STC2756-2022<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2756-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00689-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Enrique Ardila Franco y Ram\u00f3n Alberto Rodr\u00edguez Andrade contra la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclaman la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, libertad, buen nombre, \u00abtutela judicial efectiva\u00bb y \u00abpatrimonio\u00bb, que dicen vulnerados por los accionados. <\/p>\n
Solicitan, en consecuencia, se disponga \u00abmodular los efectos del fallo en cumplimiento de la sentencia SU-034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional\u2026\u00bb; \u00abdeclarar cumplido el fallo proferido dentro de la acci\u00f3n de tutela\u2026\u00bb; dejar \u00absin efectos las providencias fechadas el 30 de septiembre de 2021\u2026, auto de fecha 26 de octubre de 2021\u2026 que decidieron sancionar[los]\u2026\u00bb; comunicar \u00aba la autoridad encargada de la ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n de arresto y pecuniaria que las mismas se ha[n] levantado\u2026\u00bb; y conminar a los acusados para que \u00abacaten y apliquen los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sanci\u00f3n, previa acreditaci\u00f3n del cumplimiento de la orden, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Edilma Ospina Qui\u00f1onez instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra contra la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva, el que en sentencia de 9 de diciembre de 2020 deneg\u00f3 el amparo. <\/p>\n
2.2. Tras ser impugnada dicha determinaci\u00f3n, la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad en fallo de 10 de febrero de 2020 la revoc\u00f3 y le orden\u00f3 a la Unidad accionada que profiriera el acto administrativo por medio del cual resolviera sobre la solicitud de indemnizaci\u00f3n administrativa presentada por la accionante, y en caso de acceder a ella, le indicara la fecha probable en la que har\u00eda efectivo el pago. <\/p>\n
2.3. Edilma Ospina Qui\u00f1onez present\u00f3 incidente de desacato contra la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, por lo que el estrado del circuito acusado en auto de 30 de septiembre de 2021 resolvi\u00f3 sancionar a los all\u00ed accionados con arresto de 3 d\u00edas y multa de 1 salario m\u00ednimo legal mensual vigente. <\/p>\n
2.4. El Tribunal acusado con auto de 26 de octubre de 2021 modific\u00f3 la sanci\u00f3n reduciendola a 1 d\u00eda de arresto y confirm\u00f3 lo dem\u00e1s. Posteriormente, se presentaron solicitudes de inaplicaci\u00f3n de sanci\u00f3n, las que fueron desestimadas el 3 de diciembre de 2021 y 9 de febrero de 2022. <\/p>\n
2.5. Indicaron los accionantes que Edilma Ospina Qui\u00f1onez y su grupo familiar obtuvieron un puntaje de 23.4907 en el m\u00e9todo de priorizaci\u00f3n, por lo que deb\u00edan esperar la siguiente vigencia fiscal; y que el 31 de julio de 2022 realizar\u00eda nuevamente dicha priorizaci\u00f3n, lo que permitir\u00eda conocer si la accionante podr\u00eda o no acceder a los recursos en el segundo semestre del 2022. <\/p>\n
2.6. Se\u00f1alaron que hab\u00edan realizado todas las gestiones administrativas para dar cumplimiento al fallo, esto es, el estudio y verificaci\u00f3n de las circunstancias socioecon\u00f3micas y especiales de la all\u00ed accionante, como persona de especial protecci\u00f3n constitucional; y que no pod\u00eda se\u00f1alar fecha probable de entrega, pues vulnerar\u00eda la igualdad de otras v\u00edctimas del conflicto que cumpl\u00edan con los criterios de priorizaci\u00f3n. <\/p>\n
2.7. Refirieron que ello no era un capricho de la Unidad, sino el cumplimiento del tr\u00e1mite impuesto por la Corte Constitucional sobre la reglamentaci\u00f3n del procedimiento que deb\u00edan agotar las v\u00edctimas para la obtenci\u00f3n de la prenotada indemnizaci\u00f3n; y que lo ocurrido no obedec\u00eda a una inejecuci\u00f3n presupuestal o desobediencia en se\u00f1alar una fecha probable, sino a la debida aplicaci\u00f3n del tr\u00e1mite administrativo establecido. <\/p>\n
2.8. Sostuvieron que no era procedente materializar la entrega de la medida indemnizatoria, lo que no constitu\u00eda desacato ni incumplimiento del fallo; y que no desconoc\u00eda las prerrogativas de la v\u00edctima del conflicto, pues le reconoci\u00f3 el derecho a ser indemnizada, sin que pudiera reparar a todas las v\u00edctimas al mismo tiempo. <\/p>\n
2.9. Agregaron que no exist\u00eda la responsabilidad subjetiva que deb\u00edan observar los falladores al imponer sanci\u00f3n; que la Corte Suprema se hab\u00eda pronunciado en un asunto de similares contornos, concediendo el resguardo deprecado; y que cumplieron con la orden de verificar y estudiar las condiciones socioecon\u00f3micas de la accionante, determinando que en la actualidad no contaba con criterios que le permitan acceder al pago de la medida de indemnizaci\u00f3n de manera priorizada en la presente vigencia fiscal. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de Neiva inform\u00f3 que la primera ponencia elaborada fue derrotada, por lo que se dispuso remitir el expediente a la magistrada que segu\u00eda en turno, la que dict\u00f3 decisi\u00f3n el 26 de octubre de 2021, en la que modific\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta reduci\u00e9ndola a un d\u00eda de arresto; y que el expediente se devolvi\u00f3 al despacho de origen. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad refiri\u00f3 que conoc\u00eda del incidente de desacato criticado; que dict\u00f3 providencia sancionatoria el 30 de septiembre de 2021, la que fue modificada por el Tribunal convocado; que la decisi\u00f3n censurada se encontraba dentro de los par\u00e1metros jur\u00eddicos y surti\u00f3 el tr\u00e1mite de alzada. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Lo anterior se predica con mayor intensidad frente a \u00ablas providencias judiciales que resuelven un incidente de desacato\u00bb, ante las cuales, se ha dicho, por regla general, no procede la tutela, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb (CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha contemplado los casos excepcionales en los que se abre paso la acci\u00f3n de tutela frente a determinaciones adoptadas en los referidos tramites incidentales, \u00abparticularmente por \u2018ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 21 ene. 2013, rad. 2012-02912-00, reiterada CSJ STC, 11 jun. 2015, rad. 2015-01205-00). <\/p>\n
Excepcionalidad que tambi\u00e9n se ha extendido a otros asuntos, tales como: <\/p>\n
(\u2026) si se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, la autoridad p\u00fablica o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los t\u00e9rminos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia, [eventualidad en la cual] el nuevo juez constitucional podr\u00e1 (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar tr\u00e1mite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanci\u00f3n al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso (CC T-010\/12) (citada en CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
3. Vistos esos precedentes y atendidas las normas que gobiernan esta herramienta constitucional, se anticipa la viabilidad del resguardo impetrado, pues en la decisi\u00f3n definitoria del incidente de desacato se consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Aclarado lo anterior, frente a las piezas procesales y pruebas obrantes, se tiene que el a quo respet\u00f3 el debido proceso en el tr\u00e1mite incidental y la sanci\u00f3n impuesta se ajusta a derecho, pues se garantiz\u00f3 el derecho de defensa y contradicci\u00f3n al sancionado, siendo notificado y enterado conforme las previsiones resaltadas por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
La salvaguarda constitucional concedida en providencia de 10 de febrero de 2020, le orden\u00f3 que un plazo que no pod\u00eda exceder de los treinta (30) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n, profiriera el acto administrativo que resolviera la solicitud de indemnizaci\u00f3n administrativa requerida por EDILMA OSPINA QUI\u00d1ONEZ \u00aby en caso de acceder a ello\u00bb, le indicara \u00abuna fecha probable en la que har\u00eda efectivo el pago\u00bb. <\/p>\n
V\u00e9ase que con posterioridad a la decisi\u00f3n sancionatoria la accionada manifest\u00f3 haber dado respuesta a la promotora, al reconocer la indemnizaci\u00f3n e indicarle que deb\u00eda someterse al m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n, advirti\u00e9ndole, adem\u00e1s, que era imposible suministrarle una fecha cierta para el pago de la prestaci\u00f3n, por no encontrarse en una situaci\u00f3n de extrema urgencia o vulnerabilidad que haga viable su priorizaci\u00f3n, exculpaciones que no dan cuenta del cumplimiento a cabalidad del fallo de tutela, pues si bien es cierto, resolvi\u00f3 la solicitud en lo que tiene que ver con el beneficio econ\u00f3mico, no lo ha hecho en lo relacionado con la fecha probable del pago. <\/p>\n
En consecuencia, se observa renuencia en el cumplimiento de la orden con justificaciones improcedentes, pues indicar que la accionante no se encuentra en la ruta priorizada, raya con la orden constitucional impartida, toda vez que la ausencia de informaci\u00f3n la mantiene en penumbra respecto de las circunstancias claras de desembolso de la reparaci\u00f3n y la materializaci\u00f3n del pago efectivo; m\u00e1xime que si no resulta beneficiada en la valoraci\u00f3n que se har\u00e1 en la vigencia fiscal de 2022, se mantendr\u00e1 su desconocimiento hasta que sea posible su pago; acto reprochable a la luz de lo ordenado por la Corte Constitucional por parte de los sancionados Enrique Ardila Franco Director de Reparaciones de la Unidad y Ram\u00f3n Alberto Rodr\u00edguez Andrade Director General, \u00e9ste \u00faltimo porque como lo consider\u00f3 el juzgador de instancia en calidad de superior jer\u00e1rquico no adopt\u00f3 medidas para el cumplimiento que del fallo deb\u00eda seguirse por el Director de Reparaciones, como lo dispone el art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Corolario de lo anterior, considera la Sala, que la sanci\u00f3n debe ser proporcionada y razonada al tenor del incumplimiento de la orden judicial, ello conforme lo ha establecido la Corte Constitucional, y en el presente asunto, como se explic\u00f3, la entidad accionada ha cumplido parcialmente el mandato de tutela; y en esas condiciones, se abre paso la modificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n consultada, para reducir la sanci\u00f3n a un (1) d\u00eda de arresto para los incidentados, confirm\u00e1ndola en lo restante. <\/p>\n
Posteriormente, el estrado del circuito acusado desestim\u00f3 en distintas oportunidades las solicitudes de inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, precisando en auto de 9 de febrero de 2022 que: <\/p>\n
\u2026En atenci\u00f3n a la solicitud presentada el 15 de diciembre de 2021\u2026, reiterada con memorial allegado el 20 de enero de 2022, donde previenen la inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n formulada por el Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la UNIDAD PARA LA ATENCI\u00d3N Y REPARACI\u00d3N INTEGRAL DE VICTIMAS y conforme a la constancia secretarial del 20 de enero de 2022\u2026, el Despacho NIEGA lo pedido por cuanto la sanci\u00f3n proferida en este tr\u00e1mite incidental se encuentra ejecutoriada, sin que se avizore la existencia de nuevos hechos que acrediten el cumplimiento de la orden dada en la sentencia de tutela y que hagan viable la inaplicaci\u00f3n de las sanciones. <\/p>\n
De igual manera, estima Sede Judicial encuentra necesario estarse a lo resuelto en la providencia del 13 de diciembre de 2021, reiterando que las decisiones fueron examinadas por el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva al resolver el grado de consulta del incidente de desacato\u2026 <\/p>\n
4. Bajo el anterior contexto, se concluye la procedencia del resguardo impetrado, comoquiera que el Tribunal acusado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto al desatar la consulta del incidente de desacato omiti\u00f3 sopesar debidamente las argumentaciones rendidas y los medios suasorios allegados. <\/p>\n
En efecto, se advierte que la Corporaci\u00f3n convocada no analiz\u00f3 de fondo las motivaciones de los sancionados respecto del cumplimiento del fallo, as\u00ed como lo atinente a la responsabilidad subjetiva de aquellos. <\/p>\n
Y es que, a pesar de resultar trascendental para la definici\u00f3n del asunto sometido a su conocimiento, ning\u00fan estudio mereci\u00f3 el m\u00e9todo de priorizaci\u00f3n existente respecto de la entrega de la indemnizaci\u00f3n administrativa, contenido en la Resoluci\u00f3n 1049 de 15 de marzo de 2019 de la Unidad all\u00ed acusada, expedido conforme los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional; as\u00ed como tampoco la observancia que aquellos deben impartirle a dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
Con tal proceder, se itera, la Tribunal censurado pas\u00f3 por alto su deber de efectuar el an\u00e1lisis integral de todos esos medios suasorios, para as\u00ed definir su verdadero alcance de cara al caso concreto y no contradecir lo establecido por la Corte Constitucional entorno a dicho procedimiento y al derecho a la igualdad de las v\u00edctimas de desplazamiento forzado. <\/p>\n
En un asunto de similares contornos, esta Sala precis\u00f3: <\/p>\n
El amparo constitucional est\u00e1 llamado a abrirse paso, toda vez que la Magistratura fustigada al resolver el grado jurisdiccional de consulta del incidente de desacato 760013121001202100000500 incurri\u00f3 en defecto sustantivo y f\u00e1ctico, habida cuenta que valor\u00f3 el material probatorio obrante en el plenario sin tener en cuenta para tal efecto el auto 206 de 2017 proferido por la Sala Especial de Seguimiento de la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional\u2026 <\/p>\n
Bajo el marco descrito y una vez efectuado el examen de las pruebas que reposan en el expediente, se advierte que el Tribunal accionado al decidir el grado jurisdiccional de consulta de la sanci\u00f3n impuesta al aqu\u00ed actor (10 marzo 2021), valor\u00f3 indebidamente las probanzas aportadas por el Director de Reparaci\u00f3n de la Unidad para la Atenci\u00f3n Integral de las V\u00edctimas \u2013 UARIV- para acreditar el cumplimiento de la sentencia de tutela emitida por el Juzgado del Circuito convocado (3 febrero 2021) y adem\u00e1s pas\u00f3 por alto el contenido del auto 206 de 2017 proferido por la Sala Especial de Seguimiento de la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
En efecto, la orden de tutela cuyo cumplimiento deb\u00eda verificarse, fue emitida en los siguientes t\u00e9rminos\u2026 <\/p>\n
Y, aunque durante el tr\u00e1mite incidental se hall\u00f3 probado el acatamiento del ordinal segundo de dicho fallo, lo que condujo a la terminaci\u00f3n del desacato contra Beatriz Carmenza Ochoa Osorio; tambi\u00e9n se dispuso la sanci\u00f3n de Enrique Ardila Franco con \u00abmulta equivalente a $201.692 MCTE y pena de arresto de dos (02) d\u00edas\u00bb, por considerarse que no prioriz\u00f3 la entrega de la indemnizaci\u00f3n administrativa reclamada por Fabiola Orobio. No obstante, para evaluar si se hab\u00eda cumplido o no la sentencia aludida, debieron atenderse dos circunstancias particulares: <\/p>\n
Primero, que sobre la priorizaci\u00f3n de la entrega de la indemnizaci\u00f3n administrativa a la que tienen derecho las victimas de desplazamiento forzado, existe un m\u00e9todo t\u00e9cnico, contenido en la Resoluci\u00f3n 1049 de 15 de marzo de 2019 de la UARIV, derivado de las reglas que la Corte Constitucional estableci\u00f3 en el auto 206 de 2017 proferido por la Sala Especial de Seguimiento de la sentencia T-025 de 2004, decisi\u00f3n en la que precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abA pesar de que el derecho a la reparaci\u00f3n es fundamental, la jurisprudencia precis\u00f3 que esto no quiere decir que pueda considerarse como un derecho absoluto que pueda ser exigido inmediatamente por todas las v\u00edctimas del conflicto armado; no obstante, reiter\u00f3 que las limitaciones presupuestales \u201cnunca podr\u00e1n traducirse en una afectaci\u00f3n excesiva o en una negaci\u00f3n o desnaturalizaci\u00f3n de los derechos de las v\u00edctimas.\u201d La Corte dirimi\u00f3 esta tensi\u00f3n al estudiar la constitucionalidad de los principios de progresividad y sostenibilidad, recogidos en los art\u00edculos 17 y 19 de la Ley 1448 del 2011. Conforme lo estableci\u00f3 la jurisprudencia constitucional, si bien los derechos de las v\u00edctimas se reconocen de manera inmediata, su contenido se ampl\u00eda progresivamente y su cobertura se extiende gradualmente respecto de la totalidad de v\u00edctimas a las que se refiere la ley. Por esta raz\u00f3n, encontr\u00f3 razonable que los programas masivos de reparaci\u00f3n administrativa, caracter\u00edsticos de contextos de violencia generalizada y sistem\u00e1tica, no se encuentren en la capacidad de indemnizar por completo a todas las v\u00edctimas en un mismo momento. En este tipo de situaciones, la Corte encontr\u00f3 que es leg\u00edtimo definir plazos razonables para otorgar la indemnizaci\u00f3n administrativa y acoger, en esa direcci\u00f3n, determinados criterios que permitan priorizar la entrega de las medidas que correspondan. Este planteamiento implica analizar la situaci\u00f3n concreta en que se encuentra cada accionante, para verificar si cumple o no con alguno de los supuestos que permiten darle prelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Segundo, que en virtud de la hoja de ruta trazada por el Alto Tribunal Constitucional, enfilada a establecer un m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n de entrega de la indemnizaci\u00f3n para poblaci\u00f3n que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, deb\u00eda advertirse que las labores realizadas por el aqu\u00ed actor, en su calidad de Director de Reparaci\u00f3n de la Unidad para la Atenci\u00f3n Integral de las V\u00edctimas \u2013 UARIV-, est\u00e1n sujetas al cumplimiento de dichas disposiciones, raz\u00f3n por la cual debi\u00f3 valorarse bajo ese rasero la documental con la cual Enrique Ardila Franco acredit\u00f3 el cumplimiento de la sentencia de tutela. En particular, ten\u00eda que evaluarse si la respuesta emitida bajo el radicado 20217203101111 (4 febrero 2021) se ajustaba o no a la orden constitucional y con los par\u00e1metros fijados por la Corte Constitucional. Advi\u00e9rtase que, en dicho documento, entre otras cosas, se dijo: <\/p>\n
\u00abEn segundo lugar atendiendo a la petici\u00f3n relacionada con la indemnizaci\u00f3n administrativa, la Unidad para las V\u00edctimas brinda una respuesta conforme a lo dispuesto en la Resoluci\u00f3n No. 01049 del 15 de marzo de 2019, por medio de la cual \u201cse adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnizaci\u00f3n por v\u00eda administrativa, se crea el m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n, se deroga las Resoluciones 090 de 2015 y 01958 de 2018 y se dictan otras disposiciones.\u201d en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
En virtud de lo anterior y con el fin de dar respuesta a su petici\u00f3n, le informamos que Usted elev\u00f3 solicitud de indemnizaci\u00f3n administrativa, Solicitud que fue atendida de fondo por medio de la Resoluci\u00f3n N\u00ba. 04102019-58165 – del 12 de octubre de 2019, en la que se le decidi\u00f3 en su favor (i) reconocer la medida de indemnizaci\u00f3n administrativa por el hecho victimizante DESPLAZAMIENTO FORZADO RAD 1253529 marco normativo ley 387 de 1997, y (ii) aplicar el \u201cM\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n\u201d con el fin de disponer el orden de la entrega de la indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
En el caso particular, el 30 de junio de 2020, la Unidad para las V\u00edctimas aplic\u00f3 el M\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n, con el prop\u00f3sito de determinar, de manera proporcional a los recursos presupuestales asignados a la Unidad para las V\u00edctimas en el a\u00f1o 2020, el orden de entrega de la indemnizaci\u00f3n reconocida a su favor. As\u00ed las cosas, conforme el resultado de la aplicaci\u00f3n del M\u00e9todo, se concluye que NO es procedente materializar la entrega de la medida de indemnizaci\u00f3n ya reconocida respecto de (de los) integrante(s) relacionado(s) en su solicitud con radicado 1253529-5591766, por el hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO <\/p>\n
Por consiguiente, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento administrativo contemplado en la Resoluci\u00f3n 1049 de 2019, a la Unidad para la V\u00edctimas le es imposible otorgar una fecha de pago. Pues, en su caso particular el resultado de la aplicaci\u00f3n del M\u00e9todo s\u00ed bien permiti\u00f3 determinar un orden, \u00e9ste no se ubic\u00f3 dentro del universo de v\u00edctimas que acceder\u00e1n a la indemnizaci\u00f3n administrativa conforme la disponibilidad presupuestal asignada a la Entidad para el a\u00f1o 2020. <\/p>\n
Sea oportuno manifestar que, frente al presupuesto, la Unidad dispuso la suma de $89.858.242.642, lo cual corresponde a un 10% del total de los recursos destinados para el pago de las indemnizaciones administrativas en la presente anualidad y con el que se logr\u00f3 indemnizar alrededor 9000 v\u00edctimas. La estimaci\u00f3n del presupuesto se realiz\u00f3 atendiendo al n\u00famero de v\u00edctimas que han venido acreditando los criterios de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad y a los compromisos adquiridos de acciones constitucionales pendientes por cumplir antes de la implementaci\u00f3n del procedimiento establecido en la Resoluci\u00f3n 1049 de 2019\u00bb. <\/p>\n
En suma, los anteriores postulados ameritaban una valoraci\u00f3n conjunta y arm\u00f3nica del material probatorio para no incurrir en posible contradicci\u00f3n con lo establecido por la Corte Constitucional y sobre todo en vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso el aqu\u00ed gestor y del derecho a la igualdad de las v\u00edctimas de desplazamiento forzado que se encuentren en similares condiciones a las acreditadas por Fabiola Orobio. <\/p>\n
En ese sentido, tambi\u00e9n era indispensable determinar si la conducta del accionante era susceptible de ser calificada, en el plano objetivo y subjetivo, como omisiva frente al mandato que se le imparti\u00f3 en la providencia citada. De ah\u00ed que, lo que correspond\u00eda era apreciar y justificar si el actor era merecedor o no de las sanciones impuestas; sin embargo, la Magistratura enjuiciada omiti\u00f3 efectuar dicho an\u00e1lisis, pues al decidir el grado jurisdiccional de consulta se limit\u00f3 a se\u00f1alar sobre el caso particular: <\/p>\n
\u00abEn punto a lo anterior, se debe indicar que esta Sala observa reunidas las exigencias en cuanto a vinculaci\u00f3n y notificaci\u00f3n de quien est\u00e1 llamado a responder, comoquiera que en la sentencia se individualiz\u00f3 y se libr\u00f3 la orden contra el referido funcionario, pese a lo cual la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas \u2013 UARIV se ha limitado a responder que a la se\u00f1ora OROBIO CAMBINDO ya le fue aplicado el m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n en junio de 2020, aunque de forma desfavorable a sus intereses, y que en tal medida no hay lugar a determinar una fecha de pago de la indemnizaci\u00f3n administrativa que le fue reconocida como v\u00edctima de desplazamiento forzado, respuesta que no es de recibo, pues la orden de tutela es clara al indicar la necesidad de aplicar nuevamente el mentado m\u00e9todo t\u00e9cnico en atenci\u00f3n a las especiales condiciones de vulnerabilidad e indefensi\u00f3n en que se encuentra la aqu\u00ed incidentante, quien tiene a su cargo dos (02) hijos menores de edad y no cuenta con ingresos para solventar sus necesidades b\u00e1sicas. <\/p>\n
De esa manera, se satisface el elemento objetivo, respecto del cual se cuenta con el escrito allegado por la tutelante y aqu\u00ed incidentalista, que acredita el mentado incumplimiento y que no ha sido desvirtuado por el funcionario encargado de cumplir real y efectivamente la orden emanada del juez a quo; por el contrario, manifest\u00f3 de manera tozuda que dicho que la aplicaci\u00f3n del m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n le hab\u00eda sido realizado en junio de 2020, argumentado que como para esa fecha tuvo lugar, debe esperar hasta que le sea efectuado nuevamente en julio de la presente anualidad, lo que no resulta aceptable pues adem\u00e1s de prolongarse en el tiempo el estado de vulnerabilidad e indefensi\u00f3n en el cual se encuentra ella como mujer v\u00edctima del conflicto armado en compa\u00f1\u00eda de su grupo familiar, tal renuencia implica una neutralizaci\u00f3n de los efectos del fallo, que nos conduce a decir no solamente que se cumple con el factor objetivo sino igualmente con el factor subjetivo pues as\u00ed lo se\u00f1alan los elementos de juicio allegados al expediente, principalmente en las respuestas allegadas por la UARIV. <\/p>\n
En efecto, lo que se observa es que la UARIV ha actuado no solo de manera negligente frente al cumplimiento de la sentencia sino aduciendo obst\u00e1culos que rigen con un buen entendimiento de la decisi\u00f3n de tutela adoptada para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de la accionante FABIOLA OROBIO CAMBINDO, persona que una vez m\u00e1s se indica se encuentra en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y requiere de forma prioritaria la atenci\u00f3n del Estado, al paso que el Doctor ENRIQUE ARDILA FRANCO se ha limitado \u00fanica y exclusivamente a indicar que a la accionante ya le fue aplicado el m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n en junio de 2020, lo cual no acredita de manera suficiente la ejecuci\u00f3n de la orden a su cargo, situaci\u00f3n que resulta ilustrativa de la posici\u00f3n del funcionario incidentado y de su intenci\u00f3n de no cumplir con la orden de tutela, debiendo resaltarse por \u00faltimo que de modo alguno se ha alegado la imposibilidad f\u00e1ctica o jur\u00eddica para cumplir la orden, razones suficientes para que proceda la sanci\u00f3n impuesta, que por lo dem\u00e1s resulta proporcional y razonable atendiendo al margen legal que dispone el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991\u00bb. <\/p>\n
En concreto, la Magistratura fustigada no efectu\u00f3 al an\u00e1lisis debido respecto de la responsabilidad subjetiva del sancionado, aqu\u00ed accionante, quien bajo los preceptos del Auto 206 de 2017 proferido por la Sala Especial de Seguimiento de la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional pretendi\u00f3 cumplir la orden de tutela que le fue impuesta y para tal fin aplic\u00f3 el m\u00e9todo de priorizaci\u00f3n que propende por la igualdad entre todas las v\u00edctimas de desplazamiento forzado que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad y que est\u00e1 amalgamado con las vigencias fiscales destinadas para la reparaci\u00f3n integral de las v\u00edctimas. Tambi\u00e9n debi\u00f3 ser tenido en cuenta que el sancionado act\u00faa como representante de la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral de las Victimas, entidad que garantiz\u00f3 el m\u00ednimo vital de la afectada entreg\u00e1ndole la ayuda humanitaria requerida. En suma, la actuaci\u00f3n del gestor no se advierte antojadiza, caprichosa y retadora frente a la orden constitucional y eso debi\u00f3 ser objeto de estudio al desatar el grado jurisdiccional de consulta. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que sobre el an\u00e1lisis que sustente la imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n por desacato, la Sala, al estudiar la sentencia SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional, precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la \u00abpretermisi\u00f3n del estudio sobre la responsabilidad subjetiva [conlleva] un desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre la finalidad del incidente de desacato\u00bb, capaz de desnaturalizar las sanciones que el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991 consagra como \u00abmecanismos llamados a propiciar la salvaguarda dispensada en los fallos de tutela (\u2026) \u00bb (STC3579-2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ante el flagrante desconocimiento de la garant\u00eda constitucional al debido proceso que aqu\u00ed se avizora, se abre paso el ruego instado, para que la Magistratura encausada eval\u00fae de nuevo los requerimientos del interesado a la luz de los principios aqu\u00ed se\u00f1alados y todos aquellos que resulten consecuentes (CSJ STC5699-2021, 21 may., rad. 2021-01503-00). <\/p>\n
5. De manera que se concluye que la sede judicial convocada no sustent\u00f3 de forma suficiente y precisa la providencia de 26 de octubre de 2021 y, en esa medida, esta Corporaci\u00f3n considera que su argumentaci\u00f3n fue insatisfactoria. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que: <\/p>\n
\u2026la motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento, raz\u00f3n por la cual no puede ser anfibol\u00f3gica\u2026 (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00; y en CSJ STC10689-2016, 4 ag. 2016, rad. 2016-01267-01). <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, se impone conceder el amparo impetrado, orden\u00e1ndole a la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de Neiva que, tras dejar sin efecto la providencia emitida el 26 de octubre de 2021, y la actuaci\u00f3n que de ella dependa, emita una nueva decisi\u00f3n atendiendo los razonamientos aqu\u00ed condensados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede el resguardo solicitado. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar a la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de Neiva, que dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la fecha en la cual le sea devuelto el expediente objeto de esta queja, deje sin efecto el prove\u00eddo de 26 de octubre de 2021, mediante el cual modific\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta el 30 de septiembre anterior por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, y las actuaciones que dependan de \u00e9ste, en el incidente de desacato promovido por Edilma Ospina Qui\u00f1onez contra la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas; y en un t\u00e9rmino no superior a tres (3) d\u00edas, emita una nueva providencia, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: Ordenar al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva, remitir de inmediato al Tribunal acusado y en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, el expediente objeto de la queja constitucional, para que dicha Colegiatura d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC2756-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC2756-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00689-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Enrique Ardila Franco y Ram\u00f3n Alberto Rodr\u00edguez Andrade contra la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62003","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62003","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62003"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62003\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62003"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62003"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62003"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}