STC2804-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2804-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-00684-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Leonidas Mar\u00edn Villamil, Gladis Gonz\u00e1lez Rodas, Ver\u00f3nica y Jhon Alexander Mar\u00edn Gonz\u00e1lez, frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los Juzgados Doce Civil del Circuito y Dieciocho Laboral, ambos de esa misma urbe, as\u00ed como las partes y los intervinientes del litigio de responsabilidad civil extracontractual a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los interesados a trav\u00e9s de apoderado judicial, exigen la protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, presuntamente quebrantada por la colegiatura criticada, con las decisiones a trav\u00e9s de las cuales, en su orden, se declar\u00f3 la falta de competencia, ordenando remitir las diligencias a los juzgados laborales del circuito de Cali, luego de invalidar la sentencia de primer grado; y, se mantuvo esa determinaci\u00f3n en sede horizontal, en el marco del juicio de responsabilidad civil extracontractual que instauraron contra la Constructora Alpes SA, identificado con el consecutivo 76001310301220160034500. <\/p>\n
Por lo anterior, solicitan de manera concreta, que \u00abse deje[n] sin efecto las providencias d[e] 12 de noviembre de 2021 y (\u2026) 19 de enero de 2022, (\u2026) ordenando la continuaci\u00f3n del proceso en la competencia civil\u00bb. <\/p>\n
2. Del escrito presentado por los accionantes, se tiene como fundamento f\u00e1ctico de su pretensi\u00f3n, que a la luz del juicio memorado, el Juzgado Doce Civil del Circuito de Cali mediante sentencia calendada 10 de marzo de 2020, estim\u00f3 las pretensiones por ellos instadas, declarando civilmente responsable a la Constructora Alpes S.A. por el accidente que sufri\u00f3 el se\u00f1or Leonidas Mar\u00edn Villamil el 5 de diciembre de 2008; que inconforme con esa determinaci\u00f3n, el extremo pasivo la apel\u00f3, recurso que fue admitido en auto de 19 de enero de 2021. <\/p>\n
Alega que luego de haberse sustentado el mecanismo vertical mismo y presentadas las correspondientes r\u00e9plicas, el Tribunal Superior de Cali dispuso a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 12 de noviembre de 2021, \u00abdeclarar la falta competencia para conocer del asunto y, en consecuencia, remite el expediente a los Juzgados Laborales del Circuito\u00bb, luego de esgrimir al efecto, que \u00abla demanda tiene su g\u00e9nesis, (\u2026) en una responsabilidad civil extracontractual acaecida como consecuencia de un accidente sufrido por el se\u00f1or (\u2026) Mar\u00edn Villamil mientras laboraba ejerciendo su ocupaci\u00f3n de obrero dentro de un proyecto de construcci\u00f3n de obra cuya beneficiaria era la Constructora Alpes S.A.\u00bb, decisi\u00f3n que atac\u00f3 sin \u00e9xito en reposici\u00f3n, pues se mantuvo en auto de 12 de enero de los corrientes, circunstancia por la que acuden a la presente v\u00eda excepcional, pues no cuentan con otro mecanismo de defensa judicial efectivo para la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Magistrado Sustanciador de la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, adem\u00e1s de remitir copia digital de los autos objeto de las cr\u00edticas, puso de presente que lo decidido se encuentra en el \u00abmarco de la constitucionalidad y legalidad y, no vulneran derecho fundamental alguno\u00bb, pues lo cierto es, que \u00aba pesar de haberse adelantado el proceso como una responsabilidad civil extracontractual por parte del juzgado que conoci\u00f3 en primera instancia, se trata es de una responsabilidad patronal contemplada en la normatividad laboral, lo cual se puede colegir, inclusive, de las propias manifestaciones de los demandantes en su escrito de demanda, muy a pesar de que quisieran encausarla por el lado de la responsabilidad civil. <\/p>\n
Ahora, independientemente de que la juez de primer grado haya resuelto, en su criterio, que la excepci\u00f3n previa presentada en tal sentido no saliera avante, no significa ello que esta colegiatura deba abstenerse de advertir la irregularidad que finalmente dio lugar a proferir el auto ahora reprochado, pues en realidad (\u2026), la falta de competencia declarada devino del factor funcional y esta es de aquellas que resultan insaneables o improrrogables de conformidad con el art. 16 del C.G.P.\u00bb <\/p>\n
b. Al momento del registro del proyecto, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; ahora, trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a las puntuales quejas enrostradas en contra de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, se observa que en el presente asunto el descontento de los gestores de la salvaguarda radica, espec\u00edficamente, en que dicha Colegiatura con fundamento en lo normado en el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, mediante prove\u00eddo del 12 de noviembre de 2021, declar\u00f3 la falta de competencia para conocer del recurso de alzada propuesto contra la sentencia de primer grado proferida el 10 de marzo de 2020 por el Juzgado Civil del Circuito de esa localidad, al interior del proceso verbal de responsabilidad extracontractual que adelantaron frente a la Constructora Los Alpes SA, por cuanto en su criterio, esa tem\u00e1tica fue planteada como excepci\u00f3n previa por el extremo demandado, y declarada infundada en la oportunidad procesal pertinente, as\u00ed como reiterada sin \u00e9xito en la nulidad propuesta por el llamado en garant\u00eda, por lo que mal puede el ad quem en sede de alzada revivirla, m\u00e1xime cuando lo pretendido en el decurso el es reconocimiento de los perjuicios sufridos por los demandantes con ocasi\u00f3n del accidente sufrido por el se\u00f1or Leonidas Mar\u00edn Villamil al caer al vac\u00edo desde el quinto piso de una edificaci\u00f3n en construcci\u00f3n de propiedad de la demandada, sufriendo graves traumatismos, y no si \u00e9ste ten\u00eda alg\u00fan tipo de v\u00ednculo laboral con \u00e9sta, por ser claro que el citado al momento del siniestro desarrollaba su actividad como maestro de obra, como trabajador de la Cooperativa de Trabajo Asociado FIDES, la cual hab\u00eda sido contratada por la constructora accionada. <\/p>\n
3. Pues bien, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios probatorios obrantes en las presentes diligencias, observa esta Sala de Casaci\u00f3n Civil que surge patente la procedencia del amparo reclamado, por las razones que a continuaci\u00f3n se anotan: <\/p>\n
3.1. Adelantado el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Doce Civil del Circuito de Cali mediante sentencia dictada el 10 de marzo de 2020, y luego de establecer que las excepciones planteadas por la sociedad demandada y la llamada en garant\u00eda Axa Colpatria Seguros SA, entre ellas, \u00abI. COSA JUZGADA RESPECTO DE LA JURISDICCION COMPETENTE PARA CONOCER DE ESTE ASUNTO. (SENTENCIA ANTICIPADA)\u00bb, no se encontraban probadas, \u00ab[d]eclar\u00f3 civilmente responsable a la (\u2026) CONSTRUCTORA ALPES S.A, respecto de los perjuicios ocasionados al demandante\u00bb, y en consecuencia, lo conden\u00f3 al pago de los mismos (para el se\u00f1or Leonidas Mar\u00edn Villamil, en la modalidad de lucro cesante estructurado y futuro, la suma de $138\u2019861.893 y por concepto de perjuicios morales $40\u2019000.000; por ese \u00faltimo concepto, para la se\u00f1ora Gladis Gonz\u00e1lez Rodas $15\u2019000.000, para John Alexander Mar\u00edn Gonz\u00e1lez $5\u2019000 000 y para Ver\u00f3nica Mar\u00edn Gonz\u00e1lez $5\u2019000.000); por otro lado, declar\u00f3 probado el medio de defensa interpuesto por la llamada en garant\u00eda denominado \u00abprescripci\u00f3n derivada el contrato de seguros [e] inexistencia de la obligaci\u00f3n de indemnizar por falta de cobertura del evento\u00bb y, conden\u00f3 en costas al extremo vencido. <\/p>\n
3.2. Contra esa determinaci\u00f3n, la nombrada constructora promovi\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, el que fue admitido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, mediante providencia calendada 19 de enero de 2021. <\/p>\n
3.3. En auto de 6 de julio postrero, se prorrog\u00f3 \u00abel t\u00e9rmino para dictar sentencia de segunda instancia, por seis (6) meses m\u00e1s, contados a partir del fenecimiento del lapso [inicial] (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3.4. Ya en prove\u00eddo de 12 de noviembre siguiente, el ad quem resolvi\u00f3, \u00abPrimero: DECLARAR LA FALTA DE COMPETENCIA para conocer del [mencionado] asunto (\u2026). Segundo: como consecuencia de lo anterior, REM\u00cdTASE el expediente a los Juzgados Laborales del Circuito de esta Ciudad por ser esa especialidad la competente de conocer del [litigio] (\u2026), advirti\u00e9ndose que queda invalidado lo actuado en esta instancia, as\u00ed como la sentencia de primer grado proferida por la juez civil, no obstante, lo anterior a dicha providencia conserva su validez\u00bb, con fundamento en que \u00abla demanda tiene su g\u00e9nesis, seg\u00fan el dicho de los actores, en una responsabilidad civil extracontractual acaecida como consecuencia de un accidente sufrido por el se\u00f1or Leonidas Mar\u00edn Villamil mientras laboraba ejerciendo su ocupaci\u00f3n de obrero dentro de un proyecto de construcci\u00f3n de obra cuya beneficiaria era la Constructora Alpes S.A. aqu\u00ed demandada. Adujo igualmente que, entre dichas partes no exist\u00eda ning\u00fan tipo de relaci\u00f3n laboral pues aquel (sic) se encontraba afiliado a la Cooperativa de Trabajo Asociado FIDES, quien a su vez suministraba a su personal asociado como mano de obra para dicha empresa. <\/p>\n
Bajo esas premisas se puede colegir que, muy a pesar de encausarse la demanda en una responsabilidad civil de car\u00e1cter extracontractual, lo cierto es que la ocurrencia del hecho se fundamenta en un accidente laboral aun cuando se pretenda desconocer la existencia de un v\u00ednculo de tal naturaleza, pues ciertamente la labor que cumpl\u00eda el trabajador en beneficio de la constructora, es de aquellas que esta tiene determinadas dentro de su objeto social seg\u00fan certificado de existencia y representaci\u00f3n legal, aunado a que est\u00e1 confesa la relaci\u00f3n laboral por parte de la accionada. <\/p>\n
N\u00f3tese adem\u00e1s que, la misma parte actora dentro de los hechos de la demanda atribuye la causaci\u00f3n del hecho da\u00f1oso en el incumplimiento de los \u201clineamientos exigidos por la resoluci\u00f3n 3673 de 2008 (trabajo seguro en alturas)\u201d, norma que ineludiblemente refiere a las obligaciones del empleador, tal como lo indic\u00f3 el mismo apoderado dentro del libelo inicial en sus fundamentos de derecho, aduciendo que \u201caspectos cruciales como los contentivos en el art. 3 de la Resoluci\u00f3n 3673 referido a obligaciones y requerimientos, obligaciones del empleador, no fueron tenidas en cuenta; no se capacit\u00f3 a quien desempe\u00f1\u00f3 la labor frente a los riesgos en alturas\u2026\u00bb. Dicho esto, es claro que, a quien corresponde conocer de este conflicto es al juez laboral en virtud del art. 2 del C\u00f3digo de Procedimiento Laboral, juzgador que deber\u00e1 estudiar si le asiste o no a los demandantes la indemnizaci\u00f3n de perjuicios de que trata el art. 216 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo por culpa del empleador, previa declaratoria de la existencia del contrato, de ser el caso. <\/p>\n
Dicha competencia se corrobora aun con el hecho de que, en anterior oportunidad, cuando se present\u00f3 demanda por estos mismos hechos y que fue remitida a esa especialidad, tal competencia no fue desconocida por parte del Juzgado 12 Laboral del Circuito a quien correspondi\u00f3 su conocimiento, contrario sensu, fue asumida por este porque en efecto entendi\u00f3 que era el juez natural para dar el tr\u00e1mite respectivo, pese a que finalmente la demanda fue rechazada. <\/p>\n
Cabe se\u00f1alar adem\u00e1s que, a pesar de haber conocido previamente esta Sede judicial una apelaci\u00f3n de auto y de disponer la admisi\u00f3n de la presente la alzada sin que se advirtiese la presente circunstancia, no es \u00f3bice para declarar en este acto la falta de competencia aludida pues, siendo que dicha ausencia deviene por el factor funcional, esta es de aquellas insaneables o improrrogables tal como lo prev\u00e9 el art. 16 del C.G.P. <\/p>\n
Ahora, de conformidad con la norma en cita y, en consonancia con el art. 138 ibidem, se dispondr\u00e1 el env\u00edo inmediato del expediente a la especialidad laboral competente, advirti\u00e9ndose que lo actuado hasta antes de emitirse el fallo de primera instancia conservar\u00e1 su validez, no as\u00ed respecto de tal providencia, pues ello corresponder\u00e1 al juzgador a quien por reparto corresponda. Tampoco conservar\u00e1 validez, lo hasta aqu\u00ed actuado dentro de la presente alzada\u00bb. <\/p>\n
3.5. Inconformes con lo determinado, los aqu\u00ed interesados interpusieron infructuosamente recurso de reposici\u00f3n, pues en prove\u00eddo del 22 de enero postrero la Colegiatura convocada precis\u00f3, que \u00abel argumento central de la censura insiste en la carencia de un contrato o vinculaci\u00f3n laboral entre el se\u00f1or Leonidas Mar\u00edn y la Constructora Alpes S.A., aludi\u00e9ndose por parte del recurrente como primer fundamento, el hecho de que, de existir tal contrato, el mismo habr\u00eda sido aportado por el apoderado judicial de la parte demandada. <\/p>\n
Y es que, como bien se indic\u00f3 en el auto censurado, son los mismos promotores de la acci\u00f3n judicial quienes atribuyen el da\u00f1o a una omisi\u00f3n o incumplimiento de obligaciones por parte del empleador, contenidas en el art. 3\u00b0 de la Resoluci\u00f3n 3673 de 2008, destacadas por ellos mismos en el libelo genitor, endilgando as\u00ed responsabilidad a la constructora por no atender los lineamientos all\u00ed fijados en el desarrollo de su objeto social que evidentemente realizaba el se\u00f1or Mar\u00edn en su calidad de obrero de construcci\u00f3n. Finalmente ha de decirse que, frente al resto del grupo actor, si bien es cierto no obra de por medio una relaci\u00f3n contractual con la accionada, no es menos cierto que, la pretensi\u00f3n de perjuicios morales est\u00e1 encausada en el mismo hecho da\u00f1oso, producido en la actividad laboral que desempa\u00f1aba su familiar lesionado, de ah\u00ed que, al dilucidarse en la especialidad laboral sobre la responsabilidad patronal de que trata el art. 216 del C.S.T. respecto de aquel, tambi\u00e9n habr\u00e1 lugar a la indemnizaci\u00f3n de perjuicios solicitada por ellos si as\u00ed lo encuentra acreditado el juez competente\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, no cabe duda para la Corte que los anteriores razonamientos resultan censurables por esta v\u00eda, ante un evidente defecto procedimental, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
4.1. En aras de determinar qu\u00e9 autoridad judicial debe conocer de un pleito, incumben calificarse y establecerse los factores funcional, territorial, subjetivo, objetivo y de conexidad; bajo esa \u00f3ptica, concierne destacar que el canon 16 de la Ley 1564 de 2012 establece, que: \u00ab[l]a jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo (\u2026) La falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguir\u00e1 conociendo del proceso. Cuando se alegue oportunamente lo actuado conservar\u00e1 validez y el proceso se remitir\u00e1 al juez competente\u00bb. <\/p>\n
Significa lo anotado, en armon\u00eda con lo dispuesto en el canon 138 ejusdem, que s\u00f3lo la atribuci\u00f3n que se ha fijado con ocasi\u00f3n de los aspectos funcional y subjetivo es improrrogable, por lo que en cualquier estado del proceso se puede subsanar el respectivo yerro, si es que el negocio est\u00e1 siendo tramitado por un operador judicial diferente al que corresponde. <\/p>\n
4.2. En el caso sub examine, tal como se\u00f1alan los promotores, el ad quem no estaba facultado para resolver sobre la falta de competencia en sede de apelaci\u00f3n de la sentencia de primer grado, comoquiera que la argumentaci\u00f3n en que ciment\u00f3 tal determinaci\u00f3n, esto es, que el quid del asunto gravita sobre temas propios de la especialidad laboral y no de responsabilidad civil, es una cuesti\u00f3n relativa al factor objetivo por la naturaleza del conflicto, y no \u00abfuncional\u00bb, el que \u00abobedece a la composici\u00f3n jer\u00e1rquica de los distintos \u00f3rganos que integran la Rama Judicial del Poder P\u00fablico, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 11 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia\u00bb (CSJ STC2802-2020), raz\u00f3n por la cual, err\u00f3 al invalidar lo actuado por falta de competencia funcional, al considerar que a quien corresponde conocer de la controversia es al juez laboral, por ser quien debe estudiar si los demandantes tienen derecho o no a recibir la indemnizaci\u00f3n de perjuicios de que trata el art. 216 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. <\/p>\n
5. S\u00famese a lo elucidado, que dicho debate ya se hab\u00eda surtido con ocasi\u00f3n de las excepciones previas propuestas por el extremo pasivo, y la nulidad invalidez invocada por la llamada en garant\u00edas, quienes protestaron ese aspecto, pero salieron vencidos, porque a m\u00e1s que ha operado el principio denominado perpetuatio jurisdictionis, no hay camino para insistir en la divergencia, pues contrario a lo que suced\u00eda en el anterior r\u00e9gimen, en el actual la \u00abnulidad\u00bb solamente tiene cabida \u00abcuando el juez act\u00fae en el proceso despu\u00e9s de declarar la falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia\u00bb (num. 1\u00ba art. 133). <\/p>\n
6. Colorario de lo discurrido resalta la Sala, que si la situaci\u00f3n de la competencia qued\u00f3 circunscrita realmente al aspecto objetivo, con independencia que se recurriera al funcional, aun cuando ya se estableci\u00f3 que en el presente caso la misma no tiene cabida, no cabe duda que encontr\u00e1ndose el proceso revisado con sentencia de fondo proferida, ya no era atendible la falta de competencia, ni mucho menos, la nulidad indebidamente decretada, haci\u00e9ndose necesaria la concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n implorada, en los t\u00e9rminos que a continuaci\u00f3n se dispensan. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONCEDE la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso a los se\u00f1ores Leonidas Mar\u00edn Villamil, Gladis Gonz\u00e1lez Rodas, Ver\u00f3nica y Jhon Alexander Mar\u00edn Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
En consecuencia, SE DEJA SIN VALOR NI EFECTO el auto pronunciado el 12 de noviembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, y toda actuaci\u00f3n posterior que dependa del mismo, al interior del proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual seguido por Leonidas Mar\u00edn Villamil y otros en contra de la Constructora Alpes SA, con radicado No. 2016-00345; en su lugar, se ORDENA a dicha Corporaci\u00f3n, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores a que se le comunique este prove\u00eddo, siga con el tr\u00e1mite de la alzada interpuesta por la parte demandada frente a la sentencia proferida el 10 de marzo de 2020 por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Oralidad dentro del citado decurso, teniendo en cuenta las consideraciones de la parte motiva de este fallo. <\/p>\n
SEGUNDO: Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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