STC2821-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2821-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-02793-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 18 de enero de 2022 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier Alberto Medina Gonz\u00e1lez contra la Superintendencia de Sociedades, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes del juicio a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad con funciones jurisdiccionales convocada, con las determinaciones a trav\u00e9s de las cuales se desestim\u00f3 el incidente de nulidad por indebida notificaci\u00f3n, y, se deneg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada subsidiaria, en el marco de la acci\u00f3n revocatoria concursal que en su contra adelant\u00f3 el agente interventor de la sociedad Plus Values S.A.S. en liquidaci\u00f3n, identificada con el consecutivo 2019-480-00031. <\/p>\n
Por esas circunstancias, pretende que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, declarando que i) \u00abexisti\u00f3 un defecto procedimental absoluto por tener como como v\u00e1lido el intento de notificaci\u00f3n a una vivienda en la que no resid\u00eda ni siquiera al momento de la presentaci\u00f3n original de la demanda\u00bb; ii) \u00abexisti\u00f3 un defecto procedimental absoluto por Impedir el tr\u00e1mite de los recursos de apelaci\u00f3n\u00bb; iii) \u00abexisti\u00f3 un defecto f\u00e1ctico por considerar v\u00e1lido el intento de notificaci\u00f3n en el inmueble, pese a que se demostr\u00f3 que el inmueble se vendi\u00f3 en julio de 2018 y no se le otorg\u00f3 ninguna consecuencia a dicha situaci\u00f3n frente a la notificaci\u00f3n\u00bb; iv) \u00abexisti\u00f3 un defecto sustancial debido a que se cre\u00f3 una ficci\u00f3n de notificaci\u00f3n efectiva cuando en realidad solo ha sido formal\u00bb; v) \u00abse dio una violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n por el desconocimiento de la garant\u00eda de primac\u00eda de lo sustancial sobre lo formal\u00bb; vi) \u00abse dio una inadecuada valoraci\u00f3n normativa al considerar que hab\u00eda varias direcciones de notificaci\u00f3n\u00bb; y, en consecuencia, vii) \u00abse declare la nulidad de lo actuado desde la supuesta notificaci\u00f3n al curador y se [l]e permita por tanto, defender[s]e espec\u00edficamente para contestar la demanda\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado adujo en lo esencial y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que con el fin de notificarlo de la iniciaci\u00f3n del mencionado pleito, su contendiente el 6 de diciembre de 2019, remiti\u00f3 el respectivo citatorio a la \u00abvivienda ubicada en Cota, que se identifica con la matr\u00edcula inmobiliaria 50N-20658889\u00bb, en la que no reside desde el mes de julio de 2018, situaci\u00f3n por la cual, como era l\u00f3gico, el resultado no fue satisfactorio, siendo devuelto por las causales \u00abdirecci\u00f3n errada\u00bb y \u00abno reclamado\u00bb. <\/p>\n
Refiere que mediante auto de 25 de junio de 2020, la Superintendencia enjuiciada orden\u00f3 \u00aba la secretar\u00eda del Despacho (Grupo de Apoyo Judicial), (\u2026) que efectu[ara] el emplazamiento de los demandados de acuerdo con las reglas previstas en el art\u00edculo 293 del C\u00f3digo General del Proceso y el art\u00edculo 10 del Decreto 806 de 2020\u00bb, adem\u00e1s de \u00abadvertir a las partes que deb[\u00edan] dar cumplimiento al [citado] Decreto (\u2026) en lo pertinente\u00bb y, cumplido dicho tr\u00e1mite, en prove\u00eddo de 24 de septiembre siguiente se design\u00f3 en su representaci\u00f3n al curador ad litem Jaime Ernesto Ca\u00f1\u00f3n Charry, quien ejerci\u00f3 su defensa hasta el 11 de agosto de 2011, fecha en la cual su abogado de confianza solicit\u00f3 ser reconocido; que a paso seguido, \u00e9ste formul\u00f3 incidente de nulidad por indebida notificaci\u00f3n, pedimento que fue desestimado en determinaci\u00f3n del 20 de octubre de 2021, prove\u00eddo mantenido en sede horizontal el 22 de noviembre siguiente, en el que, adem\u00e1s, se rechaz\u00f3 por improcedente la alzada subsidiaria, motivos por los que se encuentra habilitado para acudir a la presente v\u00eda excepcional, pues se le est\u00e1 \u00abcercenando el debido proceso y la posibilidad de defender[s]e al impedir[le] contestar la demanda, aportar pruebas y en general oponer[se] a la demanda y dem\u00e1s actuaciones procesales previas a la notificaci\u00f3n que se [le] hiciera cuando estos estancos procesales ya se hab\u00edan surtido\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, luego de analizar los argumentos expuestos en las providencias cuestionadas y advertir, que \u00abla Superintendencia de Sociedades, a trav\u00e9s del Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles, efectu\u00f3 un an\u00e1lisis integral de los argumentos presentados por el quejoso para solicitar la nulidad de las actuaciones surtidas, de cara a las piezas procesales del expediente y abord\u00f3 el an\u00e1lisis rese\u00f1ando que las comunicaciones de que trata el art\u00edculo 291 del C\u00f3digo General del Proceso se remitieron a la direcci\u00f3n aportada con la subsanaci\u00f3n de la demanda, y como fueron devueltas con las anotaciones de que la direcci\u00f3n no existe, a solicitud de la parte interesada, procedi\u00f3 a su emplazamiento en la forma en que lo regul\u00f3 el canon 293 ejusdem y el Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
De otro lado, la misma autoridad explic\u00f3 la inviabilidad de la segunda instancia en las acciones revocatorias concursales, determinaci\u00f3n que soport\u00f3 en la siguiente cita de lineamiento dado por la Corte Suprema de Justicia: \u201c(\u2026) al tenor del par\u00e1grafo 1\u00ba art\u00edculo 6 de la aludida ley, el proceso de insolvencia, que valga reiterar, comprende las dos modalidades mencionadas, cuando es [adelantado ante la Superintendencia de Sociedades es de \u00fanica instancia], regla esta ratificada en el par\u00e1grafo 5\u00ba art\u00edculo 24 del C\u00f3digo General del Proceso, al indicar, que [l]as decisiones adoptadas en los procesos concursales y de reorganizaci\u00f3n, de liquidaci\u00f3n y de validaci\u00f3n de acuerdos extrajudiciales de reorganizaci\u00f3n, ser\u00e1n de \u00fanica instancia, y seguir\u00e1n los t\u00e9rminos de duraci\u00f3n previstos en el respectivo procedimiento. \u201cT\u00e9ngase en cuenta tambi\u00e9n, que el cap\u00edtulo III del Decreto 1749 de 2011, reglamentario entre otros, del art\u00edculo 74 de la Ley 1116, tiene por t\u00edtulo \u201cprocesos accesorios\u201d, y en el art\u00edculo 21 relaciona las acciones revocatorias y de simulaci\u00f3n, lo cual permite entender que para el caso, la liquidaci\u00f3n judicial es el proceso principal, en tanto que la acci\u00f3n revocatoria, tiene el car\u00e1cter de proceso accesorio, y al aplicar como criterio auxiliar de la actividad judicial (art\u00edculo 230 de la Constituci\u00f3n), el principio general del derecho atinente a que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, se deduce que tanto aquel como este \u00faltimo juicio, se tramitar\u00e1n en \u00fanica instancia\u201d. <\/p>\n
De acuerdo con el anterior recuento, es claro que las decisiones objeto de reproche se encuentran debidamente sustentadas en tanto que la demandada indic\u00f3 las razones por las cuales consideraba que no exist\u00edan las falencias constitutivas de nulidad y por las que no es procedente el recurso vertical. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no se observa el acaecimiento de una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n constitucional, pues, como enf\u00e1ticamente lo ha reiterado esta Sala, m\u00e1s all\u00e1 \u2018de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u2019\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor recurri\u00f3 el anterior fallo, esgrimiendo como sustento de su inconformidad, similares argumentos a los esbozados en el escrito inicial, adem\u00e1s de indicar que el a quo constitucional no valor\u00f3 en debida forma las pruebas relacionadas en la demanda de amparo a fin de demostrar los yerros cometidos por la autoridad jurisdiccional enjuiciada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el presente caso, el se\u00f1or Medina Gonz\u00e1lez cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo, en lo fundamental, los autos calendados 20 de octubre y 22 de noviembre de 2021, a trav\u00e9s de los cuales la Superintendencia de Sociedades, a.) desestim\u00f3 el incidente de nulidad por indebida notificaci\u00f3n por \u00e9l impetrada y, b.) mantuvo inc\u00f3lume tal decisi\u00f3n en sede horizontal, rechaz\u00e1ndose, por improcedente, el recurso subsidiario de apelaci\u00f3n, en el marco del juicio verbal de revocatoria concursal que en su contra adelant\u00f3 el agente interventor de la sociedad Plus Values SAS en liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Sin embargo, atendidos los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos en las determinaciones con que se resolvi\u00f3 la \u00faltima de las mentadas providencias, por ser con la que se zanj\u00f3 la tem\u00e1tica, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la misma no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales de la promotora de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
La Supersociedades empez\u00f3 por considerar, que la queja del apelante (aqu\u00ed interesado), se circunscrib\u00eda a la indebida notificaci\u00f3n del auto que apertur\u00f3 el proceso de insolvencia pluricitado, con base en lo estipulado en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, frente a lo cual indic\u00f3, que dicho enteramiento s\u00ed se surti\u00f3 en debida forma, pues, luego de resultar impr\u00f3spero el tr\u00e1mite de entrega del citatorio del que trata el art\u00edculo 291 del C\u00f3digo General del Proceso, en tanto que el mismo fue devuelto bajo la causal \u00abdirecci\u00f3n errada\u00bb, mediante auto de 25 de junio de 2020 se orden\u00f3 a la secretar\u00eda del Despacho que efectuara el emplazamiento al demandado Medina Gonz\u00e1lez de acuerdo con lo previsto en los preceptos 293 ejusdem y 10\u00b0 del Decreto 806 de 2020, siendo incluido en el Registro Nacional de Emplazados el 15 de julio siguiente, tal y como consta en el documento radicado con el n\u00famero 2020-01-349208 de 21 de julio de 2020; surtida tal diligencia sin que el mismo compareciera, se procedi\u00f3 a la designaci\u00f3n de un de curador ad litem para su representaci\u00f3n, quien se notific\u00f3 del auto admisorio de la demanda el 10 de marzo de 2021 y, en escrito 2021-03-003574 de 2 de abril de ese mismo a\u00f1o, present\u00f3 la contestaci\u00f3n a la misma. <\/p>\n
Ahora bien, en lo que refiere a la improcedencia del recurso de alzada, expuso con suficiencia que \u00abal tenor del par\u00e1grafo 1\u00ba art\u00edculo 6 de (\u2026) Ley [1116 de 2006], el proceso de insolvencia, (\u2026) cuando es [adelantado ante la Superintendencia de Sociedades es de \u00fanica instancia], regla esta ratificada en el par\u00e1grafo 5\u00ba art\u00edculo 24 del C\u00f3digo General del Proceso, al indicar, que [l]as decisiones adoptadas en los procesos concursales y de reorganizaci\u00f3n, de liquidaci\u00f3n y de validaci\u00f3n de acuerdos extrajudiciales de reorganizaci\u00f3n, ser\u00e1n de \u00fanica instancia, y seguir\u00e1n los t\u00e9rminos de duraci\u00f3n previstos en el respectivo procedimiento. <\/p>\n
\u201cT\u00e9ngase en cuenta tambi\u00e9n, que el cap\u00edtulo III del Decreto 1749 de 2011, reglamentario entre otros, del art\u00edculo 74 de la Ley 1116, tiene por t\u00edtulo \u201cprocesos accesorios\u201d, y en el art\u00edculo 21 relaciona las acciones revocatorias y de simulaci\u00f3n, lo cual permite entender que para el caso, la liquidaci\u00f3n judicial es el proceso principal, en tanto que la acci\u00f3n revocatoria, tiene el car\u00e1cter de proceso accesorio, y al aplicar como criterio auxiliar de la actividad judicial (art\u00edculo 230 de la Constituci\u00f3n), el principio general del derecho atinente a que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, se deduce que tanto aquel como este \u00faltimo juicio, se tramitar\u00e1n en \u00fanica instancia\u00bb. <\/p>\n
4. En consecuencia, como la sola divergencia conceptual expuesta por el actor no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039- 2021). <\/p>\n
Ciertamente, contrario al dicho del gestor, la autoridad convocada al estudiar lo esbozado \u00e9ste para soportar la invalidez reclamada en el supuesto indebido enteramiento del inicio de la actuaci\u00f3n de marras, simplemente se\u00f1al\u00f3 el tr\u00e1mite adelantado para el efecto luego de la devoluci\u00f3n de la actuaciones enviadas a una direcci\u00f3n inexistente, el que concluy\u00f3 con el emplazamiento del demandado en la forma prevista por el legislador; y, en lo relativo a la improcedencia de la alzada, bast\u00f3 con precisar la inviabilidad de la misma en las acciones revocatorias concursales, sencillamente por ser de \u00fanica instancia, lo que descarta, sin duda, la existencia de causal de procedencia del amparo alguna con lo sentado. <\/p>\n
5. Para terminar, se indica que no existe un hecho que demuestre el quebrantamiento al derecho a la igualdad del accionante, pues no s\u00f3lo no hay elementos de juicio ciertos que conduzcan a su estudio en esta sede, sino que no se acredit\u00f3 un tratamiento especial o preferente en alg\u00fan caso similar al suyo, sin que sea suficiente solamente su dicho, es decir, \u00abno demostr\u00f3 el interesado la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, toda vez que no existen pruebas que den cuenta de otras personas en circunstancias similares a la suya\u2026, circunstancia que impide realizar el paralelo respectivo a fin de determinar si los accionados con su actuar le quebrantaron esa prerrogativa de rango constitucional\u00bb (CSJ STC402-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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