abfundada en el No 2 del Art. 422 del CGP\u00bb. <\/p>\n
Igualmente manifest\u00f3, que no le han entregado el acta ni el audio de la audiencia en que se dict\u00f3 el fallo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Conforme a lo anterior solicit\u00f3 que se ordenara al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Buga, \u00abdejar sin efecto, la sentencia de \u00fanica instancia en el proceso ejecutivo proferida el 26 de enero de 2022, del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Buga, que neg\u00f3 tramitar las excepciones planteadas contra el t\u00edtulo complejo\u00bb. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Buga alleg\u00f3 el link del expediente, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso e indic\u00f3 que \u00aben todo momento ha velado por los derechos de los intervinientes y que las decisiones tomadas en esta instancia de cara a la acci\u00f3n objeto de revisi\u00f3n se encuentran debidamente fundamentados en derecho y ajustada a la ley\u00bb. Concluy\u00f3 que, \u00abno es cierto que esta funcionaria se haya \u201cnegado a tramitar las excepciones propuestas\u201d pues\u2026hubo un pronunciamiento expreso sobre las mismas\u00bb. <\/p>\n
La Coordinadora del Grupo Jur\u00eddico del ICBF Regional Valle del Cauca, solicito la desvinculaci\u00f3n por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
Sebasti\u00e1n M\u00e1rquez Gallego, a trav\u00e9s de apoderado judicial, sostuvo que no se le ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante. <\/p>\n
La Procuradora 78 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia la Adolescencia, la Familia y las Mujeres de Buga, consider\u00f3 que no se le vulneraron los derechos fundamentales del accionante. <\/p>\n
No se observa respuesta de los dem\u00e1s vinculados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Buga Sala Civil Familia, neg\u00f3 el amparo, en consideraci\u00f3n a que, <\/p>\n
\u00abcontrario a lo esbozado por el accionante, la falladora encartada se pronunci\u00f3 sobre todas las excepciones planteadas por el ejecutado y, aunque delanteramente advirti\u00f3, que de conformidad con el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 442 del C\u00f3digo General del Proceso, no le era dable al convocado formular las excepciones de ‘inepta demanda’, ‘cobro de lo no debido’ e ‘inexistencia de la obligaci\u00f3n’, lo cierto es que no fueron pocas, las veces que se refiri\u00f3 a la aptitud del t\u00edtulo para ser ejecutado, resaltando que el se\u00f1or MARQUEZ SIERRA ni siquiera se ocup\u00f3 de se\u00f1alar cu\u00e1les eran los requisitos o documentos que echaba de menos. <\/p>\n
Y es que, en todo caso, para esta Sala de Decisi\u00f3n, tampoco merece ning\u00fan reproche el documento b\u00e1culo del cobro compulsivo, a saber, el acta de conciliaci\u00f3n del 19 de diciembre de 2019, suscrita entre las partes en la Comisar\u00eda de Familia de esta municipalidad, pues a trav\u00e9s de esta, se pact\u00f3 una \u00abcuota para estudio a favor del joven SEBASTIAN MARQUEZ GALLEGO, la suma de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($150.000.) MENSUALES, para el sostenimiento y el 50% de los gastos de matr\u00edcula, su respectivo incremento anual del reajuste del salario m\u00ednimo\u00bb, obligaci\u00f3n esta que, a no dudarlo, resulta clara, expresa y exigible, pues a la demanda se anexaron los correspondientes comprobantes de pago de los semestres universitarios sufragados por el alimentario, de ah\u00ed que, no habi\u00e9ndose probado el pago de dichos valores, las defensas no pod\u00edan salir avante. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco deviene reprochable desde el punto de vista constitucional, la soluci\u00f3n a la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, sustentada en el hecho que el demandante super\u00f3 la edad de veinticinco a\u00f1os, pues sobre el particular refiri\u00f3 la juzgadora, de un lado, que dicha circunstancia no extingu\u00eda las obligaciones ya <\/p>\n
causadas; y de otro, que no hab\u00edan transcurrido los cinco a\u00f1os de que trata el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil para que operara dicho fen\u00f3meno, nada de lo cual, desborda el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 de lo anterior, \u00abla presente acci\u00f3n de tutela no puede prosperar, pues como viene de verse, la providencia judicial por cuya revocatoria se reclama, lejos de parecer caprichosa, arbitraria o irreflexiva, encuentra un s\u00f3lido respaldo en las normas aplicables, am\u00e9n de las pruebas que obran en el expediente\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, quien se limit\u00f3 a se\u00f1alar \u00abImpugno en todo lo desfavorable por carencia de t\u00edtulo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La procedencia de la acci\u00f3n de tutela interpuesta en contra de providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario accionado hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere. <\/p>\n
Su prosperidad est\u00e1 supeditada a la satisfacci\u00f3n de una serie de condiciones. En primer lugar, debe cumplir con ciertos requisitos generales1, entre otros, que la problem\u00e1tica expuesta tenga \u00abrelevancia constitucional\u00bb, ya que, solo despu\u00e9s de superada esta y otras exigencias2, la autoridad que la conoce puede entrar a verificar lo alegado, en segundo lugar, si se configura o no alguno de los elementos que definen el eventual \u00e9xito del amparo, o causales especiales de procedibilidad3. En los casos de ausencia de tan s\u00f3lo uno de los primeros, el amparo resulta improcedente. <\/p>\n
La citada relevancia constitucional involucra la finalidad que tiene la acci\u00f3n de tutela para conjurar aquellas situaciones en las que una decisi\u00f3n de la autoridad judicial incurre en graves falencias y es incompatible con la Constituci\u00f3n4. Por tal raz\u00f3n, la jurisprudencia ha reiterado que se trata de uno de sus requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad, en tanto que aquella debe orientarse a la protecci\u00f3n de derechos fundamentales5 e involucrar \u00abgarant\u00edas superiores [que no sean] de competencia exclusiva del juez ordinario\u00bb6. <\/p>\n
2. Dado que \u00abla garant\u00eda de que cada \u00f3rgano goce de autonom\u00eda, en el sentido que debe poder desenvolverse y desplegar su actividad por s\u00ed mismo, y autogobernarse, son actividades que resultan b\u00e1sicas para definir el equilibrio en el ejercicio del poder p\u00fablico\u00bb7, el examen de la relevancia constitucional debe ser estricto, habida cuenta que su acreditaci\u00f3n va m\u00e1s all\u00e1 de la mera adecuaci\u00f3n del caso a un lenguaje que exponga una relaci\u00f3n con derechos fundamentales; de hecho, supone justificar razonablemente la existencia de una restricci\u00f3n prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relaci\u00f3n con aquel. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha manifestado que la relevancia constitucional tiene tres (3) finalidades, a saber: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional8 y, por tanto, evitar que la acci\u00f3n de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad9; (ii) restringir el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales10 y, finalmente, (iii) impedir que la acci\u00f3n de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces11. <\/p>\n
3. Ahora, el debido proceso constitucional tan solo aboga por la protecci\u00f3n de los siguientes elementos esenciales en cualquier proceso: \u00abEl derecho al juez natural; el derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa \u2013que incluye el derecho a la defensa t\u00e9cnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el principio de predeterminaci\u00f3n de las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibici\u00f3n de juicios secretos.\u00bb. Solo cuando no se cumplan con estas garant\u00edas, la decisi\u00f3n judicial ser\u00e1 objeto de revisi\u00f3n12. <\/p>\n
4. Al examinar la actuaci\u00f3n reprochada, observa la Sala que, contrario a lo manifestado por el accionante, lo cierto es que el Juzgado Promiscuo de Familia de Buga, se pronunci\u00f3 sobre cada uno de los medios exceptivos alegados por Luis Horacio M\u00e1rquez, sin que se advierta transgresi\u00f3n de los derechos fundamentales denunciados. <\/p>\n
En consecuencia, las divergencias exteriorizadas por el peticionario a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente al evidente resultado adverso que recibi\u00f3 con el fallo objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional en busca de una tercera instancia inexistente en el ordenamiento procesal, para reabrir un debate ya definido por el juzgador competente; en otras palabras, su situaci\u00f3n particular no reviste relevancia constitucional y, por lo tanto, su pedimento deviene improcedente. <\/p>\n
5. Emerge entonces, que el amparo solicitado no resulta viable, toda vez que no puede tener por objeto convertirse en un nuevo escenario, ni tampoco que entre a resolver discusiones propias del proceso -como la interpretaci\u00f3n simple de la ley o la valoraci\u00f3n de las pruebas- que no representen un problema ius fundamental13. <\/p>\n
La diferencia de criterios en un proceso o actuaci\u00f3n judicial, no habilita per se la intervenci\u00f3n del juez constitucional, y en tal sentido la Corte ha sido clara en indicar que, <\/p>\n
\u00abel mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ. STC de 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
Visto de esta manera, independientemente de compartirse o no las decisiones cuestionadas, esta Sala estima que es necesario que las interpretaciones de las autoridades denunciadas sean burdas o arbitrarias para que exista esa relevancia constitucional que se exige como requisito general de la acci\u00f3n. <\/p>\n
6. De conformidad con lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo objeto de reclamo, por los motivos aqu\u00ed expuestos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
ALVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Entre otras, a la Corte Constitucional, Sentencia SU-261 de 2021. <\/p>\n
2\u0002 Estas son: (i) subsidiariedad, en el sentido de que se hubiesen agotado los recursos ordinarios y extraordinarios al alcance del accionante dentro del proceso en que se profiri\u00f3 la providencia, excepto que, atendiendo a las circunstancias en que se encuentre, no sean eficaces, o que la tutela pretenda evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; (ii) inmediatez, es decir que, atendiendo a las circunstancias del accionante, se interponga en un t\u00e9rmino razonable a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iii) cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia en la decisi\u00f3n que se considera lesiva de los derechos fundamentales; (iv) que el accionante identifique de forma razonable los yerros que generan la vulneraci\u00f3n, y que estos hayan sido cuestionados dentro del proceso judicial, en cuanto ello hubiere sido posible y, (v) que no se dirija contra una sentencia de tutela, salvo si existi\u00f3 fraude en su adopci\u00f3n. Cfr. Corte Constitucional Sentencia T-334 de 2021. <\/p>\n
3\u0002 (i) Defecto org\u00e1nico; (ii) Defecto procedimental; (iii) Defecto f\u00e1ctico; (iv) Defecto material o sustantivo; (v) Error inducido; (vi) Falta de motivaci\u00f3n; (vii) Desconocimiento del precedente y (viii) Violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, cuyas descripciones aparecen entre muchas otras, en la Sentencia T-334 de 2021. <\/p>\n
4\u0002 Sentencia T-817 de 2012. <\/p>\n
5\u0002 Art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
6\u0002 Sentencia SU-573 de 2017, reiterando lo dicho en la Sentencia C-590 de 2005. <\/p>\n
7\u0002 Sentencia SU-050 de 2018. <\/p>\n
8\u0002 Sentencia C-590 de 2005. <\/p>\n
9\u0002 Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014. <\/p>\n
10\u0002 Sentencia C-590 de 2005. <\/p>\n
11\u0002 Sentencia T-102 de 2006. <\/p>\n
12\u0002 Cfr. Sentencia T-244 del 2007 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
13\u0002 Ejusdem.Al respecto consultar tambi\u00e9n la Sentencia SU-128 de 2021 Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
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