STC2655-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2655-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 85001-22-08-000-2022-00019-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 10 de febrero de 2022 por la Sala \u00fanica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Misael David Sequeda Bedoya contra el Juzgado Primero de Familia de Yopal, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso ejecutivo de alimentos, con radicado 2019-00452. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, y, \u00abdel infante y del adolescente\u00bb, vulnerados por el juzgado accionado en el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo de alimentos adelantado en su contra. <\/p>\n
Para su restablecimiento, solicita: (i) que se decrete la nulidad de todo lo actuado en el citado juicio y, (ii) se ordene compulsar copias al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, por presuntamente incurrir el titular del Juzgado Primero de Familia de Yopal, en los delitos de prevaricato por acci\u00f3n y por omisi\u00f3n. <\/p>\n
En compendio se\u00f1al\u00f3, que Zulma Moreno Riveros present\u00f3 en su contra el 19 de noviembre de 2019, demanda ejecutiva de alimentos en representaci\u00f3n de su hijo Juan David Sequeda Moreno, menor de edad, que fue admitida bajo el radicado 2019-00452-00, ante \u00abel aparente cumplimiento de todos los requisitos legales\u00bb, pese a que la direcci\u00f3n y domicilio del menor, no se estableci\u00f3 en el mandato otorgado ni en la demanda, informaci\u00f3n indispensable para determinar la competencia del funcionario judicial. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, tampoco se adelant\u00f3 en debida forma su notificaci\u00f3n, porque en el ac\u00e1pite correspondiente de la demanda, se establece que su domicilio es en Albania, (Guajira), sin embargo, \u00e9sta se envi\u00f3 a Bogot\u00e1, por lo que en el expediente obra certificado de devoluci\u00f3n de la empresa de mensajer\u00eda con causa \u00abdirecci\u00f3n errada\u00bb, siendo el tr\u00e1mite para seguir, el contemplado en el art\u00edculo 291 del C\u00f3digo General del Proceso, el que no se adelant\u00f3. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que igualmente, \u00abno se establece a cargo de quien se encuentra el cuidado y la atenci\u00f3n del menor\u00bb, que ser\u00eda la persona facultada para reclamar y adem\u00e1s, \u00abes muy sospechoso esperar tanto tiempo (m\u00e1s de 16 a\u00f1os) para ejecutar un acuerdo conciliatorio celebrado entre MISAEL SEQUEDA Y ZULEIMA MORENO RIVEROS\u00bb, y, que, en el ac\u00e1pite de fundamentos de la demanda, el apoderado se\u00f1al\u00f3 las normas que corresponden a un proceso de alimentos y no de un ejecutivo. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que pese a las falencias encontradas, el Juzgado Primero de Familia de Yopal profiri\u00f3 mandamiento de pago en favor de la se\u00f1ora Zuleima Moreno Riveros sin que tenga obligaci\u00f3n alguna con ella, y adem\u00e1s orden\u00f3 el embargo y retenci\u00f3n del 50% de su salario o de cualquier emolumento que recibe como trabajador de Cerrej\u00f3n Miner\u00eda, pronunciamiento contrario a derecho teniendo en cuenta que es lo m\u00e1ximo que se puede embargar, y que, el porcentaje fijado debe tener en cuenta los descuentos de ley. <\/p>\n
Inform\u00f3 que tiene tres hijos m\u00e1s, de 16, 8 y 1 a\u00f1o de edad, a los que tambi\u00e9n debe alimentos y a quienes el Juzgado accionado les vulnera los derechos al obligarlo a pasar el 50% de su salario en el juicio radicado 2019-00452-00, sin que adem\u00e1s sea claro que tal cuota sea a favor de Juan David Sequeda Moreno, porque, reitera, el mandamiento de pago y la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n se profirieron a nombre de la madre del mismo, actuaciones que afirma, no fueron emitidas conforme a la ley. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Primero de Familia de Yopal, inform\u00f3 que en el proceso objeto de la queja constitucional, est\u00e1n pendientes por resolver diferentes recursos presentados por las partes frente al auto proferido el 21 de enero de 2022, por lo que remiti\u00f3 el expediente digital para la verificaci\u00f3n de las actuaciones surtidas. <\/p>\n
Juan David Sequeda Moreno, actualmente mayor de edad, se opuso al amparo y expres\u00f3 que su progenitor, en calidad de demandado fue notificado en debida forma \u00abde acuerdo al Art. 8 del Decreto 806 de 2020 a su correo electr\u00f3nico misael.seque@hotmail.com, donde Servientrega certifica y da constancia de la entrega, acuse de recibido y lectura del mensaje\u00bb, decidiendo no acudir al proceso en el t\u00e9rmino establecido por la ley, adem\u00e1s agreg\u00f3 \u00abque venga un a\u00f1o despu\u00e9s de notificado a alegar nulidades procesales, es indebido, incorrecto e improcesal (sic), por cuanto este tuvo su oportunidad procedimental para indicar lo que ha expresado en la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El Tribunal Superior de Yopal, neg\u00f3 el amparo propuesto por el solicitante, al advertir que la tutela no cumple con el requisito de inmediatez, tras considerar que, <\/p>\n
\u00abal revisar el expediente digital del proceso ejecutivo, se advierte dentro del plenario que, el 31 de julio de 2020, el apoderado judicial de la demandante en el proceso de marras alleg\u00f3 al accionado memorial, por medio del cual solicit\u00f3 al Juzgado autorizaci\u00f3n para surtir la notificaci\u00f3n del accionante de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 8\u00b0 del decreto 806 de 2020, notificaci\u00f3n que se surtir\u00eda al correo electr\u00f3nico Misael.seque@hotmail.com, el cual se obtuvo de un mensaje que el tutelante le envi\u00f3 a la demandada, como prueba de su dicho el apoderado alleg\u00f3 el pantallazo del correo enviado por el accionante. <\/p>\n
Mediante Auto de fecha 28 de agosto de 2021, el Juzgado accionado autoriz\u00f3 a la parte demandante para que surtiera la notificaci\u00f3n del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago a la parte pasiva (hoy accionante), en los t\u00e9rminos del decreto legislativo 806 de 2020. <\/p>\n
Ahora bien, conforme a la certificaci\u00f3n emitida por la empresa de mensajer\u00eda Servientrega se evidencia que la notificaci\u00f3n personal conforme al art. 8 del Decreto 806 de 2020, se surti\u00f3 en debida forma, como se observa a continuaci\u00f3n (\u2026) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de la anterior imagen se concluye que la notificaci\u00f3n al correo Misael.seque@hotmail.com, correspondiente al actor fue efectiva, direcci\u00f3n electr\u00f3nica que se advierte si es usada por el tutelante, pues en el ac\u00e1pite de notificaciones de la presente acci\u00f3n de tutela fue relacionada por el accionante para recibir notificaciones. <\/p>\n
Entonces, del recuento de la notificaci\u00f3n surtida se advierte que el tutelante desde el 12 de agosto de 2020, conoci\u00f3 de la existencia del proceso ejecutivo de alimentos que se surt\u00eda en su contra y solo despu\u00e9s de a\u00f1o y medio alega que la demanda no cumpl\u00eda con los requisitos de ley, por lo cual debi\u00f3 ser rechazada; igualmente, cuestiona el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago, las medidas cautelares decretadas y el auto que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n de fecha 25 de septiembre de 2020, cuando indiscutiblemente ya ha transcurrido un lapso de tiempo irrazonable, evidenci\u00e1ndose que la acci\u00f3n incoada no cumple con el requisito de inmediatez\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con la decisi\u00f3n, el accionante solicit\u00f3 la revocatoria, al aducir que el Juzgado Primero de Familia de Yopal incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico \u00abpositivo\u00bb por un \u00abeventual an\u00e1lisis probatorio deficiente\u00bb y en un defecto f\u00e1ctico \u00abnegativo\u00bb, al omitir actuar oficiosamente a fin de acceder a la verdad procesal. <\/p>\n
Lo anterior, como quiera que, al tratarse de un proceso ejecutivo de alimentos, este es de \u00fanica instancia y contra los pronunciamientos emitidos solo procede el recurso de reposici\u00f3n ante el mismo funcionario, siendo procedente la tutela para garantizarle su debido proceso e igualdad. <\/p>\n
Igualmente indic\u00f3, que aport\u00f3 prueba de una certificaci\u00f3n de estudios donde consta que el domicilio del se\u00f1or Juan David Sequeda Moreno es la ciudad de Bogot\u00e1, y los estudios son presenciales, raz\u00f3n por la cual considera que es importante determinar el domicilio del alimentario para definir el juez competente para conocer dicho proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la solicitud de amparo en estudio satisface los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad y, de superarse lo anterior, si las autoridades accionadas, trasgredieron los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad invocados por el accionante, con motivo de las circunstancias narradas en el escrito de tutela. <\/p>\n
2. Frente al requisito de la inmediatez, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros, en STC11374-2016, STC11745- 2021 y STC16398-2021). <\/p>\n
Conforme a lo se\u00f1alado y revisadas las piezas digitales allegadas, observa la Sala que el aludido presupuesto no se satisface en el asunto objeto de estudio, en tanto, la censura se enfila contra los autos mediante los cuales, se libr\u00f3 mandamiento de pago de 20 de noviembre de 2019 [expediente digital derivado 01-demanda tutela folio 13]; el que lo tuvo por notificado de la demanda de 11 de septiembre de 2020 [expediente digital derivado 01-demanda tutela folio 37]; y el que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n de 25 de septiembre de 2020 [expediente digital derivado 01-demanda tutela folio 38], es decir, que las actuaciones cuya nulidad se pretende, fueron emitidas hace m\u00e1s de 1 a\u00f1o y 5 meses, superando as\u00ed, el plazo razonable referido en p\u00e1rrafo precedente. <\/p>\n
En este sentido, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
Por lo anterior, el accionante en calidad de presunto afectado con las decisiones que considera vulneradoras de sus garant\u00edas fundamentales, debi\u00f3 acudir de manera oportuna a este mecanismo excepcional, pues su prolongado silencio es se\u00f1al de aprobaci\u00f3n frente a las decisiones atacadas. Trat\u00e1ndose de tutelas contra providencia judicial, se exige un an\u00e1lisis m\u00e1s riguroso de este requisito, en tanto, lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan los principios de cosa juzgada, seguridad jur\u00eddica e independencia judicial, as\u00ed lo ha referido la jurisprudencia de esta Corte, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). <\/p>\n
3. Ahora bien, frente al requisito de subsidiariedad, ha de se\u00f1alarse que la acci\u00f3n de tutela, no fue incorporada al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias de las autoridades judiciales o administrativas. Al respecto, se ha se\u00f1alado, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad iusfundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u201d\u00bb (CSJ STC 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01) <\/p>\n
Exigencia \u00e9sta, que tampoco se advierte en el asunto en estudio, en raz\u00f3n a que el accionante, se queja de una presunta indebida notificaci\u00f3n del proceso ejecutivo de alimentos, adem\u00e1s de la falta de competencia del juez que adelant\u00f3 dicho tr\u00e1mite, sin embargo, de la revisi\u00f3n efectuada por la Sala al expediente digital, se puede observar que concurri\u00f3 al proceso por apoderado judicial el 17 de noviembre de 2021 [expediente digital derivado 01-demanda tutela p\u00e1g. 85], sin que haya promovido los respectivos incidentes de nulidad a efectos de subsanar las irregularidades que ahora alega en la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
V\u00e9ase que en tal ocasi\u00f3n se solicit\u00f3: \u00abPRIMERO: Que por el presente medio se haga la notificaci\u00f3n de la demanda a mi apadrinado conforme lo solicit\u00f3 desde su correo electr\u00f3nico personal. SEGUNDO: Que se valoren los registros civiles de nacimientos de otros hijos menores de edad de mi representado, los cuales aporto con la presente y en consecuencia se les reconozca y tutelen sus derechos. TERCERO: Que en amparo constitucional y de los derechos del ni\u00f1o, se corrija inmediatamente el oficio O. C. JPF-YC-001917-19 de fecha 29 de noviembre de 2019, mediante el cual su despacho ordena a la empresa donde labora mi mandante el embargo y retenci\u00f3n del 50% del salario. Correcci\u00f3n que depender\u00e1 de su libre tasaci\u00f3n sin desconocer los derechos de los otros hijos y que en una libre consideraci\u00f3n de mi persona, no debe sobrepasar el 12.5% del salario que devenga mi poderdante\u00bb. [Expediente digital derivado 01-demanda tutela p\u00e1g. 85], <\/p>\n
Petici\u00f3n que resolvi\u00f3 el Primero de Familia de Yopal en auto de 19 de noviembre de 2021, en el que dispuso \u00abdenegar lo solicitado por el demandado en su escrito pues en auto del pasado once de septiembre de 2020 se tuvo por notificado de la demanda al mismo dando aplicaci\u00f3n al numeral 8\u00ba del decreto 806 de junio de 2020, y ya se encuentra con auto de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n\u00bb; reconoci\u00f3 personer\u00eda al apoderado del demandado y, orden\u00f3 \u00abla reducci\u00f3n del embargo comunicado mediante el oficio O:C. JPF-YC-001917-19 de fecha 29 de noviembre de 2019, al valor del 12,5%\u00bb. [Expediente digital derivado 01-demanda tutela p\u00e1g. 89) <\/p>\n
Providencia que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n solamente el apoderado del demandante Juan David Sequeda, y se resolvi\u00f3 en auto de 21 de enero de 2022 en el que se revoc\u00f3 el numeral 3\u00ba de la providencia impugnada, neg\u00f3 la apelaci\u00f3n por tratarse de un asunto de \u00fanica instancia, orden\u00f3 la entrega de los dineros depositados \u00aba quien corresponda\u00bb, y dispuso correr traslado al demandado de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. [Expediente digital derivado 01-demanda tutela p\u00e1gs. 115,116 y 117]. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se reitera, no se observa dentro de las actuaciones que el accionante haya solicitado las nulidades que invoca en sede de tutela, m\u00e1xime cuando qued\u00f3 demostrada su intervenci\u00f3n dentro del proceso objeto de queja constitucional sin alegarlas. <\/p>\n
La Corte de tiempo atr\u00e1s, en relaci\u00f3n con este requisito de la subsidiariedad, ha precisado, que, \u00ab(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria \u2026\u00bb (STC6663-2018, citada en STC6916-2020, STC762-2021 y STC13928-2021, entre muchas). <\/p>\n
4. En consecuencia, sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone confirmar el fallo de tutela censurado, al no acreditarse los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC2655-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC2655-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 85001-22-08-000-2022-00019-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 10 de febrero […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61975","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61975","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61975"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61975\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61975"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61975"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61975"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}