STC2709-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2709-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 70001-22-14-000-2021-00241-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo el 18 de enero de 2022, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Felipe Buelvas Osorio contra el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n constitucional n\u00b0 2021-00322-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente conculcadas por la autoridad acusada, toda vez que no ha resuelto el incidente de desacato que propuso el 13 de septiembre de 2021, al interior del tr\u00e1mite constitucional n\u00ba 2021-00322. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento del reclamo, manifiesta, en s\u00edntesis, que promovi\u00f3 la referida acci\u00f3n de tutela contra la Unidad Administrativa para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, buscando la protecci\u00f3n de su prerrogativa de petici\u00f3n, por cuanto no se hab\u00eda pronunciado respecto de su solicitud de reconocimiento de la indemnizaci\u00f3n administrativa. <\/p>\n
Sostiene, que mediante providencia de 6 de septiembre anterior, el Juzgado Segundo de Familia de Sincelejo ampar\u00f3 su derecho y orden\u00f3 a la convocada que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho horas, procediera a brindarle respuesta de fondo. <\/p>\n
Aduce, que el 13 de septiembre de 2021 denunci\u00f3 el incumplimiento a la orden de tutela, por lo que radic\u00f3 incidente de desacato, del cual dio apertura el despacho acusado el 4 de octubre de esa anualidad. <\/p>\n
Informa, que el 24 de noviembre de 2021 reiter\u00f3 al estrado convocado el incumplimiento por parte de la Unidad Administrativa para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, no obstante, asegura que no ha resuelto el incidente de desacato, desbordando el plazo legalmente previsto para la resoluci\u00f3n de ese tr\u00e1mite. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene al Juzgado Segundo de Familia de Sincelejo que \u00ab(\u2026) dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la sentencia de tutela, RESUELVA el incidente de desacato\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La titular del Juzgado Segundo de Familia de Sincelejo hizo un recuento de las actuaciones adelantadas en virtud del tr\u00e1mite que origina el reclamo constitucional, destac\u00f3 que en sentencia de 6 de septiembre de 2021 concedi\u00f3 el auxilio implorado y orden\u00f3 \u00aba la UARIV, para que, en un t\u00e9rmino no superior a cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de [ese] fallo, resuelva la solicitud presentada por el actor LUIS FELIPE BUELVAS OSORIO mediante un acto administrativo en lo que respecta al reconocimiento y pago de su indemnizaci\u00f3n administrativa\u00bb. <\/p>\n
Inform\u00f3 que ese estrado \u00abprocura por resolver todos los asuntos que llegan a diario a [su] correo electr\u00f3nico, sin embargo por la cantidad de solicitudes, pago de t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial, la avalancha de derechos de petici\u00f3n, audiencias de alimentos, ejecutivos de alimentos, sucesiones, divorcios, liquidaciones, tratamos de organizarlos en el orden de llegada y de esa manera evacuarlos con celeridad y eficacia\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, inform\u00f3 que el 4 de noviembre de 2021, requiri\u00f3 a la entidad accionada para que se pronunciara frente al incidente de desacato. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre indic\u00f3 que Luis Felipe Buelvas Osorio el 29 de septiembre de 2021 solicit\u00f3 vigilancia judicial administrativa n\u00ba 2021-00432-00, se\u00f1alando que \u00abel d\u00eda 23 de agosto de 2021, present[\u00f3] acci\u00f3n de tutela en contra de la UARIV, por violaci\u00f3n al derecho fundamental de petici\u00f3n, y dentro del curso del tr\u00e1mite solicit\u00e9 acceso a la plataforma digital Tyba para poder observar las actuaciones surtidas, un primer memorial solicitando el acceso al expediente digital fue el de fecha 25 de agosto de este a\u00f1o, reiterando a trav\u00e9s de otro escrito tal solicitud, el d\u00eda 6 de septiembre del a\u00f1o en curso, sin que ambas fueran atendidas por el despacho. Cabe mencionar, que el fallo de tutela [le] fue notificado el d\u00eda 8 de septiembre de esta calenda, es decir, dos (2) d\u00edas despu\u00e9s del vencimiento del t\u00e9rmino de 10 d\u00edas que se tiene para fallar. El despacho de conocimiento dio una orden en la parte resolutiva, que consist\u00eda en expedir el acto administrativo de reconocimiento y pago de la indemnizaci\u00f3n, por haber sido reconocido como v\u00edctima del conflicto armado, dentro del t\u00e9rmino de las 48 horas siguientes .En ese contexto, como quiera que la autoridad accionada no cumpli\u00f3 con la orden, [radic\u00f3] el d\u00eda 13 de septiembre de 2021, tr\u00e1mite de cumplimiento del fallo e incidente de desacato, y a la fecha de hoy, han transcurrido m\u00e1s de los diez para decidir dicha solicitud, plazo que ha establecido la jurisprudencia constitucional (C-367-2014); adem\u00e1s, como no se [le] ha dado acceso a la plataforma Tyba, la cual a\u00fan sigue privatizada, no [conoce] en lo absoluto si se han adelantado o no las actuaciones tendientes a darle cumplimiento al fallo, de manera que, no solo se ha incumplido con los t\u00e9rminos constitucionales, sino que tambi\u00e9n se [le] ha impuesto una barrera para conocer las actuaciones vertidas en el tr\u00e1mite de tutela y el de tr\u00e1mite de cumplimiento y el incidente, en franca violaci\u00f3n al principio de publicidad y al derecho de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Destaca, que el asunto que fue decidido en auto CSJSUAVJ21-1097 del 25 de octubre de 2021, el cual fue comunicado a los interesados mediante oficio CSJSUO21-CSJSUO21-1061 de la misma fecha a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo argumentando que incumple el presupuesto de la subsidiariedad, en la medida que \u00ab(\u2026) en el caso en comento, para ejercer alg\u00fan tipo de control sobre los t\u00e9rminos de las actuaciones en el tr\u00e1mite del prementado incidente de desacato, el accionante cuenta con otro medio id\u00f3neo que viene a ser la vigilancia judicial administrativa ante el Consejo Seccional de la Judicatura\u00bb. <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial, en cuanto a la mora judicial injustificada en resolver el incidente de desacato propuesto. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Segundo de Familia de Sincelejo transgredi\u00f3 las prerrogativas invocadas por el querellante, por la supuesta tardanza en resolver el incidente de desacato que formul\u00f3 el 13 de septiembre de 2021, en virtud de la acci\u00f3n de tutela n\u00ba 2021-00322-00 incoada frente a la Unidad Administrativa para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica la jurisprudencia constitucional ha sido abundante en referirse al incumplimiento del juez en sus deberes de proferir oportunamente las providencias a su cargo, al advertir que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) toda persona tiene derecho a que los tr\u00e1mites judiciales en que participe como demandante, demandado e incluso como tercero no se vean afectados por retrasos injustificados, pues ello ir\u00eda en detrimento no solo del derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas sino al derecho al acceso a una real y efectiva administraci\u00f3n de justicia, dado que la resoluci\u00f3n tard\u00eda de las controversias judiciales equivale a una falta de tutela judicial efectiva. <\/p>\n
As\u00ed, el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia no puede interpretarse como algo desligado del tiempo en que deben ser adoptadas las decisiones judiciales durante las diferentes etapas del proceso por parte de los funcionarios, sino que ha de ser comprendido en el sentido de que se garantice dentro de los plazos fijados en la ley. <\/p>\n
Una interpretaci\u00f3n en sentido contrario implicar\u00eda que cada uno de los magistrados, jueces y fiscales podr\u00edan, a su leal saber y entender, proferir en cualquier tiempo las providencias judiciales, lo cual desconoce lo ordenado en el art\u00edculo 123 de la Carta Pol\u00edtica en cuanto dispone que los servidores p\u00fablicos, y dentro de esta categor\u00eda los funcionarios judiciales, deben ejercer sus funciones en la forma prevista por la Constituci\u00f3n, la ley o el reglamento\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) El Constituyente coherente con el reconocimiento que hizo de estas garant\u00edas estableci\u00f3 el siguiente mandato: \u201cLos t\u00e9rminos procesales se observaran con diligencia y su incumplimiento ser\u00e1 sancionado\u201d del cual se infiere, tal y como lo ha precisado esta Corporaci\u00f3n desde sus primeras providencias (T-431\/92), que \u201cla Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 est\u00e1 inspirada, entre otros muchos, en el prop\u00f3sito definido de erradicar la indeseable costumbre, extendida entre los jueces pero tambi\u00e9n entre otros funcionarios p\u00fablicos, de incumplir los t\u00e9rminos procesales acarreando a los destinatarios de la administraci\u00f3n de justicia toda suerte de perjuicios en el ejercicio de sus m\u00e1s elementales derechos\u201d\u00bb (CC T-30\/05). <\/p>\n
Acerca de este puntual aspecto, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales\u2026\u00bb (CSJ STC 15 feb. 1995, rad. 1937, reiterada entre otras en STC598-2015, 3, feb. 2015, rad. 02398-01, entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
Preliminarmente, ha de destacarse que el reclamo constitucional se enfila a cuestionar la tardanza del Juzgado Segundo de Familia de Sincelejo en resolver el incidente de desacato que formul\u00f3 el pasado 13 de septiembre de 2021, al interior del tr\u00e1mite n\u00ba 2021-00322. <\/p>\n
4. En cuanto a la presunci\u00f3n de veracidad de los hechos aducidos en la tutela. <\/p>\n
Seg\u00fan lo documentado en las diligencias, se encuentra acreditado que, en el tr\u00e1mite de la presente impugnaci\u00f3n, aunque el Juzgado Segundo de Familia de Sincelejo fue requerido en tres oportunidades, mediante correos electr\u00f3nicos que datan de 16, 18, y 22 de febrero de 2022 para que comunicara acerca de las actuaciones adelantadas en virtud del incidente de desacato propuesto, no alleg\u00f3 la informaci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, a trav\u00e9s de comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica de 2 de marzo hoga\u00f1o, el apoderado judicial del accionante asegur\u00f3 que, a esa fecha no le hab\u00edan notificado sobre la resoluci\u00f3n del tr\u00e1mite echado de menos. <\/p>\n
Ante ello, se impone dar estricta aplicaci\u00f3n a lo preceptuado en el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991 que establece \u00absi el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendr\u00e1n por ciertos los hechos y se entrar\u00e1 a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguaci\u00f3n previa\u00bb. <\/p>\n
5. Vulneraci\u00f3n de las prerrogativas invocadas <\/p>\n
Para esta Sala resulta inexcusable que, a la fecha, el juzgado convocado no haya definido el incidente de desacato sometido a su consideraci\u00f3n, m\u00e1xime cuando las pruebas obrantes en el plenario dan cuenta que fue radicado el 13 de septiembre de 2021, y reiterada dicha solicitud el 24 de noviembre de esa anualidad. <\/p>\n
Ha venido se\u00f1alando esta Corporaci\u00f3n que la ritualidad procedimental no abre espacios a la dilaci\u00f3n del proceso, por lo que, si no es posible dictar las providencias a cargo del funcionario judicial dentro los plazos previstos en la normativa especial, la excusa debe ser suficientemente demostrada, en tanto que: <\/p>\n
\u00abLa justificaci\u00f3n, que es del alcance restrictivo, consiste \u00fanicamente en la situaci\u00f3n probada y objetivamente insuperable, que impide al juez o fiscal adoptar oportunamente la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Por otra parte, considera la Corte que las causas de justificaci\u00f3n en la materia deben ser fijadas en la ley, raz\u00f3n por la cual no pueden obedecer a la caprichosa interpretaci\u00f3n del funcionario de turno. <\/p>\n
Desde luego, vencido el t\u00e9rmino que no pudo cumplirse por el inconveniente justificado, resulta perentorio el tr\u00e1mite preferente para el asunto que no alcanz\u00f3 a decidir en tiempo. De all\u00ed que no pueda admitirse de ninguna manera el aplazamiento indefinido de la resoluci\u00f3n, estando obligado el juez o fiscal, en ese excepcional evento, a otorgar prioridad al proceso que result\u00f3 afectado por la causa justificada\u00bb (CC T-030\/05). <\/p>\n
Significa lo anterior, que en este asunto se suscita la vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso sin dilaciones injustificadas, el cual no pierde efectividad ni siquiera en aquellos supuestos de excesiva carga laboral, que por dem\u00e1s ac\u00e1 no fue probada. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, la Corte revocar\u00e1 el fallo de primer grado, por cuanto la titular del despacho convocado no prob\u00f3 un criterio objetivo eximente de la mora judicial en que incurri\u00f3, y por tanto se le ordenar\u00e1 que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, proceda a impulsar, si es que no lo ha hecho, el incidente de desacato n\u00b0 2021-00322, y adelante las actuaciones que legalmente conciernen a ese asunto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En consecuencia, se ORDENA a la Juez Segunda de Familia de Sincelejo, que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, proceda a impulsar, si es que no lo ha hecho, el incidente de desacato n\u00b0 2021-00322, y adelante las actuaciones que legalmente conciernen a ese asunto. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
7 <\/p>\n
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