STC2830-2022_1 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2830-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00214-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide1 el resguardo constitucional promovido por Mar\u00eda Alicia contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, la Unidad Administrativa Especial de Restituci\u00f3n de Tierras \u2013 Direcci\u00f3n Territorial Magdalena Medio y el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Claudia Mar\u00eda, Pedro Jos\u00e9, Juan Carlos y a los dem\u00e1s intervinientes en el proceso con radicado 20180013300. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- A trav\u00e9s de apoderada judicial, la accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital, trabajo, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, confianza leg\u00edtima, autonom\u00eda de la voluntad privada y buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
2.- En sustento de su queja relat\u00f3 que, el 19 de diciembre de 2019, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n para la Restituci\u00f3n de Tierras, en representaci\u00f3n de Claudia Mar\u00eda, Pedro Jos\u00e9 y Juan Carlos, present\u00f3 solicitud de restituci\u00f3n del predio denominado La Libertad 2, ubicado en el corregimiento de la Mata del municipio de la Gloria, departamento del C\u00e9sar, identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria xxx-xxxxx, proceso que fue admitido el 3 de febrero de 2020 por el Juzgado accionado y en el que se orden\u00f3 vincular a la ahora tutelante \u00abcomo posible opositora\u00bb. <\/p>\n
Surtido el tr\u00e1mite, se remiti\u00f3 a la Sala Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, que dict\u00f3 sentencia el 20 de agosto de 2020, mediante la cual ampar\u00f3 los derechos pretendidos por los reclamantes, anul\u00f3 los negocios jur\u00eddicos realizados sobre el inmueble, declar\u00f3 no probada la buena fe exenta de culpa y neg\u00f3 la compensaci\u00f3n por ella solicitada. <\/p>\n
Indic\u00f3 que promov\u00eda la presente tutela, porque el Tribunal convocado hizo una interpretaci\u00f3n formal y no sustancial del asunto, sin tener en cuenta que los documentos aportados evidenciaban \u00abla verdadera y real voluntad de mi cliente al esgrimir todas las acciones leg\u00edtimas y honestas al adquirir el predio denominado \u2018La Libertad 2\u2019\u00bb, circunstancia que degener\u00f3 en una inadecuada valoraci\u00f3n del acervo probatorio otorgado por mi cliente y consecuente \u2018Violaci\u00f3n Directa de la Constituci\u00f3n\u2019 y \u2018Desconocimiento a la Jurisprudencia tanto de procesos de Restituci\u00f3n de Tierras como lo preceptuado por la HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL frente a estos hechos\u2019\u00bb. <\/p>\n
2.1.- Refiri\u00e9ndose al inmueble objeto de litigio, adujo que era falso y que \u00abprevarica el honorable Tribunal (\u2026) al dar por cierto el hecho que la se\u00f1ora -Luz Stella- arrend\u00f3 una Estaci\u00f3n de Servicio que all\u00ed funcionaba, cuando qued\u00f3 demostrado (\u2026) que quien construy\u00f3 con esfuerzo y dedicaci\u00f3n la estaci\u00f3n de servicio fue la se\u00f1ora -Mar\u00eda Alicia-\u00bb y que el arriendo pactado entre las partes fue por un lote con una casa. En ese sentido, resalt\u00f3 que el testigo Pedro Sim\u00f3n afirm\u00f3 que \u00ablos se\u00f1ores xxxxxx (\u2026) arrendaron al se\u00f1or -Jorge Alberto-, (\u2026) el lote para que montara una bomba\u00bb y que, antes de eso, Luz Stella ten\u00eda \u00abuna llanter\u00eda, vend\u00edan repuestos y trabajaban mec\u00e1nica ah\u00ed los hijos\u00bb, lo cual fue ratificado por la tutelante. <\/p>\n
2.2.- Precis\u00f3 que no era cierto que la se\u00f1ora Luz Stella hubiera denunciado presuntas amenazas de las autodefensas en su contra y que el documento que se valor\u00f3 para el efecto ten\u00eda un error en las fechas, lo cual no fue considerado; adem\u00e1s, sostuvo que, aunque se dijo que Juan Carlos, en 2004, fue amenazado para que retirara las denuncias por el asesinato de Luz Stella, aqu\u00e9l solo present\u00f3 esa queja contra Jorge Alberto en 2010 y la del homicidio en 2011, siendo solo hasta 2012 que el citado se\u00f1or y Claudia Mar\u00eda hicieron declaraciones en ese sentido, para presentar la solicitud de tierras de 2013, \u00abLo que demuestra sin lugar a duda, que solo estaban tejiendo pruebas falsas a fin de lograr su cometido\u00bb. <\/p>\n
2.3.- Se refiri\u00f3 a los 3 testimonios rendidos por Ramiro, abogado que elabor\u00f3 la minuta y estuvo en la negociaci\u00f3n que hicieron con Juan Carlos, Pedro Jos\u00e9 y John Jairo para la venta del lote en cuesti\u00f3n, quien dijo no avizorar \u00absignos de coacci\u00f3n o violencia dentro de la negociaci\u00f3n y que mucho menos estuvo influenciada por grupos al margen de la ley\u00bb, lo cual, seg\u00fan la accionante, no fue considerado por el Tribunal. <\/p>\n
2.4.- De otro lado, arguy\u00f3 que era \u00abadquiriente y propietario de buena fe, exenta de culpa\u00bb, pues actu\u00f3 de acuerdo con los lineamientos de la ley, sin que hubiera nexo causal entre la venta del predio y los hechos alegados por las v\u00edctimas. <\/p>\n
2.5.- As\u00ed, destac\u00f3 que los solicitantes en restituci\u00f3n no presentaron denuncias por los hechos que presuntamente los victimizaron y que dieron origen a su requerimiento, que no se valoraron en debida forma unos testimonios, que el Tribunal omiti\u00f3 pronunciarse sobre las pruebas que acreditaban que los interesados s\u00ed recibieron el dinero por la compra del inmueble y que no tuvo en cuenta que la investigaci\u00f3n penal contra Jorge Alberto, por el asesinato de la abuela de los demandantes y por presuntas amenazas, fue precluida por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, con pruebas que, pese a ser trasladadas, no se verificaron. <\/p>\n
3.- Inst\u00f3, conforme a lo relatado, tutelar sus derechos fundamentales y, en consecuencia, que se aplique un trato igualitario, seg\u00fan los precedentes contenidos en las sentencias STC8123-2017, STC10677-2021 y STC10174-2021, ordenar a la Sala accionada revisar el fallo del 20 de agosto de 2021, declarar probada la buena fe exenta de culpa de la opositora en raz\u00f3n a lo establecido en la C-330 de 2016 y disponer a su favor la compensaci\u00f3n del art\u00edculo 98 de la Ley 1448 de 2011. Tambi\u00e9n pidi\u00f3 que \u00abse le ordene sea coherente en sus providencias judiciales, evit\u00e1ndose que frente a situaciones f\u00e1ctica y jur\u00eddicamente similares, se produzcan soluciones disimiles\u00bb; y, por \u00faltimo, requiri\u00f3 compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en contra de los solicitantes. <\/p>\n
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II. RESPUESTAS DE LA ACCIONADA <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1.- El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja manifest\u00f3 que no vulner\u00f3 los derechos de la accionante. <\/p>\n
2.- La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta se\u00f1al\u00f3 que la tutela pretend\u00eda revivir la controversia que se desat\u00f3 en la respectiva instancia judicial. <\/p>\n
3.- La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 UAEGRTD- y la Agencia Nacional de Hidrocarburos alegaron falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4.- La Procuradur\u00eda 12 Judicial II en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga refiri\u00f3 que rindi\u00f3 concepto en el proceso de restituci\u00f3n, que \u00abfue integrado al expediente digital el \u00faltimo d\u00eda del t\u00e9rmino de 5 d\u00edas otorgado, pero con posterioridad a la hora de cierre de la Sala aqu\u00ed accionada, por lo que se tuvo por extempor\u00e1neo; no obstante, destac\u00f3 que en aqu\u00e9l consign\u00f3 que la opositora -ahora tutelante- no acredit\u00f3 la buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
Igualmente, mencion\u00f3 que, en su intervenci\u00f3n, solicit\u00f3 acceder a lo pretendido por Claudia Mar\u00eda y Pedro Jos\u00e9, pero no as\u00ed frente Juan Carlos, en atenci\u00f3n a lo establecido en el par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
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III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, la accionante persigue la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, con ocasi\u00f3n del fallo del 20 de agosto de 2021, por medio del cual se decret\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble La Libertad 2 a favor de Claudia Mar\u00eda, Pedro Jos\u00e9 y Juan Carlos y se desestim\u00f3 su oposici\u00f3n, puesto que, en su criterio, los reclamantes no fueron desplazados, suscribieron el contrato de compraventa del bien sin presi\u00f3n alguna y se demostr\u00f3 su buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
2.- Sobre el particular, se observa que el Tribunal convocado, al proferir sentencia en el proceso de marras, expuso los siguientes aspectos: <\/p>\n
2.1.- Empez\u00f3 por establecer el contexto de violencia del municipio de La Gloria, C\u00e9sar, donde est\u00e1 ubicado el predio objeto de restituci\u00f3n, para lo cual cit\u00f3 informes de la UAEGRTD, algunas de las declaraciones rendidas por Pedro Jos\u00e9 y Ricardo, incluso la de la opositora, de lo cual concluy\u00f3 que el proceder de las autodefensas, durante el periodo comprendido entre los a\u00f1os 2000 al 2007, gener\u00f3 temor en la poblaci\u00f3n y alter\u00f3 el orden p\u00fablico en la regi\u00f3n. <\/p>\n
2.2.- A continuaci\u00f3n, refiri\u00f3 que los tres reclamantes estaban legitimados para promover la acci\u00f3n, de conformidad con el art\u00edculo 75 de la Ley 1448 de 2011, por cuanto ostentaron la condici\u00f3n de propietarios del inmueble en disputa, seg\u00fan las adjudicaciones por sucesi\u00f3n allegadas al tr\u00e1mite2. <\/p>\n
2.3.- En particular, sobre el estatus de v\u00edctima de Juan Carlos, consider\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) deben se\u00f1alarse dos aspectos relacionados con la condici\u00f3n de v\u00edctima que se predica de los solicitantes, siendo el primero de ellos la relaci\u00f3n de -Juan Carlos- con la guerrilla de las Farc, ya que se prob\u00f3 que perteneci\u00f3 a dicho grupo armado y que hoy d\u00eda pretende recibir un beneficio ante la Justicia Especial para la Paz \u2013JEP, pues se encuentra condenado por el homicidio de un integrante del Ej\u00e9rcito Nacional, suceso que ocurri\u00f3 en el corregimiento Ayacucho, municipio de La Gloria, el 20 de febrero del 2015. <\/p>\n
Pertenencia que qued\u00f3 en evidencia conforme lo expuesto en la Resoluci\u00f3n 016 del 7 de julio del 2017 expedida por el Alto Comisionado para la Paz, confesada por \u00e9l en declaraci\u00f3n judicial, que adem\u00e1s, fue objeto de valoraci\u00f3n en la Resoluci\u00f3n SAI-LC-D-AOA- 017-2019 de la Sala de Amnist\u00eda o Indulto de la Justicia Especial para la Paz en la que se dijo: \u2018En el caso objeto de estudio, el accionante cuenta con el certificado del Alto Comisionado para la Paz, en el que se da cuenta de la relaci\u00f3n del se\u00f1or -Juan Carlos- con las FARC-EP. En ese orden de ideas, su situaci\u00f3n corresponde al segundo inciso del art\u00edculo 17 de la Ley 1820 de 2016, y el requisito se encuentra corroborado\u2019 (Sic) esto refiri\u00e9ndose a una solicitud elevada por \u00e9l ante el referido tribunal especial, pedimento en el cual tuvo que comprobar que en efecto integra el grupo insurgente. <\/p>\n
Al respecto, el par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 3 de la Ley 1448 del 2011 se\u00f1ala que \u2018Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no ser\u00e1n considerados v\u00edctimas, salvo en los casos en los que los ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad (…)\u2019. No obstante, fulguran aspectos que desde la \u00f3ptica de la justicia transicional y el prop\u00f3sito intr\u00ednseco del derecho a la restituci\u00f3n de tierras conllevan a inferir que dicha exclusi\u00f3n no puede ser aplicada de manera exeg\u00e9tica pues como en el asunto bajo examen, el hecho victimizante b\u00e1culo del alegado despojo sucedi\u00f3 con anterioridad al v\u00ednculo del solicitante con la estructura ilegal, relaci\u00f3n que -Juan Carlos- narr\u00f3 as\u00ed: \u2018despu\u00e9s de tanto que denunci\u00e9 y de yo al ver de qu\u00e9 era imposible y que yo estaba en los ojos del gavil\u00e1n, me met\u00ed su se\u00f1or\u00eda, hice parte\u2019, haciendo referencia claramente a los sucesos de violencia que fundamentan la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
Y es que no se trata de una interpretaci\u00f3n caprichosa, la jurisprudencia constitucional3 en asuntos referentes con la acreditaci\u00f3n de la calidad de v\u00edctima y la procedencia de la inscripci\u00f3n en el RUV respecto a personas que hayan pertenecido a grupos armados al margen de la ley, ha considerado que dicha relaci\u00f3n no aniquila per se la posibilidad de reconocerlos como v\u00edctimas del conflicto, pues m\u00e1s all\u00e1 de la excepci\u00f3n planteada en el mentado art\u00edculo 3\u00b0 y que hace referencia al reclutamiento de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, predominan situaciones propias del asunto en particular tales como las condiciones de vulnerabilidad del agraviado que lo pueden elevar a sujeto de especial protecci\u00f3n o en su defecto, las caracter\u00edsticas del hecho victimizante como por ejemplo el momento en que tuvo lugar. <\/p>\n
Si bien la Corte Constitucional ha planteado el debate jur\u00eddico en torno a este t\u00f3pico y bajo presupuestos f\u00e1cticos que no son id\u00e9nticos a los estudiados en el sub judice, pues se analiz\u00f3 fue la condici\u00f3n de una mujer excombatiente v\u00edctima de reclutamiento forzado, violencia sexual y desplazamiento; lo cierto es que la interpretaci\u00f3n del m\u00e1ximo tribunal aparte de vislumbrar la necesidad de aplicar el enfoque diferencial en favor de esta poblaci\u00f3n de especial protecci\u00f3n, tambi\u00e9n realiz\u00f3 una apreciaci\u00f3n de las circunstancias de modo tiempo y lugar en las que se padeci\u00f3 el hecho victimizante, llegando a concluir por lo menos frente al desplazamiento forzado que \u2018Finalmente, es de anotar que el desplazamiento forzado ocurri\u00f3 con posterioridad a su desmovilizaci\u00f3n, la cual pudo lograr gracias a su \u2018fuga\u2019 y, por ende, dicho hecho victimizante acaeci\u00f3 respecto de una persona que, para ese momento, ten\u00eda ya la calidad de civil\u2019 (resaltado del Tribunal)4. <\/p>\n
En ese sentido, es viable considerar que el se\u00f1or -Juan Carlos- puede ser v\u00edctima del conflicto armado por los sucesos acaecidos en el a\u00f1o 2004, pues no se tiene evidencia que para esa fecha perteneciese a la estructura ilegal; bajo esta determinaci\u00f3n, se estudiar\u00e1 el mentado presupuesto axiol\u00f3gico frente al referido promotor\u2026\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, como se observa, estableci\u00f3 que Juan Carlos s\u00ed pod\u00eda considerarse v\u00edctima del conflicto armado, para todos los efectos de la Ley 1448 de 2011, y le extendi\u00f3 los beneficios y medidas all\u00ed contenidas a \u00e9l y a su grupo familiar, como se ver\u00e1 m\u00e1s adelante. <\/p>\n
Frente a Claudia Mar\u00eda adujo que era madre cabeza de hogar y v\u00edctima directa en dos ocasiones, \u00abla primera del municipio de La Gloria por hechos ocurridos el 9 de agosto del 2004 y luego de El Banco, Magdalena para el mismo mes del a\u00f1o 2006, as\u00ed como del homicidio de su abuela -Luz Stella-, condici\u00f3n que al tenor del art\u00edculo 13 de la Ley 1448 de 2011, le otorga el derecho a un trato especial\u00bb. <\/p>\n
2.4.- En concreto sobre los actos victimizantes alegados por los tres solicitantes, el Colegiado tuvo en cuenta, para su acreditaci\u00f3n, el formulario de solicitud de inscripci\u00f3n, en el que Juan Carlos rindi\u00f3 su versi\u00f3n de los hechos, indicando que aquel \u00abdej\u00f3 plasmado que su abuela -Luz Stella- arrend\u00f3 el inmueble \u2018La Libertad 2\u2019 a -Jorge Alberto-, a su hijo -\u00c1lvaro Andr\u00e9s- y a -Luis-, no obstante, cumplido el plazo y pese a que pidi\u00f3 la devoluci\u00f3n de la heredad ellos se negaron, tanto que -Jorge Alberto-, vali\u00e9ndose de su cercan\u00eda con alias \u2018omega\u2019 \u2018el se\u00f1or jovani loba jaramilla alias bachiller y alias jarol, y alias panelo, Omar pertenecientes al grupo norte de las autodefensas\u2019 (Sic.) la amenaz\u00f3 para que le vendiera; tr\u00e1mite que al no ser realizado desemboc\u00f3 el 9 de agosto del 2004 en su homicidio por parte de -Guillermo Le\u00f3n-\u00bb. <\/p>\n
Adicional a ello, destac\u00f3 que Juan Carlos \u00abexpres\u00f3 en estrados que luego del homicidio de su abuela empezaron las amenazas en contra suya y de los dem\u00e1s herederos, pues cuando se dirig\u00eda a interponer la denuncia su hermano, su t\u00edo y tambi\u00e9n un \u2018primo llamado -Heriberto-\u2019 fueron retenidos, so pena de atentar contra sus vidas si se proced\u00eda con la querella\u00bb. <\/p>\n
Puso de presente, la declaraci\u00f3n de Claudia Mar\u00eda, quien afirm\u00f3 que, \u00abpara la \u00e9poca en que viv\u00eda con su abuela -Luz Stella-, esta fue amenazada por -Jorge Alberto- con \u2018un rev\u00f3lver y se lo coloc\u00f3 en la frente, debido a que ella no le permit\u00eda realizar unas mejoras al terreno; asimismo, dej\u00f3 plasmado en el formato de inscripci\u00f3n que luego del crimen, su padre -John Jairo- junto con -Pedro Jos\u00e9- y -Heriberto- fueron retenidos por \u2018ALIAS BACHILLER Y ALIAS PANELO Y CERAFIN ALIAS BIGOTE miembros de las AUC se los llevaron para que se quitaran las denuncias que se hab\u00edan puesto\u2019 (Sic.), circunstancias por las que su padre se desplaz\u00f3 de manera definitiva hacia la capital nortesantandereana, municipio en el que enferm\u00f3 y falleci\u00f3\u00bb. <\/p>\n
A su vez, cit\u00f3 las manifestaciones realizadas por Pedro Jos\u00e9, de quien dijo que ratific\u00f3 lo narrado por su hermano Juan Carlos sobre el homicidio de su abuela, \u00abno obstante, en etapa judicial dijo no haber sido retenido por los paramilitares pues adujo que fue su hermano y su madre quienes soportaron las amenazas de manera directa, aseveraci\u00f3n que igualmente realiz\u00f3 en estrados\u00bb. <\/p>\n
De las declaraciones referidas determin\u00f3, de un lado, que estaban \u00abrevestidas de presunci\u00f3n de buena fe y veracidad\u00bb y, de otro, que concordaban \u00aben lo fundamental, esto es, la causa del homicidio de su abuela paterna y aunque se vislumbra una imprecisi\u00f3n en lo referente a la retenci\u00f3n de -Pedro Jos\u00e9-, lo cierto es que dicha disonancia no tiene la entidad suficiente para desacreditar la ocurrencia de los sucesos de violencia por ellos soportados, aunado que no fueron desvirtuados por la parte opositora, quien ten\u00eda la carga de probar en contrario, se corrobora con lo que cont\u00f3 el postulado Jovannis Manuel Lobo Jaramillo alias \u2018Bachiller\u2019 quien confes\u00f3 que despu\u00e9s del deceso de -Luz Stella-, \u2018Harold me llama por tel\u00e9fono y me dice o me ordena de que citara a los nietos, o a los hijos de la se\u00f1ora que hab\u00edan matado en la mata para que les dijera que le quitaran la denuncia que ellos le hab\u00edan colocado al se\u00f1or -Jorge Alberto-\u2019 (Sic.); afirmaci\u00f3n que ratifica que la familia adem\u00e1s de sufrir el asesinato de su ascendente, en verdad s\u00ed tuvo que soportar amenazas e intimidaciones luego de ese lamentable acontecimiento\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
Y agreg\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abA su turno, -Jorge Alberto- corrobor\u00f3 que en efecto pretendi\u00f3 comprarle el predio a -Luz Stella-, no obstante -dijo- ella se abstuvo de vender influenciada por su nieto -Juan Carlos-, lo que permite evidenciar que el control que se ven\u00eda ejerciendo sobre el inmueble no era realmente pac\u00edfico pues permanec\u00eda el desacuerdo, tanto as\u00ed que -Luz Stella- el 6 de julio de 2004 interpuso denuncia en contra de \u2018-\u00c1lvaro Andr\u00e9s- y -Luis-\u2019 en la que indic\u00f3 que estaban \u2018construyendo\u2019 en su terreno y haciendo mejoras sin \u2018autorizaci\u00f3n\u2019 por lo cual adujo que hab\u00eda tomado la decisi\u00f3n de no \u2018arrendar m\u00e1s\u2019, disposici\u00f3n que narr\u00f3 no le fue aceptada por parte de los denunciados, pues arguyeron que se hab\u00eda prorrogado el t\u00e9rmino de la renta por otros 5 a\u00f1os, situaci\u00f3n que fue rotundamente negada por ella en su acusaci\u00f3n, pues aunque reconoci\u00f3 la existencia del contrato en ese sentido, en la misma querella adujo no haberlo suscrito. <\/p>\n
As\u00ed pues, en medio de esta disputa la cual ten\u00eda lugar en un territorio evidentemente controlado por grupos de autodefensas como se dej\u00f3 plasmado en el contexto de violencia, la se\u00f1ora Luz Stella fue asesinada el nueve de agosto de ese mismo a\u00f1o, homicidio perpetrado por -Guillermo Le\u00f3n- quien fue condenado mediante sentencia del 4 de noviembre de 2008 proferida por el Juez Promiscuo del Circuito de Aguachica\u00bb. <\/p>\n
En torno a lo alegado por la opositora sobre la muerte de Luz Stella, propietaria del bien en disputa y por cuya sucesi\u00f3n los tres -nietos- solicitantes adquirieron la titularidad del mismo, en cuanto afirm\u00f3 que \u00abel ataque con arma blanca que llev\u00f3 a su muerte no tiene relaci\u00f3n con los grupos armados toda vez que el confeso asesino no acept\u00f3 conocer a los comandantes paramilitares de la \u00e9poca e indic\u00f3 que cometi\u00f3 tal delito por necesidad\u00bb, el Tribunal advirti\u00f3 que, aunque ello era cierto, pues \u00abel confeso homicida de -Luz Stella-, en efecto, no se refiri\u00f3 a alguna estructura armada ilegal ni acept\u00f3 haber perpetrado el hecho por mandato de un tercero, tambi\u00e9n lo es que el postulado Jovanni Manuel Lobo Jaramillo alias \u2018Bachiller\u2019 indic\u00f3 en declaraci\u00f3n jurada que el se\u00f1or -Jorge Alberto- quien ten\u00eda \u2018muy buenas relaciones con las AUC\u2019 en esa \u00e9poca, le manifest\u00f3 que estaba en disputa con \u2018Luz Stella\u2019 y habl\u00f3 con alias \u2018Harol o con Omega\u2019 determinando la muerte de la abuela de los solicitantes. Por lo anterior, arguy\u00f3 el otrora paramilitar que Harol le coment\u00f3 que \u2018iba a mandar un muchacho del grupo\u2019 y que hab\u00eda que \u2018matar a la se\u00f1ora -Luz Stella-\u2019, siendo el mismo Bachiller quien instruy\u00f3 al sicario para cometer el delito, cuyo transporte fue prestado por alias \u2018Bigotes\u2019 (\u2026) (sic)\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, enfatiz\u00f3 que en la misma evidencia <\/p>\n
\u00abalias Bachiller dej\u00f3 plasmado que el homicidio ocurri\u00f3 entre las \u20186:30 y 7 PM\u2019 cuando la \u2018v\u00edctima se encontraba en un quiosco frente a la casa de ella\u2019, en ese instante el sicario quien simula comprar unos cigarrillos \u2018le corta la garganta\u2019 y trata de huir, sin embargo \u2018la poblaci\u00f3n se le fue encima\u2019 por lo que \u2018alias -Juan Carlos-\u2019 no lo pudo recoger, raz\u00f3n por la cual, el homicida quien no conoc\u00eda la zona, \u2018se aturdi\u00f3 y la polic\u00eda le dio captura\u2019; suceso que fue narrado en id\u00e9ntico sentido por los solicitantes y adem\u00e1s por los entrevistados en el Informe de Pruebas Sociales quienes indicaron: \u2018ella la degollaron en una casetica al frente de la bomba (…) detr\u00e1s de eso estaban los paramilitares\u2019, \u2018ya est\u00e1bamos haciendo el levantamiento de cad\u00e1ver cuando lleg\u00f3 la camioneta de la polic\u00eda, un capit\u00e1n que ejerc\u00eda en Pelaya Cesar, tra\u00edan al autor del asesinato y me llamaron pa que lo conociera\u2019, afirmaciones que resultan cre\u00edbles pues como primera medida, el postulado quien para ese momento fung\u00eda como comandante del corregimiento La Mata, asume una responsabilidad penal que le acarrear\u00e1 sanciones en su contra pudiendo f\u00e1cilmente, de no ser cierto lo narrado, abstenerse de reproducirlo en pro de su beneficio, contrario a ello, decidi\u00f3 contar con detalles el suceso y a su vez, los consultados en la experticia practicada por la UAEGRTD son residentes del sector y pudieron dar fe del evento, adem\u00e1s, uno se desempe\u00f1\u00f3 como inspector de polic\u00eda y contribuy\u00f3 con la diligencia forense, actuaci\u00f3n que refleja la inmediaci\u00f3n sobre el macabro acontecimiento\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, el Tribunal consider\u00f3 que se hab\u00eda demostrado el conflicto entre Luz Stella y sus familiares con el se\u00f1or Jorge Alberto, esposo de la opositora, con base en lo sostenido <\/p>\n
\u00aben diligencia judicial por -Pedro Sim\u00f3n- o (SC) quien en ese estadio agreg\u00f3 que conoci\u00f3 a los consangu\u00edneos de los solicitantes y adujo constarle que -Luz Stella- fue asesinada porque \u2018no quer\u00eda vender la propiedad\u2019; afirmaci\u00f3n a la que se le suma lo dicho por -Ricardo-, primo e integrante del n\u00facleo familiar para la fecha en que ocurrieron los hechos, quien ratific\u00f3 la existencia del desacuerdo entre -Jorge Alberto- y su abuela, sobre la cual arguy\u00f3 \u2018la mataron a ella para quedarse con las tierras\u2019 se\u00f1alando al esposo de la opositora como el presunto determinador y principal interesado en el predio\u00bb. <\/p>\n
El Colegiado accionado analiz\u00f3 otros medios de prueba, de los cuales determin\u00f3: <\/p>\n
\u00abAhora, la testigo -Juanita-, integrante tambi\u00e9n del n\u00facleo familiar de los demandantes, narr\u00f3 el homicidio de su abuela, e indic\u00f3 que reci\u00e9n fue atacada \u2018se acerca la se\u00f1ora Chela, que le decimos Chela, que es la mam\u00e1 de -Juan Carlos- (…) inmediatamente empiezan a quitarle (…) las cosas que ten\u00eda de oro encima (…)\u2019 afirmaci\u00f3n conteste con lo se\u00f1alado por -Jorge Alberto- quien en estrados adver\u00f3 \u2018cuando a ella [-Luz Stella-] la matan en cambio de auxiliarla, la mam\u00e1 de -Juan Carlos- lo que hizo fue bajarle las prendas\u2019, evento que dijo haber conocido por boca de -Juanita-, sin embargo, aunque fuese cierto y no se est\u00e1 diciendo que as\u00ed lo sea, para nada implica que el homicidio haya sido con el fin de robarla, no se evidenci\u00f3 con ning\u00fan medio suasorio que existieron dichas prendas y que las mismas fueron objeto de hurto siquiera de manera tentativa por parte de su familiar. <\/p>\n
Y aunque -Hernando- tambi\u00e9n habitante del sector, adujo en etapa administrativa \u2018yo creo que la asesinaron por robarla\u2019, su afirmaci\u00f3n no va m\u00e1s all\u00e1 de una suposici\u00f3n pues no relata inmediaci\u00f3n alguna con el suceso ni indica la fuente de la informaci\u00f3n; raz\u00f3n por la cual, sobre este particular hecho su testimonio tiene nulo valor, pues ni siquiera explica de manera concreta las circunstancias de modo, tiempo y lugar que le permitieron proferir dicha inferencia. <\/p>\n
Ahora, sobre la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n que se adelant\u00f3 en la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en contra del esposo de la tutelante por el homicidio de Luz Stella, el Tribunal consider\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab\u2026a\u00fan con las apreciaciones probatorias que el Fiscal Especializado realiz\u00f3 en la mentada resoluci\u00f3n, con la plasmada contradicci\u00f3n entre los postulados alias \u2018Bachiller\u2019 y \u2018Bigotes\u2019 sumada la ausencia de reconocimiento por parte de -Guillermo Le\u00f3n- autor del homicidio, no se logra desvirtuar la presunci\u00f3n de buena fe y veracidad del relato ofrecido por los reclamantes, toda vez que el discernimiento all\u00ed descrito gira en torno a resolver la situaci\u00f3n penal de -Jorge Alberto-, circunstancia que no es objeto de decisi\u00f3n en el sub examine, pero adem\u00e1s, es innegable como ya se indic\u00f3 que los hechos ocurrieron en un territorio dominado por las autodefensas y particularmente comandado por alias \u2018Bachiller\u2019, tambi\u00e9n permanec\u00eda en su m\u00e1ximo esplendor el desacuerdo entre -Luz Stella- y el esposo de la solicitante, precisamente por la tierra. <\/p>\n
Primeramente, las pruebas consideradas por el ente investigador, como por ejemplo el testimonio de \u2018Bigotes\u2019, no fueron aportadas con la oposici\u00f3n, lo cual impide una valoraci\u00f3n completa o por lo menos imposibilita contrastar con eficacia sus narraciones y las condiciones del deponente, contrario a lo que sucede con alias \u2018Bachiller\u2019 cuya versi\u00f3n libre y testimonio rendido ante la Fiscal\u00eda Especializada, fueron arrimados en su totalidad y cuenta con tal precisi\u00f3n que sin duda merece credibilidad, misma que no se ve menguada con la sentencia condenatoria de -Guillermo Le\u00f3n- pues, bien pudo ser una estrategia de defensa desplegada por el entonces acusado o en su defecto, el evidente temor de relacionar a un grupo armado ilegal con la conducta criminal. En todo caso, el referido homicida se encuentra fugado de prisi\u00f3n desde el mes de mayo del 2012 pocos meses despu\u00e9s de haber declarado en la Fiscal\u00eda Tercera Especializada, cuesti\u00f3n que imposibilita conocer su relato actual que, ante la ausencia de presiones, podr\u00eda tener otro efecto, por dicha duda, prevalece la presunci\u00f3n de buena fe y veracidad a favor de las v\u00edctimas\u00bb. <\/p>\n
Con base en ello concluy\u00f3 que no cab\u00eda duda de que Claudia Mar\u00eda, Pedro Jos\u00e9 y Juan Carlos \u00aby su n\u00facleo familiar son v\u00edctimas del conflicto armado por el homicidio de su abuela Luz Stella, circunstancias que conllevaron al direccionamiento de amenazas en su contra cuyo fin era la venta del predio objeto de reclamaci\u00f3n\u2026\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
2.5.- Verificado lo anterior, la Sala de conocimiento advirti\u00f3 que deb\u00eda constatarse si la p\u00e9rdida del v\u00ednculo jur\u00eddico con el predio hab\u00eda ocurrido como consecuencia directa o indirecta del conflicto armado, para lo cual, en primer lugar, indic\u00f3 que Juan Carlos \u00abfue la persona sobre la que en su mayor\u00eda recay\u00f3 la amenaza\u00bb y que aqu\u00e9l dej\u00f3 plasmado en el formulario de solicitud de inscripci\u00f3n \u00abque el \u201818 de noviembre del 2004\u2019 \u00e9l y su t\u00edo \u2018-John Jairo-\u2019 fueron llevados por alias \u2018panelo\u2019 a la estaci\u00f3n de servicio La Gabriela, ubicada en el municipio de Pailitas, lugar donde se encontraba \u2018alias jarol, el indio, panelo, -Jorge Alberto-, y Alfredo jaraba\u2019; agreg\u00f3 que en ese momento fueron amarrados de pies y manos y obligados a vender el predio por \u2018100 millones\u2019 a favor del esposo de la opositora, pues fueron advertidos que de no acceder les pasaba lo mismo que a la abuela, y aunque tasaron el valor del fundo en \u2018800 millones\u2019 dicha suma no fue aceptada y debieron firmar con la oferta que les realizaron\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
En segundo lugar, advirti\u00f3 que \u00ab-Pedro Jos\u00e9- indic\u00f3 ante el Juez que su t\u00edo -Juan Carlos- y su hermano -John Jairo- fueron obligados por los paramilitares, quienes los \u2018secuestraron y le hicieron firmar un papel\u2019, documento con el que enajenaron la heredad; evento que en similar sentido fue rese\u00f1ado por \u2013Claudia Mar\u00eda- quien en estrados memor\u00f3 que su pap\u00e1 -John Jairo- y su primo -Juan Carlos- fueron llevados por las autodefensas para Pailitas; no obstante, fue enf\u00e1tica en se\u00f1alar que ella se enter\u00f3 de todo por su pap\u00e1 y que, pese a fungir como propietaria conforme a los derechos que adquiri\u00f3 en la sucesi\u00f3n de su progenitor, no realiz\u00f3 negociaci\u00f3n alguna pues sus primos -Juan Carlos- y -Pedro Jos\u00e9- le informaron que \u2018el se\u00f1or -Jorge Alberto-\u2019 la escogi\u00f3 para representar a sus cong\u00e9neres y concretar la venta que otrora efectu\u00f3 su padre, sin embargo, no recibi\u00f3 suma de dinero alguna\u00bb. <\/p>\n
Pues bien, el Tribunal consider\u00f3 que las dos declaraciones citadas, estaban \u00abrevestidas de buena fe por provenir de los solicitantes v\u00edctimas del conflicto armado\u00bb; adem\u00e1s, que eran \u00abconcordantes y veros\u00edmiles entre s\u00ed, salvo algunas imprecisiones justificables por el transcurrir del tiempo y la experiencia directa de cada deponente pues, en el caso de -Pedro Jos\u00e9- y -Claudia Mar\u00eda- no fueron retenidos directamente, no obstante se enteraron de primera mano por parte de -Juan Carlos- y el difunto Jorge, tambi\u00e9n encuentran respaldo en otras pruebas que evidencian el temible evento mencionado\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
Al respecto, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab\u2026se aport\u00f3 con la solicitud oficio dirigido a la \u2018Fiscal\u00eda, CTI, polic\u00eda Nac, Ejercito de Colombia\u2019 (Sic.), en la que -Juan Carlos- dej\u00f3 plasmado que \u2018(…) hoy 18 de nov 2004 nos sitaron (sic) a todos tres herederos que ten\u00edamos una Reuni\u00f3n en pelaya que para solucionarnos el problema de las tierras (…) si Algo nos llega a pasar en esa Reuni\u00f3n que supuesta mente don -Jorge Alberto- dijo que fueramos el culpable es el\u2019 (Sic.), documental elaborada en la \u00e9poca en que sucedieron los hechos y cuya fidelidad no fue cuestionada por la oposici\u00f3n; raz\u00f3n por la cual, se vislumbra que sin lugar a dudas, exist\u00eda no solo constre\u00f1imiento por parte de los paramilitares sino tambi\u00e9n, un temible inter\u00e9s del esposo de la opositora en obtener el fundo reclamado. <\/p>\n
Situaci\u00f3n que igualmente fue puesta en conocimiento por -Juan Carlos- en su declaraci\u00f3n realizada ante el Ministerio P\u00fablico el 12 de abril del 2006 y en cuyo formato \u00fanico dej\u00f3 plasmado \u2018(…) DESPUES ME AGARRARON A MI Y ME LLEVARON A UNA FINCA QUE SINO LES DABA LA FINCA AL SE\u00d1OR -JORGE ALBERTO-, NOS PASABA LO MISMO QUE LE PASO (…) AMIABUELA YO EN VERDAD ESTABA ASUSTADO Y PRESIONADO Y LES DIJE QUE YO POR TIERRA NO ME IBA HA SER MATAR\u2019 (Sic), documental que fue aportada directamente por la Unidad para las V\u00edctimas y que refleja sin lugar a equ\u00edvocos que el mencionado reclamante viene denunciando el despojo inclusive desde el a\u00f1o 2006 fecha en la cual no exist\u00eda el tr\u00e1mite sub judice\u00bb. <\/p>\n
2.6.- Sobre el contrato suscrito para la venta del inmueble en disputa con el hijo de la opositora, el Tribunal destac\u00f3 que <\/p>\n
\u00abObra tambi\u00e9n en el expediente la promesa de compraventa C-A 14763855 calendada 22 de noviembre del 2004, a trav\u00e9s de la cual, -Juan Carlos-, John Jairo y -Pedro Jos\u00e9-, se obligan a transferir el predio \u2018La Libertad No. 2\u2019 a -\u00c1lvaro Andr\u00e9s\u2013 hijo de la opositora- por $140.000.000, adquiriendo como compromiso que para el d\u00eda 22 de diciembre de ese mismo a\u00f1o se proceder\u00eda con la suscripci\u00f3n de la correspondiente escritura, no obstante, se elabor\u00f3 una pr\u00f3rroga sin fecha en la que aparte de dejar constancia del recibido de 100 millones de pesos por parte de los vendedores, se supedit\u00f3 la suscripci\u00f3n de la escritura a la expedici\u00f3n del permiso para enajenar por parte del Incoder, tr\u00e1mite que se pretendi\u00f3 surtir mediante petici\u00f3n sin fecha y sin documento de recibido, operando m\u00e1s adelante el silencio administrativo, fen\u00f3meno jur\u00eddico que, luego de la sucesi\u00f3n de -John Jairo- con la que -Claudia Mar\u00eda- obtuvo el 50% del inmueble, conllev\u00f3 a la suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica -xxx- del 25 de enero del 2007 a favor, sin precedentes de -Mar\u00eda Alicia- por $50.000.000. <\/p>\n
Sobre el primero de los negocios jur\u00eddicos y el entorno en que se llev\u00f3 a cabo la venta, el mismo paramilitar alias \u2018Bachiller\u2019 en declaraci\u00f3n jurada de fecha 2 de diciembre del 2011 absuelta ante la Fiscal\u00eda 3 Especializada Delegada Ante el Juzgado \u00danico Penal del Circuito Especializado, se\u00f1al\u00f3 que d\u00edas despu\u00e9s de la muerte de -Luz Stella-, alias Harol y el comandante Omega citaron en la \u2018Estaci\u00f3n de Servicio la Gabriela\u2019 a uno de los nietos, lugar donde se encontraba alias \u2018PANELO el comandante HAROL y el se\u00f1or -JORGE ALBERTO-\u2019 quienes lo obligaron a firmar una escritura; relato que en id\u00e9ntico sentido ya hab\u00eda plasmado en su diligencia de versi\u00f3n libre conjunta de fecha 28 de septiembre del 2011 en Justicia y Paz, donde adem\u00e1s precis\u00f3 que \u2018YO QUIERO QUE QUEDE CLARO QUE ESO ES UNA TIERRA QUE SE OBLIGO A VENDER COMO -JORGE ALBERTO- QUISO PARA BENEFICIARSE\u2019 (Sic). <\/p>\n
Por su parte, -Jorge Alberto-, quien acept\u00f3 y memor\u00f3 la \u2018reuni\u00f3n con los paramilitares\u2019, indic\u00f3 que en dicho evento -Juan Carlos- pretend\u00eda arrebatarle la estaci\u00f3n de gasolina con la ayuda de las autodefensas, adver\u00f3 que el referido solicitante ten\u00eda relaci\u00f3n directa con el mencionado grupo al punto en que lo se\u00f1al\u00f3 con el alias de \u2018Pocillo\u2019, no obstante, adujo que pudo evitar que le quitaran su establecimiento pues se comunic\u00f3 con el \u2018Coronel Silva\u2019 quien le dijo directamente a alias \u2018Harol\u2019 que \u2018era su socio\u2019, y este le respondi\u00f3 \u2018No Coronel tranquilo\u2019. Sin embargo, adujo que el referido paramilitar le pregunt\u00f3 \u2018\u00bfy porque no arregla con -Juan Carlos- y -John Jairo- aqu\u00ed el negocio ese?\u2019 (Sic), momento en que aprovech\u00f3 para ofrecer primero \u2018$20.000.000\u2019, aument\u00e1ndolo hasta \u2018$140.000.000\u2019 suma por la cual \u2018-Juan Carlos- dijo que s\u00ed, porque era el \u00fanico que hablaba, -John Jairo- no hablaba\u2019\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, sobre la declaraci\u00f3n del abogado Ramiro, a la que se alude en la tutela, afirm\u00f3 que fue \u00e9l \u00abquien realiz\u00f3 el contrato, momento en el que le entreg\u00f3 a -Juan Carlos- \u2018$100.000.000\u2019 sin que este le firmara un recibo, afirmaci\u00f3n conteste con lo manifestado por el referido togado pues en estrados reconoci\u00f3 la elaboraci\u00f3n de la promesa de compraventa y adem\u00e1s, contribuy\u00f3 con la materializaci\u00f3n de la tradici\u00f3n toda vez que hizo las diligencias tendientes al levantamiento de la prohibici\u00f3n de enajenar que reca\u00eda sobre el predio y vigil\u00f3 el proceso de sucesi\u00f3n del finado Jorge, procedimiento realizado en conjunto con otro abogado nombrado \u2018Berbes\u00ed\u2019, y al ser consultado sobre la existencia de presiones para la venta del bien arguy\u00f3 que pese a encontrarse con -Juan Carlos- en repetidas ocasiones \u2018jam\u00e1s, nunca (\u2026) tuve conocimiento (\u2026) me entrevist\u00e9 m\u00e1s de una vez con \u00e9l y nunca (\u2026)\u2019 adver\u00f3 adem\u00e1s que desconoc\u00eda los motivos de tradici\u00f3n, actitud que refleja por parte del togado m\u00e1s bien su inter\u00e9s por desligarse de cualquier responsabilidad que se derive del despojo, pues evidente resulta que ni siquiera se preocup\u00f3 por la licitud del tr\u00e1mite que llev\u00f3 a cabo, de all\u00ed que no se haya enterado de la verdadera motivaci\u00f3n de la venta\u00bb. <\/p>\n
Y, respecto a ello, determin\u00f3 que las pruebas en conjunto evidenciaban que la negociaci\u00f3n del predio se dio bajo presi\u00f3n y con intermediaci\u00f3n de \u00ablos paramilitares y como consecuencia de una reuni\u00f3n en la que estuvieron presentes los mencionados miembros de las AUC; [pues] tanto -Jorge Alberto- como los solicitantes coincidieron en que dicho evento tuvo lugar, pero, adem\u00e1s, el esposo de la opositora bajo argumentos espurios o cuando menos il\u00f3gicos, se\u00f1al\u00f3 que siendo \u00e9l convocado para ser el despojado por parte de un supuesto integrante del grupo ilegal, fue \u00e9l quien termin\u00f3 no solo salvando su establecimiento sino adquiriendo el inmueble por un valor que \u00e9l ofert\u00f3 entregando en ese mismo momento y sin recibo alguno la nada despreciable suma de $100.000.000. viraje que en una negociaci\u00f3n normal o por lo menos sin la mediaci\u00f3n de actores b\u00e9licos, hubiese resultado hasta cre\u00edble, no obstante, en este escenario permeado hasta las sombras por el proceder de estructuras armadas, se evidencia sin mucho auscultar que lleg\u00f3 a concretar la venta de la heredad \u2018aprovech\u00e1ndose de la situaci\u00f3n de violencia\u2019 tal como lo prescribe el art\u00edculo 74 de la Ley 1448 del 2011\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed estableci\u00f3 la ausencia de consentimiento de \u00ab-John Jairo-, -Juan Carlos- y -Pedro Jos\u00e9-, en la suscripci\u00f3n de la promesa de compraventa calendada 22 de noviembre del 2004\u00bb, vicio que \u00abafect\u00f3 los negocios y actos jur\u00eddicos posteriores inclusive el plasmado en escritura p\u00fablica No. -xxx- del 25 de enero del 2007; acuerdo por el cual se perfeccion\u00f3 la tradici\u00f3n y en consecuencia se configur\u00f3 el despojo\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.7.- Finalmente, el Tribunal resolvi\u00f3 lo relativo a la buena fe exenta de culpa de la ahora tutelante, citando para el efecto la normativa aplicable y jurisprudencia relacionada y resaltando que la opositora aleg\u00f3 que ella y su familia fueron v\u00edctimas del desplazamiento forzado en el corregimiento Guamalito, Norte de Santander, en 1995, por lo cual los incluyeron en el Registro \u00danico de Victimas, siendo su hija posteriormente objeto de un secuestro por 4 d\u00edas por parte del ELN, evento que \u00abno fue objeto de inclusi\u00f3n en el RUV o por lo menos no se alleg\u00f3 certificaci\u00f3n al respecto\u00bb; no obstante, que estos hechos no acreditaban lo pretendido, pues se hab\u00eda demostrado que ella y su c\u00f3nyuge <\/p>\n
\u00abtuvieron relaci\u00f3n directa con el despojo, m\u00e1s precisamente su esposo y descendiente quienes negociaron el predio en las condiciones antes rese\u00f1adas, propiedad que termin\u00f3 en cabeza de -Mar\u00eda Alicia- sin el m\u00e1s m\u00ednimo de intermediaci\u00f3n o negociaci\u00f3n por su parte, a su vez, no qued\u00f3 demostrado o siquiera alegado, que el secuestro de su hija Yamile haya causado un estado de vulnerabilidad latente o menoscabo en su econom\u00eda, relaci\u00f3n familiar, disminuci\u00f3n emocional o f\u00edsica que les llevase a actuar de manera distinta a la tradicional, es decir, a\u00fan con este lamentable hecho, la opositora al momento de comprar el fundo contaba con todas las garant\u00edas y capacidades para proceder con rectitud y conforme con la ley. <\/p>\n
Es de considerar que tal inferencia no implica el desconocimiento de su estatus de v\u00edctima; m\u00e1s bien vislumbra si dicho evento pudo interferir o en su defecto gener\u00f3 alg\u00fan estado de necesidad que le llevara a actuar de manera m\u00e1s laxa o confiada en cuanto a la adquisici\u00f3n del bien, no obstante, de anta\u00f1o su familia pretend\u00eda adquirir la heredad y termin\u00f3 haci\u00e9ndolo en medio de un contexto de violencia generalizado y con la intermediaci\u00f3n activa de grupos armados al margen de la ley, participaci\u00f3n ampliamente conocida por la contradictora o hasta si se quiere, aprovechada por su c\u00f3nyuge, raz\u00f3n por la cual, no hay lugar a morigerar el referido est\u00e1ndar. <\/p>\n
Sea lo primero advertir que, como se viene distinguiendo en el estudio de los presupuestos axiol\u00f3gicos, la propiedad del fundo reclamado en la actualidad ostentada por -Mar\u00eda Alicia- viene plagada de m\u00faltiples inconvenientes y confrontaciones tanto personales como jur\u00eddicas entre los solicitantes y su n\u00facleo familiar, especialmente con su esposo -Jorge Alberto- y su hijo -\u00c1lvaro Andr\u00e9s-; derivados de un contrato de arrendamiento cuya existencia est\u00e1 acreditada, siendo este el punto de partida de los pluricitados desacuerdos y, como se pasa a explicar, prueba de la inexistencia del proceder cualificado en cabeza suya\u2026 <\/p>\n
Sin embargo, basta con revisar la forma en que llegaron al predio y el modo en que se hizo propietaria para descubrir de entrada que -Mar\u00eda Alicia- estuvo presente en cada uno de los momentos que afectaron a los solicitantes; partiendo de la suscripci\u00f3n del contrato de arrendamiento por parte de su hijo -\u00c1lvaro Andr\u00e9s- y su socio -Luis-, negocio jur\u00eddico que en verdad no reflejaba la intenci\u00f3n de los arrendatarios pues, desde el principio planeaban implementar la bomba de gasolina a\u00fan sabiendo que no exist\u00eda autorizaci\u00f3n para la construcci\u00f3n de mejoras, conducta lesiva en contra de los intereses de la arrendadora pues cuando menos le representaba soportar un litigio que de veras no podr\u00eda costear, entonces, en todo momento hubo aprovechamiento, pues a\u00fan si se les hubiese permitido edificar, erigi\u00f3 una estaci\u00f3n de servicio cuyo valor seg\u00fan su propio dicho, superaba el costo del inmueble; supuesto f\u00e1ctico con el que claramente se vislumbraba su prop\u00f3sito o por lo menos el de sus familiares, de quedarse con la heredad\u2026 <\/p>\n
Asimismo, -Mar\u00eda Alicia- hizo referencia a una reuni\u00f3n auspiciada por los paramilitares donde adujo que se encontraba -Luz Stella- abuela de los solicitantes; evento por el cual, seg\u00fan afirm\u00f3 ante el Juez, le consult\u00f3 a la anciana sobre el motivo por el que all\u00ed estaba, quien le respondi\u00f3: \u2018-Juan Carlos- me dijo que fuera con \u00e9l all\u00e1 a Pailitas a una reuni\u00f3n (\u2026) que fuera y me llevara todos los papeles, pero yo no s\u00e9 por qu\u00e9\u2019 afirmaci\u00f3n que la opositora adujo contestar: \u2018tan raro, a m\u00ed tambi\u00e9n, me citaron los paracos all\u00e1\u2019, escenario que refleja su conocimiento respecto a la presencia de los grupos armados ilegales y adem\u00e1s su intermediaci\u00f3n. <\/p>\n
Igualmente, estaba presente durante el homicidio de -Luz Stella-, el cual tuvo lugar en un momento en que se suscitaba la controversia alrededor del inmueble reclamado\u2026 <\/p>\n
Ahora bien, pese a que no narr\u00f3 el evento en el cual se llev\u00f3 a cabo la negociaci\u00f3n del fundo con la participaci\u00f3n directa de los paramilitares, como en efecto lo acept\u00f3 y relat\u00f3 su esposo, s\u00ed tuvo conocimiento de las reuniones de su c\u00f3nyuge con los alzados en armas que, posterior al fallecimiento de -Luz Stella- desembocaron en la venta del predio por parte de los herederos… <\/p>\n
Entonces, se itera que -Mar\u00eda Alicia- tuvo conocimiento de los hechos de violencia soportados por los solicitantes, desde la muerte de -Luz Stella- hasta las reuniones con los paramilitares. A su vez, comprobado quedo\u0301 que nada de eso le interes\u00f3 pues, a\u00fan sabedora, se mantuvo al margen de la negociaci\u00f3n, am\u00e9n que ni siquiera fue incluida en los contratos preparatorios como la promesa calendada 22 de noviembre del 2004, documental en la que de igual forma se pas\u00f3 por alto la prohibici\u00f3n de enajenar dando origen a la pr\u00f3rroga del 22 de diciembre de ese mismo a\u00f1o con el fin de que se superara la limitaci\u00f3n, convenio en el que tampoco fue mencionada, pero, adem\u00e1s, cuando ella compr\u00f3, esto mediante documento escriturario No. 071 del 25 de enero de 2007 ya no era titular -Pedro Pablo-, como lo indic\u00f3 en su oposici\u00f3n, tampoco \u00e9l era el padre de -Juan Carlos-, -Pedro Jos\u00e9- y -Claudia Mar\u00eda-, ellos eran sus nietos, siendo estos dos \u00faltimos tambi\u00e9n propietarios y no obstante, siquiera fueron identificados por ella al referirse a las personas que le vendieron, todo ello conllev\u00f3 a que de manera fraudulenta se hiciera a la propiedad del inmueble bajo las incuestionables instrucciones de su marido y su descendiente pues de su peculio no sali\u00f3 el pago, su rol en ese momento \u00fanicamente fue suscribir la escritura p\u00fablica, solo hasta ahora, cuando saca provecho del fundo sin participar a sus cong\u00e9neres, es que viene a defender su titularidad y es por eso que no se discute su inter\u00e9s jur\u00eddico para oponerse. <\/p>\n
Tampoco acept\u00f3 la calidad de ocupante secundaria a la opositora, pues \u00abse evidenci\u00f3, [que] -Mar\u00eda Alicia- al igual que su esposo e hijo -\u00c1lvaro Andr\u00e9s-, tuvieron una relaci\u00f3n directa con el despojo del predio, presupuesto que aun considerando su calidad de v\u00edctima pues no se discute que lo sea, aniquila la posibilidad de ser catalogada como segundo ocupante, adem\u00e1s, sus condiciones socio econ\u00f3micas evidencian que no se encuentra en estado de vulnerabilidad alguna\u00bb, dado que ten\u00eda ingresos mensuales de $32\u00b4000.000, era due\u00f1a de 3 heredades adicionales y 4 establecimientos de comercio, por lo que no se afectaba su derecho a la vivienda digna. <\/p>\n
2.8.- En ese orden y ante la ausencia de consentimiento \u00abpor parte de -John Jairo-, -Juan Carlos- y -Pedro Jos\u00e9-, en la suscripci\u00f3n de la promesa de compraventa calendada 22 de noviembre del 2004\u00bb, el Tribunal la consider\u00f3 inexistente, as\u00ed como a los dem\u00e1s acuerdos jur\u00eddicos posteriores, cuesti\u00f3n que indic\u00f3 \u00abmodificar\u00e1 la situaci\u00f3n de -Claudia Mar\u00eda-, toda vez que la titularidad que otrora ostent\u00f3 sobre el 50% del fundo, devino de la adjudicaci\u00f3n que se hiciere en la sucesi\u00f3n de su padre Jorge, efectuada mediante providencia del 04 de mayo del 2006 proferida por el Juzgado Octavo Civil Municipal de C\u00facuta, tr\u00e1mite judicial ulterior al mencionado contrato preparatorio y en el que adem\u00e1s participaron otros herederos, mismos que al igual que la solicitante, deben ser acreedores del derecho a la restituci\u00f3n de tierras que en verdad le corresponder\u00eda a -John Jairo- (q.e.p.d)\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, precis\u00f3 que aquella quedar\u00eda como representante de la masa sucesoral de su padre y que se anular\u00eda la sentencia de sucesi\u00f3n, a efectos de reconocer \u00abel derecho a la restituci\u00f3n de tierras sobre el 50% del fundo a favor de los legatarios de -John Jairo- y no solo de -Claudia Mar\u00eda-\u00bb. <\/p>\n
Y estim\u00f3 procedente reconocer la calidad de v\u00edctimas y los derechos a la restituci\u00f3n de tierras a los tres solicitantes Juan Carlos, Claudia Mar\u00eda y Pedro Jos\u00e9, incluyendo tambi\u00e9n a los dem\u00e1s herederos del se\u00f1or John Jairo -padre de Claudia Mar\u00eda – y a la c\u00f3nyuge de Juan Carlos, pues para el momento del despojo manten\u00edan esa uni\u00f3n, ordenando la restituci\u00f3n del bien por equivalencia, dado que sobre aqu\u00e9l se tramitar\u00eda un tr\u00e1mite de expropiaci\u00f3n5. <\/p>\n
2.9.- De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal dispuso, entre otros, i) \u00abAMPARAR el derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras de -Juan Carlos- (\u2026), -Pedro Jos\u00e9- (\u2026) y -Claudia Mar\u00eda- (\u2026), esta \u00faltima en representaci\u00f3n de la masa sucesoral de John Jairo (q.e.p.d), y su n\u00facleo familiar para la \u00e9poca en que ocurrieron los hechos\u00bb; ii) Declarar la nulidad de la promesa de compraventa suscrita el 22 de noviembre de 2004, de su pr\u00f3rroga y de la escritura p\u00fablica de venta a la opositora de 2007, as\u00ed como de la sentencia proferida en el juicio de sucesi\u00f3n del se\u00f1or John Jairo; iii) Realizar la restituci\u00f3n por equivalencia y la entrega material del inmueble al Fondo de la UAEGRTD; iv) Incluir a los solicitantes en los planes y programas de atenci\u00f3n y\/o ayudas referidos en la Ley 1448 de 2011; v) Declarar impr\u00f3spera la oposici\u00f3n de la ahora tutelante, negar la compensaci\u00f3n pretendida y su condici\u00f3n de segunda ocupante. <\/p>\n
3.- Pues bien, de lo trascrito se advierte que, aunque los reparos de la actora se cimientan, principalmente, en sus derechos sobre el inmueble y la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas para acreditar la buena fe exenta de culpa con la que lo adquiri\u00f3, la Sala observa que el Tribunal accionado, antes de analizar dicho aspecto, defini\u00f3 la calidad de v\u00edctima de Juan Carlos, tema que, por su relevancia e incidencia en la decisi\u00f3n censurada, as\u00ed como en la motivaci\u00f3n de la misma frente al n\u00facleo familiar de aqu\u00e9l para la \u00e9poca de los hechos y a los otros dos reclamantes, ser\u00e1 abordado previamente por la Sala. <\/p>\n
Lo anterior, teniendo en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que, dada la naturaleza fundamental de los derechos amparados, el juez de tutela cuenta con una mayor laxitud y, por ende, \u00able est\u00e1 permitido entrar a examinar detenidamente los hechos de la demanda para que, si lo considera pertinente, entre a determinar cu\u00e1les son los derechos fundamentales vulnerados y\/o amenazados, disponiendo lo necesario para su efectiva protecci\u00f3n\u00bb6. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se ha considerado que en este tipo de acciones constitucionales la labor del operador judicial \u00ab\u2026no debe circunscribirse \u00fanicamente a las pretensiones que cualquier persona exponga en la respectiva demanda, sino que (\u2026) debe estar encaminada a garantizar la vigencia y la efectividad de los preceptos constitucionales relativos al amparo inmediato y necesario de los derechos fundamentales\u2026\u00bb (T-310 de 1995); y que el juez de tutela est\u00e1 autorizado para \u00abasumir un papel activo en el an\u00e1lisis del caso bajo su conocimiento, en aras de la eficaz protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (T-622 del 2000). <\/p>\n
3.1.- En relaci\u00f3n con el tema debatido, esto es, la calidad de v\u00edctima de Juan Carlos y su derecho para acudir a la acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras, el Tribunal determin\u00f3 i) \u00abque se prob\u00f3 que perteneci\u00f3\u00bb a las FARC; ii) que la prohibici\u00f3n contenida en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 3 de la Ley 1448 de 2011, relativa a que los miembros de los grupos armados al margen de la ley no pueden ser considerados v\u00edctimas, no se debe aplicar \u00abde manera exeg\u00e9tica pues (\u2026) el hecho victimizante b\u00e1culo del alegado despojo sucedi\u00f3 con anterioridad al v\u00ednculo del solicitante con la estructura ilegal\u00bb; iii) que, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en la SU599 de 2019, deben predominar las \u00absituaciones propias del asunto en particular tales como las condiciones de vulnerabilidad del agraviado que lo pueden elevar a sujeto de especial protecci\u00f3n o en su defecto, las caracter\u00edsticas del hecho victimizante como por ejemplo el momento en que tuvo lugar\u00bb; y iv) que, en dicha sentencia, aunque la Corte Constitucional flexibiliz\u00f3 el asunto frente a \u00abuna mujer excombatiente v\u00edctima de reclutamiento forzado, violencia sexual\u00bb, tambi\u00e9n realiz\u00f3 una apreciaci\u00f3n de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se padeci\u00f3 el hecho victimizante, llegando a establecer, por lo menos frente al desplazamiento forzado, que \u00ab\u2018\u2026ocurri\u00f3 con posterioridad a su desmovilizaci\u00f3n, la cual pudo lograr gracias a su fuga y, por ende, dicho hecho victimizante acaeci\u00f3 respecto de una persona que, para ese momento, ten\u00eda ya la calidad de civil\u2019\u00bb (resaltado del Tribunal), cita que tom\u00f3 del auto A067 de 2021 proferido por la Corte Constitucional al resolver la solicitud de nulidad de la sentencia SU599 de 2019. <\/p>\n
A partir de ello, el Colegiado convocado concluy\u00f3 que era viable considerar que Juan Carlos ten\u00eda calidad de v\u00edctima del conflicto armado, por los sucesos ocurridos en 2004, \u00abpues no se tiene evidencia que para esa fecha perteneciese a la estructura ilegal\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, la condici\u00f3n de Juan Carlos como integrante de la organizaci\u00f3n referida se sustent\u00f3 en las siguientes pruebas: <\/p>\n
<\/p>\n
* Resoluci\u00f3n 016 del 7 de julio de 2017 expedida por el Alto Comisionado para la Paz, en la cual se relacion\u00f3 a Juan Carlos como miembro de las FARC-EP7.<\/p>\n
* Declaraci\u00f3n de Juan Carlos, rendida en el sub judice ante el Juzgado accionado, en la que afirm\u00f3 que \u00abdespu\u00e9s de tanto que denunci\u00e9 y de yo al ver de que era imposible y que yo estaba en los ojos del gavil\u00e1n, me met\u00ed su se\u00f1or\u00eda, hice parte\u00bb.<\/p>\n
* Resoluci\u00f3n SAI-LC-D-AOA-017-2019 de la Sala de Amnist\u00eda o Indulto de la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz, en la cual se estableci\u00f3 que la situaci\u00f3n de Juan Carlos \u00abcorresponde al segundo inciso del art\u00edculo 17 de la Ley 1820 de 2016 (\u2026) pedimento en el cual tuvo que comprobar que en efecto integra el grupo insurgente\u00bb. <\/p>\n
3.2.- Frente a ello, resalta la Sala que el art\u00edculo 3 de la Ley 1448 de 2012 dispone que \u00abse consideran v\u00edctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un da\u00f1o por hechos ocurridos a partir del 1\u00ba de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasi\u00f3n del conflicto armado interno\u2026\u00bb. <\/p>\n
A su vez, el par\u00e1grafo 2 del mismo art\u00edculo, se\u00f1ala que \u00abLos miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no ser\u00e1n considerados v\u00edctimas, salvo en casos en los que los ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad\u00bb; y agrega que \u00abPara los efectos de la presente ley, el o la c\u00f3nyuge, compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, o los parientes de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley ser\u00e1n considerados como v\u00edctimas directas por el da\u00f1o sufrido en sus derechos en los t\u00e9rminos del presente art\u00edculo, pero no como v\u00edctimas indirectas por el da\u00f1o sufrido por los miembros de dichos grupos\u00bb. <\/p>\n
3.3.- La Sala destaca que el par\u00e1grafo trascrito dispone expresamente que los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no son considerados v\u00edctimas para los efectos contemplados en dicha reglamentaci\u00f3n normativa, sin establecer l\u00edmites o distinciones en raz\u00f3n del espacio temporal en el cual pertenecen o pertenecieron a dichas organizaciones y, para el asunto concreto, ha de resaltarse que el se\u00f1or Juan Carlos era un miembro acreditado de las FARC-EP, seg\u00fan el listado entregado por un representante de ese grupo que fue aceptado por el Alto Comisionado para la Paz en el a\u00f1o 2017, de manera que, al menos, para cuando se dict\u00f3 el fallo atacado \u00e9l ya ten\u00eda esa calidad. <\/p>\n
3.4.- La disposici\u00f3n en comento fue objeto de estudio en la sentencia de constitucionalidad C253A de 2012, en la cual la Corte Constitucional defini\u00f3 como problemas jur\u00eddicos a desatar, entre otros, el siguiente: <\/p>\n
\u00ab(iii) \u00bfLa exclusi\u00f3n de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, del \u00e1mbito de la definici\u00f3n de v\u00edctima contenida en la ley, resulta contraria al concepto de universal de v\u00edctima; comporta un tratamiento discriminatorio que carece de justificaci\u00f3n, y est\u00e1 en contrav\u00eda con mandatos vinculantes de derecho internacional que imponen el deber de brindar protecci\u00f3n, en el marco de un conflicto, a los integrantes de los grupos armados que se encuentre fuera de combate?… \u00bb. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo que <\/p>\n
\u00ab\u2026el prop\u00f3sito de la Ley 1448 de 2011 y en particular de lo dispuesto en su art\u00edculo 3\u00ba, no es el de definir o modificar el concepto de v\u00edctima, en la medida en la que esa condici\u00f3n responde a una realidad objetiva, cuyos contornos han sido delineados de manera general en la ley, en instrumentos internacionales y en la jurisprudencia constitucional. Lo que se hace en la ley es identificar, dentro del universo de las v\u00edctimas, entendidas \u00e9stas, en el contexto de la ley, como toda persona que haya sufrido menoscabo en su integridad o en sus bienes como resultado de una conducta antijur\u00eddica, a aquellas que ser\u00e1n destinatarias de las medidas especiales de protecci\u00f3n que se adoptan en ella. Para eso la ley acude a una especie de definici\u00f3n operativa, a trav\u00e9s de la expresi\u00f3n \u2018[s]e consideran v\u00edctimas, para los efectos de esta ley (\u2026)\u2019, giro que implica que se reconoce la existencia de v\u00edctimas distintas de aquellas que se consideran tales para los efectos de esta ley en particular, o, en sentido inverso, que, a partir del conjunto total de las v\u00edctimas, se identifican algunas que ser\u00e1n las destinatarias de las medidas especiales contenidas en la ley\u2026 <\/p>\n
Es claro que de la anterior delimitaci\u00f3n operativa que se hace en la ley no se desprende que quienes no encajen en los criterios all\u00ed se\u00f1alados dejen de ser reconocidos como v\u00edctimas. As\u00ed, por ejemplo, quien haya sufrido un da\u00f1o como resultado de actos de delincuencia com\u00fan, es una v\u00edctima conforme a los est\u00e1ndares generales del concepto, y lo que ocurre es que no accede a las medidas especiales de protecci\u00f3n previstas en la ley\u2026 <\/p>\n
De lo precedentemente expuesto se desprende entonces, que por virtud de lo previsto en el art\u00edculo 3 de la Ley 1448, quienes hayan sufrido un da\u00f1o como consecuencia de infracciones al DIH o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos en condiciones distintas de las all\u00ed contempladas, no pierden su reconocimiento como v\u00edctimas, ni quedan privados de la posibilidad de acudir a los mecanismos ordinarios que se han establecido en la legislaci\u00f3n ordinaria para que se investiguen y persigan los delitos, se establezca la verdad, se sancione a los responsables y se repare de manera integral a las v\u00edctimas, y que el sentido de la disposici\u00f3n es el de que, en raz\u00f3n de los l\u00edmites o exclusiones que ella contiene, esas personas no tienen acceso a las medidas especiales de protecci\u00f3n que se han adoptado en la ley, en el marco de un proceso de justicia transicional\u2026 <\/p>\n
De este modo, la expresi\u00f3n demandada no excluye la posibilidad de que los integrantes de los grupos armados ilegales organizados al margen de la ley sean considerados como v\u00edctimas cuando hayan sufrido las consecuencias de un delito, ni la restricci\u00f3n del universo de quienes pueden acudir a las medidas especiales de protecci\u00f3n previstas en la ley, impide que esas personas accedan, en calidad de v\u00edctimas, a los mecanismos ordinarios previstos en la ley para obtener la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n
No obstante, la Corte Constitucional precis\u00f3, sobre la exclusi\u00f3n de dichos miembros para ser beneficiarios de las medidas de atenci\u00f3n, asistencia y reparaci\u00f3n integral contenidas en la Ley 1448 de 2011, lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab6.1.2. Establecido que la disposici\u00f3n demandada no desconoce la posibilidad de que los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley sean considerados como v\u00edctimas, ser\u00eda preciso replantear los t\u00e9rminos en los que se ha formulado la necesidad de adelantar un juicio de igualdad, puesto que el interrogante relevante es si resulta posible que el Estado, en el marco de un proceso de justicia transicional, adopte medidas especiales de protecci\u00f3n para las v\u00edctimas del conflicto y que dichas medidas no se apliquen, en iguales condiciones, a los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley, cuando tengan tambi\u00e9n el car\u00e1cter de v\u00edctimas. <\/p>\n
As\u00ed, como se ha se\u00f1alado, de la disposici\u00f3n demandada no se desprende que los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley, cuando sean v\u00edctimas (\u2026), no puedan acceder a los mecanismos de verdad, justicia y reparaci\u00f3n previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, sino que no son beneficiarios de las medidas de protecci\u00f3n especial previstas en la Ley 1448 de 2011, lo cual impone la necesidad de establecer cu\u00e1les son ellas. <\/p>\n
Observa la Corte que las medidas adoptadas en el marco de la Ley 1448 de 2011 tienen como primer presupuesto la afirmaci\u00f3n de un principio de buena fe, encaminado a liberar a las v\u00edctimas de la carga de probar su condici\u00f3n. Conforme a ese principio, se dar\u00e1 especial peso a la declaraci\u00f3n de la v\u00edctima, y se presumir\u00e1 que lo que \u00e9sta aduce es verdad, de forma que en caso de duda ser\u00e1 el Estado quien tendr\u00e1 la obligaci\u00f3n de demostrar lo contrario. En consecuencia, bastar\u00e1 a la v\u00edctima probar de manera sumaria el da\u00f1o sufrido ante la autoridad administrativa, para que \u00e9sta proceda a relevarla de la carga de la prueba. <\/p>\n
En ese contexto, un primer cap\u00edtulo de medidas est\u00e1 orientado a promover la efectividad de los derechos de las v\u00edctimas dentro de los procesos judiciales. All\u00ed se encuentran previsiones relativas a informaci\u00f3n de asesor\u00eda y apoyo, garant\u00eda de comunicaci\u00f3n a las v\u00edctimas, audici\u00f3n y presentaci\u00f3n de pruebas, que en buena medida especifican las que, de manera general, se han previsto en la legislaci\u00f3n penal. Adicionalmente hay otras, relacionadas con los principios de la prueba en casos de violencia sexual, la posibilidad de recibir declaraci\u00f3n a puerta cerrada, por razones de seguridad, o porque la entidad del delito dificulta la descripci\u00f3n de los hechos en audiencia p\u00fablica; la posibilidad de rendir testimonio por medio de audio o video; la presencia, para acompa\u00f1ar a la v\u00edctima que deba rendir testimonio, de personal especializado en situaciones traum\u00e1ticas, tales como psic\u00f3logos, trabajadores sociales, siquiatras o terapeutas, entre otros; la obligaci\u00f3n de la Defensor\u00eda del Pueblo de prestar servicios de orientaci\u00f3n, asesor\u00eda y representaci\u00f3n judicial a las v\u00edctimas, en los t\u00e9rminos de la ley, y las medidas relativas a los gastos de la v\u00edctima en los proceso judiciales, cuando se compruebe de manera sumaria y expedita la falta de disponibilidad de recursos. <\/p>\n
Observa la Corte que las anteriores medidas no sustituyen los procesos penales dentro de los cuales deben tramitarse las pretensiones de verdad y de justicia de las v\u00edctimas, y, eventualmente, tambi\u00e9n de reparaci\u00f3n, ni establecen nuevas instancias, o procedimientos especiales, sino que, en general, contienen previsiones de apoyo a las v\u00edctimas, para que puedan actuar de mejor manera en esos procesos. <\/p>\n
En el t\u00edtulo tercero de la ley se contempla una ayuda humanitaria para que las v\u00edctimas puedan sobrellevar las necesidades b\u00e1sicas e inmediatas que surgen tras una victimizaci\u00f3n; medidas de asistencia, que tienen que ver con programas y recursos de orden pol\u00edtico, econ\u00f3mico, social, fiscal, entre otros, a cargo del Estado, orientados a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las v\u00edctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporaci\u00f3n a la vida social, econ\u00f3mica y pol\u00edtica, y, medidas de atenci\u00f3n en materia de educaci\u00f3n y de salud\u2026 <\/p>\n
El t\u00edtulo IV de la ley prev\u00e9 el dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de una pol\u00edtica mixta de reparaciones, con una vertiente dirigida a la restituci\u00f3n de tierras por v\u00eda judicial, y otra dirigida al dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de un mecanismo extrajudicial y masivo de reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas por v\u00eda administrativa, que comprender\u00e1 el otorgamiento de una indemnizaci\u00f3n por v\u00eda administrativa, medidas de rehabilitaci\u00f3n, de satisfacci\u00f3n y garant\u00edas de no repetici\u00f3n\u2026 <\/p>\n
De este modo, encuentra la Corte que si bien, en relaci\u00f3n con el concepto general de v\u00edctima, es asimilable la situaci\u00f3n de todas aquellas personas que hayan resultado afectadas como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasi\u00f3n del conflicto armado interno, independientemente de si hac\u00edan parte o no de un grupo armado organizado al margen de la ley, no ocurre lo mismo en relaci\u00f3n con las especiales medidas de protecci\u00f3n adoptadas en la ley, puesto que ellas se orientan seg\u00fan criterios que tienen en muchos casos el presupuesto de la inserci\u00f3n de las v\u00edctimas en las actividades propias de la legalidad, sin perjuicio de que, en el marco del proceso de justicia transicional, se hayan adoptado o se adopten en el futuro, medidas especiales orientadas a obtener la reinserci\u00f3n de los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley que decidan desmovilizarse y la posibilidad que tienen todos, cuando quiera que hayan sido v\u00edctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasi\u00f3n del conflicto armado interno, de acudir a instancias ordinarias con el objeto de obtener verdad, justicia y reparaci\u00f3n. <\/p>\n
Para la Corte la condici\u00f3n de integrante de un grupo armado organizado al margen de la ley, s\u00ed es relevante para determinar la aplicaci\u00f3n o no del conjunto de beneficios especiales previstos en la ley, y, en cuanto que el criterio fijado por el legislador no excluye a dichas personas de la posibilidad de acceder a los mecanismos ordinarios de verdad, justicia y reparaci\u00f3n, ni los sustrae del \u00e1mbito de protecci\u00f3n contemplado en instrumentos internacionales vinculantes para Colombia, no se opone, per se, a la Constituci\u00f3n, ni al bloque de constitucionalidad. <\/p>\n
Por la naturaleza de las medidas previstas en la ley, que tienen car\u00e1cter complementario y de apoyo en relaci\u00f3n con las que de manera general se contemplan en el ordenamiento jur\u00eddico para la protecci\u00f3n de las v\u00edctimas y la garant\u00eda de los derechos a la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n, no encuentra la Corte que, en general, la restricci\u00f3n impuesta por el legislador parezca irrazonable o desproporcionada. As\u00ed, por ejemplo, no resulta, prima facie, contrario a los principios de razonabilidad y de proporcionalidad, el hecho de que la inversi\u00f3n de la responsabilidad de la prueba y la exoneraci\u00f3n de la carga de establecer la imputaci\u00f3n al Estado de la conducta da\u00f1osa se contemplen s\u00f3lo para quienes se encuentran dentro de la legalidad. Del mismo modo, no parece irrazonable que, un presupuesto para acceder a los beneficios en materia de mora crediticia, sea la afectaci\u00f3n de una persona que ha obrado en el marco del orden jur\u00eddico y que ha visto afectada su capacidad de pago en raz\u00f3n de los hechos victimizantes previstos en la ley. Y lo mismo podr\u00eda afirmarse de quien pretende acceder a las medidas orientadas a la recuperaci\u00f3n de la capacidad productiva, que suponen que la persona ha perdido dicha capacidad en raz\u00f3n de los aludidos hechos, situaci\u00f3n en la que no se encuentran quienes previamente hab\u00edan abandonado la vida productiva debido a su vinculaci\u00f3n a los grupos armados organizados al margen de la ley. Otro tanto puede decirse de las medidas de asistencia judicial y ayuda humanitaria, que tendr\u00edan como presupuesto puramente operativo, al menos, la desmovilizaci\u00f3n de los integrantes de los grupos armados ilegales al margen de la ley y que ser\u00edan, por tanto, objeto de tratamiento especializado en el marco de la legislaci\u00f3n especial sobre reinserci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
As\u00ed, sin perjuicio de que quien integre un movimiento al margen de la ley pueda acudir a los mecanismos ordinarios para obtener la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n que le correspondan si ha sido v\u00edctima de violaciones de sus derechos, no est\u00e1 en la misma situaci\u00f3n frente a las medidas de protecci\u00f3n especial y que, en buena medida, se orientan a la protecci\u00f3n de quien ha sido injustamente afectado, no obstante encontrarse en el \u00e1mbito de la legalidad. Quienes est\u00e1n en los movimientos al margen de la ley se ponen deliberadamente en situaci\u00f3n de riesgo y no es, por ejemplo, indiferente la identificaci\u00f3n del victimario. El Estado asume la reparaci\u00f3n, sin necesidad de acreditar quien es el victimario y aunque no se haya establecido la imputabilidad del mismo a una acci\u00f3n u omisi\u00f3n de su parte. No es la misma la situaci\u00f3n de quien, por decisi\u00f3n propia y de manera antijur\u00eddica provoca situaciones dentro de las cuales pueda resultar afectado como v\u00edctima. As\u00ed, por ejemplo, la persona que, en ejecuci\u00f3n de sus designios antijur\u00eddicos, se vea afectada por minas anti-persona, por la acci\u00f3n de francotiradores o por retenci\u00f3n indebida, no puede alentar la pretensi\u00f3n de que se le brinde los mismos medios expeditos y sumarios que el ordenamiento pone a disposici\u00f3n de quien se encuentra en el marco de la legalidad y es, en muchos casos, por completo ajeno al conflicto\u2026 <\/p>\n
\u2026se insiste, la ley acusada no les quita a los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley el car\u00e1cter de v\u00edctimas (\u2026) En el caso de la ley bajo estudio, no se trata de establecer un sistema de compensaci\u00f3n de culpas, pero s\u00ed de afirmar la posibilidad del Estado de adoptar medidas especiales y m\u00e1s expeditas, de protecci\u00f3n para quienes, no obstante que se han mantenido dentro de la legalidad, han resultado gravemente afectadas por el conflicto. <\/p>\n
De este modo concluye la Corte que el par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 3 de la Ley 1448 de 2011, en cuanto dispone que no ser\u00e1n considerados v\u00edctimas los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley, no es contrario a la Constituci\u00f3n, en la medida en que (\u2026) (iv) comporta, \u00fanicamente, su exclusi\u00f3n de un conjunto especial de medidas de protecci\u00f3n, complementarias y de apoyo, que se han previsto en la ley en beneficio que quienes, encontr\u00e1ndose dentro de la legalidad xxhan sido v\u00edctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de graves violaciones de las normas internacionales de Derechos Humanos en el marco del conflicto armado interno\u2026 <\/p>\n
Por las anteriores consideraciones habr\u00e1 de declararse la exequibilidad de la expresi\u00f3n \u2018Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no ser\u00e1n considerados v\u00edctimas\u2019 contenida en el primer inciso del par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 3 de la Ley 1448 de 2011\u2026\u00bb. <\/p>\n
3.4.1.- As\u00ed, la Corte indic\u00f3 que la condici\u00f3n de integrante de un grupo armado organizado al margen de la ley s\u00ed era relevante para determinar la aplicaci\u00f3n o no del conjunto de beneficios especiales previstos en la Ley 1448 de 2011 y que la exclusi\u00f3n de aquellos, contenida en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 3\u00ba, no eliminaba la posibilidad de que pudieran ser consideradas v\u00edctimas del conflicto armado ni les imped\u00eda reclamar sus derechos, solo que no les eran extensivas las medidas expeditas y prioritarias de atenci\u00f3n, asistencia y reparaci\u00f3n integral previstas en dicha norma, de manera que deb\u00edan acudir a las v\u00edas ordinarias adicionales contempladas en el ordenamiento jur\u00eddico para reclamar por sus garant\u00edas, teniendo a su disposici\u00f3n, igualmente, los mecanismos previstos en la justicia transicional. <\/p>\n
3.4.2.- Y, aunque refiri\u00f3 que la exclusi\u00f3n era v\u00e1lida para quienes hab\u00edan abandonado previamente su vida productiva debido a la vinculaci\u00f3n a grupos al margen de la ley o para los que deliberadamente se hab\u00edan puesto en riesgo por sus conductas antijur\u00eddicas -hecho que generaba la afectaci\u00f3n reclamada-, lo cierto es que el fallo de constitucionalidad de la Corte es muy claro en se\u00f1alar que los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no pueden ser beneficiarios de las medidas contenidas en la Ley 1448 de 2011, en tanto, fueron contempladas por el legislador, en desarrollo de sus atribuciones, \u00abs\u00f3lo para quienes se encuentran dentro de la legalidad\u00bb. <\/p>\n
3.5.- En relaci\u00f3n con lo anterior, observa la Sala que las consideraciones que tuvo en cuenta la Corte Constitucional para concluir que los miembros de los grupos organizados al margen de la ley que sean v\u00edctimas del conflicto armado no pueden ser beneficiarios de las medidas de la Ley 1448 de 2011 no fueron analizadas por el Tribunal convocado, pues, adem\u00e1s de que no se refiri\u00f3 a la sentencia de constitucionalidad de la disposici\u00f3n objeto de estudio, solo dijo que el se\u00f1or Juan Carlos s\u00ed pod\u00eda acudir a las medidas de la referida Ley, porque no se acredit\u00f3 que para el momento de los hechos victimizantes hiciera parte de la guerrilla de las FARC-EP, situaci\u00f3n que, no obstante, el Tribunal accionado s\u00ed encontr\u00f3 acreditada al momento de dictar el fallo. <\/p>\n
3.6.- De otro lado, se vislumbra que el Colegiado convocado sustent\u00f3 su decisi\u00f3n en el an\u00e1lisis realizado por la Corte Constitucional en la SU599 de 2019, providencia en la que esa Corporaci\u00f3n determin\u00f3 que la protecci\u00f3n entonces discutida s\u00ed era procedente, por cuanto: \u00ab(i) se estaba frente a un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, por tratarse de una mujer v\u00edctima del conflicto armado interno, afectada por violencia sexual; (ii) el caso bajo estudio estaba relacionado con el desconocimiento del derecho fundamental de una v\u00edctima a ser inscrita en el RUV (\u2026); y (iii) exist\u00eda una negaci\u00f3n de brindar una atenci\u00f3n integral en salud a una v\u00edctima de violencia sexual\u00bb8. <\/p>\n
A partir de lo anterior, la Sala Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta afirm\u00f3 que la interpretaci\u00f3n de la Corte Constitucional evidenciaba la \u00abnecesidad de aplicar el enfoque diferencial en favor de esta poblaci\u00f3n de especial protecci\u00f3n\u00bb, aspecto que, por supuesto, no se discute; sin embargo, retomando el fallo de constitucionalidad referido, resulta necesario resaltar las siguientes argumentaciones en torno a dicho aspecto: <\/p>\n
\u00abLa ley parte del reconocimiento de la dignidad de todas las personas que han sufrido las consecuencias del conflicto armado interno y, en funci\u00f3n de ello, consagra los principios de buena fe, igualdad de todas las v\u00edctimas y enfoque diferencial\u2026 <\/p>\n
Por su parte, el principio de enfoque diferencial se traduce en la adopci\u00f3n de una serie de medidas encaminadas a enfrentar la situaci\u00f3n de vulnerabilidad acentuada de algunas v\u00edctimas en raz\u00f3n de su edad, g\u00e9nero, orientaci\u00f3n sexual y situaci\u00f3n de discapacidad. La Ley ofrece especiales garant\u00edas y medidas de protecci\u00f3n, asistencia y reparaci\u00f3n a los miembros de grupos expuestos a mayor riesgo de violaciones de sus derechos fundamentales: mujeres, j\u00f3venes, ni\u00f1os y ni\u00f1as, adultos mayores, personas en situaci\u00f3n de discapacidad, l\u00edderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y v\u00edctimas de desplazamiento forzado, y de esta manera contribuye a la eliminaci\u00f3n de los esquemas de discriminaci\u00f3n y marginaci\u00f3n que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes\u00bb. <\/p>\n
De manera que el citado principio pretende la protecci\u00f3n de v\u00edctimas que en raz\u00f3n a su edad, sexo, orientaci\u00f3n sexual, condici\u00f3n de discapacidad u otros ven acentuada su situaci\u00f3n de vulnerabilidad, sin hacer menci\u00f3n a los miembros de los grupos organizados al margen de la ley y, precisamente, ello fue lo que se estudi\u00f3 en la SU599 de 2019, pues all\u00ed la Corte resolvi\u00f3 un caso en el cual la UARIV le neg\u00f3 la inscripci\u00f3n en el RUV a una mujer de 31 a\u00f1os que fue v\u00edctima de reclutamiento il\u00edcito siendo menor de edad, forzada a abortar por el grupo guerrillero y, despu\u00e9s de haber desertado, v\u00edctima de desplazamiento forzado, con el argumento de haber presentado la declaraci\u00f3n de manera extempor\u00e1nea, hechos particulares frente a los cuales la Corporaci\u00f3n recurri\u00f3 a la llamada excepci\u00f3n de inconstitucionalidad para no aplicar el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 3 de la Ley 1448 de 2011 y, en consecuencia, ordenar el registro de la tutelante en el RUV. <\/p>\n
Para llegar a esa decisi\u00f3n, lo primero que analiz\u00f3 fue lo relativo al hecho victimizante por reclutamiento forzado de menores de edad y destac\u00f3 que, con base en lo se\u00f1alado en la C253A-2012, habr\u00eda que negar el amparo, porque \u00abcuando una persona haya sido reclutada siendo menor de edad y se haya desmovilizado despu\u00e9s de cumplida la mayor\u00eda de edad, tal y como lo hizo la se\u00f1ora Helena, no queda privada de toda protecci\u00f3n, puesto que tendr\u00e1 la posibilidad de ingresar tambi\u00e9n al proceso de reintegraci\u00f3n social y econ\u00f3mica, liderado por la ARN\u2026\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente estudi\u00f3 el hecho victimizante por \u00ababorto forzado \u2013 violencia sexual\u00bb, sobre el cual adujo que \u00abhaber sido forzada a usar anticonceptivos y de hab\u00e9rsele realizado el aborto forzado en el momento en que ella a\u00fan era miembro de la guerrilla, conduce a concluir que la accionante no es v\u00edctima para efectos de la Ley 1448 de 2011, y, por tal motivo, tampoco ser\u00eda posible conceder su inclusi\u00f3n en el RUV por violencia sexual\u00bb y concluy\u00f3 que, \u00aben aplicaci\u00f3n de la ley y la jurisprudencia constitucional vigente, se podr\u00eda concluir que deber\u00eda: (i) neg\u00e1rsele el reconocimiento de su calidad de v\u00edctima del conflicto armado interno, de conformidad con lo dispuesto en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 3 de la Ley 1448 de 2011\u2026\u00bb; empero, determin\u00f3 que, para ese caso particular, era necesario adoptar una decisi\u00f3n distinta, teniendo en cuenta que \u00abel Estado tiene la responsabilidad de garantizarle a las mujeres que han sufrido por violencia sexual, en el contexto del conflicto armado interno, el acceso a medidas de reparaci\u00f3n integral\u2026\u00bb y que, en esa medida, \u00abel par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia C-253A de 2012 no pueden convertirse en un obst\u00e1culo para que las v\u00edctimas de violencia sexual, dentro del contexto del conflicto armado interno, que fueron excombatientes de un grupo armado al margen de la ley, por haber sido a la vez v\u00edctimas de reclutamiento forzado cuando eran menores de edad, puedan acceder a una reparaci\u00f3n integral\u00bb. <\/p>\n
En concreto, dicha Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que, para el conflicto entonces objeto de debate, no era aplicable lo establecido en la C253A de 2012, en el sentido de que los beneficios de la Ley 1448 de 2011 no se extend\u00edan a quienes \u00abpor decisi\u00f3n propia y de manera antijur\u00eddica provoca[ban] situaciones dentro de las cuales pueda resultar afectado como v\u00edctima\u00bb, pues \u00abser\u00eda inadecuado afirmar que la accionante se expuso voluntariamente a una situaci\u00f3n de riesgo\u00bb; por consiguiente la \u00fanica v\u00eda o conducto adecuado y efectivo para reparar a la entonces tutelante era \u00abla de posibilitar la aplicaci\u00f3n de las medidas previstas en la Ley de V\u00edctimas a su caso particular\u00bb (Subraya esta Sala). <\/p>\n
Como se observa, las circunstancias descritas y el asunto all\u00ed analizado en nada se relacionan con el sometido a decisi\u00f3n del Tribunal convocado, por lo que el criterio diferenciador aplicado no pod\u00eda ser extensivo a una \u00abv\u00edctima\u00bb respecto de la cual, al momento de la sentencia de restituci\u00f3n, se prob\u00f3 que hab\u00eda sido acreditada, por la autoridad competente, como integrante de las FARC-EP. <\/p>\n
3.6.1.- Otro argumento que consider\u00f3 la Sala Especializada fue una cita de los antecedentes del auto 067 de 2012 -realizada antes del ac\u00e1pite de consideraciones de ese prove\u00eddo-, por el cual la Corte Constitucional resolvi\u00f3 una solicitud de nulidad frente a la SU599 de 2019, que indicaba que en aquella decisi\u00f3n se hab\u00eda considerado que \u00abel desplazamiento forzado ocurri\u00f3 con posterioridad a su desmovilizaci\u00f3n, la cual pudo lograr gracias a su \u2018fuga\u2019 y, por ende, dicho hecho victimizante acaeci\u00f3 respecto de una persona que, para ese momento, ten\u00eda ya la calidad de civil\u00bb; no obstante, esa afirmaci\u00f3n no est\u00e1 contenida textualmente en la SU599-2019, como una expresi\u00f3n que pueda aplicarse en forma general o extensiva a todos los casos y, aun as\u00ed, como se indic\u00f3, aquella sentencia resolvi\u00f3 un asunto totalmente diferente al que analiz\u00f3 la Sala accionada. <\/p>\n
3.7.- No sobra resaltar que el Procurador 12 Judicial para Restituci\u00f3n de Tierras rindi\u00f3 su concepto en el sub judice, el cual, si bien en el fallo se dijo que fue extempor\u00e1neo y, por tanto, no fue tenido en cuenta por el Tribunal accionado, merece la atenci\u00f3n de la Sala, en la medida en que se refiere al punto aqu\u00ed referido. <\/p>\n
En efecto, en el mencionado concepto, el agente de la Procuradur\u00eda solicit\u00f3 al Tribunal convocado reconocer el derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras a Claudia Mar\u00eda y Pedro Jos\u00e9; sin embargo, frente a Juan Carlos pidi\u00f3 tener en cuenta lo previsto en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 3 de la Ley 1448 de 2011, en el sentido de que \u00abLos miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no ser\u00e1n considerados v\u00edctimas, salvo en los casos en los que los ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, enfatiz\u00f3 que, de conformidad con los datos enviados por la JEP \u00aby por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el se\u00f1or -Juan Carlos- fue incluido como miembro de las extintas FARC-EP en el a\u00f1o 2017, lo cual fue constatado en diligencia de interrogatorio de parte rendida en febrero de 2021\u00bb. <\/p>\n
4.- De lo anterior se concluye que, en el sub examine, a Juan Carlos, acreditado integrante de las FARC-EP para cuando se profiri\u00f3 el fallo atacado, se le aplicaron los beneficios de la Ley 1448 de 2011, tales como i) distintas medidas de reparaci\u00f3n integral; ii) el derecho a la restituci\u00f3n de tierras; iii) las presunciones contempladas en esa normativa; iv) la inversi\u00f3n y exoneraci\u00f3n de la carga de la prueba; v) el principio de la buena fe9, entre otras, contrariando directamente la disposici\u00f3n contenida en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 3 de dicha normativa. <\/p>\n
En particular, se destaca nuevamente lo que dijo la Corte Constitucional en la C253A-2012, en forma ilustrativa, al se\u00f1alar que no resulta contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, que la inversi\u00f3n de la responsabilidad de la prueba y la exoneraci\u00f3n de la carga de establecer la imputaci\u00f3n al Estado de la conducta de da\u00f1os se contemplen \u00absolo para quienes se encuentren dentro de la legalidad\u00bb, presupuesto no cumplido frente a Juan Carlos cuando se dict\u00f3 el fallo del 20 de agosto de 2021. <\/p>\n
4.1.- Con respecto al defecto sustantivo como causal espec\u00edfica de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional tiene establecido lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEl contenido de la causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto sustancial ha sido explicado por esta Corporaci\u00f3n en la sentencia SU-195 de 2012. As\u00ed las cosas, en sentido amplio, se est\u00e1 en presencia del mismo cuando la autoridad judicial emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma adecuada o interpreta las normas de tal manera que contrar\u00eda la razonabilidad jur\u00eddica. En estricto sentido, configuran este defecto los siguientes supuestos: <\/p>\n
<\/p>\n
* El fundamento de la decisi\u00f3n judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador. <\/p>\n
<\/p>\n
* No se hace una interpretaci\u00f3n razonable de la norma. <\/p>\n
<\/p>\n
* Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos erga omnes\u2026 <\/p>\n
Proceder\u00e1 entonces el amparo constitucional, cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente\u00bb (Corte Constitucional, sentencia SU332 de 2019, resalta la Sala). <\/p>\n
En concreto, frente la interpretaci\u00f3n no razonable de la ley que configura defecto sustantivo, la Corte Constitucional se\u00f1al\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abEl defecto sustantivo puede presentarse cuando, por ejemplo, el juez: \u2018(i) Fundamenta su decisi\u00f3n en una norma que (a) no es pertinente; (b) no est\u00e1 vigente en raz\u00f3n de su derogaci\u00f3n; (c) es inexistente; (d) se considera contraria a la Carta Pol\u00edtica; y (e) a pesar de estar vigente y [ser] constitucional, resulta inadecuada su aplicaci\u00f3n a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica objeto de revisi\u00f3n\u2019; \u2018(ii) Basa su decisi\u00f3n en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto porque resulta inconstitucional o no se adec\u00faa a la circunstancia f\u00e1ctica; (iii) el fallo carece de motivaci\u00f3n material o es manifiestamente irrazonable; (iv) presenta una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los fundamentos y la decisi\u00f3n; (v) la interpretaci\u00f3n desconoce Sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance y que constituyen cosa juzgada; (vi) interpreta la norma sin tener en cuenta otras disposiciones normativas aplicables; (vii) desconoce la normatividad aplicable al caso concreto; o (viii) a pesar de la autonom\u00eda judicial, interpreta o aplica la norma de manera err\u00f3nea\u2019 (\u2026) <\/p>\n
En cuanto a la indebida interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de una norma, recientemente, en la Sentencia T-344 de 2015, reiterada en la SU-050 de 2017, se precis\u00f3 que este defecto se ha presentado cuando: (a) la interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n, prima facie, no se encuentra dentro del margen de razonabilidad o proporcionalidad; (b) es adaptada una disposici\u00f3n de forma contraevidente o contra legem; (c) es evidentemente perjudicial para los intereses de una de las partes, a pesar de la legitimidad de que estos gocen; (d) es manifiestamente errada y desatiende los par\u00e1metros de juridicidad y aceptabilidad; (e) resulta injustificadamente regresiva o contraria a la Constituci\u00f3n; o (f) cuando dejan de aplicarse normas constitucionales o legales pertinentes. <\/p>\n
Seg\u00fan la jurisprudencia, no cualquier interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n puede considerarse un defecto sustantivo. El error judicial debe ser ostentoso, arbitrario y caprichoso, en desconocimiento de lineamientos constitucionales y legales pertinentes. Lo anterior debido a que el juez constitucional no debe ni puede definir la forma en que el juez ordinario tiene que decidir, \u2018pues pueden existir v\u00edas jur\u00eddicas distintas para resolver un caso concreto que [tambi\u00e9n] son admisibles [y] compatibles con las garant\u00edas y derechos fundamentales de los sujetos procesales\u2019. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el defecto sustantivo se configura cuando el juez \u2018en ejercicio de su autonom\u00eda e independencia, desborda la Constituci\u00f3n o la ley en desconocimiento de los principios, derechos y deberes superiores. Lo cual puede ocurrir, entre otros, por la err\u00f3nea interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de la norma. Como puede suceder, por ejemplo, cuando se desborda el contenido de la norma y se imponen mayores barreras a las exigidas por el legislador para conceder el derecho o se desconocen normas que deb\u00edan aplicarse\u00bb (Corte Constitucional, SU573 de 2017). <\/p>\n
De otra parte, la Corte Constitucional ha definido que, \u00aben raz\u00f3n de los efectos erga omnes y de cosa juzgada constitucional que tienen los pronunciamientos de este Tribunal en sede de control abstracto\u00bb10, el juez de conocimiento que se aparta de la interpretaci\u00f3n que hace ese m\u00e1ximo Tribunal de una norma en sede de control abstracto de constitucionalidad, incurre en defecto sustantivo o material. <\/p>\n
4.2.- Pues bien, en el presente caso, se advierte que la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta incurri\u00f3 en un defecto sustantivo, en la medida en que hizo una interpretaci\u00f3n del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 3 de la Ley 1448 de 2011 que lesiona de manera frontal la columna vertebral de la Ley de V\u00edctimas, dirigida a quienes estuvieron y se mantengan en la legalidad. <\/p>\n
En ese orden, en contrav\u00eda de lo establecido en esa norma, en el sub examine, el Tribunal convocado le reconoci\u00f3 la calidad de v\u00edctima, para efectos de la Ley 1448 de 2011, a Juan Carlos, quien de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso de restituci\u00f3n de tierras objeto de esta acci\u00f3n se acredit\u00f3 como miembro del grupo armado organizado al margen de la ley -FARC-EP, habi\u00e9ndose vinculado a ese grupo guerrillero siendo mayor de edad, en pleno uso de raz\u00f3n y por voluntad propia. En otras palabras, su situaci\u00f3n se adecuaba de manera evidente, palmaria y ostensible a la exclusi\u00f3n del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 3 de la Ley 1448 de 2011 y, en consecuencia, el Colegiado debi\u00f3 haber aplicado esta norma y negarle la calidad de v\u00edctima a Juan Carlos, para los beneficios y medidas que dicha Ley regula, sin perjuicio que aqu\u00e9l pueda, como se indica en la C253A-2012, reclamar sus derechos a trav\u00e9s de otros medios de defensa. <\/p>\n
As\u00ed, la Sala de Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal convocado no s\u00f3lo hizo una interpretaci\u00f3n no razonable de la disposici\u00f3n referida, sino que se apart\u00f3 del alcance que la misma Corte Constitucional le dio al par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 3 de la Ley 1448 de 2011 en la sentencia C253A de 2012 -por definici\u00f3n- un fallo con efectos erga omnes-, al otorgarle las medidas de esa ley a una persona que se acredit\u00f3 como miembro de un grupo armado organizado al margen de la ley, sin tener en cuenta que, como all\u00ed se estableci\u00f311, no es desproporcionado que \u00abun presupuesto para acceder a los beneficios en materia de mora crediticia, sea la afectaci\u00f3n de una persona que ha obrado en el marco del orden jur\u00eddico\u00bb, por lo que un integrante de un grupo de esa naturaleza \u00abno puede alentar la pretensi\u00f3n de que se le brinde los mismos medios expeditos y sumarios que el ordenamiento pone a disposici\u00f3n de quien se encuentra en el marco de la legalidad y es, en muchos caso, por completo ajeno al conflicto\u00bb. <\/p>\n
Al incurrir en este defecto sustantivo, el Tribunal convocado lesion\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso de todas las partes del juicio de restituci\u00f3n de tierras analizado, lo cual incluye a la tutelante, pues la argumentaci\u00f3n y sustentaci\u00f3n de la calidad de v\u00edctimas de los tres reclamantes que la opositora atacaba fue integral y conjunta, aplicando las presunciones legales, la inversi\u00f3n de la carga de la prueba y la presunci\u00f3n de buena fe frente a todos ellos y sin excluir a Juan Carlos, a quien no le eran extensivos los beneficios y medidas de la Ley 1448 de 2011, lo cual afecta la motivaci\u00f3n de la providencia censurada por la aqu\u00ed promotora. <\/p>\n
5.- De acuerdo con lo discurrido, se conceder\u00e1 el amparo y, en consecuencia, se ordenar\u00e1 dejar sin efectos el fallo proferido el 20 de agosto de 2021 en el proceso con radicado n\u00famero 68081312100120190013301, para que la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta vuelva a dictar sentencia ordenando excluir de los beneficios y medidas de la Ley de V\u00edctimas a Juan Carlos, al tenor del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 3 de la Ley 1448 de 2011, en consonancia con lo referido por la Corte Constitucional en la C253A-2012 y las consideraciones expuestas por la Sala en esta providencia. <\/p>\n
5.1.- Resuelto lo anterior y dada la especial incidencia que ello tiene en la contenido y motivaci\u00f3n del fallo, corresponde a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta decidir nuevamente lo pertinente a las pretensiones formuladas por Claudia Mar\u00eda y Pedro Jos\u00e9, as\u00ed como los dem\u00e1s aspectos de litigio, seg\u00fan en derecho corresponda. <\/p>\n
5.2.- Ahora bien, en concreto, respecto de los derechos sobre el bien inmueble objeto de restituci\u00f3n o la compensaci\u00f3n que reclama la tutelante, como adquirente de buena fe exenta de culpa o como segunda ocupante, la Sala se abstendr\u00e1 de abordar el asunto, pues lo pertinente deber\u00e1 ser objeto de decisi\u00f3n por parte de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta al desatar la demanda de restituci\u00f3n, dado que la orden impartida contempla decidir nuevamente las pretensiones de los reclamantes y, por ende, los dem\u00e1s aspectos de litigio. <\/p>\n
Lo anterior, sin perjuicio de se\u00f1alar que, en efecto, como lo indic\u00f3 el Tribunal, la buena fe exenta de culpa debe estar claramente demostrada por parte del opositor y con base en las pruebas aportadas al proceso, pues en el contexto de la ley de v\u00edctimas no basta con acreditar la buena fe simple; as\u00ed, la buena fe exenta de culpa es \u00abun est\u00e1ndar de conducta calificado, que se verifica al momento en que una persona establece una relaci\u00f3n (jur\u00eddica o material) con el predio objeto de restituci\u00f3n. La carga de la prueba para los opositores es la que se establece como regla general en los procesos judiciales: demostrar el hecho que alegan o que fundamenta sus intereses jur\u00eddicos\u00bb12. <\/p>\n
Por su parte, trat\u00e1ndose del derecho de los segundos ocupantes, tambi\u00e9n se impone valorar aspectos tales como los referidos por el Tribunal convocado, relacionados con que: \u00abi) habiten en los predios objeto de restituci\u00f3n o deriven de ellos su m\u00ednimo vital, ii) se encuentren en condici\u00f3n de vulnerabilidad, y iii) no tengan relaci\u00f3n directa o indirecta con el abandono forzado o el despojo del fundo\u00bb. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo incoado por Mar\u00eda Alicia. En consecuencia, RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. ORDENAR a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta que, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, deje sin valor ni efecto el fallo proferido el 20 de agosto de 2021 en el proceso con radicado n\u00famero 68081312100120190013301 y toda la actuaci\u00f3n posterior que dependa de ella, de acuerdo con lo dicho en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO. ORDENAR a Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta que, cumplido lo anterior, en el t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas siguientes dicte sentencia, excluyendo de los beneficios y medidas contenidas en la Ley 1448 de 2011 a Juan Carlos, al tenor de lo contemplado en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 3\u00ba de esa disposici\u00f3n, en consonancia con lo referido por la Corte Constitucional en la C253A-2012 y las consideraciones expuestas por la Sala en esta providencia. <\/p>\n
Resuelto lo anterior y dada la especial incidencia que ello tiene en la contenido y motivaci\u00f3n del fallo, corresponde a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta decidir nuevamente lo pertinente a las pretensiones formuladas por Claudia Mar\u00eda y Pedro Jos\u00e9, as\u00ed como los dem\u00e1s aspectos de litigio, seg\u00fan en derecho corresponda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Salvamento de voto Parcial) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En aras de proteger el buen nombre e intimidad de las personas involucradas, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres, para efectos de publicaci\u00f3n y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n con destino \u00fanicamente a las partes de esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
2\u0002 \u00abEste derecho fue adquirido en com\u00fan y proindiviso inicialmente por -Juan Carlos- (25%), -Pedro Jos\u00e9- (25%) y -John Jairo- (50%) mediante adjudicaci\u00f3n en la sucesi\u00f3n de -Pedro Pablo- realizada con escritura p\u00fablica No. xxx del 25 de octubre del 2004\u2026 <\/p>\n
Tras el fallecimiento del se\u00f1or -John Jairo-, su hija -Claudia Mar\u00eda- adquiri\u00f3 este derecho por adjudicaci\u00f3n en sucesi\u00f3n, realizada y aprobada en el Juzgado Octavo Civil Municipal de C\u00facuta mediante providencia del 4 de mayo del 2006, inscrita en la anotaci\u00f3n No. 4 del referido folio\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Sentencia SU-599 de 2019 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
4\u0002 Auto A067-2021 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
5\u0002 \u00ab\u2026que tiene que ver con la enajenaci\u00f3n de una franja necesaria para la realizaci\u00f3n del proyecto \u2018Ruta del Sol\u2019\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Ver referencia en SU484-2008 y T310-1995, citadas por esta Sala en STC11577-2020. <\/p>\n
7\u0002 De acuerdo con lo indicado en el oficio OFI20-00xxxxxx\/IDMxxxxxx de xxx 2020, emitido por un asesor de la oficina del Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la Rep\u00fablica, \u00ab-JUAN CARLOS- (\u2026) se encuentra incluido dentro del listado aceptado por el Alto Comisionado para la Paz mediante Resoluci\u00f3n -xx- del -xxxxxx- de 2019, que lo acredita como miembro de las FARC-EP\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
La Resoluci\u00f3n referida resuelve \u00ab(\u2026) Recibir y aceptar de buena fe, de conformidad con el principio de confianza leg\u00edtima, el listado que fue entregado por un miembro representante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia \u2013 Ej\u00e9rcito del Pueblo- (FARC-EP) (\u2026), por medio del cual se acredita la calidad de miembro de dicha organizaci\u00f3n a (\u2026) -JUAN CARLOS-\u00bb. (Archivo 89). <\/p>\n
8\u0002 Ver pie de p\u00e1gina 41 de la sentencia censurada, que corresponde con lo referido en la SU599-2019. <\/p>\n
9\u0002 T\u00e9ngase en cuenta que, para efectos de lo previsto en dicha Ley, \u00abbastar\u00e1 a la v\u00edctima probar de manera sumaria el da\u00f1o sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta proceda a relevarla de la carga de la prueba\u00bb. Adem\u00e1s, incluye las presunciones del art\u00edculo 78 y, en ese orden, se invierte la carga de la prueba. <\/p>\n
11\u0002 C253A de 2012. <\/p>\n
12\u0002 Corte Constitucional, C-330-2016. <\/p>\n
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STC2830-2022_1 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC2830-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00214-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Sala decide1 el resguardo constitucional promovido por Mar\u00eda Alicia contra la Sala Civil Especializada en […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62023","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62023","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62023"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62023\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62023"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62023"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62023"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}