{"id":61979,"date":"2024-05-20T20:59:28","date_gmt":"2024-05-20T20:59:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/stc2671-2022\/"},"modified":"2024-05-20T20:59:28","modified_gmt":"2024-05-20T20:59:28","slug":"stc2671-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/stc2671-2022\/","title":{"rendered":"STC2671 2022"},"content":{"rendered":"<p>STC2671-2022<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>FRANCISCO &nbsp;TERNERA BARRIOS &nbsp;<\/p>\n<p>Magistrado &nbsp;Ponente &nbsp;<\/p>\n<p>STC2671-2022 &nbsp;<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n &nbsp;n\u00ba 76001-22-10-000-2022-00004-01 &nbsp;<\/p>\n<p>Bogot\u00e1 &nbsp;D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). &nbsp;<\/p>\n<p>La &nbsp;Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia &nbsp;proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito &nbsp;Judicial de Cali el 26 de enero de 2022, que deneg\u00f3 la acci\u00f3n &nbsp;de tutela promovida por Diego Fernando Gil Wiedman1 &nbsp;contra el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Oralidad de la misma &nbsp;ciudad. &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>I. ANTECEDENTES &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp;El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos &nbsp;fundamentales al debido proceso, \u00abseguridad &nbsp;jur\u00eddica e igualdad\u00bb, &nbsp;presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en el proceso &nbsp;verbal de nulidad de capitulaciones matrimoniales de radicado &nbsp;2020-00235-00. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp;Indic\u00f3 que es &nbsp;demandado en el proceso referenciado, en el cual, previamente a que &nbsp;se reformara la demanda, a trav\u00e9s de su apoderado, present\u00f3 &nbsp;la excepci\u00f3n previa de \u00abIneptitud &nbsp;de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida &nbsp;acumulaci\u00f3n de pretensiones\u00bb. &nbsp;De ella remiti\u00f3 copia electr\u00f3nica a la contraparte, tal &nbsp;como lo establece el par\u00e1grafo del art\u00edculo 9 del &nbsp;Decreto 806 de 2020. &nbsp;<\/p>\n<p>2.1. &nbsp;Destac\u00f3 que el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Oralidad &nbsp;de Cali mediante auto del 27 de octubre de 2021, corri\u00f3 &nbsp;traslado de las excepciones a la parte demandante, en cumplimiento &nbsp;del art\u00edculo 101 del CGP. Frente a esa decisi\u00f3n, &nbsp;interpuso recurso de reposici\u00f3n. Sin embargo, el Juzgado &nbsp;atacado con providencia del 24 de noviembre de 2021 mantuvo su &nbsp;postura. &nbsp;<\/p>\n<p>2.2. &nbsp;As\u00ed las cosas, por v\u00eda de tutela, adujo que el Juzgado &nbsp;accionado no debi\u00f3 correr traslado de las excepciones a la &nbsp;demandante, pues fueron puestas en conocimiento \u00abdesde &nbsp;el pasado 16 de marzo de 2020\u2026la oportunidad para pronunciarse &nbsp;al respecto, era el d\u00eda 24 de marzo de 2021\u2026pese a &nbsp;esto, la parte demandante no aport\u00f3 en el momento procesal &nbsp;oportuno el escrito que descorre las excepciones previas, lo hizo el &nbsp;pasado 2 de noviembre de 2021\u2026cuando ya hab\u00edan pasado 7 &nbsp;meses de haber precluido el t\u00e9rmino para pronunciarse\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>3. &nbsp;Solicit\u00f3, conforme a lo expuesto, que se deje \u00absin &nbsp;efectos el auto interlocutorio No. 2604 del [sic] 30 de noviembre de &nbsp;2021 [\u2026] [O]rdenar al juzgado s\u00e9ptimo de familia del &nbsp;circuito de Cali adopte las medidas necesarias para tramitar el &nbsp;recurso de reposici\u00f3n\u2026contra el auto\u20262365 del 27 &nbsp;de octubre de 2021 conforme a la normatividad procesal vigente\u00bb. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>II. LA &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;RESPUESTA DEL ACCIONADO &nbsp;<\/p>\n<p>Y &nbsp;VINCULADOS &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp;El Juzgado accionado &nbsp;remiti\u00f3 copia digitalizada del proceso de nulidad de &nbsp;capitulaciones matrimoniales. Por lo dem\u00e1s, manifest\u00f3 &nbsp;que queda a la esperar de la \u00abdecisi\u00f3n &nbsp;que sobre el particular adopte el Tribunal como juez constitucional\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp;La apoderada de la parte demandante en el proceso verbal debatido, no &nbsp;aport\u00f3 el poder especial que acreditara dicha calidad. &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>La &nbsp;Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali &nbsp;deneg\u00f3 &nbsp;el amparo2. &nbsp;Para ello, expuso que \u00abla &nbsp;interpretaci\u00f3n realizada al par\u00e1grafo del art\u00edculo &nbsp;9 del Decreto 806 de 2020 por el apoderado judicial del accionante, &nbsp;no obedece al criterio constitucional establecido en la &nbsp;jurisprudencia\u2026C-420 de 2020\u2026en el entendido de que el &nbsp;t\u00e9rmino de dos d\u00edas all\u00ed dispuesto empezar\u00e1 &nbsp;a contarse cuando el indicador recepcione acuse de recibo o se pueda &nbsp;por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje\u00bb. &nbsp;Adem\u00e1s, &nbsp;resalt\u00f3 que \u00abse &nbsp;puede evidenciar [en] los pantallazos de la bandeja de salida del &nbsp;correo electr\u00f3nico de la parte accionante\u2026pero no &nbsp;aporta ning\u00fan pantallazo por medio del cual se pueda demostrar &nbsp;que efectivamente el mensaje de datos enviado se encontraba en la &nbsp;bandeja de entrada del correo electr\u00f3nico del destinatario, &nbsp;momento desde el cual debe contabilizarse el t\u00e9rmino &nbsp;establecido en la norma en comento&#8230; dicho servicio\u2026es &nbsp;prestado por las diferentes cuentas de correos electr\u00f3nicos &nbsp;institucionales, y pagas, adem\u00e1s de empresas de correos &nbsp;certificados, con el fin que las partes puedan demostrar el acceso al &nbsp;mensaje de datos y de esta forma dar aplicaci\u00f3n a lo &nbsp;establecido en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 9 del Decreto &nbsp;806 de 2020, lo cual no sucedi\u00f3 en el caso concreto, raz\u00f3n &nbsp;por la cual, deb\u00eda darse traslado de las excepciones previas &nbsp;presentadas por la parte accionante, queriendo decir, que la &nbsp;actuaci\u00f3n realizada por el juzgado accionado fue la acertada\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>IV. LA &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;IMPUGNACI\u00d3N &nbsp;<\/p>\n<p>La &nbsp;impuls\u00f3 el promotor, quien insisti\u00f3 en los argumentos &nbsp;que sirvieron como base fundacional del escrito inicial. Expuso que &nbsp;\u00abtambi\u00e9n &nbsp;la prueba del referido mensaje se encuentra no solo en la captura de &nbsp;pantalla en donde se evidencia que se remiti\u00f3 el correo a la &nbsp;apoderada de la parte demandante, sino que adicionalmente el mismo &nbsp;despacho pudo verificar al recibir dicho correo de manera simult\u00e1nea &nbsp;que se copi\u00f3 y remiti\u00f3 de manera correcta el escrito de &nbsp;excepciones previas a todas las partes, que la se\u00f1ora Carmen &nbsp;Delia Rodr\u00edguez efectivamente recibi\u00f3 dicho correo &nbsp;electr\u00f3nico\u00bb. Por &nbsp;lo que pidi\u00f3 revocar la sentencia recurrida. &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>V. CONSIDERACIONES &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp;En el presente asunto, corresponde a la Sala establecer si la &nbsp;autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales del &nbsp;gestor, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo proferido el 24 de &nbsp;noviembre de 2021, que decidi\u00f3 no reponer el &nbsp;auto del 27 de octubre de 2021, con el cual se corri\u00f3 traslado &nbsp;a la parte demandante de la excepci\u00f3n previa de \u00abIneptitud &nbsp;de la demanda por falta de requisitos formales o por indebida &nbsp;acumulaci\u00f3n de pretensiones\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp;Se observa que el juzgado accionado en la providencia cuestionada, &nbsp;trajo a colaci\u00f3n las disposiciones establecidas en el C\u00f3digo &nbsp;General del Proceso, especialmente el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo &nbsp;101, que hace remisi\u00f3n al art\u00edculo 110 ib\u00eddem. &nbsp;Asimismo, narr\u00f3 que \u00absi &nbsp;por esa v\u00eda de interpretaci\u00f3n se &nbsp;surte traslado por el despacho resulta una garant\u00eda m\u00e1s &nbsp;del debido proceso, y no una oportunidad adicional, como parece &nbsp;entenderlo el recurrente, dada la precariedad y dificultad pr\u00e1ctica &nbsp;de resolver cuestiones procesales con la sola informaci\u00f3n &nbsp;suministrada por las partes\u00bb3. &nbsp;<\/p>\n<p>2.1. &nbsp;En el punto, precis\u00f3 que \u00absi &nbsp;bien el decreto 806 de 2020 se encarg\u00f3 de regular aspectos &nbsp;procesales preponderando la virtualidad, entiende el despacho que no &nbsp;puede entenderse como manera para restringir el derecho que le asiste &nbsp;a las partes de conocer y acceder a toda la informaci\u00f3n del &nbsp;proceso que el despacho est\u00e1 en el deber de dar a conocer\u2026se &nbsp;suma a ello que el despacho ha dado aplicaci\u00f3n a la norma &nbsp;preferente y procesalmente establecida, esto es, a lo dispuesto en el &nbsp;C\u00f3digo General del Proceso, que resulta con prevalencia sobre &nbsp;el decreto 806 de 2020\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>3. &nbsp;Sobre el particular, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- &nbsp;advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de &nbsp;prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de &nbsp;ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no &nbsp;todas las conclusiones del juez natural, la decisi\u00f3n &nbsp;cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable. &nbsp;Ello &nbsp;pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un &nbsp;an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema debatido y de &nbsp;una valoraci\u00f3n razonable &nbsp;de &nbsp;las pruebas. &nbsp;<\/p>\n<p>3.1. &nbsp;Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a &nbsp;intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les &nbsp;de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s &nbsp;acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n &nbsp;o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el &nbsp;expediente. En el punto, es necesario destacar que el juez de tutela &nbsp;s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera &nbsp;probatoria\u00bb, cuando &nbsp;el \u00aberror &nbsp;en el juicio valorativo\u00bb sea &nbsp;ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la &nbsp;decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub &nbsp;examine, pues &nbsp;no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material &nbsp;probatorio. &nbsp;<\/p>\n<p>4. &nbsp;Sumado a lo anterior, en el sub &nbsp;judice lo &nbsp;que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado &nbsp;por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y &nbsp;amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia &nbsp;judicial- y lo planteado por el gestor. Por lo expuesto, el juez &nbsp;constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de &nbsp;autoridad de instancia. Sobre &nbsp;el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que &nbsp;\u00abel &nbsp;juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro &nbsp;para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y &nbsp;hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los &nbsp;m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo &nbsp;pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si &nbsp;fuese uno de instancia\u00bb &nbsp;(CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. &nbsp;15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla &nbsp;adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento &nbsp;que le allane el camino al vencido para perseverar en sus &nbsp;discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb &nbsp;(CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada &nbsp;en STC &nbsp;2462-2021, 12 de marzo). &nbsp;<\/p>\n<p>5. &nbsp;Por lo considerado, se deber\u00e1 ratificar el fallo impugnado. &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>VI. DECISI\u00d3N &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n de la Corte &nbsp;Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica &nbsp;y por mandato de la ley, CONFIRMA &nbsp;la &nbsp;sentencia impugnada. &nbsp;<\/p>\n<p>Comun\u00edquese &nbsp;esta providencia a los interesados en la forma prevista por el &nbsp;art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase &nbsp;el expediente &nbsp;a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. &nbsp;<\/p>\n<p>NOTIF\u00cdQUESE &nbsp;Y C\u00daMPLASE &nbsp;<\/p>\n<p>HILDA &nbsp;GONZ\u00c1LEZ NEIRA &nbsp;<\/p>\n<p>Presidente &nbsp;de Sala &nbsp;<\/p>\n<p>\u00c1LVARO &nbsp;FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO &nbsp;<\/p>\n<p>MARTHA &nbsp;PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ &nbsp;<\/p>\n<p>AROLDO &nbsp;WILSON QUIROZ MONSALVO &nbsp;<\/p>\n<p>LUIS &nbsp;ALONSO RICO PUERTA &nbsp;<\/p>\n<p>(Ausencia &nbsp;Justificada) &nbsp;<\/p>\n<p>OCTAVIO &nbsp;AUGUSTO TEJEIRO DUQUE &nbsp;<\/p>\n<p>FRANCISCO &nbsp;TERNERA BARRIOS &nbsp;<\/p>\n<p>1\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Por &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;medio de su apoderado judicial y conforme al poder conferido. &nbsp;<\/p>\n<p>2\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Folios 88-91. Pdf. Actuaci\u00f3n unificada. Expediente digital. &nbsp;<\/p>\n<p>3\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Archivo &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;pdf. #49AutoResuelveRecursoReposici\u00f3n. Expediente digital. &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>STC2671-2022 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; FRANCISCO &nbsp;TERNERA BARRIOS &nbsp; Magistrado &nbsp;Ponente &nbsp; STC2671-2022 &nbsp; Radicaci\u00f3n &nbsp;n\u00ba 76001-22-10-000-2022-00004-01 &nbsp; Bogot\u00e1 &nbsp;D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). &nbsp; La &nbsp;Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia &nbsp;proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito &nbsp;Judicial de Cali [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61979","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61979","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61979"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61979\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61979"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61979"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61979"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}