STC2806-2022 <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2806-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-00069-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 28 de enero de 2022, proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por David Lorenzo Salamanca Ortiz contra los Juzgados Primero y Segundo Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1, el Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial, y, la Superintendencia de Notariado y Registro, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Delegada en Asuntos Civiles y Laborales de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Procurador 238 Judicial I Penal de Bogot\u00e1, el Procurador 28 Judicial II Penal de Bogot\u00e1, la Procuradora 240 Judicial I Penal de Bogot\u00e1, el Personero Delegado en lo Penal II de Bogot\u00e1, la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, la Notar\u00eda 39 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, la Fiscal\u00eda 42 Seccional-Unidad de Vida, la Fiscal\u00eda 172 Unidad Patrimonio Econ\u00f3mico, la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos Zona Sur de Bogot\u00e1, as\u00ed como los ciudadanos Marco V\u00e1zquez, Oscar Gildardo Trujillo, Carlos Gabriel Arag\u00f3n, Yesid Mauricio Lozano y Juan Bernardo Rubiano y las partes e intervinientes del proceso de restablecimiento de derechos a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, a la intimidad, al buen nombre, a la libertad, a la honra, de petici\u00f3n, al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades convocadas, respectivamente, con los tr\u00e1mites y respuestas brindadas frente a la controversia que ante ellas plante\u00f3 por la presunta falsificaci\u00f3n de distintos documentos de cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos litigiosos en los que \u00e9l fung\u00eda como acreedor. <\/p>\n
Requiere entonces, de manera concreta, adem\u00e1s que se suprima su nombre del presente tr\u00e1mite constitucional, a efectos de mantener oculta su identidad, lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab2- Se declare [la] nulidad de la cesi\u00f3n de derechos litigiosos celebrados entre DAVID LORENZO SALAMANCA ORTIZ y OSCAR GILDARDO TRUJILLO NI\u00d1O en los procesos (\u2026) 11001310301320150058100, 11001310301020170000800, 11001310302120120012800, 11001310300620200024800) y la nota posterior, la cual subsana la misma y permite su acreditaci\u00f3n como cesionario del cr\u00e9dito. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
4- Se declaren nulos la totalidad de los estados f\u00edsicos por vulneraci\u00f3n al debido proceso y electr\u00f3nicos expedidos por el Juzgado 6 Civil Circuito de Bogot\u00e1 desde el 10 DE OCTUBRE DE 2020 HASTA LA FECHA. <\/p>\n
5- Se (\u2026) ordene a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n que en el t\u00e9rmino de 48 horas ordene la intervenci\u00f3n de los procesos 11001310303220150123600, 11001310301320150058100, 11001310301020170000800, 11001310302120120012800, 11001310300620200024800, como garant\u00eda de la v\u00edctima. <\/p>\n
7- Se tutelen los derechos a la igualdad debido proceso, vida, integridad, acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia y como consecuencia se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n que en el t\u00e9rmino de 48 horas se pronuncie de fondo respecto de la solicitud dentro de los procesos 11001310303220150123600, 11001310301320150058100, 11001310301020170000800, 11001310302120120012800, 11001310300620200024800 y dentro de las noticias criminales 110016000050202168915, 110016000023201906014, 110016102767201902314. <\/p>\n
8- Se (\u2026) se ordene a la Superintendencia de Notariado y Registro que en el t\u00e9rmino de 48 horas se pronuncie de fondo respecto de la queja disciplinaria presentada en contra de la Notaria 39 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1. <\/p>\n
9- Se ordene a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n que en el t\u00e9rmino de 48 horas ordene proferir resoluci\u00f3n de imputaci\u00f3n dentro de los procesos 110016000050202168915, 110016000023201906014, 110016102767201902314 o por lo menos darle el tr\u00e1mite procesal correspondiente. <\/p>\n
10- Se (\u2026) ordene a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n la inclusi\u00f3n del reconocimiento como v\u00edctima de desplazamiento y la inclusi\u00f3n en el RUV. <\/p>\n
11- Se (\u2026) ordene a la Superintendencia de Notariado y Registro que en el t\u00e9rmino de 48 horas se pronuncie de fondo respecto de la queja disciplinaria presentada contra la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 Zona Sur y su registrador titular. <\/p>\n
12- Se ordene al Juzgado Segundo Civil Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 restituir los derechos de cr\u00e9dito derivados del proceso 11001310301320150058100. <\/p>\n
13- Se ordene al Juzgado Primero Civil Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 restituir los derechos de cr\u00e9dito derivados del proceso 11001310303220150123600. <\/p>\n
14- Se (\u2026) ordene a los Juzgados Primero Civil Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 y Segundo Civil Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 dar respuesta efectiva del Radicado No. 6633-2021 (\u2026). <\/p>\n
19- Se (\u2026) ordene a la Fiscal\u00eda General de la naci\u00f3n a trav\u00e9s de sus delegados soliciten control de legalidad para que en el t\u00e9rmino de 48 horas se ordene la prohibici\u00f3n de la enajenaci\u00f3n de los activos identificados con los n\u00fameros procesales 11001310303220150123600, 11001310301320150058100, 11001310301020170000800, 11001310302120120012800, 11001310300620200024800, de los predios con folios de matr\u00edcula inmobiliaria 50S-40738340, 50S-40738341, 50S-40738342, 50S-40738343, 50S-40738344, 50S-40738339, 166 \u2013 39808\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo y en cuanto resulta relevante para dar soluci\u00f3n a la presente controversia aduce el accionante, que mientras se encontraba recluido en el Hospital Sim\u00f3n Bol\u00edvar en un estado de \u00abincapacidad absoluta\u00bb, a trav\u00e9s de \u00abmaniobras fraudulentas\u00bb realizadas, dice, por el abogado Oscar Giraldo Trujillo, se suscribieron diferentes contratos de \u00abcesi\u00f3n de derechos litigiosos\u00bb, que cuentan con nota de autenticaci\u00f3n de su r\u00fabrica emitida por la Notar\u00eda Treinta y Nueve de esta ciudad, respecto de los procesos ejecutivos por \u00e9l adelantados, y de los cuales conocen en la actualidad los Juzgados Primero y Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Alega que as\u00ed las cosas, el 6 de octubre de 2021 solicit\u00f3 ante tales Despachos que se le brindara toda la informaci\u00f3n acerca del tr\u00e1mite que le fue impreso a las mentadas cesiones en los respectivos litigios compulsivos, as\u00ed como de los sujetos que obraban como cesionarios, por lo que fue citado a la Oficina de Apoyo Judicial el d\u00eda 11 de octubre postrero, visita en la que pudo establecer que algunos de los pleitos hab\u00edan sido terminados por pago total de la obligaci\u00f3n solicitada por quien se hizo reconocer como cesionario de los derechos litigios, y, que en otro caso, se efectu\u00f3 doble cesi\u00f3n. <\/p>\n
Comenta que ante tales circunstancias, propuso los respectivos incidentes de nulidad, los que fueron despachos de manera desfavorable, bajo el argumento de la falta de legitimaci\u00f3n en la causa para proponerlos, por ya no obrar como parte. <\/p>\n
Indica que el abogado Giraldo Trujillo, en \u00faltimas, se apoder\u00f3 de casi $2.689\u2019000.000,oo, circunstancia que denunci\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, y, la Superintendencia de Notariado y Registro, as\u00ed como ante los juzgados de ejecuci\u00f3n referenciados, autoridades \u00e9stas que han hecho caso omiso a sus alegaciones. <\/p>\n
Se\u00f1ala que adem\u00e1s, el mencionado profesional del derecho, en coordinaci\u00f3n con el se\u00f1or Carlos Gabriel Arag\u00f3n Benavides, se \u00abapoder\u00f3\u00bb de la suma de $165\u2019000.000,oo correspondientes a los honorarios fijados a su favor en el proceso con radicado No. 11001310303220190017200, y que este \u00faltimo lo demand\u00f3 coercitivamente en el a\u00f1o 2020, con base en un t\u00edtulo espurio, juicio que fue terminado por desistimiento t\u00e1cito, situaciones todas \u00e9stas por las que acude a la presente v\u00eda excepcional, en busca de la protecci\u00f3n de los bienes jur\u00eddicos invocados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La Procuradora Judicial 240 Penal I de Bogot\u00e1 dijo, en lo fundamental, que la petici\u00f3n elevada por el accionante respecto de la investigaci\u00f3n que se encontraba a cargo de la Fiscal\u00eda 34 Seccional, fue trasladada al Procurador asignado a la Fiscal\u00eda 42 Seccional, comoquiera que la primera, respecto de quien s\u00ed ten\u00eda competencia, fue suprimida. <\/p>\n
b. Por su lado, el Procurador 238 Judicial Penal I dijo, que en vista de la solicitud efectuada por Salamanca Ortiz, procedi\u00f3 el 29 de abril de 2021 a enviar correo electr\u00f3nico a la Fiscal\u00eda 42 Seccional, con el fin de instar a dicha autoridad a dar tr\u00e1mite a los requerimientos del inconforme; que ya el 22 de julio postrero, remiti\u00f3 a dicho ente acusador los documentos que aqu\u00e9l le hab\u00eda enviado y que le correspond\u00eda evaluar al destinatario, por lo que el 14 de septiembre siguiente le inform\u00f3 al petente que se desconoce por parte del funcionario del ministerio p\u00fablico, la falta disciplinaria en que pudieron estar inmiscuidos los funcionarios atacados, poni\u00e9ndole de presente que pod\u00eda elevar directamente la queja de manera personal, motivos por los cuales solicita que se deniegue el amparo, en cuanto corresponde a las quejas elevadas en su contra. <\/p>\n
c. A su turno, el titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de esta ciudad refiri\u00f3, que mediante auto de 4 de septiembre de 2019, requiri\u00f3 a los extremos procesales para que adecuaran el escrito de cesi\u00f3n de derechos litigiosos suscrito por el se\u00f1or David Lorenzo Salamanca Ortiz a favor de Oscar Trujillo, por lo que se alleg\u00f3 un nuevo escrito en el que se indic\u00f3 que la venta correspond\u00eda a una cesi\u00f3n de derechos de cr\u00e9dito, hecho por el cual, se acept\u00f3 la respectiva cesi\u00f3n; que si bien es cierto el 24 de septiembre de 2021 el tutelante promovi\u00f3 incidente de nulidad de dicha actuaciones, el mismo fue rechazado en prove\u00eddo de 5 de noviembre siguiente, por no sustentarse en ninguna de las causales taxativamente se\u00f1aladas en el canon 133 del C\u00f3digo General del Proceso, poni\u00e9ndole de presente al accionante, que deb\u00eda solucionar la controversia suscitada frente a los mentados contratos de cesi\u00f3n ante la justicia ordinaria y penal, resultando improcedente el amparo deprecado, m\u00e1xime cuando ninguna de las decisiones de las que ahora se duele el se\u00f1or David fueron por \u00e9l controvertidas. <\/p>\n
d. De otra parte, el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de esta urbe se limit\u00f3 a manifestar, que si bien conoci\u00f3 del juicio compulsivo seguido por el aqu\u00ed interesado contra Carlos Gabriel Arag\u00f3n Benavides y otros, identificado con el consecutivo 2015-01236, lo cierto es que el mismo fue remitido al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito el 30 de octubre de 2015, por lo que no pod\u00eda emitir ning\u00fan pronunciamiento acerca de las quejas expuestas en la demanda de tutela. <\/p>\n
e. El Juez Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de la citada localidad expres\u00f3, que cada una de las peticiones elevadas por el accionante fue tramitada y resuelta mediante prove\u00eddos emitidos el 21 de octubre del a\u00f1o pasado, ordenando la remisi\u00f3n de la informaci\u00f3n requerida por el interesado, motivo por el cual, de manera alguna ha vulnerado los bienes jur\u00eddicos invocados por \u00e9ste. <\/p>\n
f. La Fiscal\u00eda 172 Seccional de Bogot\u00e1 – Unidad de Fe P\u00fablica y Orden Econ\u00f3mico precis\u00f3, que la investigaci\u00f3n que se abri\u00f3 con ocasi\u00f3n de la denuncia instaurada por el se\u00f1or Salamanca Ortiz por la presunta comisi\u00f3n del delito de falsedad material en documento p\u00fablico agravada por el uso, se encuentra en etapa de indagaci\u00f3n, solicitando su desvinculaci\u00f3n del presente asunto, tras alegar que de manera alguna ha trasgredido los derechos del quejoso. <\/p>\n
g. El titular del Juzgado Sexto Civil del Circuito de esta ciudad inform\u00f3, que el proceso ejecutivo instaurada por el se\u00f1or Carlos Gabriel Arag\u00f3n Benavides frente al aqu\u00ed interesado, identificada con el n\u00famero 2020-00248, termin\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito mediante auto de 7 de octubre de 2021, sin que el aqu\u00ed interesado se hubiera hecho parte. <\/p>\n
h. El Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Unidad para las V\u00edctimas, adem\u00e1s de informar que el se\u00f1or David Lorenzo no se encuentra registrado en el RUV, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente asunto, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en tanto que ninguna injerencia tiene en la controversia planteada por aqu\u00e9l. <\/p>\n
i. La Notar\u00eda Treinta y Nueve del C\u00edrculo de Bogot\u00e1 dijo no tener conocimiento de los hechos narrados por el accionante, m\u00e1xime cuando los documentos que se autentican son devueltos a los solicitantes el mismo d\u00eda en que se cumple tal tr\u00e1mite, quienes acuden de manera voluntaria, y respecto de los cuales se verifica que su firma a trav\u00e9s de la \u00abbiometr\u00eda\u00bb; sin embargo, realizada la respectiva b\u00fasqueda frente a las diligencias que se adelantan, a petici\u00f3n de los usuarios, a domicilio, se encontr\u00f3 que para el 22 de julio de 2019, \u00abfecha de las autenticaciones mencionadas por el accionante, tambi\u00e9n \u00e9ste suscribi\u00f3 una escritura p\u00fablica, firma que se tom\u00f3 a domicilio y cuyo original reposa en los archivos de la Notar\u00eda\u00bb y, que \u00abhan transcurrido m\u00e1s de dos a\u00f1os y sobre dicha escritura a\u00fan no ha recibido notificaci\u00f3n de entidad competente o noticia por parte del se\u00f1or David Lorenzo Salamanca Ortiz, en el sentido de indicar que sobre dicho instrumento tambi\u00e9n se cometi\u00f3 un delito, o que el accionante se encontraba en estado de incapacidad absoluta cuando suscribi\u00f3 la escritura, obrando como apoderado del se\u00f1or Carlos C\u00e1ceres, siendo dicho documento firmado el mismo d\u00eda en que se firmaron los contratos de cesi\u00f3n de derechos litigiosos, aludidos, seg\u00fan el relato del accionante\u00bb. <\/p>\n
j. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial aleg\u00f3, en s\u00edntesis, que ninguna queja formal ha recibido por parte de Salamanca Ortiz, y que si considera que alg\u00fan funcionario o empleado judicial, o un profesional del derecho, ha incurrido en alguna falta de car\u00e1cter disciplinaria, debe interponer la respectiva solicitud. <\/p>\n
k. La Superintendencia de Notariado y Registro aleg\u00f3, en cuanto interesa para el sub examine, haber dado respuesta de fondo a las peticiones del accionante, mismas que no guardan directa relaci\u00f3n con los hechos narrados en el escrito inicial. <\/p>\n
l. El Fiscal 42 Seccional de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3, que \u00abconoce de la noticia criminal No. 110016000023201906014, la cual cursa por el punible de tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego; imparti\u00f3 \u00f3rdenes a polic\u00eda judicial tendientes a localizar testigos presenciales de los hechos, con los cuales se pueda individualizar e identificar al agresor y hasta el momento los resultados son negativos, se localizaron c\u00e1maras de video pero la resoluci\u00f3n es muy deficiente y muy retiradas, lo cual tampoco permite identificar al agresor, las labores de vecindario han resultado negativas y por el momento la hip\u00f3tesis que se maneja es que es un caso evidente de sicariato; agrega que dentro de la presente investigaci\u00f3n la victima se\u00f1or DAVID SALAMANCA, ha enviado diferentes escritos en los cuales ha ampliado el n\u00famero de posibles personas implicadas en los hechos, ya que \u00e9l sospecha de catorce (14) personas diferentes, por diferentes motivos, y producto de lo cual se han impartido \u00f3rdenes a polic\u00eda judicial, as\u00ed mismo, est\u00e1 pendiente de tomar unas entrevistas, y de arrojar resultados positivos, se dar\u00e1n las \u00f3rdenes que se desprendan de las mismas\u00bb. <\/p>\n
m. El se\u00f1or Marco Aurelio V\u00e1squez Ruiz, investigador del CTI adscrito a la Unidad de Vida e Integridad Personal adujo, que se encuentra bajo las \u00f3rdenes que imparta el fiscal asignado a la indagaci\u00f3n, sin que con sus actuaciones, hubiere conculcado los derechos del actor. <\/p>\n
n. La Oficina Jur\u00eddica de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n indic\u00f3, que \u00abde acuerdo al informe presentado por el Procurador 7 Judicial II para asuntos Civiles y Laborales, quien refiere que recibi\u00f3 solicitud del se\u00f1or Salamanca para intervenir en el incidente de nulidad que propuso ante el Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1, luego de revisado el expediente y particularmente el incidente de nulidad propuesto, lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n que no hay motivo para intervenir en el proceso, dado que el solicitante ya no ostentaba la calidad de parte procesal desde el a\u00f1o 2019, pues cedi\u00f3 los derechos litigiosos al se\u00f1or Yesid Mauricio Lozano Gonz\u00e1lez y el auto que reconoci\u00f3 la cesi\u00f3n no fue impugnado por el interesado, as\u00ed las cosas, comunic\u00f3 en detalle al se\u00f1or David Lorenzo Salamanca Ortiz su decisi\u00f3n de no intervenir en el proceso, con un an\u00e1lisis detallado de las actuaciones procesales sobre su calidad de demandante, y le he indicado las v\u00edas procesales para solicitar la nulidad del contrato de cesi\u00f3n, por fuera del proceso ejecutivo, respuesta que se puso en conocimiento del peticionario el 24 de enero de 2022\u00bb, por lo que la protecci\u00f3n instada debe ser negada, de cara a la existencia de un hecho superado. <\/p>\n
\u00f1. La personer\u00eda de Bogot\u00e1 tambi\u00e9n solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
o. Finalmente, la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, Zona Sur, luego de hacer un resumen de lo ocurrido en la actuaci\u00f3n administrativa AA-116-2018, dijo que la misma hab\u00eda sido zanjada con la Resoluci\u00f3n 00000235 de 14 de mayo de 2021, misma que fue recurrida extempor\u00e1neamente por el aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, porque, en primer lugar, \u00abel accionante en la exposici\u00f3n f\u00e1ctica que sustenta la solicitud de amparo constitucional, de ninguna manera explica como el hecho que se endilga generador de la amenaza (actuaci\u00f3n judicial) afecta un derecho fundamental; si bien, se manifiesta que los operadores judiciales incurrieron en v\u00edas de hecho al reconocer efectos a los contratos de cesi\u00f3n e incluso con el rechazo de los incidentes de nulidad propuestos, cierto es que no se explica c\u00f3mo los operadores judiciales actuaron contrariamente al orden constitucional, obs\u00e9rvese que el actor se limita a se\u00f1alar que los contratos son ineficaces, pues se constituyeron de forma fraudulenta, sin embargo, tales razones no explican el da\u00f1o a las garant\u00edas del debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad que le asisten, m\u00e1xime que las autoridades accionadas profirieron las providencias reprochadas, con base en los documentos aportados por las partes, que gozan de presunci\u00f3n de legalidad y acorde al ordenamiento jur\u00eddico procesal, y que habilitan la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito, as\u00ed mismo, dicha realidad procesal justifica el rechazo de los incidentes de nulidad (al margen que se ajusten a las causales del art. 133 del C.G.P.) propuestos por quien ya no es parte en el proceso. <\/p>\n
Debe resaltarse que, en todo caso, las actuaciones judiciales que motivan el descontento del actor no fueron reprochadas en la oportunidad debida al interior de los procesos o no se ha permitido el agotamiento de los recursos propuestos, por lo menos, en punto del rechazo del incidente de nulidad, lo cual denota la falta de subsidiariedad que caracteriza la acci\u00f3n de tutela, torn\u00e1ndola improcedente por no agotarse previamente los mecanismos ordinarios. <\/p>\n
En concordancia con lo anterior, si bien el extremo accionante se\u00f1ala que la actuaci\u00f3n fraudulenta de quien era su abogado y la validez de los contratos de cesi\u00f3n, lo despojaron de gozar del derecho de cr\u00e9dito reclamado en las acciones ejecutivas e incrementaron el patrimonio del cesionario, cierto resulta que bien puede a trav\u00e9s de la v\u00eda ordinaria, procurar que se declare la invalidez de los contratos de cesi\u00f3n e incluso reclamar el pago de los perjuicios que se hayan ocasionado\u00bb. <\/p>\n
Y de otro lado, en lo que respecta \u00abal reclamo por la actuaci\u00f3n surtida en el Juzgado 6\u00ba Civil del Circuito de esta ciudad, se observa que dicho juicio ejecutivo se encuentra terminado por desistimiento t\u00e1cito y el actor no lleg\u00f3 a hacerse parte en el mismo, en la medida que no se agot\u00f3 la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago; precisamente la inactividad del proceso llev\u00f3 a que se aplicara la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 317 del C.G.P., desarrollo procesal que no evidencia vulneraci\u00f3n alguna al accionante en su calidad de demandado, y aunado a lo anterior, tal como lo informa el titular del despacho, el quejoso no ha dirigido solicitud o manifestaci\u00f3n alguna de su descontento al juez natural del proceso, lo cual imposibilita la intervenci\u00f3n del juez de tutela\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, en lo relativo a los \u00abreproches dirigidos [contra] la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y la Superintendencia de Notariado y Registro, de los informes allegados y la documental obrante en el plenario, evidencia la Sala que no vulneran las garant\u00edas fundamentales del extremo actor, toda vez que han dado tr\u00e1mite y ofrecido respuesta a las solicitudes de intervenci\u00f3n y a las noticias criminales, si bien, no han sido positivas a las pretensiones del actor, ello no implica que se vulneren los derechos del interesado o que las entidades hubieran incumplido sus deberes legales y constitucionales; aunado a lo cual, debe el peticionario ajustarse al procedimiento previsto para cada acci\u00f3n, raz\u00f3n de ello que las actuaciones penales e incluso administrativas se encuentran en tr\u00e1mite sin que pueda evidenciarse una mora injustificada y en los casos que la autoridad no ha intervenido en los procesos que trae a menci\u00f3n el escrito tutelar, el Ministerio P\u00fablico ha justificado su obrar y lo ha puesto en conocimiento del interesado\u00bb. <\/p>\n
Frente a la petici\u00f3n de que se le reconozca \u00abcomo v\u00edctima de desplazamiento y su inclusi\u00f3n en el RUV, se tiene que de la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica expuesta en la acci\u00f3n de tutela, no se advierte un hecho que d\u00e9 a entender que el actor pueda consider\u00e1rsele como v\u00edctima del conflicto armado que habilite su inclusi\u00f3n en el RUV, en los t\u00e9rminos de la Ley 1448 de 2011, en todo caso, atendiendo lo manifestado por la Unidad de V\u00edctimas que da cuenta que no reposa en la entidad declaraci\u00f3n que habilite su inclusi\u00f3n, deber\u00e1 el accionante cumplir con el requisito ante la referida entidad, lo cual hace improcedente que por v\u00eda constitucional se disponga de una orden en la forma solicitada por el actor\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, puso \u00abde relieve la improcedencia del amparo en contra de los se\u00f1ores Oscar Gildardo Trujillo, Carlos Gabriel Arag\u00f3n, Yesid Mauricio Lozano y Juan Bernardo Rubiano, pues el promotor de la tutela no se encuentra en situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n frente aquellos, toda vez que cuenta con las acciones judiciales (penales y disciplinarias) en relaci\u00f3n al actuar contrario a la legalidad y la \u00e9tica que corresponde a los profesionales del derecho\u00bb. <\/p>\n
No obstante lo anterior, y en atenci\u00f3n a lo manifestado por la Fiscal\u00eda 42 Seccional de Bogot\u00e1, dispuso oficiar a esa autoridad, para que de forma inmediata, \u00abdisponga la realizaci\u00f3n de un estudio de riesgo al aqu\u00ed accionante y verifique la necesidad de tomar medidas de protecci\u00f3n, y entre tanto se resuelve lo pertinente por la autoridad en referencia, se mantiene la medida provisional decretada en el numeral 2.4. del auto de fecha 19 de enero de 2022\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El tutelante se mostr\u00f3 inconforme con la anterior decisi\u00f3n, luego de esgrimir como motivo de su descontento, que i) los Juzgados Primero y Segundo Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, no han dado respuesta, \u00aben los t\u00e9rminos solicitados\u00bb, a la petici\u00f3n que radic\u00f3 el pasado 6 de octubre; ii) que no se tuvo en cuenta \u00abel patr\u00f3n de despojo de los bienes que se le causaron (\u2026) y como las distintas autoridades a trav\u00e9s de diversos actos legales han negado el acceso al debate probatorio, favoreciendo claramente los intereses de los perpetradores y trasladando la carga probatoria a la v\u00edctima, causando una revictimizaci\u00f3n sistem\u00e1tica\u00bb; y, iii) que es clara \u00abla conducta adoptada por la Fiscal\u00eda en la cual fija su posici\u00f3n en que si no se encuentra el sicario no es procedente el caso, eliminando de tajo a los determinadores\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario para alcanzar la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, pero de car\u00e1cter subsidiario y residual, dado que solamente puede acudirse a ella en ausencia de otros medios ordinarios de defensa, o cuando existiendo \u00e9stos, el amparo se tramita como mecanismo transitorio de defensa judicial para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
De lo expuesto se desprende, que la acci\u00f3n de tutela no es una v\u00eda judicial adicional o paralela a los mecanismos judiciales previstos por el legislador, y tampoco puede ser empleada como un recurso de \u00faltimo minuto al que se puede acudir para corregir sus propios errores, o para revivir t\u00e9rminos ya fenecidos a consecuencia del propio descuido procesal. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n presentada por el se\u00f1or David Lorenzo, se anticipa con vista en los elementos de juicio obrantes en el expediente, que el fallo de instancia habr\u00e1 de ser modificado, si en cuenta se tiene lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Una de las r\u00e9plicas del accionante, es que el a quo constitucional no resolvi\u00f3 su inconformidad acerca de la falta de respuesta al derecho de petici\u00f3n que radic\u00f3 el 7 de octubre del a\u00f1o pasado ante los Juzgados Primero y Segundo Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s del cual solicit\u00f3, a la letra, que se le informara i) \u00abcu\u00e1l fue el valor de pago total de la obligaci\u00f3n y monto estipulado en el contrato de cesi\u00f3n de derechos que se realiz\u00f3 en el mismo, o en su defecto, la \u00faltima liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada y aprobada, con fecha de ejecutoria\u00bb en el proceso identificado con el consecutivo 11001310301020170000800; ii) \u00abcu\u00e1l fue el valor de pago total de la obligaci\u00f3n y monto estipulado en el contrato de cesi\u00f3n de derechos que se realiz\u00f3 en el mismo, o en su defecto, la \u00faltima liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada y aprobada, con fecha de ejecutoria, e informar si existen t\u00edtulos para cobro en la secretar\u00eda del juzgado; informar si dentro del mismo el abogado OSCAR TRUJILLO actu\u00f3 como sucesor procesal y definir a qu\u00e9 t\u00edtulo lo hizo\u00bb, en el proceso identificado con el consecutivo 11001310302120120012800; iii) \u00abcu\u00e1l fue el valor del pago total abonado al mismo; si el abogado Trujillo realiz\u00f3 sucesi\u00f3n procesal (sic) contrato de cesi\u00f3n de derechos y cu\u00e1nto es el valor reportado por el mismo; la \u00faltima liquidaci\u00f3n presentada y aprobada con fecha de ejecutoria e informar si existen t\u00edtulos para cobro en la secretar\u00eda del juzgado; si el abogado Yesid Mauricio Lozano Gonz\u00e1lez present\u00f3 actuaci\u00f3n alguna dentro del proceso\u00bb en el proceso identificado con el consecutivo 11001310301320150058100; iv) \u00abcu\u00e1l fue el valor del pago total abonado al mismo; si el abogado Trujillo realiz\u00f3 sucesi\u00f3n procesal (sic) contrato de cesi\u00f3n de derechos y cu\u00e1nto es el valor reportado por el mismo; la \u00faltima liquidaci\u00f3n presentada y aprobada con fecha de ejecutoria e informar si existen t\u00edtulos para cobro en la secretar\u00eda del juzgado; si el abogado Yesid Mauricio Lozano Gonz\u00e1lez present\u00f3 actuaci\u00f3n alguna dentro del proceso, si es actualmente sucesor procesal reconocido; cu\u00e1l es el estado actual del cr\u00e9dito\u00bb en el proceso identificado con el consecutivo 11001310303220150123300; v) \u00abse certifique si en el expediente 11001310301020170000800 obra paz y salvo de honorarios respecto del Dr. DAVID LORENZO SALAMANCA ORTIZ\u00bb; vi) \u00abse certifique a partir de qu\u00e9 fecha se realiz\u00f3 la sustituci\u00f3n del Dr. DAVID LORENZO SALAMANCA ORTIZ, en el expediente 11001310301020170000800, indicando si el abogado OSCAR GILDARDO TRUJILLO NI\u00d1O es el abogado a quien le sustituyen la representaci\u00f3n; si [\u00e9ste] (\u2026) como sucesor procesal realiz\u00f3 cesi\u00f3n de los derechos de cr\u00e9dito en el referido proceso; especificar si a la finalizaci\u00f3n por pago del proceso 11001310301020170000800, el abogado OSCAR GILDARDO TRUJILLO ejerc\u00eda como apoderado judicial del cesionario o fue en causa propia\u00bb; vii) \u00abse env\u00ede copia aut\u00e9ntica digital de los procesos de la referencia o el link que permita la visualizaci\u00f3n total del expediente\u00bb; viii) \u00abse de traslado de las respuestas entre los Juzgados Primero y Segundo, con efectos probatorios a la resoluci\u00f3n de los tr\u00e1mites de nulidad en cuesti\u00f3n\u00bb y; ix) \u00abse compulse[n] las copias respectivas en lo disciplinario y en lo penal\u00bb. <\/p>\n
Sobre el alcance de la salvaguarda mencionada, la jurisprudencia constitucional ha precisado que <\/p>\n
\u00ab(i) El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s corto posible; (v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la v\u00eda gubernativa y acceder a la v\u00eda judicial, no satisface el derecho fundamental de petici\u00f3n pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petici\u00f3n; (viii) el derecho de petici\u00f3n tambi\u00e9n es aplicable en la v\u00eda gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) ante la presentaci\u00f3n de una petici\u00f3n, la entidad p\u00fablica debe notificar su respuesta al interesado\u00bb (Subraya la Sala) (CC T-1130\/08, reiterada, entre otros, en CSJ STC4307-2018). <\/p>\n
2.2. Ahora bien, en lo relacionado con no haberse tenido en cuenta \u00abel patr\u00f3n de despojo de los bienes que se le caus[\u00f3] (\u2026) y c[\u00f3]mo las distintas autoridades a trav\u00e9s de diversos actos legales han negado el acceso al debate probatorio, favoreciendo claramente los intereses de los perpetradores y trasladando la carga probatoria a la v\u00edctima, causando una revictimizaci\u00f3n sistem\u00e1tica\u00bb, basta con decir que, le corresponde al aqu\u00ed interesado a trav\u00e9s de las respectivas acciones de car\u00e1cter ordinario, civil y penal, hacer valer los derechos que, dice, le fueron conculcados con la presunta falsificaci\u00f3n de los documentos de cesi\u00f3n en los diferentes procesos citados en l\u00edneas precedentes, pues en virtud de car\u00e1cter subsidiario y residual que gobierna este tipo de acci\u00f3n especial\u00edsima, no puede el juez de tutela, a su arbitrio, resolver controversias que son de competencia de otras autoridades. <\/p>\n
3. Finalmente se observa, acerca de las quejas efectuadas en contra de las diferentes fiscal\u00edas seccionales de esta capital, en el marco de investigaciones abiertas con ocasi\u00f3n de las denuncias efectuada por el se\u00f1or David Lorenzo Salamanca Ortiz, que las mismas debieron ser resueltas por la Sala Penal del Tribunal Superior de esta capital, por ser el superior jer\u00e1rquico de los Despachos ante los cuales el ente acusador es delegado, y en ese orden de ideas, se evidencia entonces, la incursi\u00f3n en causal de nulidad por falta de competencia funcional, de acuerdo a lo estatuido en el precepto 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable por remisi\u00f3n del 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, que debe ser declarada de inmediato, a fin de lograr que la autoridad facultada para asumir el conocimiento de la tutela contra la nombrada Fiscal\u00eda lo haga, para lo cual se ordenar\u00e1 que la Secretar\u00eda compulse copias de la actuaci\u00f3n y las remita a la oficina de apoyo judicial correspondiente, para que efect\u00fae el reparto a fin de las peticiones del actor en esta sede. <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone modificar el fallo de tutela refutado por las razones antes esbozadas, con el fin conceder parcialmente el amparo deprecado, con el fin de proteger el derecho de petici\u00f3n de actor, y, declarar la invalidez de lo actuado frente a las r\u00e9plicas efectuadas contra las Fiscal\u00edas Seccionales convocadas. En lo dem\u00e1s, permanecer\u00e1 inc\u00f3lume. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, MODIFICA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, para CONCEDER PARCIALMENTE la salvaguarda instada por el se\u00f1or David Lorenzo Salamanca Ortiz, en lo que respecta al derecho de petici\u00f3n invocado. <\/p>\n
En consecuencia, se ORDENA a los Juzgados Primero y Segundo Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, en cabeza de su titular o de quien haga sus veces, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, emita respuesta completa a la petici\u00f3n que les fue elevada por el aqu\u00ed accionante el 7 de octubre de 2021, conforme se anot\u00f3 en la parte considerativa del presente prove\u00eddo. <\/p>\n
Por otra parte, y sin perjuicio de lo anterior, se ANULA lo tramitado por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en relaci\u00f3n con las quejas formulada contra las Fiscal\u00edas 42 y 172 Seccionales de la misma ciudad; en consecuencia, se ordena a la Secretar\u00eda de la Sala REMITIR copia de este expediente a la oficina de apoyo judicial de la Sala Penal de esa misma Colegiatura, para que efect\u00fae el reparto correspondiente con el fin que se conozca y resuelva lo alegado frente a las citadas autoridades. <\/p>\n
En lo dem\u00e1s, permanezca inc\u00f3lume el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC2806-2022 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC2806-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-00069-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 28 de enero de 2022, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62014","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62014","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62014"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62014\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62014"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62014"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62014"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}