STC2824-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2824-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00019-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 8 de febrero de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Consuelo Morales L\u00f3pez contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa misma urbe, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Tercero Civil Municipal tambi\u00e9n de esa ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con la sentencia de segundo grado pronunciada al interior del proceso de nulidad de escritura p\u00fablica que en su contra instaur\u00f3 Julio C\u00e9sar Salinas Berm\u00fadez, identificado con el consecutivo 2018-00310. <\/p>\n
Por lo anterior, la accionante solicita, concretamente, que se \u00abrevoque\u00bb el inciso segundo de dicha providencia, para que en su lugar, se ordene al \u00abjuzgado de primera instancia\u00bb, pronunciarse sobre la pretensi\u00f3n \u00absubsidiaria de simulaci\u00f3n absoluta, conforme a una plausible y razonada fundamentaci\u00f3n probatoria\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado adujo en lo esencial y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente decurso, que en el litigio descrito en l\u00edneas precedentes, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Pereira fall\u00f3 la contienda el 23 de noviembre de 2020, accediendo a la pretensi\u00f3n principal, esto es, \u00abdecretando la nulidad absoluta de la Escritura P\u00fablica No. 1434 de 28 de marzo de 2014\u00bb, decisi\u00f3n que atac\u00f3 verticalmente, con fundamento, en s\u00edntesis, en que el juez \u00abesgrimi\u00f3 todo el an\u00e1lisis probatorio tratando de demostrar la existencia de la nulidad absoluta del contrato de compraventa frente a los supuestos normativos del ordenamiento civil, arts. 1495, 18491 y 1502\u00bb, pese a que el debate debi\u00f3 centrarse, dice, en \u00abanalizarse de manera concreta si se viol\u00f3 el art\u00edculo 99 del Decreto 960 de 1970, que es el que establece los eventos y causales que producen la nulidad desde el punto de vista formal de las escrituras p\u00fablicas\u00bb. <\/p>\n
Refiere que no obstante lo anterior, el ad quem se apart\u00f3 del estudio de los reparos fijados, concluyendo que cuando lo que falta es el consentimiento, opera la nulidad relativa, no la absoluta, y que la misma no pod\u00eda ser declarada de oficio, adem\u00e1s de pronunciarse sobre la pretensi\u00f3n subsidiaria de simulaci\u00f3n, la cual sali\u00f3 avante, situaci\u00f3n que, atesta, la habilitan para acudir a la presente senda residual, m\u00e1xime cuando, dicha autoridad \u00abse extralimit\u00f3 al pronunciarse sobre hechos que no fueron objeto de la sentencia de primera instancia y por ende de la apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, adem\u00e1s de remitir el link de acceso al expediente contentivo del proceso objeto de an\u00e1lisis, dijo, en lo fundamental, que para zanjar la alzada criticada tuvo en cuenta lo normado en los art\u00edculos 282 a 328 del C\u00f3digo General del Proceso, garantizando a la apelante su derecho al debido proceso, sin que en momento alguno se pueda decir que la sentencia apelada fue reformada en su perjuicio pese a ser apelante \u00fanico, motivo por el cual, solicit\u00f3 desestimar la salvaguarda instada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pereira -Sala Civil Familia, deneg\u00f3 el amparo suplicado, luego de analizar los argumentos expuestos en la providencia cuestionada, pues, es \u00abindiscuti[ble] que la demanda plante\u00f3 pedimentos principales y subsidiarios, que incluso la parte demandada en ejercicio de su defensa present\u00f3 excepciones de m\u00e9rito; as\u00ed pues, el cuadro de la instancia qued\u00f3 configurado en esos t\u00e9rminos. <\/p>\n
Que la apelaci\u00f3n se centrara en atacar solo el \u00e9xito de las principales, en manera alguna legitima la situaci\u00f3n, pues visto est\u00e1 que la esencia de elevar peticiones rotuladas como principales unas y suplementarias otras, es revisar primero aquellas y luego estas; as\u00ed entonces, era previsible desde la t\u00e9cnica procesal que, ante el fracaso de las principales, el juez se avocara al an\u00e1lisis de las plasmadas como sustitutorias. Por ende, la gesti\u00f3n impugnaticia implicaba edificar un ataque comprensivo de esas hip\u00f3tesis absolutamente probables. <\/p>\n
Explica de anta\u00f1o, la doctrina procesalista nacional del maestro Morales Molina, que: \u201cAcumulaci\u00f3n eventual o subsidiaria. Tiene lugar cuando una pretensi\u00f3n se propone, para el caso de que otra sea desestimada. La relaci\u00f3n de principal a subsidiaria corresponde a una gradaci\u00f3n de los intereses del demandante (\u2026)\u201d y luego concluye: \u201cpor lo cual el orden en que se colocan es obligatorio para el juez, quien sin violar la congruencia no puede resolver la subsidiaria antes de la principal. (\u2026).\u201d. <\/p>\n
Ahora, que al sentenciar la causa el triunfo de las pretensiones principales, relevara del estudio de las secundarias, es apenas l\u00f3gico; comenta el maestro L\u00f3pez Blanco: \u201cOtra posibilidad de acumulaci\u00f3n es la ya advertida de pretensiones principales y subsidiarias (\u2026) mientras que en la modalidad que se explica es necesario, denegada la primera, ocuparse de la subsidiaria, pero si la principal es acogida no es necesario seguir con el an\u00e1lisis de la pretensi\u00f3n en subsidio\u201d. En segunda instancia es razonable y jur\u00eddicamente v\u00e1lido que, al revocar la decisi\u00f3n de primera, corresponde estudiar las que se postularon como suplementarias, porque esa es la naturaleza de estas peticiones, como se ha anotado ya. <\/p>\n
Y, la pretensi\u00f3n impugnaticia o restrictiva, novedad de la nueva regulaci\u00f3n procedimental, no configura una limitaci\u00f3n a las potestades en sede de alzada, puesto que expresamente estipula la regla del art\u00edculo 328, CGP, que debe pronunciarse sobre los aspectos de oficio que le se\u00f1ala la ley como es el caso de la acumulaci\u00f3n de pretensiones (Art.89, CGP), entre muchos eventos: los revisables de oficio como asuntos de familia y agrarios (Art. 281, par\u00e1grafos 1\u00ba y 2\u00ba, ibidem), las excepciones declarables de oficio (Art. 282, ibidem), los presupuestos procesales21 y sustanciales22, las nulidades absolutas (Art. 2\u00ba, Ley 50 de 1936), las prestaciones mutuas23 y las costas procesales24, entre otros. <\/p>\n
Por \u00faltimo, debe considerarse que es panor\u00e1mica la competencia cuando ambas partes recurren en lo que les fue desfavorable (Art.328, inciso 2\u00ba, CGP). Criterio que es precedente horizontal de esta Sala, de tiempo atr\u00e1s. Al contrario, preterir la resoluci\u00f3n de una pretensi\u00f3n subsidiaria cuando ha sido frustrada la principal, estructura una transgresi\u00f3n del postulado de la congruencia procesal, prescrita por el Estatuto Adjetivo Civil, as\u00ed predica la literatura especializada, entre otros el profesor Parra Ben\u00edtez, con prohijamiento de la doctrina de la CSJ que, aunque antigua, tiene vigencia tambi\u00e9n para el CGP\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La tutelante recurri\u00f3 el anterior fallo, esgrimiendo como sustento de su inconformidad similares argumentos a los esbozados en el escrito introductorio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el presente caso, la se\u00f1ora Mar\u00eda Consuelo cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo, en lo principal, la sentencia de segundo grado pronunciada el 22 de noviembre del a\u00f1o pasado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira que dispuso, a la letra i) \u00abConfirmar los numerales primero, tercero, cuatro, quinto y s\u00e9ptimo de la sentencia de primera instancia de fecha 23-11-2020, proferida por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Pariera\u00bb, ii) \u00abRevocar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia. En su lugar, se declara absolutamente simulado el contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica #1434 del 28-03-2014 de la Notar\u00eda Cuarta del c\u00edrculo de Pereira, mediante la cual Julio Cesar Salinas Berm\u00fadez dijo vender a Mar\u00eda Consuelo Morales L\u00f3pez, el inmueble de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 290-125667 ubicado en la manzana 30 casa 9 del barrio Villa del Prado de Pereira\u00bb, iii) \u00abModificar el numeral sexto. Se establece que el porcentaje de las costas en primera instancia a favor del demandante y a cargo de la demandada Mar\u00eda Consuelo Morales L\u00f3pez ser\u00e1 del 50%\u00bb iv) \u00abAdicionar en el sentido de que las condenas aqu\u00ed establecidas, con excepci\u00f3n de las costas, en caso de no ser canceladas en el tiempo establecido, se reconocer\u00e1n intereses legales del 6% anual\u00bb, v) \u00abDenegar el reconocimiento de los perjuicios morales reclamados por el demandante\u00bb y, vi) \u00abSin condena en costas esta instancia\u00bb, a la luz del juicio declarativo que en su contra adelant\u00f3 Julio C\u00e9sar Salinas Berm\u00fadez, pues seg\u00fan su criterio, al dejarse sin valor ni efecto lo decidido por el juez cognoscente, analiz\u00f3 la pretensi\u00f3n subsidiaria de la demanda y la declar\u00f3, pese a que ello no fue motivo de reparo en la alzada, y, sin pronunciarse respecto a la defensa exceptiva formulada en la contestaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Sin embargo, atendidos los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n, y aqu\u00e9llos expuestos en la determinaci\u00f3n con que se resolvi\u00f3 la mentada providencia, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la misma no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales de la promotora de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
Al comenzar el respectivo estudio, el ad quem puntualiz\u00f3, que el motivo de inconformidad de la apelante se centraba en establecer, si \u00abel juez de primera instancia, se apart\u00f3 de la pretensi\u00f3n de la demanda, entendida esta como la \u2018nulidad absoluta por causa il\u00edcita, de la escritura p\u00fablica #1434 del 28-03-2014\u2026\u2019 sin considerar el asunto desde el aspecto f\u00e1ctico de cualquiera de las causales taxativas contempladas o descritas en el art\u00edculo 99 del Decreto 960 de 1970, para establecer si se daba la nulidad absoluta, ya que el argumento del a-quo en la parte considerativa es el an\u00e1lisis de los requisitos para la validez y existencia del contrato de compraventa celebrado entre Mar\u00eda Consuelo Morales L\u00f3pez y el se\u00f1or Julio Cesar Salinas Berm\u00fadez, concluyendo, de una parte, que no se reunieron los requisitos de los art\u00edculos 1495 y 1849 del C.C, como son en su orden el objeto y el pago o precio de la cosa vendida, y, de otra parte, que no se cumplieron con los requisitos del art\u00edculo 1502, ib\u00eddem, como es el consentimiento y capacidad para obligarse, razonamiento que lo llev\u00f3 a decidir de fondo que no se cumplieron con los requisitos de la compraventa, conllevando a la nulidad absoluta del contrato de compraventa\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed entonces, determin\u00f3 que, en efecto, no hab\u00eda lugar a declarar la pretensi\u00f3n principal, esto es, la nulidad absoluta del contrato demandado, comoquiera que \u00ablo perseguido por el demandante es la nulidad del contrato de compraventa contenida en la escritura p\u00fablica que equivalente a una nulidad absoluta, cuando lo que se trataba es de una de las formales, pues recae su intensi\u00f3n sobre los instrumentos que recoge los actos de compraventa, al conferirse por parte del vendedor con un poder especial que es insuficiente al no tener expresamente la autorizaci\u00f3n de \u201clevantamiento de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar\u201d y a la imposici\u00f3n del c\u00f3digo catastral. <\/p>\n
Al respecto, en Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, sala de decisi\u00f3n civil-familia, de fecha 11-05-2021 en el expediente 6001-31-03-004-2014-00187-01, MP Duberney Grisales Herrera, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201cAsumiendo, con un enfoque muy flexible, que se enunciaron pedimentos anulatorios de \u201cpleno derecho\u201d, cabe predicar su fracaso; primero porque frente a las escrituras p\u00fablicas proceden las invalidaciones formales del art\u00edculo 99, Decreto 960 de 1970; segundo, la causales para fundar esta especie son, a voces del art\u00edculo 1741, CC: (a) La ilicitud de la causa y el objeto; (b) La omisi\u00f3n de las formalidades prescritas para su validez; y, (c) La incapacidad absoluta (Con la Ley 1996 de 2019, \u00fanicamente son los imp\u00faberes). Paladino aflora que la causa para pedir no se apoya en ninguna de las mencionadas hip\u00f3tesis, por ende, el litigio tampoco se plante\u00f3 en esos t\u00e9rminos, ni esa fue la intelecci\u00f3n de la contraparte. Los hechos probados tampoco las acreditan.\u201d <\/p>\n
En otro aparte de la sentencia, el Tribunal se\u00f1ala: \u201cEl r\u00e9gimen de invalidaciones, instrumentales y sustantivas o materiales, est\u00e1 informado por el principio de reserva legal o tipicidad r\u00edgida, que impone su estudio a la luz de las previamente estatuidas como tales, lo que conlleva a invalidar aplicaciones anal\u00f3gicas o extensivas. Es esa la l\u00ednea de pensamiento, generalizada en la literatura de la materia, acogida por la CSJ, explica esta Corporaci\u00f3n: El contenido del contrato s\u00f3lo puede ser creado, modificado o extinguido por la voluntad de las partes o por la propia ley de modo expreso, sin que sea procedente realizar en tal punto interpretaciones extensivas. Por ello, al juez no le est\u00e1 permitido desconocer el consentimiento de los contratantes dentro de los contornos de la buena fe, como tampoco las causas expresamente previstas en normas positivas para afectar la validez de los convenios o privarlos de sus efectos.\u201d Subl\u00ednea de esta Sala. <\/p>\n
Como los fundamentos f\u00e1cticos que soportan la pretensi\u00f3n reclamada no se configuran a una de las seis nulidades del articulo 99 citado, ni tampoco tiene cabida en las causales del art\u00edculo 1741 del C\u00f3digo Civil, pues es solo posible decretarla por la omisi\u00f3n de alg\u00fan requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideraci\u00f3n a la naturaleza de ellos, y los requisitos y formalidades para el negocio jur\u00eddico en cuesti\u00f3n, esto es, la cosa y el precio y como requisito sustancial, que se instrumente a trav\u00e9s escritura p\u00fablica y se inscriba en el correspondiente registro inmobiliario, elementos que si se llevaron a cabo, atendiendo lo establecido en el art\u00edculo 1849 y 1857 del C\u00f3digo Civil, adem\u00e1s el art\u00edculo 905 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, esta pretensi\u00f3n de la demanda no pod\u00eda prosperar, tal como lo solicita el recurrente apelante, y se revocara la sentencia en lo que tiene que ver con la nulidad de la escritura p\u00fablica #1434 del 28-03-2014 de la Notaria Cuarta del c\u00edrculo de Pereira\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, y de conformidad a lo normado en el canon 328 del C\u00f3digo General del Proceso que precept\u00faa: \u00abel juez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos en la ley\u00bb, al resultar impr\u00f3spera la pretensi\u00f3n principal, deb\u00eda entonces el juez de segundo grado pronunciarse acerca del pedimento subsidiario de simulaci\u00f3n absoluta, como en efecto lo hizo, y para tal cometido, acerca del material probatorio recaudado, estableci\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[e]n el caso de estudio, el contrato de compraventa que se declarar\u00e1 simulado es el celebrado entre Julio Cesar Salinas Berm\u00fadez, representado por Diana Marcela Gonz\u00e1lez Morales y Mar\u00eda Consuelo Morales L\u00f3pez mediante escritura p\u00fablica N\u00ba1434 del 28 de marzo de 2014 de la Notar\u00eda Cuarta del c\u00edrculo de Pereira, respecto del inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria 290- 125667, respectivamente, al hallar la concurrencia de varios indicios ya anunciados como fundamento facticos, a explicar: <\/p>\n
Para revisar los indicios, se tiene como eventos esenciales: El matrimonio entre Diana Marcela y Julio Cesar fue el 19-06-2003. Julio Cesar se fue a los EEUU el 26-07-2005 y regreso el 28-04-2014. Julio Cesar estuvo en la c\u00e1rcel desde el a\u00f1o 2011 al 28-04-2014. El poder especial fue autenticado el 24-09-2008 ante el Consulado General de Colombia en New York. La sociedad conyugal se disolvi\u00f3 y liquidada el 29-12-2008. Y la compraventa fue el 28-03-2014. <\/p>\n
Indicios: <\/p>\n
1. Se indico arriba, la motivaci\u00f3n del vendedor, mandataria y compradora para celebrar el negocio jur\u00eddico aqu\u00ed revisado. Quedo establecido que el m\u00f3vil es la conservaci\u00f3n y cuidado del patrimonio que dicen ser, del hijo menor de la expareja, esto por, las vicisitudes que pueda traer la separaci\u00f3n de los c\u00f3nyuges, las deudas del demandante y las consecuencias de haber perdido la libertad. Circunstancia probada con la confesi\u00f3n, adem\u00e1s porque de esta motivaci\u00f3n solo era conocida por Diana Marcela, Mar\u00eda Consuelo y Julio Cesar. <\/p>\n
2. La venta que se efectu\u00f3, la realizo la demandada Diana Marcela Gonz\u00e1lez, con poder especial otorgado por el demandante para exclusivamente la venta del inmueble y para hacerla en el a\u00f1o 2008 cuando se concedi\u00f3 el poder, no para hacerlo efectiva 6 a\u00f1os despu\u00e9s, asumiendo esta, incluso una doble calidad en la negociaci\u00f3n como vendedora y apoderada de Julio Cesar con soporte en el poder general; adem\u00e1s asume la calidad de afectada directa, al haber tenido una sociedad conyugal con el demandante y cuyo inmueble estuvo en el haber de la sociedad conyugal, para facultarse a s\u00ed misma para cancelar el levantamiento de la media cautelar y proceder con la venta. <\/p>\n
Pues as\u00ed lo anuncia en la contestaci\u00f3n de la demanda, cuando argumenta que, si contaba con las facultades para levantar la afectaci\u00f3n gravada, en tanto se dice en el poder \u201cmi apoderada cuenta con todas las facultades para el ejercicio del poder\u201d, expresi\u00f3n que admite varias interpretaciones, sin embargo, es claro el otorgamiento y no cabe a duda el se\u00f1alado solo a la facultad contenida de \u201cvender\u201d pero no de cancelar un gravamen como es la afectaci\u00f3n a vivienda familiar; acto simple para enga\u00f1ar y ocultar el negocio jur\u00eddico real. Otro argumento de Diana Marcela para poder vender el bien, es que el gravamen tambi\u00e9n la cobija a ella por cuanto estaba casada y con sociedad conyugal vigente es lo que manifiesta en la Notaria Cuarta de Pereira (folio 606), sin embargo, con la escritura p\u00fablica #6245 del 29-12- 2008 de la Notaria Quinta del c\u00edrculo de Pereira (folio 20 ss) se desvirt\u00faa este argumento, pues pasaron 6 a\u00f1os para realizar la venta del inmueble cuyo propietario era el demandante Julio Cesar a su madre Mar\u00eda Consuelo seg\u00fan escritura p\u00fablica #1437 del 28-03-2014 de la Notaria Cuarta de Pereira, cuando la sociedad ya no exist\u00eda. <\/p>\n
All\u00ed puede verse, entonces, que su prop\u00f3sito no era otro diferente al de ocultarlo, precisamente para conservar ese patrimonio. Y ocultarlo tan bien, incluso del se\u00f1or Julio Cesar, porque no obra en el plenario que Diana Marcela le contara que vendi\u00f3 la propiedad y que lo hizo a su madre, que, seg\u00fan manifestaciones realizadas en la Fiscal\u00eda, as\u00ed lo quer\u00eda Julio Cesar ocurriera, adem\u00e1s de ser el patrimonio del menor hijo, m\u00e1s bien sinti\u00e9ndose enga\u00f1ado y despojado de su propiedad, al ser ocultado el acto jur\u00eddico. <\/p>\n
Ahora bien, en cuando a la concesi\u00f3n del poder de conformidad con las indicaciones del art\u00edculo 8921 del Decreto Ley 019\/2012, el poder otorgado por el se\u00f1or Julio Cesar a la se\u00f1ora Diana Marcela (folio 5, 8, 12, 185, 196 (poder m\u00e1s legible) cuaderno principal), carece de la anotaci\u00f3n de la existencia del gravamen (afectaci\u00f3n a vivienda familiar), ni la especifica autorizaci\u00f3n para cancelarlo, m\u00e1s cuando para el 24-09-2008, fecha de autenticaci\u00f3n del poder ante el Consulado General de Colombia en New York, la sociedad conyugal estaba disuelta y liquidada seg\u00fan la escritura p\u00fablica #6245 del 29-12-2008 de la Notaria Quinta del c\u00edrculo de Pereira (folio 20 ss). <\/p>\n
Adicionalmente, el demandante realiza una denuncia penal al considerar la falsedad del documento (poder) para que en su nombre realizaran la cancelaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar, adem\u00e1s que fue alterado el \u201cpoder\u201d cuando la demandada Diana Marcela escribe la c\u00e9dula catastral del inmueble, anotaci\u00f3n que no la ten\u00eda. Las actuaciones de la fiscal\u00eda no fueron desvirtuadas, debidamente sustentadas informan que no fueron ajustadas al orden jur\u00eddico las actuaciones de las demandadas que consiste en sujetarse a la honestidad, lealtad y sinceridad en los contratos lo que establece el art\u00edculo 83 de la Constituci\u00f3n Nacional. <\/p>\n
3. Las demandadas Diana Marcela y Mar\u00eda Consuelo nunca se han despojado de la tenencia del bien, la primera entro a vivir en el inmueble desde su adquisici\u00f3n cuando ten\u00eda un v\u00ednculo matrimonial con el demandante Julio Cesar, realizado el divorcio y la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, fue autorizada por el demandante para vivir en el inmueble ya que ten\u00eda la custodia del hijo que tiene en com\u00fan, adem\u00e1s porque se fue para EEUU pero no dejo de velar por la conservaci\u00f3n del inmueble; a la fecha de la demanda ambas demandadas habitan el inmueble, realizando actos de se\u00f1oras y due\u00f1as del mismo. <\/p>\n
4. La falta de capacidad econ\u00f3mica, en estricto sentido, constituye, no un hecho susceptible de demostraci\u00f3n, sino una negaci\u00f3n indefinida dispensada de la prueba. Con lo cual, una vez alegada en la demanda, corresponde desvirtuarla a la parte pasiva. La ausencia de movimientos bancarios, como la ausencia de capacidad econ\u00f3mica, tambi\u00e9n constituye negaci\u00f3n indefinida dispensada de prueba. De modo que, alegada, grava al extremo pasivo con la carga de desvirtuarla o presentar justificaciones razonables. En este caso, no existe evidencia alguna de transacci\u00f3n o movimiento bancario alguno destinado a cubrir el precio de la venta. Aunado a todo lo anterior, est\u00e1 el hecho de que tampoco est\u00e1 demostrado que la demandada hubiese entregado dineros a la demandante, al menos en cantidad que justificara la compra de los inmuebles. Al respecto, en el interrogatorio de parte realizado a la se\u00f1ora Mar\u00eda Consuelo Morales L\u00f3pez, que se aprecia a minuto 43:00 y siguientes de la audiencia realizada el 21- 10-2020, ante la pregunta que le formula el juez de instancia, de cu\u00e1l fue el precio de la compra del inmueble, dijo que no lo conoc\u00eda, no supo establecer el valor, dijo que ning\u00fan pago dio. <\/p>\n
Ante la pregunta \u00bfcu\u00e1l fue el valor de la casa? realizada por el apoderado demandante, respondi\u00f3 que correspond\u00eda a unas cuotas de una hipoteca que ella pago, sin determinar su monto, dijo que 65 o 70 millones, que tambi\u00e9n a unas mejoras, cuyo valor tampoco supo decirlo, expone que no hubo valor, no hubo dinero, no hubo precio que se entregara al se\u00f1or Julio Cesar. Hecho que es confirmado por Julio Cesar en el interrogatorio a minuto 32:52. <\/p>\n
Estas manifestaciones constituyen prueba de confesi\u00f3n a la luz del art\u00edculo 191 del CGP. 5. Con respecto a las relaciones de parentesco o amistad \u00edntima entre los supuestos simulantes, se acept\u00f3 y se demostr\u00f3 una relaci\u00f3n familiar, pues se trata de la madre y su hija, del yerno y su suegra\u00bb. <\/p>\n
Con base en todo lo anterior ultim\u00f3, que \u00abest\u00e1n acreditados los indicios antes referidos, por otra parte, son graves, m\u00faltiples y convergentes, de modo que avalan la tesis de que la compraventa en cuesti\u00f3n fue simulada. Por \u00faltimo, le asiste raz\u00f3n al a-quo respecto de la decisi\u00f3n de reconocer los frutos civiles al demandante y las mejoras a la demandada Mar\u00eda Consuelo\u00bb, an\u00e1lisis a trav\u00e9s del cual, sin lugar a equ\u00edvocos, se estudi\u00f3 la excepci\u00f3n planteada por la accionante frente a la mentada pretensi\u00f3n subsidiaria, denominada \u00abinexistencia de simulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. En consecuencia, como la sola divergencia conceptual expuesta por la inconforme no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajustan a las normas adjetivas o sustanciales que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039- 2021). <\/p>\n
Ciertamente, tal y como qued\u00f3 visto, a diferencia de lo considerado por la inconforme, al revocarse la decisi\u00f3n de instancia que estim\u00f3 la pretensi\u00f3n principal de decretar la nulidad absoluta de la escritura de compraventa reclamada, no ten\u00eda otra v\u00eda el Superior que entrar a validar la pretensi\u00f3n subsidiaria reclamada en el libelo, relativa a la simulaci\u00f3n absoluta del contrato en disputa, sin que pueda considerarse entonces, que se fall\u00f3 extra petita por el simple hecho que los reparos de la apelaci\u00f3n se centraron en atacar \u00fanicamente lo resuelto respecto de la pretensi\u00f3n principal, pues, sin duda, al encontrar el ad quem el fracaso de lo principal, era necesario que entrara a estudiar lo subsidiario, m\u00e1xime cuando tampoco es cierto que \u00e9ste omitiera decidir la excepci\u00f3n de inexistencia de simulaci\u00f3n que propuso oportunamente la gestora del amparo, all\u00e1 demandada, pues tal y como se hizo menci\u00f3n expresamente a \u00e9sta en la determinaci\u00f3n cuestionada, para concluir que fue simulada la compraventa, bast\u00f3 con encontrar demostrado, en lo principal, que la misma se realiz\u00f3 para conservar el bien dentro de su patrimonio, y, que la compradora no pose\u00eda capacidad econ\u00f3mica para adquirirlo, sin que tampoco probara c\u00f3mo lo pag\u00f3, entre otros. <\/p>\n
5. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC2824-2022 Magistrado ponente STC2824-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00019-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 8 de febrero de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62022","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62022","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62022"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62022\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62022"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62022"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62022"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}