STC2913-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2913-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01867-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo del 28 de septiembre de 2021, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, dentro de la acci\u00f3n de tutela formulada por Rafael Malag\u00f3n Fl\u00f3rez contra la Sala Especializada en lo Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al \u00abprincipio de autonom\u00eda judicial\u00bb, al \u00abprincipio de necesidad\u00bb y a la igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad accionada, con la decisi\u00f3n proferida en el marco de la salvaguarda que promovi\u00f3 en contra de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, con rad. 2021-00217. <\/p>\n
Aunque el gestor no elev\u00f3 una petici\u00f3n en concreto, de la lectura del escrito de tutela se advierte, que en \u00faltimas, lo pretendido a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n especial\u00edsima, es que se deje sin valor ni efecto la sentencia calendada 24 de febrero de 2021, a trav\u00e9s de la cual, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte declar\u00f3 improcedente la solicitud de protecci\u00f3n invocada por el accionante contra esta Sala de Decisi\u00f3n Civil. <\/p>\n
2. Para respaldar sus reparos aduce en s\u00edntesis y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del sub lite, que comoquiera que el 25 de agosto de 2020, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dentro del proceso de reposici\u00f3n y cancelaci\u00f3n de t\u00edtulo valor que promovi\u00f3 contra el Banco BBVA S.A., profiri\u00f3 sentencia adversa a sus intereses, incurriendo, dice, en los defectos f\u00e1ctico y sustantivo, solicit\u00f3 la salvaguarda de sus prerrogativas1, la que fue negada el 5 de noviembre de 2020 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de la misma ciudad, decisi\u00f3n que impugnada, fue confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Civil el 16 de diciembre siguiente (STC11742-2020). <\/p>\n
Se\u00f1ala que pese a que advirti\u00f3 que la \u00faltima de las determinaciones era, entre otras, \u00abincongruente\u00bb, por cuanto, atesta, en lugar de declarar la \u00abimprocedencia\u00bb, desestim\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, convirtiendo esto en \u00abcosa juzgada\u00bb, \u00abno PRACTIC[\u00d3] LA PRUEBA, no explic[\u00f3] los fundamentos legales y\/o jurisprudenciales por los cuales la decisi\u00f3n (\u2026) [no constitu\u00eda] una v\u00eda de hecho por parte de la se\u00f1ora Juez accionada, porque se cumpl\u00edan los requisitos para la reposici\u00f3n del CDT 0063096\u00bb, la Sala Especializada en lo Laboral de la misma Corporaci\u00f3n mediante sentencia STL1931-2021 del 24 de febrero de 2021, neg\u00f3 el nuevo auxilio constitucional que solicit\u00f3 para que se invalidara el fallo en comento proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
Indica que en el citado tr\u00e1mite no se decretaron pruebas, y tampoco se estudiaron de fondo las incongruencias existentes, asegura, entre la sentencia del proceso declarativo, el fallo de la primera acci\u00f3n constitucional, y, lo decidido en sede de casaci\u00f3n dentro de un juicio ordinario anterior a \u00e9stos, en \u00abdesconocimiento de las reglas de la sana cr\u00edtica y el error inducido, toma la decisi\u00f3n (\u2026) sin motivaci\u00f3n alguna, (\u2026) en solidaridad de cuerpo, (\u2026) en violaci\u00f3n directa a la Constituci\u00f3n. Puede considerarse en sutileza que no existe un error grosero, pero en verificaci\u00f3n se configura el DEFECTO SUSTANTIVO y el DEFECTO FACTICO (\u2026) lo cual tiene como consecuencia impedir la debida conducci\u00f3n al proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la soluci\u00f3n del asunto jur\u00eddico debatido\u201d\u00bb, circunstancias todas \u00e9stas que, indica, lesionan las garant\u00edas primarias invocadas. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
a. La titular del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3, que su actuaci\u00f3n se limit\u00f3 al pronunciamiento de fondo en el decurso del proceso declarativo que el actor promovi\u00f3 contra el Banco BBVA S.A., por lo que se \u00abremit[e] a las actuaciones adelantadas en el transcurso de proceso y a los argumentos expuestos por el Despacho para sustentar la decisi\u00f3n atacada por el actor\u00bb. <\/p>\n
b.) El Presidente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte precis\u00f3, que la determinaci\u00f3n criticada \u00abfue emitida de forma un\u00e1nime, con estricto apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la ley, la jurisprudencia y los elementos probatorios acopiados; luego, no resulta arbitraria, ni desconocedora de derecho fundamental alguno, como puede advertirse de los argumentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos all\u00ed consignados\u00bb. <\/p>\n
c.) El Magistrado Sustanciador de la Sala Especializada en lo Penal de esta Corporaci\u00f3n puso de presente, que conoci\u00f3 en segunda instancia de la acci\u00f3n constitucional que se promovi\u00f3 en contra de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte, sin que pueda \u00abconsiderarse, en lo que compete a esta autoridad, que se amenace o haya vulnerado derecho fundamental alguno del actor, pues precisamente su asunto ya fue definido en esta colegiatura. Adem\u00e1s, la postulaci\u00f3n no persuade per se acerca de la prosperidad en los temas que persigue, especialmente la reedici\u00f3n probatoria en procesos civiles, propia de los debates de instancia\u00bb. <\/p>\n
d.) La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de esta capital manifest\u00f3, que conoci\u00f3 de la primera acci\u00f3n constitucional referida por el actor, la que neg\u00f3 \u00abpor cuanto el abogado que manifest\u00f3 actuar en nombre y representaci\u00f3n del se\u00f1or Rafael Malag\u00f3n no acredit\u00f3 oportunamente su condici\u00f3n de apoderado especial para el efecto a pesar de ser requerido previamente con el fin de subsanar dicha irregularidad\u00bb. <\/p>\n
e.) Finalmente, el abogado Javier Alirio Medina Pinz\u00f3n, quien dice haber representado los intereses del se\u00f1or Malag\u00f3n en el marco del proceso declarativo aludido, ratific\u00f3 las quejas expuestas por aqu\u00e9l. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 el amparo deprecado, tras considerar que \u00ablos reparos a la decisi\u00f3n se limitan a exponer un desacuerdo con el criterio jur\u00eddico acogido por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n\u00bb; de all\u00ed que, \u00abindudablemente, busca atacar el fondo de la providencia\u00bb, salvedad que no se encuentra contemplada para hacer un nuevo estudio constitucional de la misma \u00edndole, pues \u00abesa excepci\u00f3n est\u00e1 circunscrita a asuntos en los que se debate un error de procedimiento en el curso del tr\u00e1mite constitucional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promovi\u00f3 el gestor del amparo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela; a m\u00e1s de agregar, que se debe tener flexibilidad con el requisito de la inmediatez pues las actuaciones de la Secretar\u00eda de la Corte Constitucional dilataron el tr\u00e1mite. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
3. En el caso bajo estudio se advierte, sin asomo de duda, que lo reclamado a trav\u00e9s de esta senda por el se\u00f1or Rafael Malag\u00f3n Fl\u00f3rez, como arriba se dej\u00f3 establecido, resulta improcedente, si en cuenta se tiene que su objetivo es atacar, en \u00faltimas, la sentencia STP5796-2021 (29 de abril) de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que mantuvo inc\u00f3lume en sede de impugnaci\u00f3n, lo decidido en prove\u00eddo STL1931-2021 (24 de febrero) por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, esto es, \u00abDECLARAR IMPROCEDENTE\u00bb el amparo invocado por aqu\u00e9l, al interior de otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la presente que promovi\u00f3 frente a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, por cuanto dicha cuesti\u00f3n desemboca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, m\u00e1xime cuando no se evidencia la ocurrencia de las hip\u00f3tesis previstas en el punto 4.6.2.2. de la providencia citada l\u00edneas atr\u00e1s, esto es, el \u00abfen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta\u00bb, comoquiera que las disquisiciones del actor m\u00e1s all\u00e1 de demostrar la figura aludida, se dirigen a exponer su descontento con las decisiones que le fueron desfavorables tanto en el juicio de reposici\u00f3n y cancelaci\u00f3n de titulo valor que instaur\u00f3 frente al Banco BBVA SA, como en las acciones constitucionales interpuestas, en las que qui\u00e9rase o no, se expusieron razones y argumentos plausibles que condujeron a lo decidido, para que de manera excepcional\u00edsima se autorice la intervenci\u00f3n de un segundo juez de tutela, toda vez que, se itera, los reproches endilgados contra la demarcada decisi\u00f3n no encajan en dicho concepto. <\/p>\n
4. T\u00e9ngase en cuenta que la jurisprudencia ha insistido de tiempo atr\u00e1s, que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el se\u00f1alado mecanismo excepcional, no es un nuevo instrumento de la misma clase el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto, toda vez que con ese fin el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional, de tal manera que as\u00ed se \u00abevita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ, STC5296-2021). <\/p>\n
5. Por otra parte, no se avizora la vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad que alude el interesado, pues no s\u00f3lo no hay elementos de juicio ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, sino que no se acredit\u00f3 un tratamiento especial o preferente en alg\u00fan caso similar al suyo, es decir, \u00abno demostr\u00f3 el interesado la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, toda vez que no existen pruebas que den cuenta de otras personas en circunstancias similares a la suya\u2026, circunstancia que impide realizar el paralelo respectivo a fin de determinar si los accionados con su actuar le quebrantaron esa prerrogativa de rango constitucional\u00bb (CSJ STC793-2021). <\/p>\n
6. Finalmente, cabe precisar en relaci\u00f3n con los reproches esgrimidos por el accionante en el escrito de impugnaci\u00f3n, atinentes a las quejas enrostradas al tr\u00e1mite impartido por la Corte Constitucional a la acci\u00f3n constitucional censurada, que los mismos no pueden ser acogidos en esta sede, porque tratarse de hechos nuevos respecto de los cuales la autoridad accionada ni los vinculados no pudieron ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n en la debida oportunidad, en tanto que la particular tem\u00e1tica no fue puesta desde el inicio en consideraci\u00f3n en el presente debate, motivo por el cual ahora no pueden ser sorprendidos con una decisi\u00f3n al respecto, pues de otra manera se les desconocer\u00eda tambi\u00e9n su garant\u00eda ius fundamental al debido proceso. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que son expuestos en la impugnaci\u00f3n de los fallos de tutela de primer grado, se ha sostenido que, si bien \u00abes cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026) Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa\u00bb (ver hace poco en CSJ STC4035-2021). <\/p>\n
7. Corolario de lo anterior, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA<\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO<\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
\u00c1LVARO BARRERO BUITRAGO <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
DORA CONSUELO BEN\u00cdTEZ TOB\u00d3N <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
BERENICE CRUZ RODR\u00cdGUEZ <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
GABRIEL JAIME VIVAS DIEZ <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
1\u0002 Acci\u00f3n constitucional rad. 2020-01634-01. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC2913-2022 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC2913-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01867-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo del 28 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62050","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62050","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62050"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62050\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62050"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62050"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62050"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}