STC2786-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2786-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00636-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Luz Alba Caldas Pinz\u00f3n contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Octavo de Familia de la misma localidad, as\u00ed como la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, el Fondo de Prestaciones Econ\u00f3micas, Cesant\u00edas y Pensiones de Bogot\u00e1 -Foncep, las partes e intervinientes de la acci\u00f3n excepcional que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora de la salvaguarda reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n, a la seguridad social y al m\u00ednimo vital, presuntamente conculcado por la autoridad judicial accionada, con ocasi\u00f3n del fallo de segundo grado emitido en el marco de la salvaguarda que formul\u00f3 contra el Fondo de Prestaciones Econ\u00f3micas, Cesant\u00edas y Pensiones de Bogot\u00e1 -Foncep, y, la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, con radicado 2021-00854. <\/p>\n
Solicita entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene a la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, \u00abemita fallo de tutela que obligue [al] (\u2026) FONCEP a resolver [su] tr\u00e1mite pensional de forma inmediata pues el t\u00e9rmino de respuesta [ya feneci\u00f3]\u00bb. <\/p>\n
2. Para sustentar dicha s\u00faplica aleg\u00f3 la inconforme, en s\u00edntesis, que luego de los traslados efectuados por Colpensiones y la UGPP, el FONCEP le puso de presente que su petici\u00f3n de reconocimiento pensional por vejez hab\u00eda sido radicada ante ese entidad el d\u00eda 13 de septiembre de 2021, bajo el consecutivo ID421257; que vencido el t\u00e9rmino oportuno para resolver lo pertinente, sin que aqu\u00e9lla se pronunciara, interpuso acci\u00f3n de tutela, correspondi\u00e9ndole su conocimiento al Juzgado Octavo de Familia de esta capital, quien en sentencia adiada 28 de enero del a\u00f1o en curso desestim\u00f3 la protecci\u00f3n instada, porque supuestamente el t\u00e9rmino para resolver sobre la nombrada prerrogativa no se encontraba vencido al momento de la interposici\u00f3n del amparo, determinaci\u00f3n mantenida en sede de impugnaci\u00f3n por la Sala de Familia del Tribunal enjuiciado, circunstancia que a todas luces, dice, vulnera los bienes jur\u00eddicos primarios invocados, comoquiera que el ad quem no revis\u00f3 en debida forma lo concerniente al t\u00e9rmino con el que contaba el citado Fondo para responder su solicitud pensional. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 25 de febrero de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Magistrado Sustanciador de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, adem\u00e1s de remitir el link de acceso al expediente contentivo de la acci\u00f3n excepcional objeto de an\u00e1lisis, expuso, en suma, que \u00ab[e]l 15 de febrero de 2022, se discuti\u00f3 y aprob\u00f3 en Sala (\u2026) la decisi\u00f3n mediante la cual se resolvi\u00f3 \u2018CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de enero de 2022 por el JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE BOGOT\u00c1\u2019, con fundamento en la prematurez en la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, pues tal como se dijo en la motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n: \u2018(\u2026) a la fecha de presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional -el 16 de diciembre de 2021, – que es el momento en el que se puede determinar si la censura constitucional tiene un sustento f\u00e1ctico que habilite para interponer la acci\u00f3n de tutela tendiente a acreditar la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n-, a\u00fan no hab\u00eda vencido el plazo de ley concedido a la entidad para resolver el asunto\u2019. <\/p>\n
El 17 de febrero de 2022, LUZ ALBA CALDAS PINZ\u00d3N solicit\u00f3 ante este despacho: \u2018se REEVALUE Dicho fallo de tutela toda vez que est\u00e1 en riesgo mi m\u00ednimo vital, derecho de petici\u00f3n, seguridad social y debido proceso (\u2026)\u2019, solicitud que fue despachada en forma desfavorable, mediante auto del 25 de febrero de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 285 del C\u00f3digo General del Proceso que, al respecto, prev\u00e9: \u2018La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunci\u00f3\u2019. <\/p>\n
b. A su turno, la titular del Juzgado Octavo de Familia de la misma metr\u00f3poli, quien tambi\u00e9n remiti\u00f3 copia digital de las diligencias base de la s\u00faplica, se limit\u00f3 a realizar una s\u00edntesis del tr\u00e1mite acontecido con ocasi\u00f3n de la contienda excepcional plurimencionada, sin hacer una puntual reflexi\u00f3n frente a los hechos y pretensiones enlistados en el escrito introductorio. <\/p>\n
c. Por su parte, el Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica del Fondo de Prestaciones Econ\u00f3micas Cesant\u00edas y Pensiones- FONCEP, se\u00f1al\u00f3 en lo fundamental, que \u00aben materia de reconocimiento y pago de prestaciones econ\u00f3micas, existe norma legal que establece el plazo para resolver las solicitudes relacionadas a pensi\u00f3n la cual se encuentra establecida en el art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 700 de 2001: \u2018A partir de la vigencia de la presente ley, los operadores p\u00fablicos y privados del sistema general de pensiones y cesant\u00edas, que tengan a su cargo el reconocimiento del derecho pensional, tendr\u00e1n un plazo no mayor de seis (6) meses a partir del momento en que se eleve la solicitud de reconocimiento por parte del interesado para adelantar los tr\u00e1mites necesarios tendientes al pago de las mesadas correspondientes.\u2019 <\/p>\n
En consecuencia la entidad se encuentra en t\u00e9rmino para adelantar los tr\u00e1mites necesarios tendientes al pago de las mesadas correspondientes de la se\u00f1ora Luz Alba Caldas Pinz\u00f3n\u00bb, situaci\u00f3n por la cual, solicita la denegaci\u00f3n de la salvaguarda inquirida. <\/p>\n
d. Al momento del registro del fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite. <\/p>\n
Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. 4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. 4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. 4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. 4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. 4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
3. Aqu\u00ed, tras realizarse el correspondiente escrutinio a la demanda de resguardo constitucional presentada por la se\u00f1ora Luz Alba, se revela sin asomo de duda que la misma debe desestimarse, habida cuenta que, como arriba se dej\u00f3 establecido, su objetivo es atacar la sentencia emitida el 15 de febrero de los corrientes por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que mantuvo inc\u00f3lume la decisi\u00f3n del 17 de enero anterior del Juzgado Octavo de Familia de la misma ciudad, de desestimar el auxilio invocado en el marco de otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la presente instaurada por aqu\u00e9lla contra Colpensiones y Foncep, cuesti\u00f3n que comporta se\u00f1alar, entonces, desemboca en la causal de improcedencia de la que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues, por dem\u00e1s, no se evidencia la ocurrencia de la hip\u00f3tesis prevista en el punto 4.6.2.2. de la providencia citada l\u00edneas atr\u00e1s, esto es, el \u00abfen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta\u00bb, para que de manera excepcional\u00edsima se autorice la intervenci\u00f3n de un segundo juez de tutela. <\/p>\n
4. T\u00e9ngase en cuenta adem\u00e1s, que la jurisprudencia ha insistido en que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el se\u00f1alado mecanismo excepcional, su impugnaci\u00f3n o la etapa del incidente de desacato, no es un nuevo instrumento de la misma naturaleza el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto, toda vez que con ese fin el legislador dise\u00f1\u00f3 la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional, escogencia que puede solicitar a trav\u00e9s de la Defensor\u00eda del Pueblo, con el recurso de insistencia previsto en el art\u00edculo 33 del citado decreto1, \u00fanico mecanismo procesal que es factible de interponerse o solicitarse ante el funcionario habilitado para el efecto. <\/p>\n
En este sentido, la Sala ha se\u00f1alado que proceder de esta manera \u00abevita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ, STC1422-2021). <\/p>\n
5. Son entonces, las anteriores razones suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 llamado al fracaso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
HILDA G\u00d3NZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Reglamentado en el Acuerdo No 05 de 1992, emanado de la Corte Constitucional. <\/p>\n
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