STC2784-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2784-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00618-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por el Laboratorio de Patolog\u00eda y Citolog\u00eda S.A.S. \u2013Citosalud S.A.S., contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 las partes y los intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora del amparo reclama por intermedio de apoderada judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad jur\u00eddica, a la defensa y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, al haber declarado desierto el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la sentencia dictada en el marco del juicio verbal de responsabilidad m\u00e9dica que Danlly Liseth Quintero Casta\u00f1o y otros, promovieron en su contra, identificado con el consecutivo No. 2020-00159. <\/p>\n
Solicita entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, \u00abdej[ar] sin valor ni efecto: (i) el auto de 6 de diciembre de 2021 (\u2026) que admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n y orden\u00f3 correr traslado, bajo un radicado de un proceso que no correspond\u00eda (ii) la providencia de fecha 18 de enero de 2022 (\u2026) la cual declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto (\u2026) contra la sentencia proferida el d\u00eda 16 de noviembre de 2021 y, iii) la providencia de fecha 14 de febrero de 2022 proferida en segunda instancia (\u2026) la cual decidi\u00f3 no reponer el auto anteriormente se\u00f1alado, manteniendo la decisi\u00f3n de declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, y en subsidio, \u00abrevo[car] la sentencia del 16 de noviembre de 2021 emitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reparos aduce, en s\u00edntesis, que junto con su contraparte apelaron el fallo dictado en audiencia por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales el 16 de noviembre de 2021, con que se accedi\u00f3 parcialmente a las pretensiones, y dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes sustent\u00f3 por escrito su inconformidad; no obstante, no se enter\u00f3 del tr\u00e1mite dado al recurso, porque el Tribunal registr\u00f3 el n\u00famero de radicado de la actuaci\u00f3n en el sistema Siglo XXI, terminado en \u00ab02\u00bb, cuando lo correcto es \u00ab01\u00bb, ya que era la primera vez que el asunto era materia de apelaci\u00f3n, motivo por el cual, no tuvo conocimiento que el 6 de diciembre siguiente el Superior admiti\u00f3 la alzada y corrido traslado para sustentarla, m\u00e1xime porque esos prove\u00eddos no fueron remitidos a su correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
Narra que el 18 de enero del presente a\u00f1o, el Tribunal declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n por falta de sustentaci\u00f3n, decisi\u00f3n que atac\u00f3 mediante el recurso de s\u00faplica, al cual se dio tr\u00e1mite de reposici\u00f3n, y fue definido el 14 de febrero siguiente, manteni\u00e9ndose lo resuelto, bajo el argumento que la asignaci\u00f3n del radicado fue realizada de forma autom\u00e1tica por un sistema, con lo cual, dice, se omiti\u00f3 la relevancia dada a los medios electr\u00f3nicos de informaci\u00f3n en el C\u00f3digo General del Proceso y el Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 24 de febrero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, por intermedio del Magistrado que conoci\u00f3 del decurso cuestionado, hizo un breve recuento de lo acontecido en el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n de sentencia criticado, resaltando que sus decisiones son acordes con la normatividad aplicable. <\/p>\n
b.) El titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales narr\u00f3, que la audiencia de fallo dentro del proceso criticado, una vez concedida la apelaci\u00f3n se le indic\u00f3 a la aqu\u00ed interesada que \u00abdentro de los tres (3) d\u00edas siguientes podr\u00eda ampliar o precisar sus reparos concretos por escrito, lo que efectivamente hizo\u00bb, y una vez lleg\u00f3 el expediente ante el Superior, \u00e9ste notific\u00f3 por estados las actuaciones de esa instancia. <\/p>\n
c.) La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013UAEGRDT, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
d.) Al momento de registrar el proyecto de fallo no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La protecci\u00f3n constitucional prevista en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Nacional, puede orientarse a cuestionar actuaciones jurisdiccionales s\u00f3lo s\u00ed en las mismas el juez natural incurre en causal de procedencia del amparo, valga decir, cuando aquella decisi\u00f3n del funcionario carezca de soporte jur\u00eddico y, por el contrario, luzca diamantinamente antojadiza, eso s\u00ed, siempre que el afectado en sus prerrogativas fundamentales no tenga a su alcance otros instrumentos h\u00e1biles para acudir ante los jueces a exigir su inmediato restablecimiento, porque, en la eventualidad de haber podido o de poder todav\u00eda accionar a trav\u00e9s de alguno de ellos, el amparo tutelar es inviable, debido a su naturaleza residual. <\/p>\n
2. En el presente asunto, Citosalud SAS se duele, concretamente, de la determinaci\u00f3n que declar\u00f3 desierto el recurso vertical que formul\u00f3 frente a la sentencia dictada en el marco del pleito verbal de responsabilidad m\u00e9dica que en su contra promovi\u00f3 Danlly Liseth Quintero Casta\u00f1o y otros, comoquiera que, afirma, no s\u00f3lo sustent\u00f3 oportunamente el mecanismo ante el juez cognoscente, sino que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales radic\u00f3 equivocadamente el proceso, lo que impidi\u00f3 su consulta en el sistema de gesti\u00f3n judicial Siglo XXI, y en todo caso, dice, porque lo fallado en primera instancia emergi\u00f3 de la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas al decurso. <\/p>\n
3. Precisado lo anterior, las piezas procesales arrimadas a este tr\u00e1mite excepcional en medio digital revelan lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Mediante sentencia del 16 de noviembre de 2021, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales resolvi\u00f3 acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, y \u00abdeclarar civilmente responsable al Laboratorio de Patolog\u00eda y Citolog\u00eda Cito Salud S.A.S. por el mal y err\u00f3neo diagn\u00f3stico a la se\u00f1ora Cielo Mar\u00eda Casta\u00f1o Rom\u00e1n (q.e.p.d.), por error grave, al emitir el resultado del examen de laboratorio materia de este proceso\u00bb, por lo que conden\u00f3 al aqu\u00ed interesado al pago de los perjuicios que resultaron probados. <\/p>\n
3.2. Frente a la anterior determinaci\u00f3n, ambos extremos procesales formularon recurso de apelaci\u00f3n, para lo cual, la parte demandada, aqu\u00ed interesada, present\u00f3 escrito en el que enumer\u00f3 y expuso cada una de sus inconformidades, ya que, tras citar el fundamento de la decisi\u00f3n cuestionada, aleg\u00f3 los motivos de su descontent\u00f3 con la misma, los que explic\u00f3 con sustento en su interpretaci\u00f3n de las pruebas y las normas que consider\u00f3 aplicables. <\/p>\n
3.3. En auto del 6 de diciembre siguiente, el Tribunal Superior de Manizales, Sala Civil Familia, admiti\u00f3 la alzada, informando a los recurrentes, que \u00abdeber\u00e1n sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. De la sustentaci\u00f3n, sin necesidad de auto, se correr\u00e1 traslado a la parte contraria por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
3.4. En prove\u00eddo del 18 de enero de la anualidad que avanza, el ad quem declar\u00f3 desierto el mecanismo vertical, tras advertir que la parte recurrente omiti\u00f3 sustentar el recurso en esa instancia. <\/p>\n
3.5. La demandada, ac\u00e1 accionante, instaur\u00f3 sin \u00e9xito recurso de \u00abs\u00faplica\u00bb frente a la decisi\u00f3n memorada, al cual se dispuso darle el tr\u00e1mite de reposici\u00f3n en aplicaci\u00f3n del canon 318 del C.G. del P., pues el 14 de febrero de los corrientes se mantuvo lo decidido, y para tal efecto el ad quem comenz\u00f3 por citar el contenido del art\u00edculo 14-33 del Decreto 806 de 2020, que \u00abimpone la obligaci\u00f3n en la parte recurrente de sustentar en segunda instancia el recurso vertical, una vez ejecutoriado el auto que admiti\u00f3 la alzada, y vencido el t\u00e9rmino de traslado, en el evento de no cumplirse la carga por el impugnante se deber\u00e1 declarar desierto\u00bb, frente a lo cual precis\u00f3, que \u00absi bien existi\u00f3 una alusi\u00f3n a los reparos concretos cuando el asunto a\u00fan se hallaba en la sede inicial, proclamados a su turno en contra de la decisi\u00f3n replicada, no es admisible equiparar sus efectos a una sustentaci\u00f3n obligatoria en segunda instancia\u00bb; y enseguida cit\u00f3 un pronunciamiento de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil sobre la necesidad de sustentar la alzada ante el Superior, en aplicaci\u00f3n de las normas del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Y con sustento en estas premisas, el Tribunal accionado coligi\u00f3, que \u00aben el caso puntual, inclusive en la versi\u00f3n escritural de la segunda instancia a fortiori por la expresa invocaci\u00f3n de la norma en menci\u00f3n, dentro del t\u00e9rmino conferido para sustentar no se recibi\u00f3 correo electr\u00f3nico de la censura en el buz\u00f3n se\u00f1alado en la providencia que admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n, de modo que es incontrastable la desatenci\u00f3n de la carga procesal de sustentaci\u00f3n de manera oportuna y bajo los postulados normativos del recurso de apelaci\u00f3n frente a sentencias de primera instancia. Por supuesto que la carga de sustentaci\u00f3n debe surtirse en la oportunidad legal y en sede de instancia para garantizar el derecho de contradicci\u00f3n de la parte contraria, como lo impone en forma expresa el citado art\u00edculo 14, y a pesar de haber hecho manifestaciones en primera sede, no es del caso relevarle de un imperativo legal, en tanto los tr\u00e1mites procesales est\u00e1n soportados en normas \u201cde orden p\u00fablico y por consiguiente, de obligatorio cumplimiento\u201d, acorde con lo categorizado por el art\u00edculo 13 del Estatuto General del Proceso, que no obligan a los Despachos judiciales a dar capacitaciones a los apoderados judiciales. <\/p>\n
Finalmente anot\u00f3, que no resultaba procedente compartir las providencias a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, porque seg\u00fan lo fijado por la Corte, \u00abes deber de los intervinientes estar alerta a los estados de cara a la vigilancia en el tr\u00e1mite de los asuntos\u00bb. <\/p>\n
4. De este modo, seg\u00fan el recuento de las actuaciones surtidas en la segunda instancia del proceso verbal objeto de revisi\u00f3n constitucional, constata la Sala que, al margen de la discusi\u00f3n que pudiera suscitarse por la supuesta indebida radicaci\u00f3n del proceso o la falta de env\u00edo de las providencias judiciales a los correos electr\u00f3nicos de las partes, en la precitada decisi\u00f3n se incurri\u00f3 en un defecto que habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional, puntualmente en cuanto a la decisi\u00f3n de tener por no sustentada la alzada, pese a verificarse que esa actuaci\u00f3n se surti\u00f3 ante el juzgador de primera instancia. <\/p>\n
5. Entonces, recogiendo la postura de esta Sala sobre la precitada tem\u00e1tica, se observa que habr\u00e1 de concederse el amparo implorado, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
5.1. No se equivoca el Tribunal Superior de Manizales al citar varios pronunciamientos de esta Sala sobre el deber del recurrente de sustentar oralmente el recurso de apelaci\u00f3n formulado frente a las sentencias judiciales ante el superior, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso. En efecto, en reciente pronunciamiento la Corte dijo que: <\/p>\n
\u00able corresponde al recurrente no s\u00f3lo aducir sus quejas puntuales ante el a quo, sino acudir a la audiencia fijada por el superior para el efecto y fundamentar all\u00ed el remedio vertical, tal y como lo prev\u00e9 el rese\u00f1ado canon 322 \u00eddem, en concordancia con el 327 ejusdem. <\/p>\n
En cuanto a ese \u00faltimo aspecto, esta Corte estima pertinente se\u00f1alar que el vigente Estatuto Procedimental Civil, en su T\u00edtulo Preliminar, establece sin ambig\u00fcedad la forma como deben surtirse las actuaciones judiciales, esto es, de manera \u201c(\u2026) oral, p\u00fablica y en audiencias (\u2026)\u201d1, principio neural del sistema procesal orientador en toda la Ley 1564 de 2012. <\/p>\n
Esa circunstancia conlleva un cambio en la estructura de los decursos seguidos tradicionalmente por escrito y les impone a los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia modificar su comportamiento, pues ahora, entre otras cuestiones, est\u00e1n compelidos a presentarse personalmente frente al juez para exponerle sus argumentos. <\/p>\n
Lo anterior, sin duda, pugna por el respeto y garant\u00eda de principios trascendentales como los de oralidad, concentraci\u00f3n, celeridad, transparencia, contradicci\u00f3n e inmediaci\u00f3n desarrollados en los c\u00e1nones 4\u00b0 y siguientes de la dicha obra. Igualmente, las reglas 106 y 107 \u00eddem, contemplan la metodolog\u00eda a seguir para el desarrollo de los litigios, dirigida, concretamente, a lograr que aqu\u00e9llos adem\u00e1s de tener una duraci\u00f3n razonable (art. 121 del C.G.P.), comprendan solamente una audiencia inicial y, si es el caso, una de instrucci\u00f3n y juzgamiento. <\/p>\n
La contundencia de la oralidad y del derecho a ser o\u00eddos para los justiciables, partes y terceros, es tal que el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 107 consagra la nulidad de la actuaci\u00f3n de presentarse \u201c(\u2026) la ausencia del juez o de los magistrados (\u2026)\u201d en la respectiva diligencia. A su turno, el inciso 5\u00ba de la misma preceptiva impone la convocatoria \u201c(\u2026) a una audiencia especial con el solo fin de repetir la oportunidad para alegar (\u2026)\u201d cuando se presenta el cambio del juez que debe dictar el fallo y, aunado a ello, el numeral 6\u00ba \u00eddem prescribe: \u201c(\u2026) Prohibiciones. Las intervenciones orales no podr\u00e1n ser sustituidas por escritos (\u2026)\u201d; en concordancia con el numeral 7\u00ba del art. 133, donde se prev\u00e9 la invalidez del decurso si \u201c(\u2026) la sentencia se profier[e] por un juez distinto del que escuch\u00f3 los alegatos de conclusi\u00f3n o la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Aceptar entonces que los reparos concretos aducidos ante el a quo al formularse la alzada contra una sentencia son suficientes y que puede soslayarse la sustentaci\u00f3n oral frente al superior, impuesta en el canon 322 del C\u00f3digo General del Proceso, contradice los postulados en menci\u00f3n y, de contera, el principio democr\u00e1tico representativo, seg\u00fan el cual, es el Congreso de la Rep\u00fablica, revestido de una amplia potestad legislativa, el competente para regular los decursos judiciales (art. 150, C.P.)\u00bb (CSJ, STC10704-2020). <\/p>\n
5.2. As\u00ed las cosas, la Sala ha considerado que en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, la exposici\u00f3n de los motivos de la alzada frente a una sentencia judicial, no exime al recurrente de la carga de sustentar oralmente sus inconformidades ante el superior. Y es que, ello se justifica porque el sistema procesal contemplado en aquella obra propende por el respeto y la garant\u00eda del principio de oralidad, as\u00ed como de otros valores importantes como la celeridad y la concentraci\u00f3n de los actos judiciales. <\/p>\n
5.3. Sin embargo, la dif\u00edcil situaci\u00f3n que plante\u00f3 para la sociedad la pandemia generada por el covid-19, oblig\u00f3 a que el Estado se adaptara a los retos impuestos por la propagaci\u00f3n de \u00e9ste. As\u00ed, por ejemplo, en el campo jur\u00eddico, se promulgaron varias normas de car\u00e1cter transitorio sobre la ritualidad de los procesos judiciales, de esta manera, respecto de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, el art\u00edculo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020, dispuso que: <\/p>\n
\u00abEl recurso de apelaci\u00f3n contra sentencia en los procesos civiles y de familia, se tramitar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
Sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que admite la apelaci\u00f3n, las partes podr\u00e1n pedir la pr\u00e1ctica de pruebas y el juez las decretar\u00e1 \u00fanicamente en los casos se\u00f1alado en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso. El juez se pronunciar\u00e1 dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. <\/p>\n
<\/p>\n
Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. De la sustentaci\u00f3n se correr\u00e1 traslado a la parte contraria por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas. Vencido el t\u00e9rmino de traslado se proferir\u00e1 sentencia escrita que se notificar\u00e1 por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb. <\/p>\n
5.4. En consecuencia, cierto es que el cambio de la realidad que trajo la emergencia sanitaria conllev\u00f3 a que se abandonara, moment\u00e1neamente, la necesidad de sustentar oralmente el recurso de apelaci\u00f3n, para ser suplida por el sistema de anta\u00f1o, esto es, que las inconformidades de los apelantes contra las providencias judiciales se formularan por escrito y as\u00ed proteger bienes tan trascendentales como la vida y la salud de los usuarios y funcionarios de la justicia. <\/p>\n
No obstante, aqu\u00ed es pertinente hacer claridad en algo, y es que la exigencia de exponer de manera oral los reproches frente a los pronunciamientos judiciales no ha desaparecido, pues, se reitera, las medidas tomadas por el Gobierno Nacional son temporales debido a la emergencia sanitaria, adem\u00e1s, por motivos de salubridad p\u00fablica, la oralidad actualmente no es indispensable, por eso es que, por ahora los recurrentes deben presentar sus disensos de manera escrita. <\/p>\n
5.5. Bajo esa perspectiva, en vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020, si desde el umbral de la interposici\u00f3n de la alzada el recurrente expone de manera completa los reparos por los que est\u00e1 en desacuerdo con la providencia judicial, no hay motivo para que el superior exija la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, de lo contrario, si los reproches realizados apenas son enunciativos, desde luego, el juez deber\u00e1 ordenar el agotamiento de esa formalidad, conforme lo previsto en la normatividad se\u00f1alada. <\/p>\n
5.6. Como se recuerda, en el caso concreto, la apoderada judicial del Laboratorio de Patolog\u00eda y Citolog\u00eda SAS interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia del 16 de noviembre de 2021, y por escrito expuso cada una de las inconformidades por las que estimaba deb\u00eda revocarse esa decisi\u00f3n; luego, en auto del 6 de diciembre de 2021, el Tribunal accionado admiti\u00f3 el remedio vertical, advirtiendo expresamente que le imprim\u00eda el tr\u00e1mite que para el mecanismo incoado se\u00f1ala el art\u00edculo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020; no obstante, el silencio de la aqu\u00ed inconforme dentro del t\u00e9rmino de traslado de la precitada normativa, produjo la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n de la alzada el d\u00eda 18 de enero del a\u00f1o que avanza, decisi\u00f3n que recurrida, se mantuvo en providencia del 14 de febrero siguiente. <\/p>\n
5.7. En esas condiciones, no puede desconocerse, entonces, que err\u00f3 la Colegiatura convocada al declarar desierta la apelaci\u00f3n propuesta por la parte demandada, ac\u00e1 interesada, por ausencia de sustentaci\u00f3n, dado que desde la interposici\u00f3n de dicho medio aqu\u00e9lla expuso con detalle las razones por las cuales disent\u00eda de la sentencia de primera instancia proferida dentro del asunto objeto de revisi\u00f3n constitucional; y como ese escrito se hallaba dentro del expediente, la Sala Civil Familia de Decisi\u00f3n criticada pudo tener por agotada la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, y de esta manera, dar prelaci\u00f3n al derecho sustancial sobre las formas, por virtud del principio de econom\u00eda procesal <\/p>\n
5.8. Respecto al excesivo rigorismo jur\u00eddico, tiene se\u00f1alado la jurisprudencia constitucional, que \u00abpuede estructurarse\u2026 cuando \u2018(\u2026) un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial y por esta v\u00eda, sus actuaciones devienen en una denegaci\u00f3n de justicia\u2019; es decir: <\/p>\n
\u2018el funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realizaci\u00f3n efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicaci\u00f3n en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuaci\u00f3n devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales\u2019 (CC T-352\/12, citada recientemente CSJ STC-2680-2020). <\/p>\n
5.9. Lo hasta aqu\u00ed dicho, encuentra apoyo en un caso reciente de similares contornos, en el cual la Corte consider\u00f3 que: <\/p>\n
6. En conclusi\u00f3n, es claro que ante el defectuoso tr\u00e1mite impartido por la Colegiatura accionada respecto del recurso vertical propuesto por la parte demandada en el litigio tantas veces referido, se justifica la intervenci\u00f3n del Juez de tutela en aras de restablecer la garant\u00eda superior al debido proceso que le fue conculcada a \u00e9sta, por lo que se dejar\u00e1 sin valor ni efecto las providencias cuestionadas, para que la citada autoridad proceda nuevamente a tramitar, en lo que corresponda, el mencionado remedio, en cuya resoluci\u00f3n, adem\u00e1s, deber\u00e1 garantizar el respeto al derecho fundamental al debido proceso y la garant\u00eda de defensa que le asiste a la contraparte de la aqu\u00ed accionante, para poder manifestarse frente a la apelaci\u00f3n presentada, sin perjuicio claro est\u00e1, que bajo las mismas consideraciones aqu\u00ed expuestas, se d\u00e9 curso al mecanismo presentado por el precitado extremo, de considerarse que la sustentaci\u00f3n que hizo a su alzada ante el juez de primera instancia cumple con los requisitos para ello, y que oportunamente se elev\u00f3 el respectivo reclamo por la omisi\u00f3n de tr\u00e1mite al mecanismo. <\/p>\n
7. Resta se\u00f1alar, que lo expuesto releva a la Sala de emitir pronunciamiento sobre los puntuales reclamos elevados por la sociedad gestora, ya que la informalidad y oficiosidad, que entre varios principios rigen a este mecanismo excepcional, habilitan al juez de tutela para analizar la situaci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de la exposici\u00f3n f\u00e1ctica que se le haga en la demanda, y para proceder con independencia de lo puntualmente pretendido, pues \u00abdado el car\u00e1cter informal de la acci\u00f3n de tutela y como quiera que su objetivo es la materializaci\u00f3n efectiva de los derechos fundamentales que estime comprometidos el juez al valorar la situaci\u00f3n que se le puso en conocimiento, y a trav\u00e9s de ella guarda la integridad y la supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n, la Corte ha admitido que este resuelva los asuntos sin ce\u00f1irse estricta y forzosamente (i) a las situaciones de hecho relatadas en la demanda; (ii) a las pretensiones del actor; ni (iii) a los derechos invocados por este, como si tendr\u00eda que hacerlo en otro tipo de causas judiciales. <\/p>\n
Es el juez quien debe (i) establecer los hechos relevantes y, en caso de no tenerlos claros, indagar por ellos; (ii) adoptar las medidas que estime convenientes y efectivas para el restablecimiento del ejercicio de las garant\u00edas ius fundamentales; y (iii) precisar y resguardar todos los derechos que advierta comprometidos en determinada situaci\u00f3n. Al hacerlo e ir m\u00e1s all\u00e1 de lo expuesto y lo pretendido en el escrito de tutela, el juez emplea facultades ultra y extra petita, que son de aquellas \u201cfacultades oficiosas que debe asumir de forma activa, con el fin de procurar una adecuada protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las personas\u201d. <\/p>\n
El uso de tales facultades, no solo implica una posibilidad para el juez de tutela, pues est\u00e1 obligado a desplegarlas cuando el asunto en cuesti\u00f3n lo amerita (CC T-015\/19)\u00bb (STC299-2021). <\/p>\n
8. Por todo lo expuesto, se conceder\u00e1 la salvaguarda pretendida con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONCEDE el amparo incoado por el Laboratorio de Patolog\u00eda y Citolog\u00eda SAS -Citosalud SAS. En consecuencia: <\/p>\n
PRIMERO. Se dispone a DEJAR sin valor ni efecto la providencia proferida el 14 de febrero del corriente a\u00f1o por la Sala Civil Familia de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en el marco del proceso verbal de responsabilidad m\u00e9dica identificado con el consecutivo 2020-00159-02, as\u00ed como las dem\u00e1s que dependan de ella. <\/p>\n
SEGUNDO. Se ORDENA a la aludida Corporaci\u00f3n, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, proceda a resolver nuevamente el recurso propuesto por la aqu\u00ed interesada contra el auto que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia dictada el 16 de noviembre de 2021 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales, dentro del litigio de marras, teniendo en cuenta las consideraciones vertidas en el presente fallo. <\/p>\n
TERCERO. Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC2784-2022 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC2784-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00618-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62006","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62006","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62006"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62006\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62006"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62006"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62006"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}