STC2818-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2818-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2022-00005-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 25 de enero de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro de la acci\u00f3n de tutela formulada por la APF Protecci\u00f3n S.A. contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Donmat\u00edas y el Juzgado del Circuito de Santa Rosa de Osos, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La parte accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, supuestamente conculcados por las autoridades accionadas, con la decisi\u00f3n proferida en el marco de acci\u00f3n constitucional y el incidente por desacato, que Leidy Johana Valencia Orrego promovi\u00f3 en su contra y de la EPS Sura S.A., con rad. 2021-00121. <\/p>\n
Solicita entonces, para garantizar sus prerrogativas superiores, \u00abDEJAR SIN EFECTOS\u00bb los prove\u00eddos calendados 26 de agosto y 12 de julio de 2021, y, como consecuencia de ello \u00abdictar nueva sentencia ajustada a derecho \u201cdeclarando la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela\u201d\u00bb, o en su defecto, en la decisi\u00f3n correspondiente \u00abaplicar correctamente el art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993 (\u2026) relacionado con la densidad de semanas\u00bb. <\/p>\n
2. Para respaldar sus reparos aduce en s\u00edntesis y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del sub lite, que la g\u00e9nesis de la salvaguarda antes individualizada fue el pago \u00abincapacidades m\u00e9dicas\u00bb a favor de la gestora del amparo; sin embargo, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos al \u00abconfirmar\u00bb la protecci\u00f3n que fue dispensada a la all\u00e1 accionante por la Juez Promiscuo Municipal de Donmat\u00edas, sin argumento alguno modific\u00f3 la orden constitucional, en el sentido de \u00abinstarla para que a la mayor brevedad posible adelante los tr\u00e1mites tendientes al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de invalidez a la que se ha hecho acreedora la accionante\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala que aunque cumpli\u00f3 con la salvaguarda otorgada, pues, cancel\u00f3 las incapacidades reclamadas y se pronunci\u00f3 sobre la mentada asignaci\u00f3n social, negando su reconocimiento, pero accediendo a la prestaci\u00f3n subsidiaria de devoluci\u00f3n de saldos, pues la se\u00f1ora Leidy Johana \u00abno cumpli\u00f3 con el requisito de las 50 semanas [de cotizaci\u00f3n] dentro de los \u00faltimos tres (3) a\u00f1os inmediatamente anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez\u00bb, el citado Juzgado Promiscuo Municipal sancion\u00f3 a AFP Protecci\u00f3n por desacato con multa de un (1) s.m.l.m.v. y un (1) d\u00eda de arresto, por lo que \u00abfue necesario proceder con ese reconocimiento\u00bb. <\/p>\n
Indica que en las anteriores determinaciones se desconoci\u00f3, no solo que la all\u00e1 tutelante para la calenda en que promovi\u00f3 el amparo, no hab\u00eda solicitado el reconocimiento de la pensi\u00f3n aludida, sino que \u00abNUNCA SE REALIZ\u00d3 UN ESTUDIO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS, ni siquiera menciona el art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993 en todo el fallo o estudi\u00f3 la historial laboral de la afiliada\u00bb, a m\u00e1s que el Juzgado del Circuito en sede de impugnaci\u00f3n \u00abjam\u00e1s emiti\u00f3 orden de reconocer la pensi\u00f3n, la modific\u00f3 y en su lugar INST\u00d3 a que se adelantaran los tr\u00e1mites para reconocer y definir la pensi\u00f3n\u00bb, circunstancias todas \u00e9stas que, dice, vulneran las garant\u00edas esenciales de la compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a.) La titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos puntualiz\u00f3, en suma, que en la decisi\u00f3n que mantuvo el amparo dispensado en primer grado a la se\u00f1ora Valencia Orrego en relaci\u00f3n a la pensi\u00f3n de invalidez aludida, \u00abincurri\u00f3 en un error de sintaxis al indicar \u201ca la que se ha hecho acreedora la accionante\u201d. Sin embargo, m\u00edrese como en ning\u00fan aparte de la sentencia de segunda instancia se realiz\u00f3 argumentaci\u00f3n alguna respecto al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n, pues lo que se pretendi\u00f3 fue que a la mayor brevedad posible la AFP tutelada realizara el an\u00e1lisis de los requisitos tendientes al reconocimiento o no de la pensi\u00f3n de invalidez\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00abese no era el objeto de la acci\u00f3n constitucional, ni fue el motivo de impugnaci\u00f3n de la parte accionada ya que la accionante s\u00f3lo reclam\u00f3 por v\u00eda de tutela el reconocimiento y pago de las incapacidades laborales generadas por enfermedad general a su favor\u00bb. <\/p>\n
b.) La Juez Promiscuo Municipal de Donmat\u00edas, despu\u00e9s de referirse a cada uno de los hechos expuestos por la sociedad actora, precis\u00f3 que no ha lesionado prerrogativa superior alguna de \u00e9sta, pues a m\u00e1s que \u00abno despleg\u00f3 las acciones legales en su oportunidad, en especial la referente a la interposici\u00f3n del recurso de impugnaci\u00f3n frente a la decisi\u00f3n de primera instancia\u00bb, ciertamente su \u00abactuar (\u2026) se limit\u00f3, como es obligaci\u00f3n de quien dicta el fallo, a propender porque el mismo se cumpla, as\u00ed como el procedimiento seg\u00fan el cual se pone en conocimiento del juez de primera instancia el incumplimiento de un fallo de tutela, para que \u00e9ste adelante todas las gestiones necesarias a efectos de poner fin a la vulneraci\u00f3n o amenaza del derecho fundamental del peticionario amparado; y por ende, a resolver las solicitudes de cumplimiento y de desacato de los fallos de tutela (arts. 23, 27 Y 52 Decreto 2591 de 1991), acorde con lo ordenado en el fallo de segunda instancia, pues no le era viable a esta agente judicial dentro de un incidente, como lo pretend\u00eda la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A., Modificar y\/o desatender la orden dada por el juez en la sentencia de segunda instancia\u00bb <\/p>\n
c.) La se\u00f1ora Leidy Johana Valencia Orrego, luego de pronunciarse frente a los hechos esbozados por la sociedad actora se\u00f1al\u00f3, por una parte, que s\u00ed cumple con los requisitos para el reconocimiento pensional, pues para \u00abjulio 8 de 2021 (\u2026) ha cotizado 214.86 semanas\u00bb, realizando aportes, inclusive, desde la fecha en que se estructur\u00f3 la invalidez, esto es, 25 de marzo de 2020; y por la otra, que padece dificultades visuales que le impiden trabajar y le causan fuertes dolores de cabeza, adem\u00e1s de ser \u00abmadre cabeza de hogar\u00bb. <\/p>\n
d.) La representante legal judicial de EPS Suramericana S.A. solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de las presentes diligencias, pues cancel\u00f3 las incapacidades aludidas por la otrora accionante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia concedi\u00f3 el amparo deprecado, tras considerar que en las sentencias que dispensaron la protecci\u00f3n constitucional a la se\u00f1ora Leidy Johana Valencia Orrego, se pas\u00f3 por alto que el motivo de la queja era \u00fanicamente la mora en el pago de las incapacidades m\u00e9dicas, y \u00abno se efectu\u00f3 un an\u00e1lisis relativo a la procedencia de la pensi\u00f3n de invalidez a trav\u00e9s de aquel mecanismo constitucional. En la sentencia emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Donmat\u00edas se aludi\u00f3 \u00fanicamente al porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral de la actora; en la segunda instancia el an\u00e1lisis se desarroll\u00f3 respecto a la improcedencia del pago de las incapacidades y la pensi\u00f3n por invalidez por el mismo periodo y bajo la misma causa\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa \u00abrevoc\u00f3 la sentencia [de primer grado] (\u2026), en la que se hab\u00eda ordenado efectuar el despliegue de todos los tr\u00e1mites tendientes para el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de invalidez de la actora\u00bb; de all\u00ed que \u00abno exist\u00eda orden en tal sentido, puesto (\u2026), \u00fanicamente orden\u00f3 el pago de las incapacidades e inst\u00f3 a la entidad para que adelantara los tr\u00e1mites necesarios para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez, decisi\u00f3n que se encuentra en firme\u00bb, luego \u00abla sanci\u00f3n impuesta mediante auto del 21 de octubre de 2021 carece de fundamento alguno\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo del 21 de octubre de 2021, resolvi\u00f3 i) ordenar a la titular del Juzgado Promiscuo Municipal de Donmat\u00edas que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes contados a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, \u00abemita una nueva decisi\u00f3n a trav\u00e9s de la cual resuelva sobre el incidente de desacato interpuesto por la se\u00f1ora Valencia Orrego. Una vez emitida, la AFP Protecci\u00f3n S.A., deber\u00e1 iniciar los tr\u00e1mites legales correspondientes a fin de decidir sobre la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica de la se\u00f1ora Leidy Johana Valencia Orrego\u00bb; y ii) \u00abLLAMAR la atenci\u00f3n de la Dra. Olga Libia Uribe Garc\u00eda en su condici\u00f3n de Juez Promiscuo Municipal de Donmat\u00edas (Ant.), con el fin de que evite en el futuro conductas como la presente, en la que se actu\u00f3 contrario a las decisiones emitidas al interior del tr\u00e1mite constitucional, seg\u00fan las consideraciones expuestas en la parte motiva de este fallo\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promovi\u00f3 Leidy Johana Valencia Orrego, se\u00f1alando en lo esencial, que se est\u00e1n desconociendo sus garant\u00edas primarias, toda vez que padece de patolog\u00edas oculares que le impiden laborar, y con la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica que le fue reconocida puede solventar sus gastos y los de sus menores hijos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb (Subraya la Sala). <\/p>\n
3. Aqu\u00ed, tras realizarse el correspondiente escrutinio a la demanda de resguardo constitucional presentada por la AFP Protecci\u00f3n S.A., se advierte que lo pretendido es que se declare la nulidad del prove\u00eddo proferido el 26 de agosto de 2021 del Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos, mediante el cual dispuso \u00ab[r]evocar\u00bb la decisi\u00f3n del 12 de julio anterior, del Juzgado Promiscuo Municipal de Donmat\u00edas, para en su lugar, ordenar a la sociedad accionante \u00abcancelar a la se\u00f1ora Leidy Johana Valencia Orrego (\u2026), las incapacidades generadas (\u2026), pudiendo \u00e9sta descontar del valor de la pensi\u00f3n de invalidez a que se ha hecho acreedora la accionante los valores cancelados por concepto de incapacidades de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia e instarla para que a la mayor brevedad posible adelante los tr\u00e1mites tendientes al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de invalidez a la que se ha hecho acreedora la accionante\u00bb, en el marco de la acci\u00f3n constitucional que Leidy Johana Valencia Orrego promovi\u00f3 en su contra y de la EPS Suramericana S.A., pues en su sentir, en lo determinado se pas\u00f3 por alto el estudio de los requisitos necesarios para que la gestora del amparo accediera a la pensi\u00f3n reclamada. <\/p>\n
4. Para brindar soluci\u00f3n a la presente contienda, resulta necesario para la Corte verificar la documentaci\u00f3n obrante en el expediente, y que permite advertir lo siguiente: <\/p>\n
4.1. La se\u00f1ora Leidy Johana Valencia Orrego acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela, para que se ordenara a las accionadas el \u00ab\u201cPAGO DE INCAPACIDADES\u201d\u00bb, as\u00ed como que \u00abLA ATENCI\u00d3N SE PRESTE EN FORMA INTEGRAL\u00bb, con sustento en que no se le hab\u00edan cancelado los montos por este concepto que se generaron como consecuencia de la p\u00e9rdida casi total de la visi\u00f3n de su ojo izquierdo. <\/p>\n
4.2. En prove\u00eddo proferido el 12 de julio de 2021, el Juzgado Promiscuo Municipal de Donmat\u00edas \u2013Antioquia, concedi\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, ordenando i) a EPS Suramericana S.A. \u00abRECONOZCA Y PAGUE LAS INCAPACIDADES MEDICAS RECONOCIDAS A (\u2026) LEIDY JOHANA VALENCIA ORREGO, (\u2026), AS\u00cd COMO LAS QUE SE CAUSEN, al igual que el SUBSIDIO EQUIVALENTE A LA RESPECTIVA INCAPACIDAD TEMPORAL Despu\u00e9s de los ciento ochenta (180) d\u00edas iniciales con cargo de sus propios recursos, HASTA EL MOMENTO EN QUE SE RECONOZCA LA PENSI\u00d3N DE INVALIDEZ (\u2026)\u00bb; y, ii) al Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A. \u00abrealizar todos los tr\u00e1mites interadministrativos necesarios, para reconocer y pagar la PENSI\u00d3N POR INVALIDEZ, seg\u00fan la calificaci\u00f3n de invalidez por la COMISI\u00d3N M\u00c9DICO LABORAL, el 07 de julio de 2021, una vez en firme dicho dictamen y realizada la solicitud formal y tramites requeridos a la ciudadana LEIDY JOHANA VALENCIA ORREGO\u00bb. <\/p>\n
4.3. La EPS convocada impugn\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n, se\u00f1alando que no era de su competencia el pago de incapacidades superiores a 180 d\u00edas, y que resultaba procedente el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez a la gestora, habida cuenta el grado de su disminuci\u00f3n de la capacidad laboral. <\/p>\n
4.4. Mediante decisi\u00f3n calendada 26 de agosto siguiente, la titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos revoc\u00f3 la providencia de primer grado, para en su lugar, entonces, ordenar a Protecci\u00f3n S.A. \u00abcancelar a la se\u00f1ora Leidy Johana Valencia Orrego (\u2026), las incapacidades generadas (\u2026), pudiendo \u00e9sta descontar del valor de la pensi\u00f3n de invalidez a que se ha hecho acreedora la accionante los valores cancelados por concepto de incapacidades de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia e instarla para que a la mayor brevedad posible adelante los tr\u00e1mites tendientes al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de invalidez a la que se ha hecho acreedora la accionante\u00bb. <\/p>\n
4.5. La all\u00e1 interesada aleg\u00f3 la inobservancia de la referida orden, y en tr\u00e1mite del respectivo tr\u00e1mite incidental, AFP Protecci\u00f3n acredit\u00f3 el pago de las incapacidades e inform\u00f3, que la actora no cumpl\u00eda con los requisitos para obtener la pensi\u00f3n por invalidez, pues \u00e9sta \u00abse estructur\u00f3 el d\u00eda 25 de marzo de 2020, en ese orden de ideas, las 50 semanas [\u00faltimas de cotizaci\u00f3n] deb\u00edan ser acreditadas entre ese d\u00eda y el 25 de marzo de 2017, no obstante, para este per\u00edodo de tiempo, la accionante \u00fanicamente cotiz\u00f3 43.71 semanas\u00bb, raz\u00f3n por la cual, se opt\u00f3 por \u00abreconoc[erle] la prestaci\u00f3n subsidiaria de devoluci\u00f3n de saldos\u00bb. <\/p>\n
4.6. En auto del 21 de octubre de la citada anualidad, la Juez Promiscuo Municipal de Donmat\u00edas declar\u00f3 en desacato a AFP Protecci\u00f3n, y resolvi\u00f3 \u00abSANCIONAR a la (\u2026), representante legal judicial de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANT\u00cdAS PROTECCI\u00d3N S.A, (\u2026) con ARRESTO DE UN (1) D\u00cdA Y MULTA DE UN (1) SALARIO MINIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE, (\u2026). A FAVOR DE LA NACION\u00bb. <\/p>\n
4.7. Finalmente, en prove\u00eddo del 4 de noviembre \u00faltimo, el citado Despacho dispuso \u00abLA INAPLICACI\u00d3N DE LA SANCI\u00d3N\u00bb referida, tras advertir que la sociedad incidentada el 27 de octubre de ese a\u00f1o, procedi\u00f3 a reconocer a la se\u00f1ora Valencia Orrego la mentada pensi\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
5. Visto lo anterior, no cabe duda acerca del fracaso de lo aqu\u00ed reclamado, teniendo en cuenta el incumplimiento de los requisitos de la sentencia SU-627 de 2015, pues, si bien la sociedad aqu\u00ed interesada se duele de la sanci\u00f3n que le fue impuesta en prove\u00eddo del 21 de octubre de 2021, la jurisprudencia constitucional de tiempo atr\u00e1s ha considerado improcedente una nueva revisi\u00f3n de la misma naturaleza constitucional, toda vez que, en torno al desacato, s\u00f3lo se previ\u00f3 respecto del auto que lo encuentra procedente y, por tanto, impone o fija sanciones, el grado de consulta, escenario donde la aqu\u00ed inconforme solicit\u00f3 sin \u00e9xito la inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, corresponde recordar que la Corte ha se\u00f1alado, \u00abque el incidente de desacato, per se, culmina con una decisi\u00f3n judicial, la cual, prima facie, podr\u00eda estimarse que es susceptible de ser enjuiciada mediante otra acci\u00f3n de tutela. Empero, examinado el tema en conjunto, como debe ser, la resoluci\u00f3n judicial en comento, no puede apreciarse en forma insular o aislada, sino como parte de una actividad seriada y, por ende, compleja en el entorno constitucional, lo que exige una valoraci\u00f3n panor\u00e1mica, como tal omnicomprensiva de todo el tr\u00e1mite tutelar. De ah\u00ed la \u00edntima relaci\u00f3n existente entre la tutela y su desacato, al punto que el funcionario competente para determinar si hubo o no inejecuci\u00f3n de la orden dada, sea el mismo que conoci\u00f3 del amparo. <\/p>\n
Por consiguiente, superadas esas etapas consustanciales a la acci\u00f3n de tutela, bien porque no se promovieron en tiempo los medios aludidos, ya por cuanto se interpusieron y fueron desatados por los funcionarios competentes, queda definitivamente cerrado el tema en torno a los puntos que all\u00ed comportaron debate (thema decissum), de suerte que no podr\u00edan volver aquellos sobre esa precisa controversia, menos, se itera, otros Jueces a trav\u00e9s de una nueva queja constitucional, puesto que el instrumento empleado se traducir\u00eda en un inconveniente espiral, en clara contrav\u00eda de claros postulados que edifican y salvaguardan la seguridad jur\u00eddica, pot\u00edsimo y acerado principio digno de frontal respeto y acatamiento. Observase que, si hoy es pac\u00edfico que, contra lo sentenciado en tutela, no es dable acci\u00f3n -ex novo- de naturaleza semejante, menos proceder\u00eda esta acci\u00f3n extraordinaria en punto a las providencias que se pronuncien en la etapa derivada del incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de desacato)\u00bb (CSJ, STC1823-2021). <\/p>\n
6. Y para ahondar en razones desestimatorias de lo aqu\u00ed reclamado cabe resaltar, que las cuestiones planteadas por la sociedad gestora del amparo resultan ajenas al escenario de acci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que dentro del prenotado tr\u00e1mite excepcional AFP Protecci\u00f3n no hizo uso de la oportunidad procesal que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues, en un acto constitutivo de incuria, dej\u00f3 de impugnar el fallo de primer grado que le fue desfavorable, y adem\u00e1s, de solicitar aclaraci\u00f3n y\/o adici\u00f3n del fallo de la sentencia que agot\u00f3 la segunda instancia, habida cuenta la supuesta falta de pronunciamiento del juez constitucional frente al cumplimiento de los requisitos de la se\u00f1ora Leidy Johana para acceder al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de invalidez que le fue ordenado, ello de conformidad con las previsiones del art\u00edculo 31 \u00eddem y los c\u00e1nones 285 y 287 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicables por la remisi\u00f3n contenida en el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, mecanismos que estaban a su disposici\u00f3n para debatir ante el juez natural los reparos ahora expuestos. <\/p>\n
Tal y como esta Corte lo ha sostenido de tiempo atr\u00e1s, \u00abla falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC494-2021). <\/p>\n
7. Sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone revocar el fallo constitucional de primera instancia, para entonces, denegar el amparo solicitado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, y en consecuencia, se NIEGA la protecci\u00f3n suplicada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC2818-2022 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC2818-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2022-00005-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62019","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62019","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62019"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62019\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62019"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62019"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62019"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}