STC2707-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2707-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2022-00375-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Iv\u00e1n Javier Serrano Merch\u00e1n contra el Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y \u00abacceder, mantenerse o ascender en el sistema de carrera de la Rama Judicial\u00bb, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que el Consejo Superior de la Judicatura expidi\u00f3 el Acuerdo n.\u00b0 PSAA13-9939 del 25 de junio de 2013 (\u00abConvocatoria 22\u00bb), por medio del cual inici\u00f3 el proceso de selecci\u00f3n y cit\u00f3 al concurso de m\u00e9ritos para la provisi\u00f3n de cargos de funcionarios de la Rama Judicial. <\/p>\n
En ese sentido, en el 2018 se expidi\u00f3 el registro nacional de elegibles, el cual adquiri\u00f3 firmeza para el cargo de magistrado de Sala Civil de Tribunal Superior el 23 de marzo de ese a\u00f1o, con vigencia hasta la misma data del 2022, del cual hace parte. <\/p>\n
No obstante, relat\u00f3 que se han suscitado m\u00faltiples irregularidades en la provisi\u00f3n de dichos cargos \u2013en especial, de uno de la hom\u00f3loga Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia\u2013, lo cual incluye la interposici\u00f3n de varias tutelas y dem\u00e1s requerimientos. Adem\u00e1s, el siguiente concurso de m\u00e9ritos (\u00abConvocatoria 27\u00bb), a la fecha est\u00e1 pendiente de definici\u00f3n, pues \u00abhan transcurrido 3 a\u00f1os y 6 meses, sin que este tr\u00e1mite inicie formalmente\u00bb. <\/p>\n
Con todo, recalc\u00f3 que, ante la inminente p\u00e9rdida de vigor de la mencionada lista, se estar\u00eda causando un perjuicio irremediable, en tanto que, actualmente, \u00abno existe un mecanismo judicial ordinario previamente establecido\u00bb para solicitar ante la Unidad de Carrera Judicial la pr\u00f3rroga del mencionado registro. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3, en compendio, \u00abORDENAR como MECANISMO TRANSITORIO que se disponga la pr\u00f3rroga de la lista de miembros del Registro Nacional de Elegibles para el cargo de Magistrado de Sala Civil de Tribunal Superior por el t\u00e9rmino de un a\u00f1o contado desde el actual vencimiento, derivado de la omisi\u00f3n por parte de la Unidad Administrativa de Carrera Judicial, en cuanto tuvo por m\u00e1s de un a\u00f1o una vacante sin publicar para oferta\u00bb y \u00abORDENAR como MECANISMO TRANSITORIO, y de forma subsidiaria, que se disponga la pr\u00f3rroga de la lista de miembros del Registro Nacional de Elegibles para el cargo de Magistrado de Sala Civil de Tribunal Superior, por el t\u00e9rmino de SEIS MESES, que fue el t\u00e9rmino por el cual oper\u00f3 la suspensi\u00f3n de actividades administrativas, o hasta tanto la Corte Suprema de Justicia designe a la persona que ocupar\u00e1 la vacante que dejar\u00e1 el retiro del Dr. \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Directora de la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura manifest\u00f3 que \u00abla Corporaci\u00f3n, mediante Acuerdo PSAA13-9939 de 25 de junio de 2013, convoc\u00f3 a concurso de m\u00e9ritos para la provisi\u00f3n de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial y culminadas las diferentes etapas del proceso mediante Resoluci\u00f3n PCSJSR18-1, adicionada por las Resoluciones PCSJSR18-2 y PCSJSR18-3 de 2018, conform\u00f3 el Registro Nacional de Elegibles que para el cargo de magistrado de Tribunal Superior \u2013 Sala Civil se encuentra vigente desde el 20 de marzo de 2018\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, agreg\u00f3 que el libelista \u00abse inscribi\u00f3, concurs\u00f3 y aprob\u00f3 el proceso de selecci\u00f3n para el cargo de magistrado de Tribunal Superior \u2013 Sala Civil y entr\u00f3 a formar parte del Registro Nacional de Elegibles en el puesto 7 con 661,21 puntos\u00bb y, contrario a lo afirmado por aquel, \u00abel cargo de magistrado de Tribunal Superior \u2013 Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de Antioquia, que se encontraba vacante desde su creaci\u00f3n y que fue ofertada en el mes de junio de 2019, no fue publicada en el mes de abril de 2018, en tanto ten\u00eda pendiente por resolver una solicitud de traslado radicada 7 de Julio de 2017 (antes de la vigencia del actual registro) por el doctor John Jairo Ort\u00edz Alzate, magistrado de la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Quibd\u00f3, que inicialmente fue negada por la Corte Suprema de Justicia pese al concepto previo favorable emitido por esta Unidad\u00bb. <\/p>\n
Aunado a ello, adujo que \u00abfrente a la expectativa que le genera la eventual designaci\u00f3n de alguno de los magistrados de Sala Civil de los Tribunales Superiores en la vacante dejada por el doctor \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda en la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia o la suspensi\u00f3n de la Convocatoria 27 para conformaci\u00f3n de los registros de elegibles para los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, no son razones v\u00e1lidas que permitan a la Corporaci\u00f3n desconocer normas de orden constitucional, legal y reglamentario que rigen los procesos de selecci\u00f3n, dentro de las cuales se encuentra la vigencia de la inscripci\u00f3n individual en el registro de elegibles que es de 4 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, expuso que \u00abafirma el accionante que debido a la mora en la publicaci\u00f3n de vacantes se ve afectada su posibilidad de acceder a la carrera judicial y que el vencimiento del registro constituye para [\u00e9]l un perjuicio irremediable, no obstante las supuestas irregularidades que como se indic\u00f3 en el literal anterior no se presentaron, deben ventilarse frente al juez natural del asunto, pues la acci\u00f3n constitucional no puede ser utilizada como mecanismo paralelo de protecci\u00f3n cuando la legislaci\u00f3n tiene establecidas las v\u00edas adecuadas para salvaguardar sus derechos, acci\u00f3n que adem\u00e1s le permite solicitar, como medida provisional, la suspensi\u00f3n de los efectos, habida cuenta que fue \u00e9ste el mecanismo establecido por el constituyente (art\u00edculo 236 Superior) y el legislador para debatir judicialmente asuntos como el que aqu\u00ed se propone, mediante el ejercicio del correspondiente medio de control judicial previsto en el CPACA\u00bb. <\/p>\n
2. El libelista nuevamente alleg\u00f3 informe, en el que indic\u00f3 que \u00abla H. Corte Constitucional expidi\u00f3 la Nota de Prensa No. 06 Caso Convocatoria No. 27, mediante la cual se adelanta el concurso de m\u00e9ritos para la provisi\u00f3n de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, en el sentido de informar que la Corte Constitucional neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela que presentaron algunas de las personas que participaron en el concurso de m\u00e9ritos para la provisi\u00f3n de cargos de funcionarios de la Rama Judicial contra la Universidad Nacional de Colombia y el Consejo Superior de la Judicatura. (\u2026) Como consecuencia de la decisi\u00f3n, se mantiene en pie la Resoluci\u00f3n CJR20-0202, que dispuso la correcci\u00f3n de las irregularidades ocurridas (\u2026), por lo que dicha actuaci\u00f3n administrativa proseguir\u00e1 su curso a partir de la citaci\u00f3n a la prueba de conocimientos y aptitudes\u00bb. <\/p>\n
3. Flor Margoth Gonz\u00e1lez Fl\u00f3rez, en su calidad de integrante de la prenombrada lista de elegibles, se\u00f1al\u00f3 que \u00abcoadyuvando el pedimento de IV\u00c1N JAVIER, es palmario que por cuenta de la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CARRERA JUDICIAL dentro del plazo en que se suspendieron los t\u00e9rminos administrativos tampoco hubo actuaci\u00f3n alguna encaminada a garantizar el cumplimiento del art\u00edculo 125 de la Constituci\u00f3n, esto es, a buscar que los empleos p\u00fablicos se cubrieran con personal en carrera y vinculado por el sistema del m\u00e9rito, existiendo una Lista de Elegibles vigente para el cargo de Magistrado de Tribunal \u2013 Sala Civil de la Convocatoria No. 22 y por lo que, en consecuencia, debe procurarse la pr\u00f3rroga de la vigencia de la aludida lista hasta que se cubra el per\u00edodo en que no se actu\u00f3 administrativamente en procura del m\u00e9rito constitucional\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, recalc\u00f3 que \u00abtampoco se tiene mucha certeza para este momento de la suerte que habr\u00e1 de tener la Convocatoria No. 27, pues pese a la reciente decisi\u00f3n de la Corte Constitucional de avalar el hecho de haber retrotra\u00eddo la pr\u00e1ctica de la prueba de conocimientos por los errores en la calificaci\u00f3n de la misma, est\u00e1 claro que en esta vigencia todas las listas para el acceso a la Rama Judicial como funcionarios (jueces y magistrados) perder\u00e1n vigencia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura vulner\u00f3 las prerrogativas reclamadas por el accionante, por no decretar, a la fecha, la pr\u00f3rroga de la vigencia del registro nacional de elegibles conformado en virtud del concurso de m\u00e9ritos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante el Acuerdo n.\u00b0 PSAA13-9939 del 25 de junio de 2013, en el cual particip\u00f3. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que dicho instrumento, dada su naturaleza excepcional, no fue incorporado al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas. De ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir al remedio constitucional previsto en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica (a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable). <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01, reiterada en STC4972-2019, 24 abr.). <\/p>\n
Bajo esta perspectiva, la acci\u00f3n de tutela no es, por v\u00eda general, el escenario id\u00f3neo para controvertir actuaciones administrativas, puesto que para ello el legislador previ\u00f3 diversas acciones ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, salvo aquellos eventos en los que el auxilio constitucional tenga cabida como mecanismo transitorio, lo cual impone verificar, con suficiencia, que los medios ordinarios de defensa no resultan eficaces. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, esta Sala precisa que habr\u00e1 de declararse la inviabilidad del resguardo, comoquiera que, verificados los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, se colige la pretermisi\u00f3n del criterio de subsidiariedad que viene de comentarse, en tanto que el inconforme decidi\u00f3 acudir directamente al amparo constitucional para plantear sus puntuales requerimientos, sin antes haberlo hecho ante la autoridad denunciada, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que la pretensi\u00f3n principal de este resguardo consiste en que se conmine a la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial a prorrogar la vigencia del registro de elegibles conformado en virtud del concurso de m\u00e9ritos citado con ocasi\u00f3n del Acuerdo n.\u00b0 PSAA13-9939 del 25 de junio de 2013 \u00abConvocatoria 22\u00bb, porque, ante su inminente vencimiento, perder\u00eda la posibilidad de acceder a la magistratura en carrera judicial. <\/p>\n
No obstante, el libelista no acredit\u00f3 haber formulado esa puntual solicitud ante la entidad accionada \u2013porque en su criterio no existe un \u00abmecanismo\u00bb con ese prop\u00f3sito\u2013; aspecto que no es de recibo para otorgar el amparo en la forma pretendida, porque deviene di\u00e1fano para esta Sala que, de acuerdo con el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n, y dem\u00e1s normas concordantes, \u00ab[t]oda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de inter\u00e9s general o particular y a obtener pronta resoluci\u00f3n\u00bb, esto, con independencia de su sentido, herramienta que no agot\u00f3. <\/p>\n
4.1. Ahora bien, sobre las eventuales inconformidades del censor en relaci\u00f3n con las resoluciones que se han dictado en el marco del mencionado concurso de m\u00e9ritos, tambi\u00e9n se incumple el criterio que se desarroll\u00f3 en precedencia, comoquiera que, el control de dichos actos administrativos corresponde, al menos prima facie, a la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa. En ese sentido, esta Corte ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(…) Recu\u00e9rdese que en situaciones como la acaecida, orientada al an\u00e1lisis de legalidad de unos actos administrativos cuyo control de legalidad \u2018corresponde a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, para lo cual el administrado que se sienta lesionado en sus derechos tiene a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, que le permite obtener no s\u00f3lo la anulaci\u00f3n del acto que haya sido expedido por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o falsamente motivado, o con desviaci\u00f3n de las atribuciones propias del funcionario o corporaci\u00f3n que los profiera, sino el restablecimiento del derecho, fluye la improcedencia de la presente acci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 10 de mayo de 2000, Rad. 1030, 6 nov. 2009, Rad. 00335-01, reiterada en STC3135, 8 mar. 2017). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el tutelante cuenta con otros medios de defensa ante la enunciada jurisdicci\u00f3n para debatir lo atinente a la legalidad de las resoluciones mencionadas, siempre y cuando cumpla con los requisitos de la v\u00eda pertinente \u2013v. gr., t\u00e9rmino de caducidad\u2013; lo que adem\u00e1s resulta eficaz, dada la posibilidad de solicitar medidas cautelares, de acuerdo con la previsi\u00f3n del precepto 229 Ley 1437 de 2011 (C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), herramienta que el precedente de esta Corporaci\u00f3n ha reconocido como: <\/p>\n
\u00ab(…) suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado (\u2026) la alegaci\u00f3n de la inconforme respecto a que \u00fanicamente cuenta con este mecanismo para hacer valer su derecho de manera urgente e id\u00f3nea, queda desvirtuado, pues, se itera, all\u00ed es procedente la adopci\u00f3n de medidas cautelares e inmediatas con miras a la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas\u00bb (CSJ STC4654-2016, 15 abr., rad. 2016-00013-01). <\/p>\n
Conforme con ello, la existencia de otros mecanismos para plantear las supuestas irregularidades expuestas en esta sede, impide a esta excepcional jurisdicci\u00f3n adentrarse en el estudio de las cuestiones aducidas en el libelo inicial; situaci\u00f3n que refuerza la inviabilidad de la acci\u00f3n de tutela, en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber del interesado agotar los remedios dispuestos en el ordenamiento jur\u00eddico antes de ejercerla. <\/p>\n
4.2. Por \u00faltimo, sobre la posibilidad de conceder el auxilio de forma transitoria para evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, esta Sala no encuentra que se hubieren configurado las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible, pues, para tal evento, se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1 sep. 2011, exp. 00194-01), lo que no se acredita en el sub ex\u00e1mine. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden, se desestimar\u00e1 la acci\u00f3n constitucional formulada por Iv\u00e1n Javier Serrano Merch\u00e1n, dada la desatenci\u00f3n de su naturaleza subsidiaria y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC2707-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC2707-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2022-00375-00 (Aprobado en Sala de nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Iv\u00e1n Javier Serrano […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61990","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61990","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61990"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61990\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61990"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61990"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61990"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}