STC2823-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2823-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01724-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 14 de septiembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Noel Bernardo Galarza Mojica contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito de inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, en el marco del proceso ordinario laboral que promovi\u00f3 contra Ecopetrol S.A., con radicado No. 2014-00482. <\/p>\n
Solicita entonces de manera concreta, para salvaguardar sus prerrogativas, \u00abrevocar la sentencia aqu\u00ed atacada en acci\u00f3n de tutela, y en su lugar se ordena a la accionada proferir la que en derecho corresponda teniendo de presente el precedente judicial, las prueba aportadas, aplicaci\u00f3n de las normas sustanciales de la ley laboral colombiana, y de nuestra constituci\u00f3n referente a la incidencia de los vi\u00e1ticos como factor salarial al liquidar la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n de un trabajador\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reparos y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto aduce, en lo esencial, que mediante el proceso de la referencia pretendi\u00f3 que se ordenara a la demandada reajustar su mesada pensional, incluyendo los vi\u00e1ticos pagados durante el \u00faltimo a\u00f1o en que labor\u00f3, pedimento al que accedi\u00f3 el 5 de noviembre de 2015 el Juzgado Veinticinco Laboral Bogot\u00e1, decisi\u00f3n que no obstante apel\u00f3 su contraparte, fue confirmada el 21 de abril de 2016 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial. <\/p>\n
Afirma que Ecopetrol SAS atac\u00f3 con \u00e9xito a trav\u00e9s del recurso extraordinario la precitada determinaci\u00f3n, pues el 21 de julio de 2021, fue casada por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, para entonces, negar sus pretensiones, decisi\u00f3n en la cual, dice, se incurri\u00f3 en \u00abdefecto sustantivo, defecto f\u00e1ctico, defecto procedimental, [y desconocimiento] del precedente judicial y constitucional\u00bb, toda vez que no se observaron las pruebas allegadas al decurso, ni se interpret\u00f3 en debida forma el art\u00edculo 130 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, con omisi\u00f3n adem\u00e1s, del precedente judicial existente, situaciones que, en su criterio, justifican la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) La Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, por intermedio de la Magistrada Ponente de la decisi\u00f3n cuestionada a esa autoridad, manifest\u00f3 que contrario a lo esbozado por el gestor, en lo decidido s\u00ed se analiz\u00f3 el art\u00edculo 130 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, modificado por el art\u00edculo 17 de la Ley 50 de 1990, seg\u00fan la jurisprudencia emitida sobre el particular por la Sala permanente de la especialidad, encontrando que en el caso del demandante, no se cumplen con todos los supuestos para considerar los vi\u00e1ticos como permanente y, por ende, con incidencia salarial, m\u00e1s a\u00fan cuando \u00abno se encontr\u00f3 demostraci\u00f3n de las funciones del actor y su relaci\u00f3n con las causas de los viajes y el pago de vi\u00e1ticos\u00bb. <\/p>\n
b.) Ecopetrol S.A. a trav\u00e9s de apoderado general, se\u00f1al\u00f3 que en la providencia emitida por la Corporaci\u00f3n accionada \u00abno existe violaci\u00f3n alguna a derecho fundamental o desconocimiento del precedente jurisprudencial ni presuntas fallas cometidas\u00bb, lo que impide la configuraci\u00f3n de alguna de las causales para la procedencia del amparo; adem\u00e1s precis\u00f3, que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, porque el reclamo constitucional se circunscribe a la decisi\u00f3n emitida por la autoridad jurisdiccional accionada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, para lo cual sintetiz\u00f3 el reclamo constitucional incoado, y al confrontarlo con lo definido frente al mismo dentro del referido proceso, encontr\u00f3 que \u00abno configura un requisito de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. La simple discrepancia o desacuerdo con el contenido de una decisi\u00f3n, no habilita la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela porque es un mecanismo excepcional, el cual no fue dise\u00f1ado como una instancia adicional. Dentro de la autonom\u00eda que se garantiza y reconoce a los funcionarios judiciales, est\u00e1 la de interpretar las normas para resolver el caso concreto, y esa labor permite que la comprensi\u00f3n que lleguen a tener distintos jueces sobre una misma norma sea diversa, y que unas interpretaciones sean mejor recibidas que otras. De manera que la razonabilidad de la argumentaci\u00f3n presentada resulta relevante al momento de hacer la valoraci\u00f3n respectiva\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el gestor, insistiendo en los mismos motivos que expuso en el escrito inicial, haciendo \u00e9nfasis en el desconocimiento del precedente jurisprudencial aplicable. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De entrada resulta indispensable puntualizar, que la salvaguarda constitucional resulta improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las normas que regulan la acci\u00f3n de tutela no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha considerado que excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio se observa, que el se\u00f1or Galarza Mojica se duele, concretamente, de la decisi\u00f3n proferida el 21 de julio de 2021 por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, a trav\u00e9s de la cual, se cas\u00f3 la sentencia dictada el 21 de abril de 2016 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, con que se mantuvo \u00edntegramente el fallo del 5 de noviembre de 2015 del Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de la misma ciudad, para en \u00faltimas, no acceder a lo reclamado dentro del proceso ordinario laboral que adelant\u00f3 frente a Ecopetrol S.A., pues seg\u00fan su dicho, la decisi\u00f3n emitida en sede del recurso extraordinario result\u00f3 del desconocimiento de la jurisprudencia aplicable y la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
3. No obstante, revisados los argumentos que sustentan la inconformidad del gestor, y los expuestos por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral al desatar el mecanismo extraordinario, no se advierte causal que permita la concesi\u00f3n del amparo reclamado, por cuanto, contrario a lo afirmado por el aqu\u00ed interesado, lo determinado sobre el particular no se observa ser el resultado de un actuar desconectado de la normativa y el precedente jurisprudencial aplicable al caso concreto, por lo que no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n invoca el impulsor de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
En la mentada decisi\u00f3n, la Corporaci\u00f3n accionada al estudiar los cargos elevados precis\u00f3, que le correspond\u00eda \u00abestablecer si el juez de la alzada incurri\u00f3 en error al concluir el car\u00e1cter permanente de los vi\u00e1ticos que percibi\u00f3 el demandante y que ten\u00edan por objeto cumplir funciones propias del cargo desempe\u00f1ado por \u00e9ste\u00bb; cometido para el cual cit\u00f3 lo que sobre los vi\u00e1ticos establece el art\u00edculo 130 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, y concluy\u00f3, que \u00abtienen la connotaci\u00f3n de permanentes aquellos que se otorguen al trabajador para su manutenci\u00f3n y alojamiento, siempre que, por requerimiento del empleador, ordinaria y habitualmente deba desplazarse de su sede de trabajo hacia otras sedes, en cuyo caso, los pagos por este concepto s\u00ed tienen incidencia salarial\u00bb; aserto al que agreg\u00f3 lo que al respecto ha establecido la jurisprudencia de la Sala permanente de la especialidad, esto es, que \u00abpara establecer el hecho que aqu\u00ed se debate y en que el demandante funda sus pretensiones, esto es, si determinado vi\u00e1tico es permanente y, por tanto, factor salarial, es necesario que el juzgador verifique: i) que tengan car\u00e1cter habitual; ii) que los desplazamientos se funden en \u00f3rdenes del empleador y iii) que las actividades comisionadas est\u00e9n relacionadas con las funciones propias del cargo o con otras actividades que le sean encomendadas. Adem\u00e1s, deben corresponder al pago de gastos de manutenci\u00f3n y alojamiento. Elementos \u00e9stos que dan precisamente la connotaci\u00f3n salarial a los pagos por concepto de vi\u00e1ticos\u00bb. <\/p>\n
Con sustento en estas premisas, la autoridad accionada encontr\u00f3, que el Tribunal de instancia \u00abno atendi\u00f3 de manera correcta las pautas se\u00f1aladas por la jurisprudencia de esta corporaci\u00f3n, pues como lo afirma la censura, en su an\u00e1lisis, se limit\u00f3 a se\u00f1alar que los desplazamientos que generaron el pago de vi\u00e1ticos, fueron continuos, mes a mes, pero sin establecer si las actividades o funciones que se realizaron estaban relacionadas con las labores habituales o corrientes de su cargo o de otras actividades que le hubiese encomendado Ecopetrol\u00bb, postura que ciment\u00f3 en el an\u00e1lisis de los medios de prueba allegados. <\/p>\n
En seguida, la Corporaci\u00f3n convocada puntualiz\u00f3, que en todo caso, \u00abaun si en gracia de discusi\u00f3n la Sala admitiera que la mencionada afirmaci\u00f3n de haber ejecutado \u00ablabores netamente operativas derivadas del contrato de trabajo\u00bb permitiera inferir que el juez de la alzada verific\u00f3 el criterio funcional, lo cierto es que se apreciar\u00eda que el colegiado tambi\u00e9n incurri\u00f3 en un error f\u00e1ctico al adoptar tal conclusi\u00f3n. Esto, dado que de los documentos de folios 58 a 93, denunciados por la parte recurrente, deriv\u00f3 el car\u00e1cter permanente y, por ende, salarial de los vi\u00e1ticos, cuando dicha prueba no permite establecer las funciones propias del cargo como t\u00e9cnico grado 17 o las actividades encomendadas por Ecopetrol, y, por tanto, no pod\u00eda concluirse si el objeto de las comisiones all\u00ed registradas respond\u00eda al ejercicio de aquellas\u00bb; as\u00ed las cosas, consider\u00f3, \u00abcon la informaci\u00f3n contenida en la relaci\u00f3n de planillas de legalizaci\u00f3n de viajes antes se\u00f1alada no puede verificarse el criterio funcional al que se refiere la jurisprudencia de esta Corte, y, por tanto, no se acredita el car\u00e1cter permanente y, por ende, salarial de los vi\u00e1ticos. No basta la referencia a una comisi\u00f3n operativa, tambi\u00e9n se requiere comparar la causa de los viajes con la misi\u00f3n o funciones del cargo, y para ello es necesario demostrar estas \u00faltimas, lo que no hace la prueba denunciada. Tal circunstancia pone en evidencia el yerro del juzgador de la alzada, quien consider\u00f3 que el contenido de los documentos analizados resultaba suficiente para ello, cuando no es as\u00ed. <\/p>\n
Estos fundamentos sirvieron de base para que, en la decisi\u00f3n de instancia que sigui\u00f3 al fallo que cas\u00f3 lo decidido por el ad quem, la Corte resolviera negar las pretensiones de la demanda, pues, \u00aben el proceso no se logr\u00f3 probar la naturaleza salarial de los vi\u00e1ticos devengados por el demandante en el \u00faltimo a\u00f1o de labores, lo que conlleva desestimar la reliquidaci\u00f3n de su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n otorgada desde el a\u00f1o 2003, pues no es dable incluir dicho concepto como factor salarial, ya que es la parte actora quien afirma que los vi\u00e1ticos devengados en el \u00faltimo a\u00f1o tienen connotaci\u00f3n salarial, la llamada a demostrarlo. <\/p>\n
En ese sentido, le correspond\u00eda al demandante demostrar los elementos esenciales que establecen la connotaci\u00f3n perseguida, entre ellos, como lo ha se\u00f1alado esta corporaci\u00f3n, el factor funcional, esto es, la relaci\u00f3n entre las actividades ejercidas en virtud del desplazamiento y aquellas ejecutadas en raz\u00f3n de las funciones de su cargo o de las encomendadas por el empleador. Es por ello que al juzgador le corresponde verificar el cumplimiento de esta carga de la prueba, que le incumbe al trabajador\u00bb. <\/p>\n
4. De este modo, a diferencia de lo considerado por el tutelante, la decisi\u00f3n emitida por Sala de Descongesti\u00f3n endilgada se soport\u00f3 en el an\u00e1lisis de las pruebas y el razonable entendimiento de las normas sustanciales y la jurisprudencia aplicables al caso concreto, por lo que el mero disentimiento de \u00e9ste con la interpretaci\u00f3n normativa y jurisprudencial realizada por esa autoridad, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, ya que como qued\u00f3 visto, para arribar a lo determinado dicha autoridad advirti\u00f3, que no se hab\u00eda demostrado que los vi\u00e1ticos reclamados por el demandante hubieran sido pagados al aqu\u00ed interesado por el desempe\u00f1o de labores relacionadas con las actividades corrientes o habituales de su cargo, o de otras actividades que le hubiera encomendado su empleador, lo que imped\u00eda catalogarlos como permanentes y, en consecuencia, los descartaba como factor salarial para el c\u00e1lculo de la mesada pensional. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, por m\u00e1s discutible que pudiera ser la postura asumida por la autoridad jurisdiccional convocada, como la sola divergencia conceptual expuesta por el aqu\u00ed inconforme no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues, como lo ha se\u00f1alado invariablemente la Sala de tiempo atr\u00e1s, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC1920-2022). <\/p>\n
6. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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