STC2681-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2681-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2021-00409-02 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 11 de febrero de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la tutela que Ana Paola Cacais Torres en calidad de representante legal del Edificio Portal de C\u00e1diz P.H., le instaur\u00f3 al Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo censurado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, actuando por medio de apoderado, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos a la \u00abigualdad, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, propiedad privada, tutela efectiva y seguridad jur\u00eddica\u00bb, para que se ordenara, \u00abi) revocar, modificar la decisi\u00f3n adoptada por el despacho fustigado para en su lugar LEVANTAR LA AFECTACI\u00d3N A VIVIENDA FAMILIAR sobre el inmueble Penthouse o apto 701 del Edificio Portal de C\u00e1diz identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 350-88671; ii) en caso de continuar la desobediencia a la decisi\u00f3n de tutela, se abra cuaderno de cumplimiento al fallo y de desacato (\u2026). <\/p>\n
En compendio, se\u00f1al\u00f3 que el estrado accionado en el juicio de levantamiento afectaci\u00f3n a vivienda familiar formulado contra Juan Carlos Novoa Gonz\u00e1lez y Victoria Eugenia Vel\u00e1squez Orozco, declar\u00f3 pr\u00f3speras las excepciones propuestas y, por ende, neg\u00f3 sus pretensiones, al estimar que \u00abla afectaci\u00f3n a vivienda familiar constituida el 12 de enero de 2007 del penthouse apto. 701 del Edificio Portal de C\u00e1diz que gener\u00f3 el cobro de las cuotas de administraci\u00f3n fue anterior a la iniciaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n que promovi\u00f3\u00bb (13 oct. 2021). <\/p>\n
En su criterio, tal providencia lesion\u00f3 sus garant\u00edas, puesto que \u00abincurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico por no valoraci\u00f3n de la totalidad del material probatorio y valoraci\u00f3n defectuosa del acervo probatorio\u00bb, ya que ignor\u00f3 la \u00abprueba sobreviniente que alleg\u00f3 el 2 de junio de 2021\u00bb en la que acredit\u00f3 que exist\u00eda con anterioridad \u00abun asunto ejecutivo\u00bb contra Novoa Gonz\u00e1lez en el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagu\u00e9 con radicado 2005-00110-00, antes de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar, la cual se perpetr\u00f3 despu\u00e9s con el \u00fanico prop\u00f3sito de \u00abdefraudar y no responder por las cuotas de administraci\u00f3n que adeuda por muchos a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Segundo de Familia de Ibagu\u00e9 defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y expres\u00f3 que los documentos aportados por el quejoso y que cuestiona ahora por esta senda, \u00abcorresponde a un reporte de un proceso que estaba incompleto, un correo del a\u00f1o 2014 y una liquidaci\u00f3n generada desde fecha diciembre 31 de 2009, en tal sentido tal prueba no fue contundente para demostrar lo alegado en la demanda\u00bb. <\/p>\n
Juan Carlos Novoa Gonz\u00e1lez manifest\u00f3 que como bien lo indic\u00f3 el juzgador, fue claro que \u00aba la instauraci\u00f3n de la demanda cuya sentencia ocupa la atenci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela no exist\u00edan procesos de ejecuci\u00f3n en [su] contra promovidos por parte de la accionante, por tanto, ilusorio atribuirle un \u00e1nimo defraudatorio con la afectaci\u00f3n del inmueble que nos ocupa\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Quinto Civil Municipal de esa urbe, revel\u00f3 que conoci\u00f3 del \u00abejecutivo con radicado 2005-00110-00\u00bb interpuesto por la actora contra Novoa Gonz\u00e1lez, el cual culmin\u00f3 \u00abel 2 de marzo de 2010 en aplicaci\u00f3n de la figura procesal de perenci\u00f3n (ley 1285 de 2009)\u00bb. <\/p>\n
El Cuarto Civil del Circuito inform\u00f3 las actuaciones adelantadas en el litigio n\u00ba 2000-00190 por el Banco Cafetero Bancaf\u00e9 contra el mismo demandado, que termin\u00f3 el 5 de febrero de 2007 por pago total de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El a quo concedi\u00f3 el auxilio, argumentando que \u00abel juez se apart\u00f3 del deber legal de valorar en conjunto todas las pruebas\u00bb, dado que \u00abse echa de menos la valoraci\u00f3n de la prueba sobreviniente aportada el 2 de junio de 2021, espec\u00edficamente el reporte de la acci\u00f3n ejecutiva 2005-00110-00, la cual termin\u00f3 con perenci\u00f3n el 2 de marzo de 2010, pues, para el momento en que Juan Carlos Novoa Gonz\u00e1lez hizo la afectaci\u00f3n a vivienda familiar del inmueble, ese proceso a\u00fan se encontraba en tr\u00e1mite, obs\u00e9rvese que la actuaci\u00f3n se dio por terminada tres a\u00f1os despu\u00e9s de la afectaci\u00f3n, probanza que se qued\u00f3 sin an\u00e1lisis\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, mand\u00f3 al querellado \u00abdejar sin efecto la sentencia del 13 de octubre de 2021, para que, en su lugar, proceda nuevamente a proferir el respectivo fallo, teniendo en cuenta lo considerado\u00bb. <\/p>\n
Replic\u00f3 Juan Carlos Novoa Gonz\u00e1lez en los mismos t\u00e9rminos de su respuesta, agregando que \u00abla afectaci\u00f3n a vivienda familiar del predio sobre el cual se finc\u00f3 el proceso de ejecuci\u00f3n de la prueba supuestamente no valorada, si bien es cierto surgi\u00f3 a la vida legal en febrero 2 de 2007 en vigencia del proceso 2005-00110-00 no resulta ser menos cierto que, para la fecha no exist\u00eda ninguna solicitud en curso de embargo para respaldar las pretensiones expuestas en el mismo, que pudiera hacer emerger la evidencia de un presunto \u00e1nimo defraudatorio\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, refiri\u00f3 que \u00abes evidente que no existieron fallas de valoraci\u00f3n probatoria por parte del juez, ya que no resultan demostrados los presupuestos para que procediera v\u00e1lidamente el pretendido levantamiento de la afectaci\u00f3n, aspectos sobre los cuales no se detuvo en su an\u00e1lisis el juez de tutela (\u2026) no puede pasarse por alto una indebida censura al juez por el hecho de no haber valorado un evento procesal concluido por perenci\u00f3n 9 a\u00f1os atr\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La revisi\u00f3n del \u00abescrito de tutela\u00bb y la documental anexa al paginario permiten a la Corte concluir, contrario a lo dicho por el opugnador, que el proceder refutado constituye un \u00abdefecto\u00bb que torna procedente la salvaguarda que a trav\u00e9s de esta v\u00eda se reclama, al \u00abno valorarse en su integridad el material probatorio\u00bb, circunstancia que devino en la vulneraci\u00f3n de las \u00abprerrogativas superiores invocadas\u00bb por el gestor. <\/p>\n
Ello es as\u00ed, por cuanto de lo acontecido en la audiencia realizada el 28 de julio de 2021, se observa en el minuto 1:14:31 que ante las \u00abpruebas sobrevinientes\u00bb arrimadas por el quejoso (2 jun.) en la que entre otras \u00abaportaba los datos del proceso ejecutivo por cuotas de administraci\u00f3n 73001400300520050011000 del Juzgado Quinto Civil Municipal\u00bb con la que pretend\u00eda mostrar que \u00abel 21 de marzo de 2006 hubo sentencia de primera instancia [a su favor] que declar\u00f3 no probadas las excepciones y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n contra Juan Carlos Novoa Gonz\u00e1lez, teni\u00e9ndose presente que exist\u00eda una obligaci\u00f3n cierta antes de la constituci\u00f3n de afectaci\u00f3n a vivienda familiar en fecha 12 de enero de 2007\u00bb el Juzgado Segundo de Familia de Ibagu\u00e9 anunci\u00f3 que \u00abse tendr\u00e1n como pruebas los documentos allegados (\u2026) por lo tanto, el despacho los tendr\u00e1 en cuenta en el momento de tomar la decisi\u00f3n que corresponda\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, en la diligencia de lectura del fallo (13 oct. 2021) se aprecia que analiz\u00f3 \u00fanicamente los interrogatorios de parte, los testimonios y la \u00faltima lid ejecutiva incoada por el actor contra Novoa Gonz\u00e1lez, tramitada en el Juzgado Once Civil Municipal de Ibagu\u00e9 (2016-00237-00) en la que consider\u00f3 que la aspiraci\u00f3n de levantamiento de la medida no proced\u00eda porque la constituci\u00f3n de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar del apartamento que gener\u00f3 el cobro de las cuotas de administraci\u00f3n fue anterior a la iniciaci\u00f3n de ese dossier (audiencia minutos 14:30 a 27:57), sin hacer menci\u00f3n alguna respecto a \u00abla acci\u00f3n ejecutiva 2005-00110-00\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se evidencia que el citado estrado con dicha omisi\u00f3n quebrant\u00f3 los atributos esenciales del accionante, conforme lo exterioriz\u00f3 el a quo constitucional, como quiera que, en torno a este punto en concreto, no pod\u00eda dejar de pronunciarse, en acatamiento al \u00abprincipio de la unidad de la prueba\u00bb (art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso), por lo que hab\u00eda lugar a otorgar la custodia solicitada, en aras que se efect\u00fae la evaluaci\u00f3n pasada por alto. <\/p>\n
Sobre la prosperidad del amparo en trat\u00e1ndose de falencias en la \u00abvaloraci\u00f3n probatoria\u00bb, ha predicado esta Corte que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) ha explicado la Sala que \u201c[u]no de los supuestos que estructura aquella [v\u00eda de hecho] es el defecto f\u00e1ctico, en el que incurre el juzgador cuando sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy 176 del C\u00f3digo General del Proceso]), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u201d\u00bb (STC, 10 oct. 2012, rad. 2012-02231-00, reiterada en STC9780-2021). <\/p>\n
2.- Corolario de lo reflexionado, se impone la convalidaci\u00f3n del prove\u00eddo fustigado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s \u00e1gil y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC2681-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC2681-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2021-00409-02 (Aprobado en Sesi\u00f3n de nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 11 de febrero de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61982","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61982","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61982"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61982\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61982"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61982"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61982"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}