STC2789-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2789-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00476-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve (9) de marzo de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (09) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Hernando Narciso Albor Salazar en nombre propio y como apoderado judicial de Guillermo Alfonso Robles Ram\u00edrez, contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 la Sala Civil Familia de esa Colegiatura, al Juzgado Trece Civil del Circuito de esa ciudad, a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Atl\u00e1ntico, as\u00ed como a las partes y dem\u00e1s intervinientes de la actuaci\u00f3n penal a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Aunque no lo espec\u00edfica, del an\u00e1lisis integral del escrito de tutela se infiere, que lo perseguido por el actor es que se deje sin valor ni efecto el auto proferido el 3 de noviembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, que confirm\u00f3 la precitada decisi\u00f3n de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que se decret\u00f3 la preclusi\u00f3n de la referida indagaci\u00f3n, tras considerar que el indiciado, en su condici\u00f3n de titular del Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla, no hab\u00eda incurrido en la conducta t\u00edpica que el denunciante Jos\u00e9 Rafael Robles Ram\u00edrez le atribuy\u00f3, supuestamente cometida en el marco del proceso ejecutivo hipotecario que Helm Trust S.A.S. tramit\u00f3 contra \u00e9sta. <\/p>\n
Sostiene que en la precitada decisi\u00f3n se desconoci\u00f3 que el mencionado juez no hab\u00eda integrado el \u00ablitis consorcio necesario\u00bb con Elba Rosa Ram\u00edrez de Robles, pese a ser c\u00f3nyuge del ejecutado, lo que llev\u00f3 al remate del inmueble objeto de garant\u00eda, sin permitirle a \u00e9sta ser escuchada y vencida en juicio, \u00ablo cual se hubiese evitado si el comportamiento omitido por el se\u00f1or juez hubiese sido ejecutado\u00bb, esto es, si hubiera decretado la nulidad del proceso conforme se lo solicit\u00f3 \u00e9l como apoderado de la se\u00f1ora Ram\u00edrez de Robles. <\/p>\n
Afirma que contrario a lo sostenido en las anotadas decisiones, la conducta del juzgador fue t\u00edpica, s\u00ed fundament\u00f3 su inconformidad contra lo determinado, y, s\u00ed tambi\u00e9n se interes\u00f3 por desvirtuar la legalidad de lo actuado dentro de la ejecuci\u00f3n, pero el Juez Penal Municipal con Funci\u00f3n de Garant\u00edas de Barranquilla \u00abrechaz\u00f3\u00bb su solicitud de dejar sin efectos la ejecuci\u00f3n, decisi\u00f3n que apel\u00f3 y fue confirmada \u00aben el mes de octubre de 2019\u00bb por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento, \u00abcuando ya se hab\u00eda rematado el inmueble y se hab\u00eda construido dentro del mismo un edificio\u00bb <\/p>\n
Finalmente asegura, que en el prove\u00eddo de la Sala de Casaci\u00f3n Penal se orden\u00f3 compulsar copias en su contra con destino a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Atl\u00e1ntico para que se le investigue, lo cual le \u00abproduce da\u00f1os patrimoniales y morales que no est\u00e1 obligado a soportar\u00bb, situaciones que, en su criterio, justifican la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor y de Elba Rosa Ram\u00edrez de Robles, su representada dentro de la citada ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 1\u00ba de marzo hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a). El Fiscal Primero Delegado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla se\u00f1al\u00f3, que el aqu\u00ed interesado intervino dentro de la actuaci\u00f3n cuestionada como apoderado judicial de la v\u00edctima Jos\u00e9 Rafael Robles Ram\u00edrez, decurso que inici\u00f3 debido a la denuncia presentada por \u00e9ste contra Libardo Le\u00f3n L\u00f3pez, Juez Trece Civil del Circuito de Barranquilla, por el delito de prevaricato por acci\u00f3n presuntamente ocurrido dentro de un proceso ejecutivo hipotecario donde el denunciante era demandado. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que mediante prove\u00eddo del 23 de abril de 2021, la Sala Penal del Tribunal Superior de ese distrito judicial accedi\u00f3 a precluir la indagaci\u00f3n por atipicidad de la conducta, determinaci\u00f3n que apel\u00f3 el apoderado de Jos\u00e9 Rafael Robles Ram\u00edrez, aqu\u00ed accionante, y que confirm\u00f3 el 3 de noviembre siguiente la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, prove\u00eddo \u00e9ste en el que adem\u00e1s se orden\u00f3 remitir copias del tr\u00e1mite con destino a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Atl\u00e1ntico, \u00abcon el objeto de que se indague la eventual comisi\u00f3n de una falta disciplinaria, por parte del accionante, quien manifestara en esa audiencia que la actuaci\u00f3n de las partes y del Tribunal eran dolosas, lo que pod\u00eda configurar un trato irrespetuoso\u00bb. <\/p>\n
b). La Oficina de Apoyo a los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma urbe, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir la versi\u00f3n digitalizada del expediente del proceso objeto de reproche. <\/p>\n
c). La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Magistrada ponente de la decisi\u00f3n cuestionada a esa autoridad, puso de presente que la misma se tom\u00f3 \u00abpor no existir la m\u00e1s m\u00ednima evidencia de que el auto del 12 de julio de 2013 es violatorio de la Ley, mucho menos que lo sea de manera manifiesta\u00bb, por lo que el asunto no cumple con el requisito de la inmediatez; adem\u00e1s, no se cometi\u00f3 ninguna irregularidad dentro del proceso, no se enunciaron los supuestos defectos o vicios de lo decidido, y, el actor no aport\u00f3 el poder especial que lo legitime para actuar en representaci\u00f3n de Jos\u00e9 Rafael Robles Ram\u00edrez. <\/p>\n
d). Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado otros pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que suscita la atenci\u00f3n de la Corte, el abogado Hernando Narciso Albor pretende a trav\u00e9s de este mecanismo especial, que se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Penal revocar el auto del 3 de noviembre de 2021, con que mantuvo la decisi\u00f3n del 23 de abril anterior de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, de precluir la indagaci\u00f3n seguida contra Libardo Le\u00f3n L\u00f3pez por el delito de prevaricato por acci\u00f3n, decurso donde interviene como apoderado judicial de la v\u00edctima Jos\u00e9 Rafael Ram\u00edrez, pues en su sentir, lo definido emergi\u00f3 de la inobservancia de las pruebas y las normas aplicables al caso, y, no debi\u00f3 ordenarse el env\u00edo de copias para que la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Atl\u00e1ntico lo investigue disciplinariamente. <\/p>\n
3. No obstante, revisado el escrito de tutela y sus anexos, as\u00ed como los informes y las piezas procesales allegadas, observa la Corte que la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
3.1. Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 contemplan como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales derivada de actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o son terceros con inter\u00e9s. <\/p>\n
Descendiendo al caso concreto, se advierte que el togado aqu\u00ed interesado, Hernando Narciso Albor Salazar, aunque dice actuar en nombre propio, \u00abporque esta sentencia tambi\u00e9n me perjudica dentro del proceso penal que sigui\u00f3 la Fiscal\u00eda General de la naci\u00f3n contra el doctor LIBARDO LE\u00d3N L\u00d3PEZ Juez Trece Civil del Circuito por el presunto delito de prevaricato por acci\u00f3n\u00bb, no es parte ni tercero con inter\u00e9s reconocido en el sumario penal que concita la atenci\u00f3n de esta Corte, por lo que carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar, en sede de tutela, lo actuado en la susodicha controversia y pedir se impartan \u00f3rdenes tendientes a dejar sin efecto decisiones all\u00ed tomadas, pues tal y como lo ha sostenido de tiempo atr\u00e1s la Sala, \u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9l tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal\u00bb (STC458-2021). <\/p>\n
Al punto es preciso memorar, que los profesionales del derecho no se encuentran autorizados legalmente para alegar vulneraci\u00f3n de sus propios \u00abderechos\u00bb en las controversias en que act\u00faan en nombre de otros, pues no se puede comunicar la violaci\u00f3n de normas superiores en defensa de intereses que le son ajenos, ello si se tiene en cuenta que \u00abla persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (CSJ STC3938-2021). <\/p>\n
3.2. Por otra parte, aunque al subsanarse el escrito inicial el citado togado alleg\u00f3 un mandato especial conferido por Guillermo Alfonso Robles Ram\u00edrez, hijo de la v\u00edctima Elba Rosa Ram\u00edrez de Robles, quien falleci\u00f3 el 24 de junio de 2020, y fungi\u00f3 como obligada dentro del proceso ejecutivo hipotecario fallado en su contra por el procesado en calidad de Juez Trece Civil del Circuito de Barranquilla, quien, dice, dict\u00f3 \u00abuna sentencia con una motivaci\u00f3n falsa en la cual su fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico de sus decisiones se crey\u00f3 que hay (sic) reposa la legitimidad de su \u00f3rbita funcional que no es otra cosa que un defecto material y sustantivo, al decidirse en una evidente y clara contradicci\u00f3n entre los fundamentos y la decisi\u00f3n, y lo que es peor, en esta sentencia de marras se desconoce el precedente jur\u00eddico\u00bb; observa la Sala la improcedencia de la protecci\u00f3n solicitada por incumplirse con el presupuesto general de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que en un acto constitutivo de incuria, se desaprovecharon los medios que proced\u00edan ante el juez natural para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, dado que no pueden pretender ahora subsanar su propia incuria a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque al recaer la inconformidad del se\u00f1or Guillermo Alfonso en la decisi\u00f3n de precluir la indagaci\u00f3n de marras, por cuanto en su sentir, su progenitora fue v\u00edctima de las malas decisiones tomadas por el investigado como Director de la ejecuci\u00f3n seguida en contra de \u00e9sta, por lo que debe ser sancionado, ha debido hacerse parte en ese decurso como sucesor de los intereses de aqu\u00e9lla, para apelar la decisi\u00f3n de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barraquilla que precluy\u00f3 la indagaci\u00f3n seguida contra el mentado funcionario judicial el 23 de abril de 2021, conforme lo permiten el art\u00edculo 176 y el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 177 de la Ley 906 de 2004, pero como ello no ocurri\u00f3 as\u00ed, mal podr\u00eda ahora el juez de tutela entrar a modificar o invalidar lo resuelto para que se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque el aqu\u00ed inconforme no utiliz\u00f3 la herramienta que contemplaba la normatividad adjetiva, pues tal y como lo ha se\u00f1alado de tiempo atr\u00e1s la Sala, \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC306-2021). <\/p>\n
3.3. Finalmente, frente a la inconformidad del accionante Hernando Narciso por la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n se compulsar copias a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Atl\u00e1ntico, para que \u00abindague la eventual comisi\u00f3n de una falta disciplinaria\u00bb de su parre, basta con se\u00f1alar que lo determinado no se observa como el resultado de un actuar desconectado de la normativa, por lo que no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n invoca aqu\u00e9l, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
En la mentada decisi\u00f3n, la Corporaci\u00f3n accionada observ\u00f3, que \u00abel apelante solicit\u00f3 se compulsaran copias de la actuaci\u00f3n para que se investigara a la procuradora judicial porque considera que su concepto como no recurrente indujo en error al Tribunal incurriendo en un fraude procesal\u00bb, frente a lo cual consider\u00f3, que \u00abla Corte discrepa de esa consideraci\u00f3n al punto que muchos de los argumentos planteados por la delegada del Ministerio P\u00fablico fueron acogidos en la presente decisi\u00f3n; por tanto, se deniega la solicitud, m\u00e1s a\u00fan cuando el interesado, como cualquier ciudadano, puede acudir directamente a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n a denunciar los hechos que puedan constituir delitos (art. 67 C.P.P.). <\/p>\n
Esta premisa le permiti\u00f3 a la Corte razonar que, \u00abpor el contrario, se remitir\u00e1n copias del tr\u00e1mite con destino a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Atl\u00e1ntico, como lo solicit\u00f3 la procuradora judicial, con el objeto de que indague la eventual comisi\u00f3n de una falta disciplinaria por parte del abogado recurrente cuando afirm\u00f3 que la actuaci\u00f3n de aquella, de las partes y del Tribunal en la audiencia de preclusi\u00f3n todas eran \u00abdolosas\u00bb, lo que podr\u00eda configurar un trato irrespetuoso\u00bb. <\/p>\n
De este modo, el mero disentimiento del accionante con lo considerado por la Colegiatura convocada, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, m\u00e1xime cuando \u00e9sta tras encontrar infundadas las afirmaciones del gestor frente a la Delegada del Ministerio P\u00fablico, a quien acus\u00f3 de inducir en error al Tribunal a quo, incurriendo en fraude procesal, afirmando que existi\u00f3 una actuaci\u00f3n \u00abdolosa\u00bb de parte de \u00e9sta, las partes y el Tribunal en la audiencia de preclusi\u00f3n, consider\u00f3, por el contrario, que tales acusaciones configuraban un trato irrespetuoso de su parte, que justificaba una investigaci\u00f3n por parte de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial competente. <\/p>\n
4. Colorario de lo expuesto, habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC2789-2022 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC2789-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00476-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve (9) de marzo de dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D.C., nueve (09) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Hernando […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62010","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62010","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62010"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62010\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62010"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62010"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62010"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}