STC2702-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2702-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00685-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Johanna Su\u00e1rez Ib\u00e1\u00f1ez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito judicial de Bucaramanga; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de la misma ciudad y los intervinientes en el ejecutivo n\u00ba 2012-00027. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de abogado, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con la providencia de 31 de enero de 2022, mediante la cual la magistratura convocada refrend\u00f3 (con algunas modificaciones) la condena que se le impuso en el incidente de regulaci\u00f3n de perjuicios formulado en su contra. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, manifest\u00f3 que en el referido juicio ejecutivo (en el que ella fungi\u00f3 como cesionaria del cr\u00e9dito), el tr\u00e1mite incidental fue promovido por un tercero, Jos\u00e9 Antonio Ariza, quien dijo ser el poseedor del veh\u00edculo automotor cuyo embargo se hab\u00eda decretado en el decurso del coactivo. <\/p>\n
Seg\u00fan lo relat\u00f3, dicho reclamo indemnizatorio se finc\u00f3 en una aparente omisi\u00f3n de la parte ejecutante respecto a los tr\u00e1mites tendientes a la materializaci\u00f3n de la captura y secuestro del rodante (que para ese entonces permanec\u00eda inmovilizado por cuenta de otra actuaci\u00f3n judicial); dilaci\u00f3n que, en criterio del incidentante, redund\u00f3 en una indeterminaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n jur\u00eddica del bien, que le impidi\u00f3 solicitar oportunamente el levantamiento de la medida cautelar que reca\u00eda sobre el mismo, para as\u00ed poder explotarlo econ\u00f3micamente. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, sin reparar en la negligencia atribuible al propio incidentante (quien adquiri\u00f3 la posesi\u00f3n del veh\u00edculo en virtud de un contrato de compraventa celebrado cuando el bien ya hab\u00eda sido capturado por cuenta del otro compulsivo) y en la ausencia de culpa de la parte actora (quien se encontraba imposibilitada para procurar la inmovilizaci\u00f3n del rodante, dado que el fallador de conocimiento no hab\u00eda ordenado que el automotor se pusiera a disposici\u00f3n del coactivo), los falladores de conocimiento accedieron a la demanda incidental y, en consecuencia, ordenaron una indemnizaci\u00f3n de m\u00e1s de $100\u00b4000.000, sin que realmente encuentre un fundamento serio en el expediente. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efecto el fustigado fallo y se ordene resolver nuevamente el asunto, pero esta vez desestimando la demanda incidental. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Los Juzgados D\u00e9cimo Civil del Circuito, Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n, Segundo y S\u00e9ptimo Civil Municipal de Bucaramanga enfatizaron que la providencia objeto de censura no proviene de esos Despachos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la magistratura convocada vulner\u00f3 la garant\u00eda invocada en el escrito introductor, al acceder al reclamo indemnizatorio formulado en contra de quien aqu\u00ed acciona. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 razonabilidad de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el tribunal encartado refrend\u00f3 el \u00e9xito (parcial) del incidente de regulaci\u00f3n de perjuicios formulado en contra de la aqu\u00ed querellante, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, en raz\u00f3n a que tal providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, la magistratura inici\u00f3 precisando que \u00abno existe la m\u00e1s m\u00ednima duda de que el incidentante s\u00ed sufri\u00f3 da\u00f1os como consecuencia del decreto de la medida cautelar de secuestro [que en este caso es independiente de la de embargo], pues al retenerse la buseta con la que prestaba el servicio de transporte p\u00fablico escolar, sobre todo, al prolongarse la pr\u00e1ctica de 16 la diligencia de secuestro, (i) \u00e9sta se deterior\u00f3 (da\u00f1o emergente) y (ii) el incidentante dej\u00f3 de percibir la ganancia que percib\u00eda por su explotaci\u00f3n en el ramo del transporte (lucro cesante)\u00bb. <\/p>\n
Continu\u00f3 se\u00f1alando que, \u00abpara determinar si el demandante actu\u00f3 de manera irregular o, m\u00e1s grave: con dolo o culpa en la petici\u00f3n de las medidas cautelares, debe estudiarse su conducta en el proceso. Veamos: (\u2026) la SECRETAR\u00cdA DE TR\u00c1NSITO Y TRASPORTE DE GIR\u00d3N tom\u00f3 nota de la medida de embargo el 14 de marzo de 2012 y seg\u00fan el CERTIFICADO DE TRADICION la propietaria del veh\u00edculo de placa SRZ150 era la demandada, informaci\u00f3n a partir de la cual era un acto totalmente l\u00edcito continuar con la medida cautelar de secuestro del veh\u00edculo (\u2026). Adem\u00e1s, en un comienzo la retenci\u00f3n del veh\u00edculo no obedeci\u00f3 a la medida cautelar decretada en este proceso, si no a la decretada en el proceso que cursaba en el JUZGADO 7\u00b0 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA (\u2026). Hasta estos actos procesales, ning\u00fan da\u00f1o puede imputarse al actuar de la parte demandante en el proceso, pues todo indicaba que el bus era de propiedad de la demandada, en consecuencia, formaba parte de la prenda de garant\u00eda de la obligaci\u00f3n y era totalmente procedente la medida cautelar (\u2026). En memorial del 10 de septiembre de 2013, el incidentante le solicit\u00f3 al juzgado el secuestro del veh\u00edculo con el fin de oponerse a la diligencia ya que era poseedor de este bien (\u2026). Aport\u00f3 como documentos (i) la licencia de tr\u00e1nsito a nombre de SUSANA FIGUEROA GARC\u00cdA y (ii) el contrato de compraventa del veh\u00edculo de fecha 28 de febrero de 2012 (\u2026). Con fundamento en estos documentos era totalmente razonable que la demandante insistiera en la medida cautelar sobre el veh\u00edculo, porque demostraban dos cosas: (i) que el veh\u00edculo era de propiedad de la demandada y (ii) que el incidentante era un mero tenedor, en la medida en que reconoc\u00eda el dominio de la demandada (\u2026). Entonces, hasta ac\u00e1 no hay culpa que imputarle a la parte demandante, pues los actos que despleg\u00f3 tienen total respaldo legal en el art\u00edculo 599 del CGP\u00bb. <\/p>\n
Tras narrar las circunstancias acaecidas con posterioridad al a\u00f1o 2013, coligi\u00f3 que \u00abla parte demandante s\u00ed incurri\u00f3 en una conducta culposa en su actuar al interior del proceso, consistente en no haber cumplido a tiempo con sus cargas procesales para secuestrar el veh\u00edculo. Negligencia que se agrava por dos razones: (i) porque no diligenci\u00f3 tempestivamente la pr\u00e1ctica del secuestro del veh\u00edculo sabiendo que exist\u00eda un tercero que alegaba posesi\u00f3n. Recu\u00e9rdese que desde el 10 de septiembre de 2013 el incidentante le solicit\u00f3 al juzgado el secuestro del veh\u00edculo con el fin de oponerse a la diligencia ya que era poseedor de este bien. (ii) Y la otra raz\u00f3n es que el juzgado, en un comienzo, afirm\u00f3 que este tercero no ten\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa para impulsar esta medida cautelar, afirmaci\u00f3n que para el tribunal no es correcta, pues al ser un tercero el opositor y al afirmar que era poseedor del veh\u00edculo, s\u00ed ten\u00eda un inter\u00e9s en la actuaci\u00f3n pues la ley lo legitima para oponerse a la diligencia de secuestro. Frente a esta decisi\u00f3n del juzgado, el \u00fanico que qued\u00f3 legitimado para realizar los actos necesarios para la pr\u00e1ctica de la diligencia de secuestro fue el demandante, quien -se repite- no actu\u00f3 diligentemente. En cambio, la conducta del incidentante fue diligente, pues a trav\u00e9s de su apoderado judicial le solicit\u00f3 varias veces al juzgado que requiriera al demandante para que impulsara la actuaci\u00f3n y, finalmente, se le permiti\u00f3 actuar. Dicho lo anterior, para el tribunal la parte demandante s\u00ed fue negligente en su conducta procesal, pues por su omisi\u00f3n se dilat\u00f3 la pr\u00e1ctica de la diligencia de secuestro por lo menos desde el 9 de abril de 2014, d\u00eda en el que se elabor\u00f3 el oficio con destino al COMANDANTE DE POLIC\u00cdA -ESTACION CUCUTILLA-xiv en el que se le requer\u00eda informaci\u00f3n sobre si el veh\u00edculo estaba retenido en esa dependencia, esto para proceder a la pr\u00e1ctica de la medida. Desde ese d\u00eda el oficio qued\u00f3 a disposici\u00f3n de la parte demandante, sin que se observe la debida diligencia alguna en su gesti\u00f3n. En este orden de actos, los perjuicios que sufri\u00f3 el incidentante desde el 9 de abril de 2014 hasta el d\u00eda de la diligencia de secuestro, en la que se le entreg\u00f3 el veh\u00edculo, son imputables a la parte demandante\u00bb. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que \u00absi el demandante y la cesionaria del derecho litigioso hubiesen sido diligentes, el veh\u00edculo no hubiese permanecido tanto tiempo estacionado deterior\u00e1ndose y lo hubiese recuperado prontamente el poseedor, quien lo seguir\u00eda explotando en el ramo del transporte de pasajeros. Pero como as\u00ed no obraron, se hacen responsables de dos cosas: del deterioro del veh\u00edculo por el lapso del 9 de abril de 2014 hasta el 24 de mayo de 2017, d\u00eda en que se practic\u00f3 la diligencia de secuestro y el incidentante recobr\u00f3 el veh\u00edculo. Y de la ganancia que el incidentante dej\u00f3 de percibir durante este lapso. Para redondear este argumento, se recuerda que es deber de las partes y sus apoderados, entre otros, de (i) abstenerse de obstaculizar el desarrollo de las audiencias y diligencias y (ii) prestar al juez su colaboraci\u00f3n para la pr\u00e1ctica de pruebas y diligencias (art\u00edculo 78 del CGP). Estos deberes no los cumplieron los incidentados y por esa raz\u00f3n deben indemnizar los da\u00f1os causados por la mora en la pr\u00e1ctica de la diligencia de secuestro\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en materia indemnizatoria, consider\u00f3 que \u00abno acoger\u00e1 plenamente ni el juramento estimatorio, ni el dictamen pericial, en raz\u00f3n a que contienen perjuicios que no se derivan directamente de la conducta culposa que se le enrostra a la parte incidentada, y algunos ni siquiera tienen relaci\u00f3n con \u00e9sta (\u2026); En relaci\u00f3n con el da\u00f1o moral reclamado, bien hizo la se\u00f1ora juez de primera instancia en no reconocerlo pues no est\u00e1 demostrado (\u2026); Est\u00e1 bien que la se\u00f1ora juez se haya basado en el contrato para determinar el lucro cesante, pero no que haya omitido su proyecci\u00f3n hasta el momento en que el veh\u00edculo, sin reparaci\u00f3n alguno, pod\u00eda prestar el servicio p\u00fablico de transporte escolar (\u2026); En relaci\u00f3n con el da\u00f1o emergente est\u00e1 claramente determinado por el valor de los da\u00f1os del veh\u00edculo por haberse inmovilizado tanto tiempo, sin que el incidentante pudiese hacerle mantenimiento (\u2026). El asunto problem\u00e1tico es determinar el monto que le corresponde indemnizar a la parte incidentada que -como tantas veces se ha dicho- debe responder por los deterioros causados desde el 9 de abril de 2014 hasta la fecha de diligencia de secuestro 24 de mayo de 2017 (\u2026). Con fundamento en el criterio de equidad que rige la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, el tribunal considera que por este concepto la parte incidentada debe asumir un porcentaje proporcional al tiempo en que dej\u00f3 de cumplir sus cargas procesales para lograr la pr\u00e1ctica de la diligencia de secuestro\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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