STC2888-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC 2888-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-00118-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 1 de febrero de 2022, dictado por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Armando Molano Parra contra la Defensor\u00eda del Pueblo y los Juzgados Primero Civil Municipal y Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el resguardo N\u00b0 110014003001-2021-01004-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor solicit\u00f3 revocar los fallos atacados y ordenar a la Defensor\u00eda del Pueblo prorrogarle su contrato como defensor p\u00fablico. De la lectura del escrito de tutela y los anexos, se extrae que el impulsor es un adulto mayor de 69 a\u00f1os y estuvo vinculado a la Defensor\u00eda del Pueblo por m\u00e1s de 16 a\u00f1os mediante contrato de prestaci\u00f3n de servicios, en calidad de defensor p\u00fablico; no obstante, \u00absin explicaci\u00f3n o justificaci\u00f3n alguna\u00bb no le renovaron el acuerdo contractual. Por lo expuesto, present\u00f3 demanda de tutela contra la Defensor\u00eda del Pueblo cuestionando la decisi\u00f3n adoptada. Los estrados accionados negaron la protecci\u00f3n invocada en ambas instancias, entre otros aspectos, porque la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n convencional obedeci\u00f3 al cumplimiento del plazo acordado (31 dic. 2021), \u00abde ah\u00ed que no se observe vulneraci\u00f3n\u00bb. A juicio del libelista, ese proceder le caus\u00f3 \u00abun perjuicio irremediable, asociado a la grave vulneraci\u00f3n al m\u00ednimo vital\u00bb. <\/p>\n
2. Las sedes judiciales accionadas defendieron la legalidad de lo actuado en el ruego n.\u00ba 2021-01004. La Defensor\u00eda del Pueblo manifest\u00f3 que el convenio suscrito con el gestor feneci\u00f3 (31 dic. 2021) y \u00abse constituye en ley para las partes\u00bb. Agreg\u00f3 que es causal de exclusi\u00f3n de los defensores p\u00fablicos, no superar las pruebas que tengan el car\u00e1cter de eliminatorias y, en el caso del actor, obtuvo 46 puntos, cuando el m\u00ednimo exigido era \u00ab70\/100\u00bb. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 el resguardo al estimar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela para controvertir decisiones de la misma naturaleza. <\/p>\n
4. El gestor se alz\u00f3 fincado en alegaciones semejantes a las planteadas en el escrito inaugural. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El prove\u00eddo opugnado debe ratificarse porque el auxilio constitucional incoado por Luis Armando Molano Parra es improcedente. No se olvide que, por regla general, el ejercicio de una acci\u00f3n de esta naturaleza es inviable contra la decisi\u00f3n adoptada en sede de tutela, salvo cuando en el procedimiento agotado se desconozca de manera flagrante la garant\u00eda \u00abal debido proceso, por omitir vincular a interesados o indebida notificaci\u00f3n de las partes\u00bb, coyuntura donde se reconoce que es \u00abposible estudiar la queja contra un auxilio anterior, siempre y cuando se satisfagan los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad\u00bb. (CSJ STC4314-2018, CSJ STC9088-2019, CSJ STC868-2021, CSJ STC2841-2021). <\/p>\n
Igualmente, est\u00e1 decantado que el resguardo resulta procedente en los casos que la providencia definitoria sea producto de \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb, situaci\u00f3n que se predica cuando son cumplidas formalmente todas las etapas procesales, logrando materializar una soluci\u00f3n fraudulenta que traduce un perjuicio il\u00edcito para terceros y la comunidad. <\/p>\n
En este caso el tutelante cuestiona el prove\u00eddo emitido en un tr\u00e1mite de igual naturaleza a \u00e9ste, en el cual los fallos de instancia, en su parecer, no tuvieron en cuenta \u00abla afectaci\u00f3n al m\u00ednimo vital y los dem\u00e1s derechos que afectan [su] dignidad como profesional, como persona, adem\u00e1s desconociendo que es sujeto de protecci\u00f3n especial reforzada\u00bb. De suerte que como el contexto descrito por el impulsor no encuadra en las excepciones transcritas, de tajo resulta inadmisible estudiar los reproches enarbolados contra las sentencias de tutela tra\u00eddas a colaci\u00f3n cuyo desenlace es inmune a cualquier consideraci\u00f3n en esta senda extraordinaria por consistir en divergencias particulares ajenas a la esencia de las causales referenciadas. <\/p>\n
En el mismo sentido, se advierte que la decisi\u00f3n objetada todav\u00eda no ha sido sometida a selecci\u00f3n por la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n1, circunstancia que impide tambi\u00e9n a esta Colegiatura evaluar anticipadamente las secuelas del procedimiento seguido por los jueces de instancia. De modo que es inviable el an\u00e1lisis de fondo del reclamo supralegal, por no concurrir alguno de los supuestos de procedencia que el precedente ha decantado, es decir, que \u00abno exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u00bb (Sentencia SU-627 de 2015). <\/p>\n
Adem\u00e1s, el libelista tiene la posibilidad de insistir ante esa Corporaci\u00f3n a efecto de procurar la \u00abrevisi\u00f3n del fallo\u00bb, escenario donde puede alegar los desafueros que asegura ocurrieron en esa determinaci\u00f3n adversa, remedio que seg\u00fan ha sostenido esta Sala es id\u00f3neo, ya que <\/p>\n
(\u2026) no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992), (STC 7 nov. 2012, exp. 20141-00, reiterado en CSJ STC868-2021). <\/p>\n
Por otro lado, tampoco se configura un perjuicio irremediable que autorice acceder de manera transitoria al auxilio invocado, habida cuenta que el actor no prob\u00f3 la gravedad de su situaci\u00f3n econ\u00f3mica, la inminencia del da\u00f1o, la urgencia del resguardo e impostergabilidad, ingredientes normativos propios de esta categor\u00eda jur\u00eddica. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la avanzada edad o el estado de salud imponen la concesi\u00f3n de la salvaguarda, porque, como lo ha dicho la Sala en otras ocasiones, \u201cesa sola circunstancia no es suficiente para brindar protecci\u00f3n especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas que lo coloquen en estado de vulnerabilidad\u201d (CSJ STC6290-2020, reiterada, entre otras, en STC9072-2021). <\/p>\n
En suma, emerge sin duda la conclusi\u00f3n de refrendar el prove\u00eddo de primer grado pues la actuaci\u00f3n reprochada ya fue sujeta a examen por otros jueces constitucionales, esto es, existe cosa juzgada. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Enviada para su eventual revisi\u00f3n el 25\/01\/2022, seg\u00fan constancia enviada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
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