STC2911-2022 – n. f <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2911-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-04704-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por la se\u00f1ora Rosa Rojas contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de esta ciudad, que se hace extensiva a las Salas de Casaci\u00f3n Penal, Civil y Laboral de esta Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual se dispuso vincular a las partes y a los intervinientes en el proceso penal con radicado N\u00b0 2013-03705 y en el amparo constitucional, tramitado bajo el N\u00b0 2021-03146. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La interesada requiri\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y seguridad jur\u00eddica, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas y, solicit\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[D]eclarar la Nulidad de la sentencia condenatoria 2013 03705 02 proferida por el Juzgado 27 penal del circuito de Bogot\u00e1 y confirmada por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 Sala Penal, en consecuencia, ordene retrotraerse las actuaciones a la Audiencia preparatoria del 13-09-2016, para que el defensor asignado pueda cumplir con garantizar la defensa t\u00e9cnica que me avala la C.N, la H Corte Constitucional y la C.I.D.H.\u00bb. <\/p>\n
En apoyo de sus reparos, expuso que en el proceso penal seguido en su contra por los delitos de \u00abobtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso, fraude procesal y estafa tentada\u00bb, fue condenada el 22 de agosto de 2019 por el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Bogot\u00e1, sentencia que confirm\u00f3 el Tribunal Superior de esta ciudad el 28 de octubre del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Aunque formul\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, la Sala Especializada de esta Corte, en auto AP3227-2020 de 18 de noviembre de 2020, inadmiti\u00f3 la demanda por falta de legitimaci\u00f3n, pues la procesada la interpuso directamente, decisi\u00f3n confirmada al definirse la reposici\u00f3n interpuesta por aqu\u00e9lla en ATP1734-2021. <\/p>\n
Expuso que en el proceso penal le lesionaron sus garant\u00edas, porque no se decretaron las pruebas que solicit\u00f3, tales como el fallo de \u00abla Tutela del Tribunal Laboral del 27-05-2011\/ T- 2011-275 de la presunta v\u00edctima contra el Juzgado 31 Laboral del circuito de Bogot\u00e1\u00bb, elemento de convicci\u00f3n que habr\u00eda llevado a su absoluci\u00f3n, y, adem\u00e1s, tampoco se tuvo en cuenta que ella no ocult\u00f3 \u00abla existencia de las acciones laborales\u00bb que suscitaron la causa penal, pues no es verdad que en su interrogatorio \u00abguardara silencio\u00bb sobre las mismas. <\/p>\n
De igual modo, advirti\u00f3 que se desconoci\u00f3 que (i) es una persona con una discapacidad mayor del 20%; (ii) no contaba con recursos econ\u00f3micos para pagar los honorarios de un abogado y que \u00e9ste presentara el recurso de casaci\u00f3n; y (iii) que fue \u00abla defensor\u00eda [quien se] abstuvo de asumir la casaci\u00f3n (\u2026), lo que gener\u00f3 la inadmisi\u00f3n (\u2026) por falta de apoderado\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que propuso anterior acci\u00f3n de tutela en contra de las autoridades penales por el asunto rese\u00f1ado, pero la Sala de Casaci\u00f3n Civil la neg\u00f3 en sentencia STC11698-2021 y si bien impugn\u00f3 ese pronunciamiento, el mismo fue confirmado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en STL14161-2021, proceder que evidencia la comisi\u00f3n de \u00aberrores jurisdiccionales graves\u00bb, pues la \u00abCorte (\u2026) guard\u00f3 silencio\u00bb sobre todos los reproches que expuso, dando \u00ablugar a una condena ilegal en [su] contra\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que, en su criterio, este nuevo amparo es procedente porque en el primero, no se definieron todos sus cuestionamientos, particularmente, lo plasmado en \u00abun cuadro comparativo\u00bb que alleg\u00f3, relativo a la necesidad de la \u00abprueba excluida\u00bb, esto es, el mencionado fallo de tutela en el radicado \u00abT- 2011-275\u00bb. <\/p>\n
2. Mediante auto de 23 de febrero de 2022, se aceptaron los impedimentos manifestados por los H. Magistrados \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda Restrepo, Hilda Gonz\u00e1lez Neira, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Luis Alonso Rico Puerta, Octavio Augusto Tejeiro Duque y Francisco Ternera Barrios, para conocer del presente amparo y el conocimiento del asunto fue asignado a este Despacho y habr\u00e1 de ser decidido con los Conjueces previamente designados. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el pasado 28 de febrero se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado N\u00b0 2013-03705 y en la acci\u00f3n constitucional N\u00b0 2021-03146. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Veintisiete Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1 advirti\u00f3 que conoci\u00f3 del asunto censurado, sin haber lesionado las garant\u00edas de la solicitante, por lo cual pidi\u00f3 negar el amparo propuesto en su contra. <\/p>\n
El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de esta capital se\u00f1al\u00f3 que ante su despacho <\/p>\n
\u00abcurs\u00f3 el proceso ordinario laboral, radicado con el No. 019-2009 de ROSA ROJAS en contra de la se\u00f1ora MAR\u00cdA MORA, el cual se recibi\u00f3 de la oficina judicial el 20 de enero de 2009; se admiti\u00f3 el 3 de febrero de 2009; se surtieron las etapas de tr\u00e1mite, y en audiencia celebrada el 22 de julio de 2009, se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, se declar\u00f3 terminado el proceso, y en la actualidad se encuentra el expediente archivado\u00bb. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda 238 delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de esta ciudad se opuso a la prosperidad del amparo, por cuanto valor\u00f3 correctamente las pruebas allegadas, adem\u00e1s, no ocult\u00f3 el contenido de las mismas <\/p>\n
\u00abcomo lo ha insinuado siempre la accionante, [pues] sus argumentos siempre son sesgados para mostrarse v\u00edctima de la administraci\u00f3n de justicia, cuando ella fue la que quiso utilizar a la administraci\u00f3n de justicia para hacerse al pago de una suma de dinero por un supuesto contrato de trabajo del cual no pudo probar las condiciones descritas en la ley laboral\u00bb. <\/p>\n
Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Examinada la queja y los soportes adosados, pronto se advierte el fracaso de la protecci\u00f3n exigida frente al Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Bogot\u00e1, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad y la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en relaci\u00f3n con el proceso penal adelantado contra la se\u00f1ora Rosa Rojas, radicado N\u00b0 2013-03705, pues las censuras expuestas por esta v\u00eda extraordinaria ya fueron conocidas y resueltas en pasada ocasi\u00f3n por esta Sala de Casaci\u00f3n [STC11698-2021] y por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, en sede de impugnaci\u00f3n [STL14161-2021], de la cual neg\u00f3 su complementaci\u00f3n en ATL1733-2021. <\/p>\n
En efecto, se resalta que en la sentencia STC11698-2021, sobre las quejas de la solicitante frente al proceso penal, se determin\u00f3 que el escenario id\u00f3neo para discutir las inconformidades de la solicitante era a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y, en cuanto a la inadmisi\u00f3n del mismo, se expuso: <\/p>\n
\u00abSobre la falta de defensa t\u00e9cnica es preciso se\u00f1alar que aunque la gestora adujo que en la sentencia de tutela proferida en la acci\u00f3n con radicado No. 2019-02299-00 se le orden\u00f3 a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n que asumiera su caso, lo cierto es que la gestora no prob\u00f3 su dicho, por el contrario revisado el sistema de consulta de procesos en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial se hall\u00f3 que en el tr\u00e1mite en comento se neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada por la gestora (STP16571-2019). Luego, como no existe orden constitucional en los t\u00e9rminos se\u00f1alados por la actora, se evidencia la inexistencia de la vulneraci\u00f3n alegada por este \u00edtem. <\/p>\n
De otro lado, frente a la pretensi\u00f3n principal referente a que se deje sin valor y efecto el auto que inadmiti\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n (18 noviembre de 2020), debe destacar la Sala que no es posible promover acci\u00f3n de tutela \u00fanicamente con el fin de remediar aquellas fallas que dieron lugar al decaimiento del medio de impugnaci\u00f3n aludido, pues como es sabido, el ejercicio de la presente acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional\u00bb. <\/p>\n
(\u2026). <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, aunque la promotora manifest\u00f3 que el recurso extraordinario no debi\u00f3 ser inadmitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia por falta de legitimaci\u00f3n en la causa, toda vez que no tiene recursos para sufragar los costos de un abogado, sino que se limit\u00f3 a se\u00f1alar que el mismo vulneraba su derecho a la igualdad, tal afirmaci\u00f3n no fue acreditada y, por el contrario, se hall\u00f3 que el mencionado prove\u00eddo es producto de una interpretaci\u00f3n razonable de las normas que regulan la materia y de lo acontecido en el proceso. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase que la Magistratura se ocup\u00f3 de ilustrar a la actora sobre la naturaleza del recurso extraordinaria de casaci\u00f3n, para lo cual le indic\u00f3 (AP3227-18 noviembre 2020) que no es una instancia adicional, sino que \u00abla casaci\u00f3n est\u00e1 dotada de una t\u00e9cnica especial, raz\u00f3n por la que se exige su presentaci\u00f3n por medio de abogado titulado y autorizado para ejercer la profesi\u00f3n\u00bb aspecto este que adem\u00e1s fue establecido por el legislador en el art\u00edculo 182 de la Ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Dest\u00e1quese que tampoco fue acreditada la inducci\u00f3n a error alegada por la actora, por el contrario, la autoridad judicial resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n por ella instaurado, para lo cual insisti\u00f3 en el argumento ya se\u00f1alado (AP1734-5 mayo 2021), as\u00ed: Si bien es cierto, la recurrente ostentaba legitimaci\u00f3n en la causa (como lo reitera en la reposici\u00f3n), debido a que las dos decisiones de instancia fueron adversas a sus intereses, tambi\u00e9n lo es que por no ser abogada carece de legitimaci\u00f3n en el proceso, y ten\u00eda la obligaci\u00f3n, en virtud a la exigencia contenida en el art\u00edculo 182 de la Ley 906 de 2004, de presentar la demanda por medio de un abogado, dada la especial t\u00e9cnica con que deben formularse los cargos en casaci\u00f3n, lo que se incumpli\u00f3 en este caso\u00bb. <\/p>\n
Impugnada la anterior determinaci\u00f3n por la peticionaria con sustento, en s\u00edntesis, en que no pod\u00eda atribu\u00edrsele lo ocurrido con el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, porque hab\u00eda sido responsabilidad de la Defensor\u00eda del Pueblo, y en que se hab\u00edan desconocido sus circunstancias econ\u00f3micas y de salud, sin siquiera decretarse pruebas sobre \u00e9stas, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en STL14161-2021, para resolver tal alzada, argument\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab[A]nte la especial t\u00e9cnica que requiere la demanda el Tribunal \u00abremiti\u00f3 el caso a la Unidad de Casaci\u00f3n, Revisi\u00f3n y Extradici\u00f3n de la Defensor\u00eda del Pueblo, donde una abogada experta en casaci\u00f3n\u00bb rindi\u00f3 concepto desfavorable para presentar la demanda, lo cual qued\u00f3 as\u00ed consignado en auto de 18 de noviembre 2020, donde se\u00f1al\u00f3 que \u00abLa defensora p\u00fablica adscrita a la Unidad de Casaci\u00f3n present\u00f3 concepto desfavorable para presentar la demanda de casaci\u00f3n\u00bb, as\u00ed las cosas, no puede afirmarse por la promotora de la acci\u00f3n que existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales, m\u00e1xime, cuando los argumentos esbozados en el mentado concepto rendido el 24 de enero de 2020, estuvieron edificados, entre otros, en que \u00abla carga que asumi\u00f3 el representante del \u00f3rgano de persecuci\u00f3n penal para demostrar la responsabilidad de la se\u00f1ora Rojas y al no advertir esta defensora alguna violaci\u00f3n ya directa o indirecta de la ley sustancial, se abstiene [\u2026] de presentar cargos en recurso extraordinario de casaci\u00f3n promovido\u00bb, con base en lo cual concluy\u00f3: \u00abDesde lo sustancial, lo procesal y sobre lo anterior, el componente probatorio no cumple en este asunto, los presupuestos de procedencia, ni de legitimaci\u00f3n sustancial, para acceder el medio de impugnaci\u00f3n extraordinario, por ello se emite concepto negativo de viabilidad, para demanda de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, queda derruido el argumento de no haber contado con defensa t\u00e9cnica, pues el hecho de que la defensora p\u00fablica hubiere emitido concepto desfavorable para la casaci\u00f3n no implica per se la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales de la accionante\u00bb. <\/p>\n
Luego, en cuanto a la carencia de recursos econ\u00f3micos de la actora para pagar los honorarios de un abogado y sus posibles circunstancias de vulnerabilidad, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral le indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[E]sta Sala [se remite] a los argumentos precedentes, y a las consideraciones de la providencia CSJ AP1734-2021 en la que se afirm\u00f3 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal que la ahora accionante \u00ab[\u2026] s\u00ed cont\u00f3 con abogados id\u00f3neos a lo largo de la actuaci\u00f3n, y especialistas en casaci\u00f3n, quienes act\u00faan con unidad de bancada con el procesado, pero que son aut\u00f3nomos e independientes en sus conceptos jur\u00eddicos y actuaciones ante los funcionarios judiciales\u00bb, y aun cuando los resultados fueron adversos a los intereses de la procesada \u00abno se evidencia[ba] la falta de defensa t\u00e9cnica, y esa situaci\u00f3n no faculta al procesado que no es abogado para presentar la demanda\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u00ab[Adem\u00e1s, e]n cuanto a la aserci\u00f3n de que no se acreditaron las condiciones de salud y econ\u00f3micas que le impidieron contratar un abogado para su defensa, pidi\u00f3 para demostrarlo que se oficiara a la Alcald\u00eda de Fontib\u00f3n para que certificara el valor del subsidio que le otorga en cuant\u00eda de $130.000, petici\u00f3n de prueba que resulta inane, habida cuenta de que, aun, estableci\u00e9ndose que ese es su \u00fanico ingreso econ\u00f3mico, lo cierto es que el recurso de casaci\u00f3n en su caso no era viable, tanto que as\u00ed lo estim\u00f3 su defensor p\u00fablico en su momento al emitir concepto no favorable, y la discapacidad que padece per se no es suficiente para la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
La solicitante pidi\u00f3 la adici\u00f3n de la anterior decisi\u00f3n porque, en su criterio, no se hizo pronunciamiento alguno sobre el \u00abcuadro comparativo\u00bb del cual se evidenciaba la necesidad de las pruebas excluidas y donde ella demostraba \u00abque el Tribunal Sala Laboral de Bogot\u00e1, [le] permit[i\u00f3] guardar silencio\u00bb, siendo improcedente la condena penal que se le impuso; asimismo, insisti\u00f3 en que la defensora nombrada por la Defensor\u00eda del Pueblo, en su caso, fue \u00abuna mera espectadora y asumi[\u00f3] un papel de juez\u00bb. <\/p>\n
Tal petici\u00f3n fue desestimada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en ATL1733-2021, dado que advirti\u00f3 que, en su sentencia hab\u00eda explicado que la Defensor\u00eda del Pueblo no hab\u00eda lesionado las garant\u00edas de la reclamante, adem\u00e1s, sostuvo la improcedencia de la complementaci\u00f3n pretendida porque se hab\u00edan decidido <\/p>\n
\u00abtodas y cada de las inconformidades que formul\u00f3 en relaci\u00f3n con la sentencia de primera instancia, sin que en parte alguna del escrito de impugnaci\u00f3n aparezca el cuadro comparativo al que ahora alude la accionante. <\/p>\n
Oportuno resulta este escenario para traer a colaci\u00f3n el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991 que establece. \u00abEl juez que conozca de la impugnaci\u00f3n, estudiar\u00e1 el contenido de la misma, cotej\u00e1ndola con el acervo probatorio y con el fallo\u00bb de manera que ser\u00e1 sobre los argumentos que all\u00ed se expongan sobre los cuales deber\u00e1 pronunciarse el juez constitucional de segunda instancia, precisamente, en aras de respetar el principio de congruencia, axioma que como se vio, y contrario a lo afirmado por la accionante, no se vulner\u00f3 en el caso particular\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como los reclamos expuestos en esta ocasi\u00f3n frente al proceso penal seguido contra la accionante, ya hab\u00edan sido objeto de una tutela anterior, la cual fue negada en primera y segunda instancia, resulta inviable una nueva decisi\u00f3n en esta sede, pues no existen circunstancias que impongan ese proceder, comoquiera que, de una parte, la situaci\u00f3n advertida en la queja actual no sugiere la existencia de hechos adicionales a los otrora expuestos en el amparo citado, y, de otra, lo cierto es que el juez constitucional, en torno al caso penal, resolvi\u00f3 que no encontr\u00f3 lesi\u00f3n a las garant\u00edas sustanciales de la peticionaria. <\/p>\n
Sobre lo anotado, la Corte Constitucional ha determinado como supuestos \u00abque permiten que una misma persona interponga nuevamente la acci\u00f3n de tutela, sin que dicha situaci\u00f3n configure temeridad (\u2026): (i) cuando surgen circunstancias f\u00e1cticas o jur\u00eddicas adicionales; o, cuando (ii) no existi\u00f3 un pronunciamiento de fondo por parte de la jurisdicci\u00f3n constitucional sobre la pretensi\u00f3n incoada (T-162 de 2018)\u00bb (CSJ, ATP1423-2021), circunstancias que aqu\u00ed no se presentan, pues aunque podr\u00eda extra\u00f1arse una argumentaci\u00f3n concreta sobre los reproches elevados por la accionante respecto de la \u00abexclusi\u00f3n de pruebas\u00bb en el proceso penal censurado, se insiste, los jueces constitucionales ya determinaron que en ese caso no se quebrantaron las garant\u00edas de la interesada, con lo cual se halla clausurada la posibilidad de efectuar pronunciamientos adicionales a trav\u00e9s de una nueva tutela. <\/p>\n
Por tanto, es evidente el fracaso del amparo solicitado, porque la actora activ\u00f3 este mecanismo extraordinario para censurar una actuaci\u00f3n que previamente hab\u00eda puesto en conocimiento de esta jurisdicci\u00f3n, siendo aplicable, por tanto, lo establecido en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, que dispone: \u00ab[c]uando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb. <\/p>\n
2. En cuanto a las quejas que presenta la se\u00f1ora Rosa Rojas contra las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Laboral de esta Corporaci\u00f3n, por omitir resolver todas sus censuras en el amparo antes propuesto, se resalta el fracaso de esta protecci\u00f3n constitucional, toda vez que las decisiones que se adopten en virtud de una tutela, no pueden ser objeto de controversia a trav\u00e9s de ese mismo mecanismo, pues <\/p>\n
\u00abEl fundamento de tal improcedencia se encuentra, por un lado, en que se debe respetar la funci\u00f3n judicial que se concreta en la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y, por otro, garantizar la defensa del acceso efectivo a la justicia. (\u2026) Esta posibilidad afectar\u00eda la seguridad jur\u00eddica y la cosa juzgada adem\u00e1s de generar un perjuicio al goce efectivo de los derechos constitucionales que la tutela busca garantizar\u00bb (Corte constitucional Sentencia SU-1219 de 2001). <\/p>\n
Adem\u00e1s, esta Sala reiteradamente ha denegado tales amparos a fin de evitar <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ, 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada recientemente en STC2255-2021). <\/p>\n
Por tanto, es clara la improcedencia de este nuevo amparo al interponerse respecto de otro de igual naturaleza, m\u00e1xime si ninguna de las excepciones fijadas en la sentencia SU-627 proferida el 1\u00ba de octubre de 2015 por la Corte Constitucional se presenta en este caso, pues \u00e9stas, relacionadas con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 ene. 2010, rad. 2009-02355-00, reiterada en la STC8657-2021 y STC10894-2021); (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb; o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivos del \u00abdebido proceso\u00bb, situaciones que, se insiste, en este asunto no fueron denunciadas y tampoco se presentan. <\/p>\n
En esta ocasi\u00f3n se resalta que ante una posible irregularidad, desafuero o insuficiencia de los jueces de tutela al emitir sus fallos en esta especial jurisdicci\u00f3n, tras agotarse la impugnaci\u00f3n, el legislador tiene prevista la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional conforme el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991 y el recurso de insistencia desarrollado en el Acuerdo No 05 de 1992, para pedir ante la nombrada Corporaci\u00f3n su escogencia, mecanismos procesales pendientes de surtirse, dado que el expediente materia de reparo fue remitido para tal finalidad el 19 de enero de 2022. <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019 (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (CSJ STC8012-2021). <\/p>\n
3. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por Rosa Rojas contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de esta ciudad, que se hace extensiva a las Salas de Casaci\u00f3n Penal, Civil y Laboral de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
EDGAR JAVIER MUNEVAR <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
MIQUELINA OLIVIERI MEJ\u00cdA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
SELENE PIEDAD MONTOYA CHAC\u00d3N <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
JORGE ERNESTO OVIEDO ALB\u00c1N <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
<\/p>\n
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STC2911-2022 – n. f MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC2911-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-04704-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de once de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por la se\u00f1ora Rosa Rojas […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62048","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62048","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62048"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62048\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62048"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62048"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62048"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}