STC2963-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2963-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2021-02058-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Miguel Bienvenido Torres De la Hoz contra las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual se dispuso vincular a las partes y a los intervinientes en las acciones constitucionales con radicado 2021-02169 y 2019-00221-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante requiri\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas y, demand\u00f3 \u00abrevocar los fallos proferidos de fecha 14 de julio 2021 y el de fecha 25 de agosto de 2021, y se les ordene a los entes demandados adecuar o anular los procedimientos ilegales hechos por el Juzgado 12 Civil del Circuito\u00bb. <\/p>\n
Del escrito aportado y los soportes allegados, se extrae que Miguel Bienvenido Torres De la Hoz formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado Quinto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Barranquilla, radicado 2019-00221, que neg\u00f3 el Juzgado Doce Laboral del Circuito de la misma ciudad en sentencia de 27 de septiembre de 2019, decisi\u00f3n que impugn\u00f3, pero por error de la empresa de mensajer\u00eda 4-72, fue remitida a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Advertido lo anterior, el Juzgado del Circuito nombrado solicit\u00f3 y obtuvo la devoluci\u00f3n de las diligencias, y el 3 de febrero de 2020 concedi\u00f3 la impugnaci\u00f3n propuesta, y el Tribunal Superior de Barranquilla en sentencia de 5 de marzo de 2020, confirm\u00f3 el fallo de primera instancia. <\/p>\n
El se\u00f1or Torres de la Hoz, interpuso nueva acci\u00f3n de tutela el 26 de mayo de 2021, contra el Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla, la empresa Servicios Postales Nacionales 4-72, que se hizo extensiva a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, sustentada en que en las \u00abgu\u00edas postales\u00bb existe una \u00abirregularidad\u00bb y \u00abconfabulaci\u00f3n\u00bb entre el \u00abmensajero de 4-72\u00bb y el juzgado acusado, porque \u00abadulteraron\u00bb la fecha y hora de entrega de \u00e9stas, \u00abpara darle tr\u00e1mite al recurso de impugnaci\u00f3n con fecha 3 de febrero 2020\u00bb. <\/p>\n
De este amparo conoci\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Civil, -radicado 2021-02169, y se neg\u00f3 en sentencia STC8630-2021 de 14 de julio de 2021, con fundamento en que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) precisa la Sala que si Torres de la Hoz pretende invalidar las diligencias de env\u00edo de la oficina 4-72 y el interlocutorio de \u00ab03 de febrero de 2020\u00bb emitido por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla en el amparo \u00abn\u00b0 2019-00221\u00bb, debe entenderse, que la inconformidad se extiende a la sentencia de segunda instancia expedida por el Tribunal Superior de Barranquilla (5 mar. 2020), dado que, no otra explicaci\u00f3n tendr\u00eda el inter\u00e9s de dejar sin efecto el auto que concedi\u00f3 la impugnaci\u00f3n del veredicto de 27 de septiembre de 2019. <\/p>\n
Con esta aclaraci\u00f3n, se observa que, frente al actuar de la oficina postal y las decisiones de las autoridades demandadas, la salvaguarda es improcedente porque se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n valida, el requisito de inmediatez que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, en virtud, a que, entre la fecha del fallo proferido por el Juzgado Doce Civil del Circuito (27 sep. 2019), la expedici\u00f3n de la gu\u00eda (30 en. 2020), la confirmaci\u00f3n de la sentencia por el Tribunal (5 mar. 2020) y la formulaci\u00f3n de la demanda superlativa (26 may. 2021), transcurrieron diecinueve (19) meses, treinta (30) d\u00edas, quince (15) meses, veintis\u00e9is (26) d\u00edas y catorce (14) meses, veinti\u00fan (21) d\u00edas, respectivamente; esto es, se super\u00f3 por mucho el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer el auxilio\u00bb. <\/p>\n
Impugnada la anterior sentencia, la confirm\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en STL12100-2021 de 25 de agosto siguiente. <\/p>\n
Ahora, en este nuevo amparo sostiene el actor, que no obstante haber demostrado que el Tribunal \u00abdict\u00f3 fallo dentro de los 80 d\u00edas\u00bb siguientes a la presentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, \u00abviolando la norma establecida en el Decreto 2591 de 1991, art. 32\u00bb, las Salas accionadas de la Corte Suprema de Justicia negaron equivocadamente la protecci\u00f3n pretendida, pues afirmaron que no se hallaba cumplido el presupuesto de inmediatez, pese a que propuso en tiempo. <\/p>\n
2. Mediante auto de 28 de febrero de 2022, se aceptaron los impedimentos manifestados por los H. Magistrados \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda Restrepo, Hilda Gonz\u00e1lez Neira, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Luis Alonso Rico Puerta, Octavio Augusto Tejeiro Duque y Francisco Ternera Barrios, para conocer del presente amparo; por tanto, el asunto fue asignado a este Despacho y habr\u00e1 de ser decidido con los Conjueces previamente designados. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela ordenando el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en las acciones constitucionales con radicados 2021-02169 y 2019-00221. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La Presidencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte remiti\u00f3 copia de la decisi\u00f3n emitida en la tutela con radicado 2021-02169-00. <\/p>\n
Servicios Postales Nacionales S.A.S. pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite, comoquiera que no vulner\u00f3 los derechos invocados y, adem\u00e1s, \u00abno existe legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva ni elementos f\u00e1cticos o jur\u00eddicos\u00bb para determinar su vinculaci\u00f3n. <\/p>\n
El Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla relat\u00f3 los antecedentes del tr\u00e1mite constitucional con radicado 2019-00221 y sostuvo que no lesion\u00f3 las garant\u00edas del solicitante. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, se\u00f1al\u00f3 que emiti\u00f3 la sentencia STL121100-2021 aqu\u00ed cuestionada y frente a ella el actor interpuso una \u00abimpugnaci\u00f3n\u00bb que rechaz\u00f3 por improcedente en auto ATL264-2022; por tanto, asegur\u00f3 la improcedencia de este mecanismo porque no lesion\u00f3 las garant\u00edas el actor y no se configur\u00f3 \u00abcosa juzgada fraudulenta, de modo que (\u2026) no se estructuran los presupuestos de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones de la misma naturaleza\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Corte Constitucional, ha se\u00f1alado de manera recurrente y uniforme que las decisiones que se adopten en virtud de una tutela, no pueden ser objeto de controversia constitucional a trav\u00e9s de ese mismo mecanismo, pues <\/p>\n
\u00abEl fundamento de tal improcedencia se encuentra, por un lado, en que se debe respetar la funci\u00f3n judicial que se concreta en la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y, por otro, garantizar la defensa del acceso efectivo a la justicia, el cual se ver\u00eda truncado si no se cierra la posibilidad de cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela en virtud de la espiral indefinida que podr\u00eda generarse. Esta posibilidad afectar\u00eda la seguridad jur\u00eddica y la cosa juzgada adem\u00e1s de generar un perjuicio al goce efectivo de los derechos constitucionales que la tutela busca garantizar\u00bb (Corte constitucional Sentencia SU-1219 de 2001). <\/p>\n
Adem\u00e1s, esta Sala reiteradamente ha denegado tales amparos a fin de evitar <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ, 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada recientemente en STC2255-2021). <\/p>\n
Con todo, se tiene presente, que la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 dictada el 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica frente a otra del mismo linaje; as\u00ed, precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
2. A la luz de lo expuesto, es evidente el fracaso de esta acci\u00f3n extraordinaria para reprochar la actividad de las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Laboral en el tr\u00e1mite constitucional con radicado 2021-02169, pues el solicitante reprocha, concretamente, las sentencias all\u00ed emitidas, en primer y segundo grado -STC8630-2021 y STL12100-2021-, dado que, en su criterio, no se ampararon sus garant\u00edas a pesar de probar las irregularidades de los accionados en dicho tr\u00e1mite y acudir oportunamente a esta jurisdicci\u00f3n a censurarlas. <\/p>\n
Por tanto, es clara la improcedencia de este nuevo amparo al interponerse respecto de otro de igual naturaleza, m\u00e1xime si ninguna de las excepciones fijadas por la jurisprudencia constitucional citada se presenta en este caso, pues \u00e9stas, relacionadas con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 ene. 2010, rad. 2009-02355-00, reiterada en la STC8657-2021 y STC10894-2021); (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb; o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivos del debido proceso, situaciones que en este asunto no fueron denunciadas y tampoco se presentan. <\/p>\n
Debe tenerse en cuenta, que ante una posible irregularidad o desafuero de los jueces de tutela al emitir sus fallos en esta especial jurisdicci\u00f3n, tras agotarse la impugnaci\u00f3n, el legislador ha establecido la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional prevista en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991 y el recurso de insistencia desarrollado en el Acuerdo No 05 de 1992, para pedir a dicha Corporaci\u00f3n su escogencia, mecanismos procesales pendientes de surtirse, si se tiene en cuenta que el expediente a\u00fan no ha sido remitido a ese Alto Tribunal, dadas las distintas peticiones que el solicitante ha continuado realizando ante la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. <\/p>\n
Sobre el mecanismo de revisi\u00f3n comentado, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019 (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (CSJ STC8012-2021). <\/p>\n
3. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por Miguel Bienvenido Torres De la Hoz contra las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Laboral de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
BERENICE CRUZ RODR\u00cdGUEZ <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
JOS\u00c9 ALBERTO GAIT\u00c1N MART\u00cdNEZ <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
SELENE PIEDAD MONTOYA CHAC\u00d3N <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
GABRIEL JAIME VIVAS DIEZ <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
\u00c9DGAR AUGUSTO RAM\u00cdREZ BAQUERO <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
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