STC2741-2022 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2741-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00628-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Nancy Estella Grajales S\u00e1nchez contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se \u00abdeclare sin ning\u00fan valor ni efecto la providencia proferida por el Tribunal\u2026 adem\u00e1s de todo lo actuado dentro de este\u2026 radicado\u00bb; y \u00ablas que considere el juez que en sus facultades extra y ultra petita sean pertinentes\u00bb <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Sandra Milena Lamar Rodr\u00edguez promovi\u00f3 proceso de resoluci\u00f3n de contrato contra Nancy Estella Grajales S\u00e1nchez, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar, el que en sentencia el 25 de febrero de 2021 declar\u00f3 resuelto el contrato de promesa de compraventa, le orden\u00f3 a los demandados la entrega del inmueble con sus mejoras, el pago de la cl\u00e1usula penal y los frutos naturales y civiles de la cosa, percibidos y los que se hubieren podido percibir con mediana inteligencia, en el periodo comprendido entre el 12 de agosto de 2017 y el 14 de noviembre de 2018; y a la demandante devolver la suma de $128.000.000, debidamente indexada. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la referida decisi\u00f3n, en fallo de 7 de diciembre de 2021 la Sala Civil\u2013 Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 la confirm\u00f3 parcialmente, modificando el numeral 3\u00ba en el sentido de condenar a los demandados a pagar al extremo actor la suma de $8.318.173 por concepto de frutos naturales. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la accionante que junto con Mauricio Ram\u00edrez Fonseca celebraron un contrato de compraventa con Sandra Milena Lamar Rodr\u00edguez respecto de una casa en Carmen de Apicala; que la parte vendedora fue representada a lo largo del negocio por H\u00e9ctor Lamar Leal; y que se pact\u00f3 un precio de $300.000.000 en cinco cuotas. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que cancel\u00f3 las dos primeras cuotas de forma efectiva, pero no pudo cumplir con la tercera de $75.000.000, que deb\u00eda ser pagada el 15 de diciembre de 2017, por lo que pidi\u00f3 un plazo, que fue aceptado por el apoderado de la vendedora, imponi\u00e9ndole la obligaci\u00f3n de pagarle intereses para no hacer efectiva la cl\u00e1usula penal. <\/p>\n
2.5. Adujo que el 22 de enero de 2018 cancel\u00f3 $22.800.000, el 30 de enero $32.000.000 y el 5 de febrero $20.200.000, para un total de $75.000.000; que H\u00e9ctor Lamar le indic\u00f3 que retirar\u00eda la demanda; y que en marzo de ese mismo a\u00f1o le fue expedida constancia de pago de la segunda cuota y de los intereses. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que el otro demandado alleg\u00f3 un acuerdo celebrado con H\u00e9ctor Lamar Leal respecto de los $75.000.000 que deb\u00eda cancelar el 30 de junio de 2018, \u00aben donde se demuestra en la liquidaci\u00f3n, que ya hab\u00eda un saldo de $65.000.000, es decir, ya se hab\u00edan cancelado la suma de $10.000.000\u2026 quedando a la final un saldo de deuda con la parte vencedora de $22.826.507\u00bb. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que el extremo actor omiti\u00f3 algunos de los abonos realizados por Mauricio Ram\u00edrez Fonseca, los que sumaban $26.000.000; que el 18 de noviembre de 2019 este \u00faltimo abon\u00f3 $4.000.000 al se\u00f1or Lamar, quien indic\u00f3 que lo tomaba en compensaci\u00f3n de las cuotas de la casa; que en total consign\u00f3 $76.000.000; y que H\u00e9ctor Lamar le reiter\u00f3 en distintas ocasiones que retirar\u00eda la demanda. <\/p>\n
2.8. Asever\u00f3 que el fallador de primer grado declar\u00f3 resuelto el contrato y orden\u00f3 a los demandados la entrega del bien junto con sus mejoras y anexidades; que se indujo a error a la administraci\u00f3n de justicia en la liquidaci\u00f3n de los valores consignados a la parte demandante; y que la liquidaci\u00f3n de frutos efectuada por el perito en 2020 calcul\u00f3 valores sin tener en cuenta el covid-19. <\/p>\n
2.9. Refiri\u00f3 que se emiti\u00f3 una sentencia equivocada; que existi\u00f3 mala fe del extremo actor; que se determinaban de forma errada los valores que se deb\u00edan devolver a la parte demandada, as\u00ed como la liquidaci\u00f3n de los presuntos frutos, pues no se tuvo en cuenta la realidad mundial del a\u00f1o 2020, que era un hecho notorio. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar indic\u00f3 que los demandados guardaron silencio en el tr\u00e1mite, no allegando prueba de oposici\u00f3n; que se declar\u00f3 resuelto el contrato y se ordenaron las restituciones mutuas; que el ad-quem confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado, modific\u00e1ndola solo en el valor concreto de los frutos naturales a favor de la actora; y que el proceso se encontraba pendiente de la ejecuci\u00f3n de la sentencia. <\/p>\n
2. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 refiri\u00f3 que dict\u00f3 fallo el 7 de diciembre de 2021, en el que modific\u00f3 el de primer grado para condenar en concreto de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso; y que en dicha determinaci\u00f3n fueron valorados los argumentos esgrimidos por el recurrente a la luz del ordenamiento jur\u00eddico y la realidad probatoria. <\/p>\n
3. Leo Mar\u00edn Rueda, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderado del cesionario Oscar William D\u00edaz, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que lo habilite para representar a dicho vinculado. <\/p>\n
4. H\u00e9ctor Pedro Lamar Leal refiri\u00f3 que la ahora accionante vendi\u00f3 una porci\u00f3n de sus derechos a Oscar William D\u00edaz, siendo abonada una parte de esos dineros; que la gestora tuvo tres a\u00f1os para pagar las sumas que deb\u00eda cubrir en un a\u00f1o; que la peticionaria ejerci\u00f3 sus derechos y cont\u00f3 con las oportunidades procesales para la realizaci\u00f3n plena de sus garant\u00edas constitucionales; que aquella no contest\u00f3 la demanda, no aport\u00f3 pruebas ni objet\u00f3 el experticio rendido por el Tribunal; y que se surtieron los tr\u00e1mites propios del proceso. <\/p>\n
5. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en la providencia definitoria del asunto de 7 de diciembre de 2021, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026se tiene que la se\u00f1ora juez de instancia conden\u00f3 a los demandados a la \u201crestituci\u00f3n de los frutos naturales y civiles de la cosa, y no solamente los percibidos sino los que el due\u00f1o hubiera podido percibir con mediana inteligencia y actividad, teniendo la cosa en su poder en el periodo comprendido entre el 12 de agosto de 2017 y el 14 de noviembre de 2018 fecha de la notificaci\u00f3n de la demanda\u201d, indicando en la parte motiva que la liquidaci\u00f3n de los mismos se har\u00e1 posteriormente mediante dictamen pericial\u2026 <\/p>\n
A efectos de dilucidar este punto, menester se hace recordar que conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 1544 del C\u00f3digo Civil, los efectos de la declaratoria de resoluci\u00f3n del contrato por incumplimiento de una de las partes, se concretan a reconocer, no solo a futuro sino tambi\u00e9n de manera retrospectiva, la ineficacia del referido negocio, es decir que, sus efectos operan tambi\u00e9n retroactivamente (ex tune) como si el bien objeto del contrato nunca hubiera salido de las manos del vendedor <\/p>\n
En tal sentido se ha pronunciado la jurisprudencia especializada desde vieja data al se\u00f1alar que\u2026 Y en prove\u00eddo posterior, se\u00f1alo en el mismo sentido que\u2026 <\/p>\n
3.2. Frente a los efectos a futuro, no existe mayor problem\u00e1tica ya que, en raz\u00f3n de la resoluci\u00f3n del contrato, ambos contratantes, sin importar su culpa, quedan liberados de las obligaciones no cumplidas, porque \u00e9stas \u201cse extinguen\u201d. La dificultad existe en lo referente a los efectos retroactivos, pues debe definirse bajo qu\u00e9 normativa han de hacerse las restituciones mutuas: si bajo la \u00e9gida del art\u00edculo 1545 del C\u00f3digo Civil, conforme el cual, los frutos percibidos mientras pende la condici\u00f3n resolutoria no deben ser restituidos salvo que la ley, el testador, el donante o los contratantes hayan dispuesto lo contrario, o, la del art\u00edculo 1932 de la misma normativa conforme la cual deben restituirse los frutos, ya en su totalidad si ninguna parte del precio se hubiere pagado, ya en la proporci\u00f3n que corresponda a la parte del precio que no hubiere sido pagada. <\/p>\n
Para dirimir tal aspecto, conveniente se hace traer a colaci\u00f3n la sentencia de Julio 6 de 2000, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia (Exp. 5020), donde unific\u00f3 la jurisprudencia que hasta ese momento tra\u00eda la Corte, indicando al respecto\u2026 Posici\u00f3n que fue reiterada por esa alta Corporaci\u00f3n en sentencia de Junio 04 de 2004 (Exp. 7748) al indicar que acaecida la resoluci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa por no haberse pagado el precio\u2026 <\/p>\n
3.3. En tal sentido, advierte la sala yerro en la decisi\u00f3n de la a quo, quien conden\u00f3 a los demandados a la restituci\u00f3n de frutos desde 12 de agosto de 2017 (fecha de entrega del bien) y el 14 de noviembre de 2018 (fecha de la notificaci\u00f3n por aviso de la demanda), sin ninguna justificaci\u00f3n o explicaci\u00f3n del porqu\u00e9 tales extremos temporales y sin que los mismos encuentren alg\u00fan respaldo en la normativa civil, raz\u00f3n por la cual, se modificar\u00e1 el extremo final, al tenor del art\u00edculo 1932 del C\u00f3digo Civil, hasta la fecha de emisi\u00f3n del presente prove\u00eddo y en la proporci\u00f3n que corresponda a la parte del precio que no hubiere sido pagada. <\/p>\n
De igual forma, olvid\u00f3 la A Quo, la expresa orden del inciso 1 del art\u00edculo 283 del CGP conforme el cual, \u201cla condena al pago de frutos, intereses, mejoras y perjuicios u otra cosa semejante, se har\u00e1 en la sentencia por cantidad y valor determinados\u201d (resaltado fuera del texto), procediendo a condenar a los demandados en abstracto, in genere o sin indicaci\u00f3n de cuant\u00eda a restituir los frutos de la cosa, sin que, el que aqu\u00ed nos ocupa, sea uno de los eventos en los que el inciso 3 de la norma citada, autoriza imponer condena en abstracto y sin que la parte favorecida haya solicitado sentencia complementaria conforme lo autoriza el art\u00edculo 284 del CGP. <\/p>\n
3.4. Bajo tal escenario, de conformidad con lo previsto en el inciso 2 del art\u00edculo 287 del CGP conforme el cual, corresponde al juez de segunda instancia complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisi\u00f3n haya apelado, esta sala decret\u00f3 de oficio dictamen pericial a fin de que se valoraran los frutos del inmueble objeto del proceso, partiendo del supuesto que la a quo los encontr\u00f3 probados en tanto conden\u00f3 a su restituci\u00f3n y sin que la contraparte haya refutado tal decisi\u00f3n. <\/p>\n
Como entre la fecha de c\u00e1lculo y el momento en que se profiere la presente decisi\u00f3n han transcurrido 3 meses y 7 d\u00edas, al monto calculado se le a\u00f1adir\u00e1 el valor de esos meses y d\u00edas ($1.193.748.22) para un total de $18.082.985.85 que ser\u00e1 la base para el c\u00e1lculo de la suma a reconocer por concepto de frutos naturales. <\/p>\n
As\u00ed entonces, recu\u00e9rdese que conforme el art\u00edculo 1932 del C\u00f3digo Civil el vendedor (aqu\u00ed la promitente vendedora – cesionario) tiene derecho a que se le restituya la totalidad de los frutos sin ning\u00fan aparte del precio se ha pagado o, en la proporci\u00f3n que corresponda a la parte del precio que no hubiera sido pagada. <\/p>\n
Como los promitentes compradores pagaron parte del precio, le ser\u00e1 reconocido a la promitente vendedora, por concepto de frutos naturales, el porcentaje del precio que corresponda a la parte del precio que no fue pagada, por lo tanto, debe precisarse cu\u00e1l fue la suma que aquellos alcanzaron a abonar al precio. <\/p>\n
En tal sentido se tiene conforme al texto de la demanda que los promitentes compradores cancelaron las siguientes sumas de dinero\u2026 <\/p>\n
Estando en curso el proceso, el apoderado de la parte demandante inform\u00f3 que los demandados realizaron los siguientes abonos\u2026 <\/p>\n
Teniendo en cuenta que el precio pactado fue la suma de $300.000.000, la parte del precio abonada, esto es, la suma de $162.500.000, equivale al 54% del valor, lo que significa que la proporci\u00f3n que corresponde a la parte del precio que no fue pagada equivale al 46%. <\/p>\n
En tal sentido, el valor a reconocer por concepto de frutos naturales ser\u00e1 la suma de $8.318.173.49 (46% de $18.082.985.85) y en tal sentido se modificar\u00e1 la decisi\u00f3n que se revisa\u2026 <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se modificar\u00e1 el numeral 3 de la parte resolutiva de la sentencia que se revisa para en su lugar se\u00f1alar que los demandados HENRRY MAURICIO RAMIREZ FONSECA y NANCY STELLA GRAJALES S\u00c1NCHEZ deber\u00e1n reconocer a favor de la parte demandante por concepto de frutos naturales la suma de $8.318.173.49. El resto de la providencia, se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia definitoria del asunto; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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