STC2716-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2716-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00664-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Jenny Gonz\u00e1lez Contreras contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil; tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado 34\u00b0 Civil del Circuito \u00eddem, \u00c1ngela Toledo Reyes y Jaime Seinenn Ledesma Velandia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La convocante deprec\u00f3 el respeto de sus prerrogativas esenciales al debido proceso, \u00abigualdad, (\u2026) legalidad, (\u2026) defensa y (\u2026) derechos adquiridos\u00bb, presuntamente conculcados por la colegiatura querellada con ocasi\u00f3n de lo que resolviera, en segunda instancia, dentro del juicio ejecutivo singular n.\u00b0 \u00ab2019 00297\u00bb. <\/p>\n
En concreto, se ordene \u00abrevocar\u00bb lo all\u00ed dirimido. <\/p>\n
2. Como sustento sostuvo que ante el Juzgado 34\u00b0 Civil del Circuito capitalino se surte el descrito litigio, por demanda que instaurara \u00c1ngela Toledo Reyes en contra suya y de Jaime Seinenn Ledesma Velandia, dirigida al pago de \u00abCIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000,oo)\u00bb con respaldo \u00aben el pagar\u00e9 (\u2026) 020 2 -2017\u00bb y en \u00abla carta de instrucciones (\u2026) 1101-2016\u00bb. <\/p>\n
Adujo que, luego de agotadas las fases procesales correspondientes, el despacho de conocimiento profiri\u00f3 fallo en audiencia de 2 de noviembre de 2021, a trav\u00e9s del cual declar\u00f3 fundadas algunas de las excepciones planteadas en conjunto por ella y el otro demandado e, igualmente, \u00abse abstuvo\u00bb de continuar la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Coment\u00f3 que el precitado pronunciamiento fue abolido por el Tribunal fustigado mediante sentencia de 20 de enero de la anualidad en curso, en sede de apelaci\u00f3n interpuesta por el extremo demandante y, en su lugar, dispuso seguir adelante con el cobro1. <\/p>\n
Reproch\u00f3, entonces, lo resuelto en segundo grado pues, en s\u00edntesis, se dej\u00f3 de lado que la \u00abcarta de instrucciones\u00bb arrimada no corresponde al t\u00edtulo base del litigio, suscrito con \u00abespacios en blanco\u00bb y previo al pr\u00e9stamo de la totalidad del dinero, cuyo monto, a la postre, tampoco es verdadero, m\u00e1xime si la cantidad fue producto de \u00abtres (\u2026) contratos de mutuo\u00bb diferentes. Puntos constatados con pruebas tales como unos \u00abcorreos electr\u00f3nicos\u00bb entre las partes, la \u00abconfesi\u00f3n\u00bb de la ejecutante y la afirmaci\u00f3n del \u00ab\u00fanico testigo\u00bb. Critic\u00f3 tambi\u00e9n el recaudo de intereses (moratorios, se entiende) en exceso de las tasas fijadas por la Superintendencia Financiera. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Corte dio apertura al reclamo de amparo, libr\u00f3 las comunicaciones de rigor y llam\u00f3 a rendir los informes de que trata el art\u00edculo 19 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado 34\u00b0 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 comparti\u00f3 constancia de las partes en el dossier disentido. <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s, guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar los escenarios comunes de defensa. <\/p>\n
Es de lineamiento jurisprudencial que, en trat\u00e1ndose de cuestiones jurisdiccionales, el resguardo cabe de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable anomal\u00eda, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, por antonomasia, acaezca el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Corresponde, como es l\u00f3gico, auscultar en sus cimientos el fallo objeto de cr\u00edtica; esto es, el proferido por el Tribunal implicado el 20 de enero anterior, dentro del litigio ejecutivo de \u00c1ngela Toledo Reyes contra la aqu\u00ed quejosa y Jaime Seinenn Ledesma Velandia. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en lo medular, all\u00ed se esgrimi\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)El Tribunal revocar\u00e1 la sentencia apelada, y en su lugar dispondr\u00e1 que la ejecuci\u00f3n debe continuar, comoquiera que el solo hecho de que la carta de instrucciones que se acompa\u00f1\u00f3 al pagar\u00e9 no guarde correspondencia con el cartular, no significa que el t\u00edtulo est\u00e9 incompleto \u2013como as\u00ed lo comprendi\u00f3 la falladora-, o que en el sub lite no exista una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u2026[S]e (\u2026) enc[uentra] probado que el cartular que fundamenta la ejecuci\u00f3n fue otorgado con espacios en blanco, puesto que as\u00ed se reconoci\u00f3 en la demanda; tambi\u00e9n est\u00e1 acreditado que la carta de instrucciones que se acompa\u00f1\u00f3 al pagar\u00e9 No. 020-2-2017 no corresponde a las pautas de llenado que los deudores confirieron para ese espec\u00edfico t\u00edtulo, puesto que, como lo verific\u00f3 el aquo, en ese documento se dio autorizaci\u00f3n \u2018para llenar los espacios en blanco del pagar\u00e9 No. 1101-2016\u2019\u2026, vicisitud que no obedece a un simple error de mecanograf\u00eda, sino que tiene explicaci\u00f3n en que entre las partes surgieron otras obligaciones respecto de las cuales tambi\u00e9n se giraron t\u00edtulos valores. <\/p>\n
La situaci\u00f3n en comento obliga a recordar que aun cuando el art\u00edculo 622 del C\u00f3digo de Comercio prev\u00e9 la posibilidad de emitir instrumentos con espacios en blanco, para que cualquier tenedor leg\u00edtimo pueda completarlos conforme a la autorizaci\u00f3n impartida para ese prop\u00f3sito, tambi\u00e9n debe suponerse que entre las partes hubo un acuerdo previo y que fue expresa la instrucci\u00f3n del girador para que el documento fuere convertido en t\u00edtulo-valor. <\/p>\n
Asimismo, el contenido del pagar\u00e9 se presume cierto, conforme al art\u00edculo 261 del Cgp y los incisos 3\u00b0 y 4\u00b0 del art\u00edculo 244 ib\u00eddem, sin que sea suficiente la simple negaci\u00f3n en el sentido de no haberse cumplido las instrucciones, para desvirtuar la aludida autenticidad\u2026 <\/p>\n
No obstante, en el proceso nada de lo anterior se acredit\u00f3, ya que al expediente no se trajeron elementos de juicio que corroboraran las afirmaciones de los deudores, las cuales no superaron su propio dicho y por tanto son insuficientes para probar los efectos que persigue. As\u00ed las cosas, es ineludible mantener la presunci\u00f3n de autenticidad del instrumento de pago soporte de esta ejecuci\u00f3n, habida cuenta que su contenido no fue desvirtuado por medios de convicci\u00f3n conducentes. <\/p>\n
En otras palabras: la parte demandada no demostr\u00f3 cu\u00e1les fueron las instrucciones que supuestamente fueron desatendidas, ya que el s\u00f3lo hecho de que exista una \u201ccarta de instrucciones\u201d ajena al t\u00edtulo-valor base de la ejecuci\u00f3n, no es una circunstancia que permita al juzgador concluir de manera categ\u00f3rica que hubo un irregular diligenciamiento, y no se prob\u00f3 que el acreedor hubiera desconocido o \u2018transgredido\u2019 las condiciones de llenado del pagar\u00e9 que es objeto de cobro. <\/p>\n
De todos modos, la jurisprudencia (\u2026) tiene establecido que la ausencia de pautas para diligenciar un t\u00edtulo-valor no conduce a su nulidad o ineficacia, en la medida en que si no hay instrucciones o hay discrepancia en la forma en que se complet\u00f3 el t\u00edtulo, tales circunstancias, lejos de restarle m\u00e9rito ejecutivo, implican m\u00e1s bien adecuarlo a lo efectivamente acordado por las partes[ (sentencia T-968\/11 Corte Constitucional)]; no se olvide que, en \u00faltimas, el diligenciamiento de los espacios en blanco corresponde a la ejecuci\u00f3n de una especie de mandato\u2026 <\/p>\n
En el (\u2026) interrogatorio de parte la actora expuso que realiz\u00f3 tres pr\u00e9stamos a sus deudores: el primero por $20.000.000, el segundo por $80.000.000 y un tercer mutuo por $20.000.000, para un total de $120.000.000 \u2013suma que corresponde al valor por capital inserto en el pagar\u00e9 No. 020-2-2017-[ (materia de ejecuci\u00f3n)]; que hizo una sumatoria de la adeudado y se recogi\u00f3 en un solo documento todas las obligaciones que los demandados hab\u00edan adquirido con antelaci\u00f3n, modalidad de acopio que no est\u00e1 prohibida por la ley, y tampoco las partes en el ejercicio de su autonom\u00eda restringieron esa posibilidad, o cuando menos, no existe prueba alguna al respecto. Por el contrario, los deudores giraron un t\u00edtulo valor con espacios en blanco, con la intenci\u00f3n de hacerlo negociable, por lo que son quienes deben asumir las contingencias propias de la celebraci\u00f3n de un negocio jur\u00eddico en los t\u00e9rminos en que lo hicieron. <\/p>\n
Esa situaci\u00f3n factual fue corroborada por los ejecutados, quienes al un\u00edsono aceptaron que adeudaban la cantidad de $120.000.000 \u2013Jaime Seinenn Ledesma Velandia como deudor y Jenny Gonz\u00e1lez Contreras como codeudora-. Incluso, convalidaron la forma en que esos dineros fueron otorgados, esto es, en los 3 contados a los que hizo referencia la demandante, detallando la fecha en que los montos fueron desembolsados[ (los d\u00edas 11 de diciembre de 2016 y 14 de febrero y 5 de septiembre de 2017)]. Tambi\u00e9n confesaron que s[\u00f3]lo realizaron pagos por concepto de intereses. <\/p>\n
As\u00ed, entonces, si se mira el asunto desde la realidad de lo acordado, se sigue que no cabe ning\u00fan reproche v\u00e1lido en punto a la informaci\u00f3n que se incorpor\u00f3 al pagar\u00e9, toda vez que es evidente que el capital corresponde al dinero que fue prestado, sin que tenga injerencia alguna el hecho de que para el 18 de febrero de 2017 \u2013d\u00eda de suscripci\u00f3n del cartular-, a\u00fan no se hubiera entregado el \u00faltimo pr\u00e9stamo por $20.000.000\u2026, comoquiera que la exigibilidad de la totalidad de la deuda \u2013una vez recogida en un solo pagar\u00e9- se fij\u00f3 para el 25 de abril de 2018, y es desde esta fecha que se est\u00e1 pidiendo el pago de intereses de mora\u2026 <\/p>\n
\u2026[C]omo todas las excepciones de m\u00e9rito, salvo la de \u2018inexistencia de intereses\u2019, se fundamentaron en los mismos hechos, lo expuesto es suficiente para la improsperidad de tales defensas, imponi\u00e9ndose la anunciada revocatoria del fallo impugnado. En lo que respecta a los r\u00e9ditos, nada argument\u00f3 la parte ejecutada para sustentar esa excepci\u00f3n, simplemente la enunci\u00f3, pero de todos modos debe precisarse que los recibos de consignaci\u00f3n que acompa\u00f1\u00f3 corresponden al pago de intereses corrientes \u2013as\u00ed lo confesaron-, y en este caso no se libr\u00f3 orden de apremio por ese concepto. En cuanto a los intereses de mora, en el cartular expresamente se fijaron a la \u2018m\u00e1s alta tasa permitida por la ley\u2019 y as\u00ed se orden\u00f3 su pago en el auto de 14 de junio de 2019[ (que libr\u00f3 mandamiento de pago)], de modo que en lo que hace a las implicaciones de la mora en la cancelaci\u00f3n de lo adeudado, tampoco se presenta ning\u00fan yerro que impida el cobro ejecutivo\u2026 (\u00c9nfasis ajeno). <\/p>\n
Veredicto que al margen de compartirse no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo, pues se supedit\u00f3 al ordenamiento, lo que descarta las trasgresiones aducidas, las cuales, por ende, no encuentran recibo en esta calzada excepcional de auxilio. <\/p>\n
Es que, en rigor, la accionante revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que el colegiado de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 el decaimiento de la ejecuci\u00f3n impulsada en contra suya y, dispuso darle continuaci\u00f3n, al estimar, en compendio, que aun cuando la \u00abcarta de instrucciones\u00bb aportada en la demanda difer\u00eda del pagar\u00e9 base de cobro, lo cierto es que ello no desvirtuaba la autenticidad y eficacia del citado t\u00edtulo valor, en la medida en que tampoco se constat\u00f3 (por los ejecutados) que la acreedora \u00abhubiera desconocido o \u2018transgredido\u2019 las condiciones de llenado\u00bb del cartular ni, mucho menos, error alguno en el monto de la obligaci\u00f3n dineraria all\u00ed contenida, derivada de \u00abtres pr\u00e9stamos\u00bb2 entregados al momento de la \u00abexigibilidad\u00bb3. Y acerca de los intereses de mora dej\u00f3 en claro el descrito juzgador que en el auto de mandamiento de pago se los fij\u00f3 \u00aba la \u2018m\u00e1s alta tasa permitida por la ley\u2019\u00bb. <\/p>\n
Tales planteamientos es dif\u00edcil desaprobarlos de plano o calificarlos de absurdos o aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta[n] contrari[os] a la raz\u00f3n, es decir, si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que (\u2026) se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(…) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente\u00bb en la definici\u00f3n del \u00abconflicto\u2026\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 01451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016). <\/p>\n
Divergir del fundamento de un dictado judicial no desemboca, a simple vista, en una vulneraci\u00f3n ostensible, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para [exigir] al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Se impone cerrar paso a la salvaguarda de marras, por lo consignado en precedencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el conducto m\u00e1s expedito y, de no impugnarse, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Tras estimar impr\u00f3speras las exceptivas. <\/p>\n
2\u0002 Consolidados en \u00ab3 contados\u00bb, seg\u00fan extrajo el Tribunal de las afirmaciones de las partes, los d\u00edas 11 de diciembre de 2016 y 14 de febrero y 5 de septiembre de 2017. <\/p>\n
3\u0002 El pagar\u00e9 se hizo exigible desde el 25 de abril de 2018. <\/p>\n
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