STC2737-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2737-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00625-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Oscar Luis y Elver Justino Teher\u00e1n Mel\u00e9ndez contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras (UAEGRT), a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos al trabajo, vivienda, m\u00ednimo vital, dignidad humana, propiedad privada, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dicen vulnerados por las autoridades acusadas, por lo que pidieron que se ordene a la entidad administrativa convocada \u00abcumplir las \u00f3rdenes impartidas en la sentencia\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Danis Esther Diaz y Ruth Midia Mercado promovieron acci\u00f3n de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras despojadas, que se declar\u00f3 pr\u00f3spera con sentencia del 20 de febrero de 2018, providencia en la que, adem\u00e1s, se reconoci\u00f3 a Oscar Luis y Elver Justino Teher\u00e1n Mel\u00e9ndez \u00abla calidad de segundos ocupantes y se orden\u00f3 su caracterizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.2. Mediante prove\u00eddo del 9 de julio de 2019, \u00abse dispuso la entrega de medidas de atenci\u00f3n a favor de los segundos ocupantes…, consistente en que a UAEGRTDA les entregue de manera conjunta un inmueble que no supere la UAF calculada a nivel predial, junto con la implementaci\u00f3n de un proyecto productivo\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n se orden\u00f3 a la referida entidad que \u00abinformara si la extensi\u00f3n de la UAF calculada a nivel predial ordenada como medida de atenci\u00f3n para los segundos ocupantes\u2026, resulta suficiente para ambos n\u00facleos familiares, teniendo en cuenta que el predio que explotaban y del cual se beneficiaban de manera conjunta, ten\u00eda una extensi\u00f3n de 24 hect\u00e1reas\u00bb. <\/p>\n
2.3. Cumplido lo anterior, a trav\u00e9s de auto del 17 de febrero de 2021, la sede judicial convocada requiri\u00f3 a la UAEGRT \u00abpara que informara, si teniendo en cuenta el proyecto que desarrollan los segundos ocupantes\u2026, en la parcela objeto de reclamaci\u00f3n consistente en ganader\u00eda y dado el n\u00famero de semovientes que tienen en la parcela que oscila en las 100 reses, es suficiente una sola UAF para ambos n\u00facleos familiares\u00bb. <\/p>\n
2.4. Con providencia de 18 de agosto de 2021, se requiri\u00f3 nuevamente a la UAEGRT, con la finalidad de que informara \u00absi ya determin\u00f3 el predio en el que se implementar\u00e1 la medida de atenci\u00f3n de los segundos ocupantes\u2026 y en caso positivo se\u00f1ale su extensi\u00f3n, clarificando si t\u00e9cnicamente es viable el desarrollo de actividades ganaderas con 150 reses, para adoptar el pronunciamiento correspondiente en relaci\u00f3n con la suficiencia de la extensi\u00f3n\u00bb, requerimiento que se reiter\u00f3 el 22 de noviembre de la anualidad pasada. <\/p>\n
2.5. Allegada la informaci\u00f3n que se reclam\u00f3 a la UAEGRT, a trav\u00e9s de decisi\u00f3n del 22 de febrero de los corrientes, se orden\u00f3 a dicho organismo que, como medida de atenci\u00f3n de segundos ocupantes, \u00abotorgue una UAF calculada a nivel predial, acompa\u00f1ada de un productivo para cada de uno de los n\u00facleos familiares de\u2026 Elver y Oscar Teher\u00e1n de manera individualizada\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n que \u00abcontin\u00fae otorgando las medias transitorias a que hubiere lugar de manera justificada a los segundos ocupantes reconocidos en el presente proceso, hasta tanto de cumplimiento a la medida de atenci\u00f3n definitiva que les fue reconocida\u00bb. <\/p>\n
2.6. En s\u00edntesis, expresaron los gestores del resguardo que se les han otorgado \u00abmedidas transitorias\u00bb, pero que est\u00e1n \u00abhaciendo uso de un predio que no es de [su] propiedad y por tal raz\u00f3n [las mejoras]\u2026 que se hagan a la parcela\u2026 las va a disfrutar el due\u00f1o de la parcela y [su] trabajo se pierde\u00bb, raz\u00f3n por la cual \u00abdesea[n] [les] hagan entrega del predio para que estos esfuerzos de trabajo se vean reflejados a futuro y se vea el progreso en [sus] n\u00facleos familiar[es]\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.7. Agregaron que la UAEGRT \u00abtiene una mora excesiva y pone en riesgo la vulnerabilidad de los segundos ocupantes porque no basta con las medidas transitorias\u00bb, teniendo en cuenta que \u00ablas medidas definitivas\u2026 son las que van a sacar del estado de vulnerabilidad a los segundos ocupantes y a la fecha no han cumplido con las ordenes impartidas en el auto posfallo de\u2026 9 de julio del 2019 y no han entregado la resoluci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n del predio a [su] nombre\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena resalt\u00f3 que \u00abuna vez es resuelta la situaci\u00f3n de los ocupantes segundarios y definida la medida que les corresponde\u2026, es el Fondo de [la UAEGRT] quien debe dar cumplimiento a la medida de ocupaci\u00f3n segundaria, a efectos de adquirir la UAF correspondiente, y la entrega del proyecto productivo que resulte viable\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, destac\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 la diligencia de entrega del predio objeto de reclamaci\u00f3n a favor de los solicitantes\u2026 no vulnera, ni afecta de forma alguna a los segundos ocupantes, por cuanto se orden\u00f3\u2026 a la Unidad Administrativa de Restituci\u00f3n de Tierras Territorial -Bol\u00edvar, que tomaran todas las medidas transitorias necesarias concernientes a evitar desalojos forzosos de ocupantes secundarios, las cuales debe determinar el Juez en conjunto con la UAEGRTD al realizar la diligencia, y en la cual se contempla desde alojamiento transitorio, alimentaci\u00f3n, atenci\u00f3n en salud, lugar para trasladar bienes y semovientes, atenci\u00f3n psicosocial, medidas de protecci\u00f3n de los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, auxilios de arriendo y dem\u00e1s que resulten necesarias de manera justificada. <\/p>\n
2. La Agencia Nacional de Tierras dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, comoquiera que \u00abninguna de las facultades otorgadas legalmente a [esa entidad] tiene incidencia con el objeto de la acci\u00f3n constitucional presentada\u00bb. <\/p>\n
3. Dairo Gonz\u00e1lez P\u00e9rez dijo \u00abcoadyuvar\u00bb las peticiones de amparo, toda vez que: <\/p>\n
\u2026 tampoco se le ha cumplido totalmente con lo ordenado en la modulaci\u00f3n del fallo en el numeral segundo que reza: \u201cRECONOCER la calidad de segundo ocupante al hogar del se\u00f1or DAIRO GONZALEZ por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y en consecuencia se dispondr\u00e1 como medida de atenci\u00f3n que el Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas o abandonadas forzosamente, les entregue un inmueble cuya extensi\u00f3n no supere la Unidad Agr\u00edcola Familiar calculada a nivel predial, conforme al art\u00edculo 38 de la Ley 160 de 1994 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, acompa\u00f1ado de la implementaci\u00f3n de un proyecto productivo cuyo valor ser\u00e1 el se\u00f1alado en la respectiva Gu\u00eda Operativa de la Unidad..\u201d <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, adicion\u00f3 que \u00aba la fecha, no se han cancelado todos los gastos indispensables para lograr adecuar un predio arrendado, el cual lo tiene sin cercas y como consecuencia no h[a] podido cultivar, y menos a\u00fan, no han asignado la Unidad Agr\u00edcola Familiar y as\u00ed poder contar ya con lo ordenado por el Tribunal\u00bb. <\/p>\n
4. La abogada Leonor Mar\u00eda Torres Castillo, \u00abasignada como defensora p\u00fablica, para la representaci\u00f3n judicial de la parte opositora segundos ocupantes\u2026 Oscar Luis y Elver Justino Teher\u00e1n Mel\u00e9ndez\u00bb, rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
5. La UAEGRT precis\u00f3 que \u00able ha dado el tr\u00e1mite pertinente al cumplimiento de la orden contenida en el auto posfallo de fecha 9 de julio del 2019, a favor de los accionantes y les ha cancelado en debida forma las medidas transitorias reconocidas por el despacho judicial\u00bb. <\/p>\n
6. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (STC de 11 de mayo de 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tal premisa, de entrada, se resalta que la queja de los promotores se circunscribe a la supuesta demora que se ha suscitado en torno al cumplimiento de las \u00abmedidas de atenci\u00f3n\u00bb que les fueron concedidas en el juicio, criticado en su condici\u00f3n de segundos ocupantes. <\/p>\n
En tal sentido se ha dicho que: <\/p>\n
\u2026 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 de sep. de 2008, rad. 01138-00, reiterada en STC153 de ene. 21 de 2016). <\/p>\n
3. Pues bien, del informe allegado por el magistrado ponente, el cual se considera rendido bajo juramento, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991, emerge que la tardanza en el cumplimiento de las prenotadas medidas de atenci\u00f3n a que se contrae la inconformidad de los gestores, no es producto de un comportamiento negligente, indiferente o arbitrario de las autoridades accionadas, sino de los inconvenientes que se han suscitado para encontrar un predio que se ajuste a las necesidades de los accionantes, lo que descarta en este espec\u00edfico evento acceder a la protecci\u00f3n suplicada toda vez que intervienen circunstancias objetivas y razonables que justifican dicha situaci\u00f3n. <\/p>\n
Y es que, en el auto de 22 de febrero pasado, que modific\u00f3 las medidas de atenci\u00f3n concedidas a los quejosos, el Tribunal enjuiciado destac\u00f3, como antecedentes, los siguientes: <\/p>\n
\u2026 se observa que la Juez de instrucci\u00f3n remiti\u00f3 la documentaci\u00f3n correspondiente que da cuenta de la audiencia preparatoria previa a la entrega del predio objeto de reclamaci\u00f3n que se llev\u00f3 a cabo con las partes y sus representantes, en la cual se evidencia de manera reiterativa, la inconformidad por parte de los segundos ocupantes quienes insistieron que una UAF para los dos n\u00facleos familiares no es suficientes debido a que la UAEGRTD al momento de elaborar el informe que le solicit\u00f3 el Despacho, no tuvo en cuenta que tienen m\u00e1s de 50 reses propias y 100 para apastar, afirmando que una parcela de 4 a 6 hect\u00e1reas se queda corta para el desarrollo de dicho proyecto productivo para ambos hogares. <\/p>\n
En igual sentido, la Defensora de\u2026 Oscar y Elver Teheran, reiter\u00f3 la necesidad de que se busque una soluci\u00f3n arm\u00f3nica a la situaci\u00f3n de sus representados debido a que una UAF podr\u00eda ser inclusive de 4 hect\u00e1reas, medida insuficiente para la cantidad de reses que tienen en desarrollo. <\/p>\n
Seguidamente, en auto de fecha 17 de febrero de 2021, se requiri\u00f3 a la UAEGRTD para que informara, si teniendo en cuenta el proyecto que desarrollan los segundos ocupantes\u2026, en la parcela objeto de reclamaci\u00f3n consistente en ganader\u00eda y dado el n\u00famero de semovientes que tienen en la parcela que oscila en las 100 reses, es suficiente una sola UAF para ambos n\u00facleos familiares, aunado a ello se conmin\u00f3 a la Juez de instrucci\u00f3n para que al momento de realizar la diligencia de entrega disponga las medidas transitorias a que hubiere lugar. <\/p>\n
Seguidamente en auto calendado el 18 de agosto de 2021, se requiri\u00f3 al Fondo de la UAEGRTD, para que informe al Despacho si ya determin\u00f3 el predio en el que se implementar\u00e1 la medida de atenci\u00f3n de los segundos ocupantes\u2026 y en caso positivo se\u00f1ale su extensi\u00f3n, clarificando si t\u00e9cnicamente es viable el desarrollo de actividades ganaderas con 150 reses, para adoptar el pronunciamiento correspondiente en relaci\u00f3n con la suficiencia de la extensi\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, en auto del 22 de noviembre de 2021, se requiri\u00f3 nuevamente al Fondo de la UAEGRTD, para que informara la viabilidad del desarrollo del proyecto productivo mencionado, en el predio cuya UAF se entregar\u00eda a los segundos ocupantes. <\/p>\n
Ulteriormente, el Juzgado de instrucci\u00f3n remiti\u00f3 el Despacho comisorio correspondiente, mediante auto del 31 de enero de 2022, en el cual explic\u00f3 que en efecto la diligencia de entrega del predio fue surtida. <\/p>\n
Aunado a ello, fue presente informe por parte del L\u00edder del Equipo Administraci\u00f3n del Fondo \u2013 Grupo de Cumplimiento de \u00d3rdenes Judiciales y Articulaci\u00f3n Institucional de la UAEGRTD, tal y como consta en la actuaci\u00f3n N\u00b037 del proceso en el portal de tierras web. <\/p>\n
Ante los anotados hechos, el Tribunal consider\u00f3 que: <\/p>\n
Verificado el dossier, se observa que el L\u00edder del Equipo Administraci\u00f3n del Fondo \u2013 Grupo de Cumplimiento de \u00d3rdenes Judiciales y Articulaci\u00f3n Institucional de la UAEGRTD, alleg\u00f3 el informe que le fue requerido, en cual expuso que si bien ven\u00edan desarrollando un proceso para la admisi\u00f3n definitiva del predio \u201cLa Melchora\u201d, el cual una vez concluido permitir\u00eda a la entidad determinar la UAF que le correspond\u00eda los segundos ocupantes del presente proceso, lo cierto es que el propietario de dicho bien inmueble ofertado para tal fin falleci\u00f3, lo cual implica que sus herederos deben adelantar un proceso de sucesi\u00f3n para que se pueda lograr la negociaci\u00f3n con estos. <\/p>\n
Aunado a ello explic\u00f3 que, de la caracterizaci\u00f3n realizada a los segundos ocupantes, se advierte que de las 150 reses que tienen, 45 son de su propiedad y el resto las tienen en compa\u00f1\u00eda con sus hermanos, encontr\u00e1ndose que adem\u00e1s estos venden derivados de la leche, y tambi\u00e9n dedicaban parte del predio a cultivos de pan coger, y sobre las mismas 24 hect\u00e1reas ten\u00edan \u00e1rboles frutales, terreno que en ciertos periodos del a\u00f1o cuando hay sequ\u00eda dificulta mantener esa cantidad de animales. <\/p>\n
Por lo anterior, indic\u00f3 la UAEGRTD que teniendo en cuenta las reses a pastar se necesitar\u00edan entre 37.5 hect\u00e1reas tecnificadas o 100 hect\u00e1reas tradicionales, las cuales pastaban en un fundo de 24 hect\u00e1reas correspondiente al predio que fue objeto de reclamaci\u00f3n, se\u00f1alado que en la zona de El Carmen de Bol\u00edvar, el c\u00e1lculo de la UAF ha resultado entre 9.5 a 10 hect\u00e1reas, pero que tal extensi\u00f3n no es generalizada ya que depende de varios aspectos. <\/p>\n
Continu\u00f3 informando la entidad, que comoquiera que se trata de dos n\u00facleos familiares, que a pesar de tener un proyecto productivo en com\u00fan y una explotaci\u00f3n compartida original en el fundo que fue objeto de restituci\u00f3n, lo cierto es que cada uno de estos tienen sus propios requerimientos socioecon\u00f3micos, por lo que una UAF, solo garantizar\u00eda el sustento de una sola familia, por ello a pesar de no contar todav\u00eda con el fundo en el que se le otorgar\u00e1 la UAF, desde ya concluyen que una sola unidad agr\u00edcola de manera conjunta no lograr\u00eda satisfacer la necesidad de los dos n\u00facleos familiares. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo expuesto, con base en la certificaci\u00f3n del L\u00edder del Equipo de Administraci\u00f3n del Fondo \u2013 Grupo de Cumplimiento de \u00d3rdenes Judiciales y Articulaci\u00f3n visible en la actuaci\u00f3n N\u00b037 del proceso en el portal de tierras web, en el cual inform\u00f3 que una UAF no lograr\u00eda satisfacer las necesidades socioecon\u00f3micas de los segundos ocupantes\u2026, quienes a pesar de que ten\u00edan una explotaci\u00f3n de forma conjunta en el predio objeto de reclamaci\u00f3n, son dos n\u00facleos familiares distintos, que representan dos hogares diferentes, por lo que una sola UAF es insuficiente en este caso en concreto para el desarrollo de un proyecto de productivo que alcance para ambas familias. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en aras de garantizar los derechos de los segundos ocupantes, y tomar una decisi\u00f3n arm\u00f3nica que garantice de manera efectiva el desarrollo y sostenibilidad de ambos hogares, se ordenar\u00e1 al Fondo de la UAEGRTD, que como medida de atenci\u00f3n de segundo ocupante otorgue una UAF calculada a nivel predial, acompa\u00f1ada de un productivo para cada de uno de los dos n\u00facleos familiares de\u2026 Elver y Oscar Teher\u00e1n de manera individualizada. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se exhortar\u00e1 a la misma entidad, que continu\u00e9 otorgando las medias transitorias a que hubiere lugar de manera justificada a los segundos ocupantes reconocidos en el presente proceso, hasta tanto de cumplimiento a la medida de atenci\u00f3n definitiva\u2026 <\/p>\n
As\u00ed pues, se reitera, la demora que se ha suscitado en la entrega de las medidas de atenci\u00f3n definitivas que les fueron concedidas a los tutelantes en el proceso criticado, no deviene de una actuaci\u00f3n negligente imputable a los querellados, sino a circunstancias objetivas que justifican dicha tardanza. <\/p>\n
4. En este punto, debe destacarse que no verifica la Sala que la anotada demora est\u00e9 poniendo en riesgo las garant\u00edas esenciales de los promotores, habida cuenta que, como ellos mismos lo reconocieron en su demanda de tutela, se les est\u00e1n suministrando medidas transitorias, con miras a resguardarlos de cualquier da\u00f1o que pueda ocasionar ese retraso. <\/p>\n
5. Finalmente, respecto a la coadyuvancia que formul\u00f3 Dairo Gonz\u00e1lez P\u00e9rez, advierte la Sala que dicha solicitud se fund\u00f3 en la situaci\u00f3n particular de Gonz\u00e1lez P\u00e9rez, m\u00e1s no de la que trajeron a colaci\u00f3n los promotores del resguardo. <\/p>\n
En este orden de ideas, mem\u00f3rese que el ordenamiento jur\u00eddico no faculta a los coadyuvantes para modificar las pretensiones de la tutela y, en esa medida, la Corte no puede pronunciarse sobre sus reclamaciones particulares. <\/p>\n
Al respecto, en punto a las peticiones presentadas por los terceros intervinientes a trav\u00e9s de la figura de coadyuvancia, la Sala en reciente pronunciamiento, dijo que: <\/p>\n
\u2026frente a los reproches de la coadyuvante\u2026 los mismos no pueden ser estudiados por la Corte, puesto que, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, su intervenci\u00f3n en esta especie de tr\u00e1mite excepcional bajo la figura procesal de la coadyuvancia, implica el respaldo de las razones que sustentan el reclamo, m\u00e1s no una oportunidad para promover sus propias pretensiones. As\u00ed lo precis\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia T-269 de 2012, al se\u00f1alar lo siguiente: <\/p>\n
\u00abPrecisamente en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, reglamentado en el Decreto 2591 de 1991, se prev\u00e9 que los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo pueden intervenir en el proceso de tutela actuando como coadyuvantes. Tal como se se\u00f1al\u00f3 anteriormente, el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 dispone que \u201cquien tuviere un inter\u00e9s leg\u00edtimo en el resultado del proceso podr\u00e1 intervenir en \u00e9l como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiere hecho la solicitud\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Esto implica, en principio, que con independencia de la categor\u00eda particular dentro de la que pudieran ubicarse en raz\u00f3n de su inter\u00e9s en el proceso y del nombre que se les asigne dentro de los procesos ordinarios, en la acci\u00f3n de tutela los terceros se involucran en el proceso porque sus resultados pueden afectarlos, pero lo hacen apoyando las razones presentadas, bien por el actor o por la persona o autoridad demandadas, y no promoviendo sus propias pretensiones. <\/p>\n
En el tr\u00e1mite de las acciones de tutela esta delimitaci\u00f3n del papel de los terceros debe armonizarse con el principio de informalidad y de prevalencia de lo sustancial que rigen el proceso. Es por esto que una persona que no solicit\u00f3 el amparo y que luego es vinculada a su tr\u00e1mite, bien por solicitud de las partes o por decisi\u00f3n oficiosa del juez, puede advertir que su inter\u00e9s no se reduce al resultado del proceso, sino que tambi\u00e9n es titular de los derechos que se ven vulnerados o amenazados en el caso concreto. Esto ocurre en virtud de los mismos hechos m\u00e1s o menos delimitados desde la instauraci\u00f3n de la tutela, y porque es la misma persona o autoridad p\u00fablica accionada quien con su conducta ha generado esta situaci\u00f3n presentada al juez de tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
En estos casos, el juez de tutela est\u00e1 facultado para involucrar a esta persona, pero para que pueda actuar a favor de sus propias pretensiones, la convierte en una verdadera parte dentro del proceso, dejando as\u00ed de ser un tercero coadyuvante. Es por ello que en la sentencia puede pronunciarse sobre los derechos afectados de quien promovi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y de otros vinculados al mismo proceso en calidad de partes del mismo. A\u00fan m\u00e1s, como excepci\u00f3n al efecto inter partes de la tutela, en sede de revisi\u00f3n puede la Corte Constitucional establecer que el fallo tiene efectos inter comunis pues no solo se ven afectados quienes instauraron la acci\u00f3n, sino todos aquellos que se encuentren en condiciones objetivas similares de vulneraci\u00f3n de los derechos. Esto ocurre en las situaciones en las que adoptar un fallo solo respecto del accionante termina atentando contra el derecho a la igualdad de otras personas, y contra el goce efectivo de los derechos de la comunidad. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, en la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales los par\u00e1metros para estudiar la intervenci\u00f3n de los terceros son mucho m\u00e1s estrictos. En primer lugar, siguiendo el concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un inter\u00e9s leg\u00edtimo en los resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud del actor o de la persona o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiera hecho la solicitud, pero no est\u00e1n facultados para solicitar la protecci\u00f3n de sus propios derechos, mucho menos en detrimento de los derechos de quien solicit\u00f3 el amparo, pues es la solicitud de este \u00faltimo la que le da la unidad al proceso de tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que una providencia judicial desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que promueva una acci\u00f3n de tutela diferente y no que presente en el tr\u00e1mite de amparo de los derechos fundamentales ajenos las razones de su inconformidad\u00bb (Resalto de la Sala) (ver en el mismo sentido, entre otras, C.C. T-1062\/10 y T-349\/12) (CSJ, STC15602-2018, 28 nov., rad. 2018-00545). <\/p>\n
6. Por tanto, se negar\u00e1 el amparo constitucional deprecado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC2737-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC2737-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00625-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Oscar Luis y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61998","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61998","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61998"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61998\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61998"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61998"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61998"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}