STC2964-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2964-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-02595-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Martha Luc\u00eda Hern\u00e1ndez Mar\u00edn y Gustavo Antonio Fl\u00f3rez Osorio contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, que se hizo extensiva a las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Laboral de esta Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que se dispuso vincular a las partes y a los intervinientes en el proceso ejecutivo hipotecario con radicado N\u00b0 2017-00183-00 y en la acci\u00f3n constitucional tramitada bajo el N\u00b0 2021-01264. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes requirieron la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado en los tr\u00e1mites referidos y, solicitaron dejar sin efectos \u00abla sentencia (sic) del 10 de mayo de 2021, proferida por la Sala Civil Familia M.P. Mar\u00eda Patricia Balanta Medina\u00bb. <\/p>\n
2.1 Mar\u00eda Victoria Cruz Buitrago, a trav\u00e9s de escritura p\u00fablica de 25 de mayo de 2016, adquiri\u00f3 el inmueble con matr\u00edcula N\u00b0 384-111815, predio sobre el cual constituy\u00f3 hipoteca a favor de \u00c9dgar Hern\u00e1n Trujillo D\u00edaz, quien le cedi\u00f3 el gravamen a Franklin Jos\u00e9 Rueda Nore\u00f1a el 3 de diciembre siguiente. <\/p>\n
2.2 Franklin Jos\u00e9 Rueda Nore\u00f1a promovi\u00f3 proceso ejecutivo contra la se\u00f1ora Cruz Buitrago y, tras surtirse las etapas correspondientes, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tulu\u00e1 el 22 de noviembre de 2018, dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n y comisionar para el secuestro del mencionado bien; la diligencia fue adelantada el 24 de enero de 2019 por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Tulu\u00e1, luego de lo cual, el d\u00eda 28 del mismo mes, los se\u00f1ores Martha Luc\u00eda Hern\u00e1ndez Mar\u00edn y Gustavo Antonio Fl\u00f3rez Osorio formularon incidente de oposici\u00f3n, alegando su calidad de poseedores, incluso, antes de la adquisici\u00f3n del predio por parte de Mar\u00eda Victoria Cruz Buitrago. <\/p>\n
2.3. El 26 de enero de 2021, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tulu\u00e1 acogi\u00f3 la oposici\u00f3n y dispuso el levantamiento de las cautelas decretadas, determinaci\u00f3n que apelada por el ejecutante confirm\u00f3 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga el 9 de marzo siguiente. <\/p>\n
2.4 Contra el pronunciamiento del Tribunal, Franklin Jos\u00e9 Rueda Nore\u00f1a interpuso una acci\u00f3n de tutela, la cual fue decidida favorablemente por esta Sala de Casaci\u00f3n en sentencia STC4930-2021 de 6 de mayo, providencia en la que se le orden\u00f3 al Tribunal Superior de Buga, resolver nuevamente la apelaci\u00f3n a su cargo, determinaci\u00f3n que si bien impugnaron, fue confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en fallo STL9178 de 21 de julio de 2021. <\/p>\n
2.5 El Tribunal accionado, para acatar lo ordenado en sede constitucional, emiti\u00f3 la providencia de 10 de mayo de 2021, en la que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n proferida por el a quo el 26 de enero de 2021 para, en su lugar, negar el levantamiento de las medidas cautelares que ellos solicitaron. <\/p>\n
Se\u00f1alaron en consecuencia, que el proceder descrito quebranta sus derechos, pues su calidad de poseedores fue desconocida aun cuando las pruebas evidenciaban que as\u00ed se comportaron respecto del inmueble mencionado desde el a\u00f1o 2016, dado que adecuaron el mismo con tres habitaciones y servicios p\u00fablicos domiciliarios. <\/p>\n
Adem\u00e1s, aseguraron que se les tuvo como tenedores ante la supuesta existencia de una promesa de compraventa que celebraron con Luis Alfonso Chaverra sobre el predio; sin embargo, tal documento, aseveraron, no existe y no pudo llevarse a cabo con quien no figuraba como due\u00f1o del bien. <\/p>\n
Manifestaron que, aunque en la sentencia constitucional mencionada se encontr\u00f3 vulnerado el debido proceso del all\u00ed accionante por insuficiente motivaci\u00f3n y, por tanto, se dispuso que el ad quem accionado emitiera nuevamente su determinaci\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte fue \u00aberr\u00e1tica\u00bb al indicar que deb\u00eda profundizarse \u00absobre el tema de la intervesi\u00f3n del tenedor en poseedor\u00bb y, por ello, <\/p>\n
\u00abla magistrada Balanta (\u2026) se vio compelida a cambiar su acertado argumento de la primera decisi\u00f3n, para congraciarse con la Corte Suprema (\u2026). El \u00fanico elemento que la magistrada (\u2026) tuvo para argumentar (\u2026) [su decisi\u00f3n fue] la sugerencia de la Corte Suprema, en virtud de que aqu\u00ed, [los accionantes] nunca han sido tenedor[es], \u00bfd\u00f3nde est\u00e1 la promesa de venta, u otra prueba de la cual pueda colegirse [su] condici\u00f3n de tenedor? (sic)\u00bb. <\/p>\n
3. Mediante auto de 28 de febrero de 2022, se aceptaron los impedimentos manifestados por los H. Magistrados \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda Restrepo, Hilda Gonz\u00e1lez Neira, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Luis Alonso Rico Puerta, Octavio Augusto Tejeiro Duque y Francisco Ternera Barrios, para conocer del presente amparo; por tanto, el asunto fue asignado a este Despacho y habr\u00e1 de ser decidido con los Conjueces previamente designados. <\/p>\n
4. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo hipotecario con radicado N\u00b0 2017-00183-00 y en la acci\u00f3n constitucional tramitada bajo el N\u00b0 2021-01264. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
\u00ablas decisiones tomadas al interior del proceso controvertido terminaron por parte de esta falladora, mediante auto No. 572 del 9 de julio de 2021 obedeciendo al Superior y ordenando continuar con el tr\u00e1mite del proceso atacado, el cual actualmente se encuentra con aval\u00fao y aprobaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aportada por la parte actora en firme; y las mismas no obedecen a un simple capricho, ni tampoco se erigen como acciones arbitrarias que constituyan una v\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga se opuso a la prosperidad del amparo porque \u00e9ste se \u00abdirige contra el fallo de tutela STC4930 de 2021 de la Corte Suprema de Justicia, al que este despacho simplemente le dio cumplimiento mediante auto de mayo 10 de 2021\u00bb, incumpli\u00e9ndose, adem\u00e1s, el requisito de inmediatez. <\/p>\n
Humberto Molina Echeverry, quien dijo actuar como abogado de Franklin Jos\u00e9 Rueda Nore\u00f1a, refiri\u00f3, in extenso, lo ocurrido en el asunto cuestionado y expres\u00f3 la improcedencia del auxilio reclamado, dado que los accionantes incurren en \u00abfraude procesal, temeridad y mala fe\u00bb. <\/p>\n
La Presidencia de la sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte, adjunt\u00f3 copia de la sentencia emitida en la tutela con radicado N\u00b0 2021-01264-00. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tratarse providencias o actuaciones judiciales, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario adopte una decisi\u00f3n abiertamente opuesta al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad, apoyado \u00fanicamente en sus propias estimaciones, proceder que puede ser juzgado como irrazonable, arbitrario o caprichoso, evento en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. Examinada la queja y los soportes allegados, se establece que los accionantes reprochan, de manera directa, la decisi\u00f3n de 10 de mayo de 2021, mediante la cual el Tribunal Superior de Buga revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n emitida el 26 de enero de 2021 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tulu\u00e1, en la que hab\u00eda acogido la oposici\u00f3n al secuestro manifestada por los se\u00f1ores Martha Luc\u00eda Hern\u00e1ndez Mar\u00edn y Gustavo Antonio Fl\u00f3rez Osorio, para en su lugar, desestimarla. <\/p>\n
Revisado el pronunciamiento cuestionado, pronto se advierte el fracaso de la protecci\u00f3n solicitada, pues la mencionada Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 el asunto atendiendo a la normativa aplicable y valorando el caudal demostrativo adosado, de donde coligi\u00f3 que los solicitantes, en realidad, no pod\u00edan ser catalogados como poseedores, toda vez derivaron sus derechos de quien hipotec\u00f3 el predio objeto de la oposici\u00f3n y, adem\u00e1s, reconocieron el dominio ajeno del mismo. <\/p>\n
Corresponde se\u00f1alar que si bien el Tribunal, inicialmente, en la decisi\u00f3n de 9 de marzo de 2021 hab\u00eda confirmado la de primer grado -con la cual se acogi\u00f3 la oposici\u00f3n de los peticionarios-; tras lo resuelto en la sentencia de tutela STC4930-2021 proferida por esta Sala de Casaci\u00f3n y confirmada en sede de impugnaci\u00f3n en STL9178-2021 por la hom\u00f3loga Laboral, emiti\u00f3 el pronunciamiento ahora controvertido, ahondando en la motivaci\u00f3n echada de menos en dicho tr\u00e1mite constitucional, donde, justamente, se le indic\u00f3 que hab\u00eda omitido, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) exteriorizar los raciocinios frente a (\u2026) la entidad o importancia del estudio profundo respecto de la interversi\u00f3n o mutaci\u00f3n del t\u00edtulo conforme lo aducido por esta Sala frente a ese tema, as\u00ed como la causahabiencia que por regla general se surte por acto intervivos, como en el caso concreto, cuando no es por causa de muerte, entendiendo que nadie transmite m\u00e1s derechos de los que tiene; as\u00ed mismo, si en verdad la parte oponente es un aut\u00e9ntico tercero, que pueda enervar los derechos de la parte ejecutante, analizando el contrato, eslab\u00f3n, que apenas en principio traslada la tenencia como fuente de derechos personales, pero no los reales, as\u00ed como los otros medios probatorios, (\u2026) pues cuanto all\u00ed se controvierte es lo tocante con la posesi\u00f3n como un hecho; aspectos esos, y otros, esenciales para determinar la calidad de los opositores frente al predio secuestrado\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se observa que el Tribunal mencionado, en cumplimiento a lo resuelto por los jueces constitucionales, valor\u00f3 con suficiencia los elementos probatorios sobre los temas antes indicados, exponiendo, en cuanto a las declaraciones de los accionantes, all\u00ed opositores, que sus afirmaciones hab\u00edan sido ratificadas por Luis Alfonso Chaverra Mill\u00e1n y la ejecutada Mar\u00eda Victoria Cruz Buitrago, todos ellos coincidentes en que el bien, en realidad, era de Chaverra Mill\u00e1n, pero figuraba a nombre de su esposa, Cruz Buitrago, habiendo adquirido, el primero, una deuda garantizada con la hipoteca que se fij\u00f3 sobre el predio, \u00abgravamen del cual no le dijo nada a los terceros [aqu\u00ed peticionarios] con quienes celebr\u00f3, a mediados de 2016, una promesa de venta de una casa terminada, cuando a\u00fan el lote no estaba mejorado\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal Superior de Buga igualmente resalt\u00f3 que, si bien Mar\u00eda Victoria figuraba como due\u00f1a en las escrituras de compra e hipoteca del predio, las declaraciones recibidas demostraron que \u00abella solo firmaba porque los negocios los realizaba -directamente- su marido Luis Alfonso, quien es constructor de profesi\u00f3n\u00bb; adem\u00e1s, se comprob\u00f3 que fue \u00e9l quien le prometi\u00f3 en venta el bien a Gustavo Antonio y Martha Luc\u00eda, negocio en del cual le fue pagada, <\/p>\n
\u00abuna cuota inicial de $50 millones para empezar a construir, luego de lo cual los opositores acudir\u00edan a un banco que avaluar\u00eda la vivienda y otorgar\u00eda un cr\u00e9dito, pero el constructor empez\u00f3 a tener problemas con la obra a pesar de los nuevos pagos que realizaron los promitentes compradores, hasta alcanzar a abonar un total de $86\u00b4300.000, de los $115 millones en que se acord\u00f3 el precio de la prometida compra. <\/p>\n
Sin embargo, la construcci\u00f3n no se pudo terminar a tiempo y, en agosto o septiembre de 2017, se hizo entrega del predio para que los promitentes compradores terminaran la obra blanca, lo que hicieron en un mes y luego empezaron a habitarla; en el entretanto, el acreedor hipotecario -inicial- hab\u00eda cedido ese derecho real al actual ejecutante, en documento privado de diciembre de 2016, garant\u00eda que ahora hace efectiva para cobrar una letra de cambio del cesionario\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente la citada Corporaci\u00f3n anot\u00f3 que los testimonios recibidos ratificaron que tanto los ahora accionantes como la ejecutada y el promitente vendedor eran due\u00f1os del predio; y sobre lo concerniente a la promesa de compraventa, que no fue allegada al litigio, advirti\u00f3: <\/p>\n
\u00abAl respecto, conviene se\u00f1alar que la posesi\u00f3n no se puede reconocer desde la indeterminada fecha de 2016-cuando se firm\u00f3 la promesa cuya copia nunca fue aportada- pues en ese acto precisamente los opositores al comprometerse -luego- a comprar el bien a Luis Alfonso Chaverra Mill\u00e1n o a su mujer, quien figura en el registro como la propietaria, reconocieron que este ten\u00eda mejor derecho sobre el predio, incluso si all\u00ed se hubiera pactado la entrega esta no significar\u00eda traslado de posesi\u00f3n, a menos que as\u00ed se pactara entre los contratantes\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Enseguida, el Tribunal, en cuanto a la entrega del inmueble a los peticionarios, advirti\u00f3 que con ello no se hab\u00eda transmitido la posesi\u00f3n, pues el bien les fue entregado en septiembre de 2017 ante las dificultades de Chaverra Mill\u00e1n para cumplir con la construcci\u00f3n con la cual se hab\u00eda comprometido, \u00e9poca para la cual ya se hab\u00eda hipotecado el bien; por tanto, se\u00f1al\u00f3 que \u00ablos opositores no son genuinos terceros, pues derivaron el corpus sobre la casa hipotecada directamente de la persona que la hipotec\u00f3\u00bb y \u00abcon pleno reconocimiento de la demandada quien obra como actual titular inscrita de dominio\u00bb, sobre tal situaci\u00f3n, concretamente expuso: <\/p>\n
\u00abN\u00f3tese que aunque Mar\u00eda Victoria Cruz Buitrago es quien obra como titular inscrita del derecho de dominio, de las declaraciones recibidas se supo que en realidad todo lo celebr\u00f3 su marido Luis Alfonso Chaverra Mill\u00e1n: \u00e9l fue quien adquiri\u00f3 el bien y lo hizo registrar a nombre de su mujer; tambi\u00e9n, adquiri\u00f3 la deuda de la hipoteca inicial y prometi\u00f3 en venta el inmueble a los opositores; igualmente, \u00e9l mismo busc\u00f3 al nuevo acreedor -ahora ejecutante- para pagar la primera deuda; y, al final, hizo la entrega a los opositores Martha Luc\u00eda Hern\u00e1ndez Mar\u00edn y Gustavo Antonio Fl\u00f3rez Osorio. <\/p>\n
Ya sea que los negocios los realizara Mar\u00eda Victoria, a trav\u00e9s de Luis Alfonso o que este sea quien los celebrara -directamente- vali\u00e9ndose de su mujer, para que el bien quedara simuladamente registrado a su nombre, lo cierto es que Martha Luc\u00eda y Gustavo derivaron el ingreso al bien o entraron en contacto con el mismo por acto entre vivos, concretamente, de la misma persona que adquiri\u00f3 su dominio e hipotec\u00f3 el predio, siendo causahabientes de la misma y por tanto est\u00e1n inhabilitados para oponerse al secuestro\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
En consecuencia, el Tribunal, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo para negar la oposici\u00f3n comentada, toda vez que opositores no era terceros pues derivaron sus derechos de quien otorg\u00f3 la hipoteca inicial y luego la cedi\u00f3 al ejecutante. <\/p>\n
Para la Sala, la argumentaci\u00f3n expuesta resulta razonable, pues, como se advirti\u00f3, el Tribunal accionado explic\u00f3 con suficiencia los motivos por los cuales, en su criterio, no estaba demostrada la posesi\u00f3n de los solicitantes, ya que al margen de la existencia f\u00edsica de la \u00abpromesa\u00bb dentro del proceso censurado, lo cierto es que de las declaraciones de los mismos accionantes se coligi\u00f3 que \u00e9stos reconocieron a Luis Alfonso Chaverra Mill\u00e1n, esposo de la ejecutada Mar\u00eda Victoria Cruz Buitrago, como due\u00f1o del inmueble, persona que, adem\u00e1s, adquiri\u00f3 la hipoteca materia del litigio y les entreg\u00f3 el bien. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, incluso, los accionantes pactaron con Chaverra Mill\u00e1n un \u00abcruce de cuentas de lo invertido\u00bb por ellos para adecuar el bien, si ello \u00abno correspond[\u00eda] con el precio inicialmente acordado, tomando en cuenta los abonos previos\u00bb, lo cual evidencia, se insiste, que incluso tras el ingreso al predio, aqu\u00e9llos siguieron reconociendo al prenombrado como due\u00f1o; por tanto, las citadas consideraciones, no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, ya que obedecen a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis, avalada por el contexto particular que revelaba el dossier, m\u00e1s a\u00fan cuando debe tenerse en cuenta que en el escenario constitucional no es posible debatir la valoraci\u00f3n probatoria de los funcionarios, y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, punto sobre el cual esta Sala ha expresado, <\/p>\n
\u00ab[R]esulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada entre otras, en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, CSJ STC3070-2021 y, STC16269-2021). <\/p>\n
3. Ahora, resta advertir, si los solicitantes, como lo expusieron en la demanda, reprochan la argumentaci\u00f3n inserta en la sentencia STC4930-2021, proferida por esta Sala y ratificada por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral en STL9178-2021, el amparo propuesto no sale avante, toda vez que las decisiones que se adopten en virtud de una tutela, no pueden ser objeto de controversia a trav\u00e9s de ese mismo mecanismo, pues <\/p>\n
\u00abEl fundamento de tal improcedencia se encuentra, por un lado, en que se debe respetar la funci\u00f3n judicial que se concreta en la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y, por otro, garantizar la defensa del acceso efectivo a la justicia. (\u2026) Esta posibilidad afectar\u00eda la seguridad jur\u00eddica y la cosa juzgada adem\u00e1s de generar un perjuicio al goce efectivo de los derechos constitucionales que la tutela busca garantizar\u00bb (Corte constitucional Sentencia SU-1219 de 2001). <\/p>\n
Adem\u00e1s, esta Sala reiteradamente ha denegado tales amparos a fin de evitar <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ, 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada recientemente en STC2255-2021). <\/p>\n
Por tanto, es clara la improcedencia de este amparo al interponerse respecto de otro de igual naturaleza, m\u00e1xime si ninguna de las excepciones fijadas en la sentencia SU-627 dictada el 1\u00ba de octubre de 2015 por la Corte Constitucional se presenta en este caso, pues \u00e9stas, relacionadas con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 ene. 2010, rad. 2009-02355-00, reiterada en la STC8657-2021 y STC10894-2021); (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb; o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivos del \u00abdebido proceso\u00bb, situaciones que, se insiste, en este asunto no fueron denunciadas y tampoco se presentan. <\/p>\n
Se destaca, asimismo, que los peticionarios, para controvertir lo resuelto en los fallos de tutela cuestionados, contaron con la revisi\u00f3n de tales pronunciamientos ante la Corte Constitucional -art. 33 del Dto. 2591 de 1991- y, de ser el caso, con la posibilidad de activar el mecanismo de insistencia -Acuerdo N\u00b0 05 de 1992-; no obstante, se observa que ese Alto Tribunal excluy\u00f3 el asunto de su estudio el 29 de noviembre de 20211, sin que aqu\u00e9llos manifestaran inconformidad, con lo cual las rese\u00f1adas decisiones adquirieron firmeza, siendo inviable reabrir el debate tutelar. <\/p>\n
En cuanto a lo anotado, esta Sala ha esgrimido: <\/p>\n
\u00abUna vez ha culminado el proceso de revisi\u00f3n por parte de la Corte, \u2018no hay lugar para reabrir el debate\u2019 y, por tanto, la decisi\u00f3n se torna inmutable y definitivamente vinculante, revisti\u00e9ndose de la calidad de cosa juzgada. As\u00ed las cosas, \u2018(\u2026) [d]ecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n y precluido el lapso establecido para insistir en la selecci\u00f3n de un proceso de tutela para revisi\u00f3n (\u2026), opera el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisi\u00f3n judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido\u2019. Por lo anterior, se reitera, incluso en casos en los cuales la misma parte demandante vencedora en una litis precedente, instaure una nueva acci\u00f3n de tutela que de alguna manera permita a la parte vencida en ese proceso anterior cuestionar aquella decisi\u00f3n, tales argumentos no ser\u00e1n procesalmente admisibles, pues la decisi\u00f3n del juez de tutela, una vez surtido el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n en la Corte Constitucional, se encuentra revestida de la calidad de la cosa juzgada constitucional\u201d (sentencia T-218 de 2012)\u00bb (CSJ. STC de 25 de junio de 2013, exp. 01262-00, reiterada en STC14099-2021 y STC591-2022, entre otras). <\/p>\n
4. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por Martha Luc\u00eda Hern\u00e1ndez Mar\u00edn y Gustavo Antonio Fl\u00f3rez Osorio contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, extensiva a las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Laboral de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
\u00c9DGAR JAVIER MUN\u00c9VAR ARCINIEGAS <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
\u00c1LVARO BARRERO BUITRAGO <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
JOS\u00c9 ALBERTO GAIT\u00c1N MART\u00cdNEZ <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
\u00c9DGAR AUGUSTO RAM\u00cdREZ BAQUERO <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
LUIS DAR\u00cdO VALLEJO OCHOA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
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STC2964-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC2964-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-02595-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Martha Luc\u00eda Hern\u00e1ndez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62052","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62052","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62052"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62052\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62052"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62052"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62052"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}