STC2884-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC 2884-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02314-01 <\/p>\n
(Aprobado en nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n formulada por Soluciones en Tecnolog\u00edas de Informaci\u00f3n S.A.S. \u2013SOLUCI\u00d3N I.T. S.A.S. contra el fallo de 30 de noviembre de 20211, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia en la salvaguarda que instaur\u00f3 frente a la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a los intervinientes en el litigio 2014-00573 (Rad. Corte 77600). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La convocante solicit\u00f3 revocar la sentencia de 1 de junio de 2021 (SL2317-2021), para que se profiera una nueva donde sea absuelta de las condenas y de la indemnizaci\u00f3n moratoria. <\/p>\n
En sustento se\u00f1al\u00f3 que Bibiana Garc\u00eda Z\u00fa\u00f1iga present\u00f3 demanda en su contra con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo desde el 1 de agosto de 2010 hasta el 28 de febrero de 2013, que termin\u00f3 por incumplimiento del empleador en el pago de sus obligaciones, con la consecuente condena al pago de las prestaciones legales correspondientes al tiempo laborado, sanci\u00f3n por no consignaci\u00f3n de las cesant\u00edas, indemnizaci\u00f3n por el no pago de acreencias prestacionales y despido sin justa causa, as\u00ed como las costas del proceso. Correspondi\u00f3 la demanda al Juzgado Trece Laboral del Circuito de esta ciudad quien neg\u00f3 las pretensiones (21 sep. 2015), apel\u00f3 y el Tribunal la revoc\u00f3 (30 nov. 2016), postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Corte accedi\u00f3 a ella solo en cuanto a la forma de liquidar la indemnizaci\u00f3n moratoria en los t\u00e9rminos all\u00ed plasmados y la mantuvo en los dem\u00e1s (CSJ SL2317-2021, 1\u00ba jun.). <\/p>\n
En su sentir, la censurada no tuvo en cuenta la autonom\u00eda de la voluntad porque la vinculaci\u00f3n de la demandante se hizo bajo la modalidad de contrato de prestaci\u00f3n de servicios, lo que la llev\u00f3 a incurrir en indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. La Magistratura encartada defendi\u00f3 su prove\u00eddo pues se adopt\u00f3 \u00abacorde a la ley, la constituci\u00f3n y al criterio jurisprudencial adoptado\u00bb. El juez de conocimiento hizo el recuento de lo rituado. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el ruego por la razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada ya que \u00abla autoridad judicial accionada actu\u00f3 en derecho, y la acci\u00f3n de amparo constitucional, s\u00f3lo se fundamenta en discrepancias de criterios frente a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por el juez natural (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. La sociedad activante impugn\u00f3 e insisti\u00f3 en los argumentos expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Luego de revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio no se advierte la configuraci\u00f3n de alguna v\u00eda de hecho, menos el agravio a prerrogativas fundamentales, ya que, si bien result\u00f3 adversa a los intereses de la promotora, tal circunstancia no la habilita para tildarla de arbitraria o caprichosa, pues la colegiatura cuestionada hall\u00f3 acreditadas algunas falencias t\u00e9cnicas y por eso rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) la censura incurre en la impropiedad de solicitarle a la Sala que, una vez casada la sentencia, en sede de instancia, \u00abrevoque el fallo del a quo\u00bb, lo cual resulta contradictorio a sus intereses, como quiera que la sentencia de primer grado fue absolutoria. <\/p>\n
Aunque este desatino se dispensara, pues en verdad es f\u00e1cil establecer el verdadero inter\u00e9s de la recurrente de que se confirme la absoluci\u00f3n, el cargo adolece de otros de mayor envergadura que impiden su estudio, como pasa a explicarse. <\/p>\n
(\u2026) Si bien la acusaci\u00f3n est\u00e1 orientada por v\u00eda indirecta, se especifican los errores de hecho que pudo haber cometido el colegiado y se singularizan las pruebas que supuestamente fueron apreciadas de manera err\u00f3nea y las dejadas de valorar, la censura omite indicar respecto de cada una, con absoluta claridad, lo que ellas acreditan y c\u00f3mo el sentenciador extrajo conclusiones f\u00e1cticas contrarias a lo que objetivamente cada medio probatorio atestigua. <\/p>\n
Adem\u00e1s, como en reiteradas oportunidades lo ha dicho la Sala, se\u00f1alar la prueba que se considera mal valorada o dejada de apreciar por parte del juez, \u00fanicamente indica o identifica la causa del posible yerro, pero no lo demuestra. <\/p>\n
Se afirma lo anterior, por cuanto a pesar de que se enlistaron 58 pruebas como dejadas de apreciar y cinco como err\u00f3neamente valoradas, en la sustentaci\u00f3n no se hace el m\u00e1s m\u00ednimo esfuerzo por demostrarle a la Corte la ostensible contradicci\u00f3n entre el defecto valorativo de cada prueba y lo que en realidad ella demuestra, como quiera que la labor del censor se limit\u00f3 a identificar las pruebas, pero no dice qu\u00e9 fue lo que de ellas extrajo el Tribunal y menos a\u00fan ense\u00f1a qu\u00e9 acreditan, es decir, no demuestra los yerros valorativos imputados. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el casacionista no cumple con la carga ineludible, propia de este tipo de ataque, consistente en identificar los raciocinios equivocados que habr\u00edan propiciado la comisi\u00f3n de los yerros atribuidos y cu\u00e1l habr\u00eda sido su incidencia frente a lo decidido en segunda instancia. <\/p>\n
(\u2026) en la sustentaci\u00f3n del cargo se intentan demostrar los defectos valorativos achacados respecto de los interrogatorios de parte absueltos, tanto por la demandante como por quien representa legalmente a la entidad demandada, junto con las declaraciones de Mary Luz Rojas Guti\u00e9rrez, Luz Dary Velasco y H\u00e9ctor Silvio Pel\u00e1ez Ospina, lo cierto es que estos medios de convicci\u00f3n no son id\u00f3neos para demostrar yerro f\u00e1ctico en la casaci\u00f3n del trabajo y de la seguridad social. <\/p>\n
(\u2026) no es cualquier desacierto el que puede gestar el quiebre de la sentencia fustigada, pues son s\u00f3lo aquellos errores que provienen de la lectura abiertamente equivocada de los medios probatorios id\u00f3neos en sede casacional, esto es, el documento aut\u00e9ntico, la confesi\u00f3n judicial o la inspecci\u00f3n judicial. Es por ello que, cuando un cargo se formula por v\u00eda indirecta, es necesario el estudio previo de las pruebas calificadas incluidas en la acusaci\u00f3n y s\u00f3lo una vez acreditado con ellas el dislate de facto es posible adentrarse en el examen de las que no son aptas y que sirvieron de soporte al fallo gravado, como en este caso, la testimonial. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n al interrogatorio de parte se tiene que este medio de prueba no es id\u00f3neo en sede casacional, a menos que contenga confesi\u00f3n, es decir, que se trate de respuestas que versan sobre hechos que le producen consecuencias jur\u00eddicas adversas al deponente o que favorezcan a la parte contraria, conforme a lo preceptuado en el art\u00edculo 195 del CPC, hoy 191 del CGP. <\/p>\n
Ahora, respecto a la supuesta confesi\u00f3n que hizo Bibiana Garc\u00eda Z\u00fa\u00f1iga al absolver el interrogatorio de parte (CD f.\u00ba 150), de su revisi\u00f3n encuentra la Sala que ella manifest\u00f3 que: durante el tiempo que prest\u00f3 servicios a la demandada, quien firmaba los estados financieros y los impuestos era el revisor fiscal porque las empresas a su cargo estaban en \u00abrevisor\u00eda fiscal\u00bb; que hab\u00eda manifestado su retiro en forma verbal a la se\u00f1ora Esperanza, representante legal de la demandada; que adem\u00e1s de que cumpl\u00eda horario y la mandaban a realizar todos los remplazos que hab\u00edan, cuando la contrataron le dijeron que le iban a pagar las prestaciones sociales, pero que la salud y pensi\u00f3n le correspond\u00edan a ella; que por medio del sistema que ten\u00eda la empresa manifest\u00f3 su inconformidad con la carga laboral; que su sueldo no estaba acorde con el de los dem\u00e1s contadores; y que en la empresa le hicieron firmar el contrato de prestaci\u00f3n de servicios para poder acreditar la experiencia que requer\u00eda la Junta Central de Contadores y as\u00ed poder tramitar la tarjeta profesional. <\/p>\n
Lo transcrito contiene la totalidad de las respuestas dadas por la demandante, las cuales no contienen confesi\u00f3n alguna, es decir, que de lo dicho por la accionante no es posible inferir nada distinto a lo que dio por desvirtuado el sentenciador con la abundante prueba descrita al historiar el proceso. Por tanto, esta colegiatura no encuentra desacierto en su valoraci\u00f3n. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n al interrogatorio absuelto por quien representa legalmente a la entidad demandada, advierte esta colegiatura que resulta totalmente inadmisible que las partes constituyan prueba en su favor y, menos a\u00fan, que las afirmaciones que all\u00ed haga el absolvente sirvan para fundar un error de hecho en el recurso extraordinario. Por manera que las afirmaciones que pudo hacer la demandada y que la favorecieran no pueden ser de recibo en la medida que estar\u00eda fabricando su propia prueba. <\/p>\n
Luego, al adentrarse en el estudio de la discrepancia planteada en el segundo ataque relacionado con la indemnizaci\u00f3n moratoria arguy\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) pese a que la sustentaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n no es muy prolija, de su contenido es posible comprender cu\u00e1les son las razones de disenso de la empresa y, por tanto, es viable abordar el estudio de fondo. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a la indemnizaci\u00f3n moratoria el Tribunal fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en que en el plenario aparec\u00eda la prueba de que la empresa pretendi\u00f3 ocultar la realidad, esto es, que la actora era su trabajadora, circunstancia que \u00abdemuestra a todas luces una actitud de mala fe, pues, se repite, el empleador trat\u00f3 de desdibujar la realidad que rigi\u00f3 la relaci\u00f3n laboral entre las partes\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, la censura plantea dos aspectos de inconformidad; en el primero aduce que la imposici\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n moratoria no procede de forma autom\u00e1tica, sino que para imponerla se requiere evidenciar la mala fe del demandado, raz\u00f3n por la cual se presenta una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 65 del CST, \u00abya que en el proceso judicial qued\u00f3 acreditada la buena fe de la entidad demandada\u00bb; y el segundo, que el colegiado interpret\u00f3 de forma equivocada el l\u00edmite temporal se\u00f1alado en el numeral 1 del art\u00edculo 65 del CST, modificado por el art\u00edculo 28 de la Ley 789 de 2002. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, le corresponde a la Sala elucidar dos problemas jur\u00eddicos, a saber: i) determinar si el Tribunal err\u00f3 al discurrir que al empleador le correspond\u00eda acreditar que su actuar estuvo ajustado a los postulados de la buena fe para ser exonerado de la imposici\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n moratoria, dado que la(sic) su imposici\u00f3n no es autom\u00e1tica; y ii) establecer si interpret\u00f3 de forma err\u00f3nea el l\u00edmite temporal se\u00f1alado en el numeral 1 del art\u00edculo 65 del CST, modificado por el art\u00edculo 28 de la Ley 789 de 2002, al imponer el pago de un d\u00eda de salario por cada d\u00eda de retardo, \u00aba partir del 1\u00ba de marzo del 2013 y hasta que se haga efectivo\u00bb el mismo. <\/p>\n
Dada la v\u00eda escogida, se tienen por indiscutidos los siguientes supuestos f\u00e1cticos que dio por acreditados el sentenciador de segundo grado: i) que la demandada trat\u00f3 de ocultar la verdadera realidad contractual que uni\u00f3 a las partes; ii) que como el contrato de trabajo termin\u00f3 el 28 de febrero de 2013, la demanda se present\u00f3 dentro de los 24 meses siguientes, ya que lo fue el 25 de agosto de 2014; y iii) que el salario de la demandante fue de $2.019.508 mensuales. <\/p>\n
En primer lugar, frente al tema inicial puesto a consideraci\u00f3n de esta colegiatura, basta con se\u00f1alar que la acusaci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad porque la recurrente sustenta su desacuerdo en un aspecto eminentemente f\u00e1ctico, en la medida que argumenta \u00abque en el proceso judicial qued\u00f3 acreditada la buena fe de la entidad demandada\u00bb, supuesto que el sentenciador no dio por demostrado. T\u00e9ngase en cuenta que estas inconformidades no son de recibo cuando un cargo est\u00e1 orientado por v\u00eda directa y, menos a\u00fan, cuando la discordia estriba en la equivocada hermen\u00e9utica de una norma. <\/p>\n
(\u2026) Es pac\u00edfico el criterio adoptado por esta Corte, seg\u00fan el cual, para establecer la procedencia de la indemnizaci\u00f3n moratoria es necesario estudiar, en cada caso particular y concreto, si la conducta del empleador frente al no pago de los salarios y prestaciones sociales debidos al trabajador para el momento de la terminaci\u00f3n del contrato estuvo o no asistida de buena fe. Por ello, de llegar a la conclusi\u00f3n de que la renuencia del empleador es injustificada procede la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n, pero si la mora obedece a razones fundadas sobre la inexistencia de la obligaci\u00f3n, desaparece la causa y, por ende, se hace improcedente su imposici\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, una vez aclaradas las circunstancias por las cuales resultaba procedente la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n moratoria expres\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) es preciso tener en cuenta que la buena o mala fe no depende de la prueba formal de los convenios o de la simple afirmaci\u00f3n del demandado de creer estar actuando conforme a derecho, pues, en todo caso, es indispensable la verificaci\u00f3n de \u00abotros tantos aspectos que giraron alrededor de la conducta que asumi\u00f3 en su condici\u00f3n de deudor obligado; vale decir, adem\u00e1s de aquella, el fallador debe contemplar el haz probatorio para explorar dentro de \u00e9l la existencia de otros argumentos valederos, que sirvan para abstenerse de imponer la sanci\u00f3n\u00bb (CSJ SL9641-2014). <\/p>\n
Entonces, es di\u00e1fano que la comprobaci\u00f3n de la conducta del empleador resulta un aspecto que debe ser revisado en concreto, de acuerdo con todos los detalles y peculiaridades que aparezcan probados en el expediente, pues \u00abno hay reglas absolutas que fatal u objetivamente determinen cuando un empleador es de buena o de mala fe\u00bb y \u00abs\u00f3lo el an\u00e1lisis particular de cada caso en concreto y sobre las pruebas allegadas en forma regular y oportuna, podr\u00e1 esclarecer lo uno o lo otro\u00bb (CSJ SL, 13 abr. 2005, rad. 24397). <\/p>\n
Adicionalmente, debe decirse que, para determinar la procedencia de la indemnizaci\u00f3n, esta Sala no ha aplicado presunci\u00f3n alguna en los an\u00e1lisis probatorios que se hacen para establecer si la conducta del empleador incumplido estuvo asistida de buena o mala fe, como quiera que, si bien en alg\u00fan momento consider\u00f3 que se presum\u00eda la mala fe, est\u00e1 posici\u00f3n doctrinal se revalu\u00f3, tal como se dej\u00f3 sentado en providencias CSJ SL, 21 sep. 2010, rad. 32416; y SL11436-2016. <\/p>\n
Y en ese escenario concluy\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) si bien el sentenciador err\u00f3 al discurrir que para establecer la procedencia de la indemnizaci\u00f3n operaba la presunci\u00f3n de mala fe, esta hermen\u00e9utica no configura un yerro que comporte necesariamente el quiebre de la sentencia, como quiera que, pese a que aquella no es muy extensa ni precisa en su argumentaci\u00f3n, lo cierto es que estudi\u00f3 la conducta de la empresa para establecer si era o no viable su imposici\u00f3n, dado que, con fundamento en lo dispuesto en la providencia CSJ SL587-2013, expresamente se\u00f1al\u00f3 que estaba probado que la demandada trat\u00f3 de ocultar la realidad, \u00absituaci\u00f3n que demuestra a todas luces una actitud de mala fe\u00bb. T\u00e9ngase en cuenta que en la providencia citada por el juez de apelaciones se explic\u00f3 ampliamente que para imponer la sanci\u00f3n deprecada era necesario estudiar en cada caso la conducta del empleador, tanto que se dijo, incluso, que es v\u00e1lido considerar el actuar procesal observado por las partes. <\/p>\n
En consecuencia, como est\u00e1 acreditado que el Tribunal tambi\u00e9n analiz\u00f3 la conducta de la empresa demandada, pues con fundamento en el an\u00e1lisis de los medios de convicci\u00f3n concluy\u00f3 que la empresa Soluci\u00f3n IT SAS intent\u00f3 disfrazar la relaci\u00f3n laboral, por lo que estaba probada su mala fe, se considera que la intelecci\u00f3n dada al art\u00edculo 65 del CST es la adecuada, pues en realidad, se estudi\u00f3 si el comportamiento omisivo de la demandada estuvo o no asistida de buena fe. <\/p>\n
En segundo lugar, con relaci\u00f3n al l\u00edmite temporal establecido para la imposici\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n en comento, se memora que desde la vigencia del art\u00edculo 29 de la Ley 789 de 2003, se tiene establecido que para los trabajadores que devengan m\u00e1s de un salario m\u00ednimo, durante los primeros veinticuatro meses posteriores a la extinci\u00f3n del v\u00ednculo, el empleador debe pagar una suma igual al \u00faltimo salario diario devengado por cada d\u00eda de retardo, siempre y cuando el trabajador haya iniciado su reclamaci\u00f3n ante la justicia ordinaria dentro de ese lapso. <\/p>\n
(\u2026) estando acreditado que el salario de la demandante era de $2.019.508 mensuales, cifra superior al salario m\u00ednimo de la \u00e9poca; que el contrato de trabajo termin\u00f3 el 28 de febrero de 2013; y que la demanda se present\u00f3 dentro de los veinticuatro meses siguientes, esto es, el 25 de agosto de 2014, luce evidente que el Tribunal desconoci\u00f3 el l\u00edmite temporal regulado en el art\u00edculo 29 de la Ley 789 de 2002, al imponer la indemnizaci\u00f3n de un d\u00eda de salario por cada d\u00eda de retardo, a partir del 1 de marzo del 2013 \u00aby hasta que se haga efectivo el pago\u00bb, siendo que lo correcto era hacerlo en esa cantidad por los primeros veinticuatro meses y de ah\u00ed en adelante intereses moratorios hasta que se lleve a cabo el desembolso de los dineros debidos por prestaciones sociales. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, esa incuria o falta de cuidado en la proposici\u00f3n del \u00abrecurso de casaci\u00f3n\u00bb, impide que por esta senda se revise el fondo del veredicto emitido por los funcionarios convocados, por tanto, no es de recibo lo alegado por la impugnante en lo atinente a que estaba probado el v\u00ednculo bajo la modalidad de \u00abcontrato de prestaci\u00f3n de servicios\u00bb, pues ese fue precisamente el t\u00f3pico echado de menos por el colegiado de casaci\u00f3n al acreditarse el ocultamiento de la realidad, que llev\u00f3 al desenlace del que se duele. <\/p>\n
N\u00f3tese, adem\u00e1s, que la acci\u00f3n de tutela no puede ser usada como una tercera instancia en la que se reabra un debate suscitado ante los jueces ordinarios, de ah\u00ed que la reclamaci\u00f3n de la inconforme en punto a que se efectu\u00e9 una nueva valoraci\u00f3n probatoria en sede constitucional sea inaceptable. <\/p>\n
Lo anterior cobra mayor relevancia cuando lo enjuiciado es el examen de las probanzas recaudadas, pues como lo ha reiterado esta Corte, \u00ab(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas (\u2026) (CSJ STC7213-2020, STC5447-2021, memoradas entre muchas en STC040-2022). <\/p>\n
Entonces, comoquiera que la directriz controvertida no alberga anomal\u00eda susceptible de ser enmendada por este sendero, se ratificar\u00e1 lo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que, para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el 8 de febrero de 2022, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 28 de febrero pasado. <\/p>\n
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