STC2817-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2817-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2021-00426-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de marzo dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 20 de enero del a\u00f1o en curso, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Eduardo Castillo Moreno contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma urbe, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor del amparo a trav\u00e9s de su apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al m\u00ednimo vital, presuntamente quebrantados por la autoridad judicial accionada, al negarle la entrega de unos dineros, en el decurso del procedimiento judicial que all\u00ed se adelanta bajo el radicado n.\u00ba 2017-00059, en el que fue designado como auxiliar de la justicia. <\/p>\n
En consecuencia, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, solicita que a trav\u00e9s de esa senda excepcional se revoquen las decisiones adoptadas en prove\u00eddos del 24 de septiembre y 29 de octubre de 2021, a trav\u00e9s de las cuales se le \u00abneg[\u00f3] el pago de los gastos de los pagos realizados en lo que respecta al [s]ervicio [p]\u00fablico de [e]nerg\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2. Para respaldar su queja relata, en esencia, que en el marco del juicio ejecutivo \u00abmixto\u00bb que Inversiones B&B S.A. promovi\u00f3 en contra de Rodr\u00edguez Pardo y C\u00eda., fue designado secuestre del inmueble all\u00ed embargado identificado con matr\u00edcula n.\u00ba088-2799, ubicado en zona rural de Puerto Boyac\u00e1; que en el desarrollo de dicho encargo, inicialmente dej\u00f3 en dep\u00f3sito gratuito de \u00e9ste a quien all\u00ed atendi\u00f3 la diligencia, esto es, el se\u00f1or Jeimer Yesid Mendieta Villamil, con el puntual prop\u00f3sito de continuar con la actividad hotelera que cotidianamente se desarrollaba en el predio; no obstante, tal ejercicio comercial no pudo perpetuarse por no contar con los permisos para ello y porque el depositario incumpli\u00f3 con sus deberes frente al inmueble, particularmente en lo relacionado con el pago oportuno de servicios p\u00fablicos y el mantenimiento del predio en buen estado. <\/p>\n
Refiere que entonces, 11 de octubre de 2017 le pidi\u00f3 a su depositario la entrega de la edificaci\u00f3n, y se la dio a Glor\u00eda R\u00faa S\u00e1nchez a t\u00edtulo de \u00abcuidadora\u00bb; que en aras de pagar los saldos pendientes existentes por el consumo de luz, suscribi\u00f3 un acuerdo de pago con la Empresa de Energ\u00eda de Boyac\u00e1 \u2013EBSA\u2013 S.A. ESP por un valor de $1.002.900,oo, y contin\u00fao con el pala cancelaci\u00f3n de las facturas nuevas que segu\u00edan llegando hasta marzo de 2021, pues al mes siguiente hizo \u00abentrega real y material del inmueble al rematante Inversiones B&B S.A.\u00bb, oportunidad en la que adem\u00e1s, rindi\u00f3 informe definitivo de su gesti\u00f3n y reclam\u00f3 la devoluci\u00f3n de dineros que pag\u00f3 con sus propios recursos por el referido servicio, suma que ascend\u00eda a $27.881.190.oo. <\/p>\n
Dijo que, sin reparar en las pruebas allegadas al plenario, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 en auto de 24 de septiembre de 2021 neg\u00f3 su petici\u00f3n, so pretexto de no existir certeza de qui\u00e9n pag\u00f3 tales facturas, y adicionalmente, cuestion\u00f3 la raz\u00f3n por la cual se generaron m\u00e1s cobros por ese servicio, si el hotel dej\u00f3 de funcionar desde octubre de 2017, decisi\u00f3n que fue mantenida en reposici\u00f3n mediante determinaci\u00f3n del 29 de octubre siguiente, raz\u00f3n por la cual, dice, el fallador de instancia exigi\u00f3 un requisito imposible de cumplir, como lo era que en las facturas se consignara el nombre de la persona que asumi\u00f3 el costo, y desconoci\u00f3, por un lado, que por el acuerdo realizado con la empresa de energ\u00eda en mientes se realizaron cobros peri\u00f3dicos producto de ese consenso; y por el otro, que las partes estaban de acuerdo con su informe, pues dentro de la oportunidad concedida para el efecto permanecieron imp\u00e1vidos, raz\u00f3n por la cual, reclama en su favor la intervenci\u00f3n del juez constitucional en aras de restablecer el orden jur\u00eddico que considera quebrantado. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) El titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 pidi\u00f3 denegar el resguardo implorado, al estimar que el prop\u00f3sito del gestor del amparo es cuestionar la decisi\u00f3n a trav\u00e9s de la cual \u00abse le neg\u00f3 parte de lo solicitado en su informe, por concepto de pago de servicios p\u00fablicos (energ\u00eda)\u00bb, en la medida en que \u00abtales conceptos no ten\u00edan soporte que \u00e9l hubiese pagado esas facturas como a su vez, tampoco justific\u00f3 el gasto de esa energ\u00eda, puesto que, ese inmueble se encuentra desocupado, concluy\u00e9ndose que no hay raz\u00f3n alguna para que las facturas de energ\u00eda ascendieran a una suma tan elevada\u00bb, petici\u00f3n que a su vez fue mantenida en reposici\u00f3n por las inconsistencias all\u00ed advertidas. <\/p>\n
b.) Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 la salvaguarda invocada, porque \u00abel an\u00e1lisis efectuado por el juez de instancia (\u2026) no resulta carente de sustento, ni desacertada, por el contrario, es acorde con lo que advirti\u00f3 el juzgador y lo confirman las piezas allegadas al tr\u00e1mite\u00bb. En contraste, refiri\u00f3 que la decisi\u00f3n cuestionada se adopt\u00f3 con apego estricto a los medios suasorios obrantes dentro del plenario. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con la determinaci\u00f3n, el quejoso replic\u00f3 el fallo insistiendo en sus primigenios argumentos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Su procedencia contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo, requisitos \u00e9stos para la procedibilidad de la acci\u00f3n, que deben entonces acreditarse antes de cualquier consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, ya que la ausencia de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. En el presente caso, el ciudadano Castillo Moreno dirige su reclamo frente a la decisi\u00f3n proferida el 24 de septiembre de 2021, que a su vez fue mantenida en reposici\u00f3n por auto del 29 de octubre siguiente, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, le neg\u00f3 el pago de gastos por el servicio p\u00fablico de energ\u00eda, que realiz\u00f3 en calidad de secuestre en el decurso ejecutivo mixto seguido por Inversiones B&B SA contra Rodr\u00edguez Pardo y C\u00eda, pues seg\u00fan su criterio, se le impuso una carga demostrativa que le era imposible soportar. <\/p>\n
3. Sin embargo, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, observa la Sala la improcedencia de la salvaguarda reclamada, en la medida en que la decisi\u00f3n criticada al Juzgado del Circuito convocado no luce como susceptible de correcci\u00f3n excepcional por esta v\u00eda, al ser producto de un an\u00e1lisis ponderado de las disposiciones que gobiernan la actividad probatoria en la materia, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
3.1. Mediante escrito calendado 31 de mayo de 2021, el gestor del amparo alleg\u00f3 ante el Despacho convocado informe sobre su gesti\u00f3n, y solicit\u00f3, entre otros, el pago de $28.424.190,oo por concepto de pago de facturas del servicio p\u00fablico de energ\u00eda, del inmueble denominado \u201cEl Descanso\u201d, ubicado en la Vereda Puerto Nari\u00f1o del \u00e1rea rural de Puerto Boyac\u00e1, e identificado con la matr\u00edcula No-088-2799. <\/p>\n
3.2. Por auto del 24 de septiembre de esa misma anualidad, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 le neg\u00f3 al secuestre, aqu\u00ed interesado, el pago de la citada suma de dinero, al advertir, en suma, que \u00abno hay certeza\u00bb de que la misma \u00abhaya sido cancelada por el solicitante, esto habida cuenta que solo se aport\u00f3 copia de facturas con sello de cancelaci\u00f3n sin que se avizore por quien se efectu\u00f3 el pago\u00bb. <\/p>\n
3.4. Por auto del 29 de octubre siguiente se resolvi\u00f3 no reponer la decisi\u00f3n atacada y negar la alzada, luego de reiterar que, \u00abno se report\u00f3 evidencia alguna que dichos pagos hayan sido efectuados por el se\u00f1or Eduardo Astillo (sic) Moreno, en los informes enuncia que el inmueble se encuentra desocupado y posteriormente informa que es frente a su raz\u00f3n social, aclar\u00f3 que la suma por pago de energ\u00edas ascend\u00eda a $27.881.190 y en escrito de reposici\u00f3n consigna que es por [v]alor de $34.624.190, fuera de honorarios y vi\u00e1ticos. Es as\u00ed como el despacho avizora incongruencias en las manifestaciones elevadas por el secuestre. De otro lado, si el hotel se hab\u00eda dejado bajo el cuidado de un depositario, era su obligaci\u00f3n asumir los pagos de los consumos que se generaran durante su estad\u00eda o guarda de los bienes, en este caso cancelar el consumo de la factura de energ\u00eda\u00bb. <\/p>\n
4. De este modo, entonces, para la Sala los citados razonamientos lejos est\u00e1n de constituir yerro alguno susceptible de correcci\u00f3n a trav\u00e9s de esta senda excepcional, en tanto que, para arribar a la decisi\u00f3n que censura el tutelante, el Despacho puso de presente precisamente las inconsistencias y falencias demostrativas presentadas por el auxiliar de la justicia, y que le restaron credibilidad al informe de gesti\u00f3n y las solicitudes de pago reclamadas por \u00e9ste, m\u00e1s all\u00e1 del nombre de qui\u00e9n asumi\u00f3 el pago de las facturas aportadas, como lo sugiere el quejoso, quien se contradijo en sus propias manifestaciones, situaci\u00f3n que por s\u00ed misma, descarta la presencia de una causal espec\u00edfica de procedencia de la acci\u00f3n del ep\u00edgrafe en contra providencias judiciales, supuesto \u00fanico que habilita la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al no haberse comprobado el pago por parte del se\u00f1or Eduardo Castillo Moreno, de las facturas de luz que, adem\u00e1s, aport\u00f3 en fotocopia, y no tener la certeza de que el monto exigido hubiese sido cancelado por \u00e9ste, no pod\u00eda ser otra la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la autoridad judicial convocada, con independencia de si le result\u00f3 o no favorable al gestor, sin que el mero disentimiento con la interpretaci\u00f3n realizada por el Director del proceso permita per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, m\u00e1xime cuando la autoridad jurisdiccional tambi\u00e9n advirti\u00f3, que si el hotel se hab\u00eda dejado bajo el cuidado de un depositario, a \u00e9ste le correspond\u00eda asumir el pago de los consumos que se generaran durante su estad\u00eda o guarda del bien, para el caso, las facturas de energ\u00eda, sin que el solo silencio de las partes pudiere modificar tal situaci\u00f3n. <\/p>\n
5. De ah\u00ed que, m\u00e1s all\u00e1 de lo debatible que pudiera resultar la citada postura, no merece reproche en este escenario, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta, de modo que, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC1906-2022). <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado, conforme las razones aqu\u00ed explicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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