STC3036-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3036-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00709-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Ibeth Jaimes Uribe contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso liquidatorio a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial que en su contra promovi\u00f3 Carlos Fernando Jerez Perucho, como heredero Gonzalo Jerez Fl\u00f3rez, con radicado No. 2018-00559. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, \u00abrevocar o anular la providencia del 2 de septiembre de 2021 y en su defecto, ordenarle al Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga, excluir del inventario presentado por la parte demandante, el \u00fanico activo referenciado, es decir, excluir de la sociedad patrimonial el predio rural denominado Santa Rosa ubicado en la regi\u00f3n de la Laguna Vereda San Jos\u00e9 de Contadero, con matr\u00edcula inmobiliaria NO. 261-32383 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de C\u00e1chira (Norte de Santander)\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que dentro del referido proceso objet\u00f3 los inventarios y aval\u00faos, porque su contraparte incluy\u00f3 como \u00fanico bien de la sociedad patrimonial \u00abla posesi\u00f3n pac\u00edfica\u00bb que ella ejerc\u00eda sobre el inmueble antes identificado, la cual adquiri\u00f3 en vigencia de la sociedad patrimonial, inconformidad que atendi\u00f3 el Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga, y al ser apelada, fue confirmada el 2 de septiembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, para entonces, dejar el bien dentro del inventario. <\/p>\n
Sostiene que la precitada decisi\u00f3n no repar\u00f3 en que la sociedad patrimonial con Gonzalo Jerez existi\u00f3 del mes de diciembre de 2006 al 1\u00ba de marzo de 2013; que ella tom\u00f3 posesi\u00f3n del citado bien el 14 de diciembre de 2006; se cas\u00f3 con Gonzalo Jerez el 1\u00ba de marzo de 2013; su compa\u00f1ero y posterior esposo falleci\u00f3 el 14 de julio de 2014; ella adquiri\u00f3 la titularidad del predio el 10 de agosto de 2018, mediante el registro en el respectivo folio de matr\u00edcula inmobiliaria de la compra que le realz\u00f3 a Mar\u00eda Irene Carrillo Salcedo, \u00abfecha posterior a la terminaci\u00f3n de la sociedad patrimonial y fecha muy posterior al d\u00eda de la muerte del finado Gonzalo Jerez\u00bb; Carlos Fernando Jerez Perucho, hijo del prenombrado, promovi\u00f3 el referido proceso incluyendo en el inventario el inmueble en comento, pese a que, dice, durante la vigencia de la sociedad patrimonial s\u00f3lo tuvo la posesi\u00f3n del mismo, por lo que, asegura, no ingresa al haber social, ya que seg\u00fan el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 1792 del C\u00f3digo Civil, \u00abni los bienes litigiosos, ni las posesiones adquiridas por los c\u00f3nyuges, ingresan al haber social de la comunidad patrimonial de hecho o a la sociedad conyugal\u00bb. <\/p>\n
Finalmente asevera, que la objeci\u00f3n que ella plante\u00f3 a los inventarios y aval\u00faos \u00abconsisti\u00f3 precisamente en que, la posesi\u00f3n de este inmueble Finca Santa Rosa, no pertenec\u00eda a la sociedad patrimonial enunciada, porque las posesiones no ingresan al haber social de la comunidad patrimonial de hecho o a la sociedad conyugal\u00bb, situaci\u00f3n que, aunada a que la posesi\u00f3n sobre el predio fue avaluada en $80\u00b4000.000,oo, pese a que \u00abseg\u00fan el documento de compraventa de la misma, tiene un valor de $10\u00b4000.000,oo\u00bb, circunstancias que, dice, hacen necesaria la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 4 de marzo hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). La titular del Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga hizo un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas dentro del proceso cuestionado, y resalt\u00f3 que \u00abla inclusi\u00f3n del inmueble denominado Santa Rosa (\u2026) se orden\u00f3 con base en las pruebas recaudadas dentro del tr\u00e1mite del incidente de objeci\u00f3n a los inventarios, confirmada por el Tribunal Superior de Bucaramanga \u2013 Sala Civil Familia el 2 de septiembre de 2021\u00bb, calenda esta por la cual considera que \u00abla acci\u00f3n tutelar no cumple con el requisito de la inmediatez, al acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n seis (6) meses despu\u00e9s de la presunta vulneraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
b) A la fecha de registro del proyecto no se hab\u00edan recibido m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Su procedencia contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo, requisitos \u00e9stos para la procedibilidad de la acci\u00f3n, que deben entonces acreditarse antes de cualquier consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, ya que la ausencia de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. En el presente caso, Ibeth Jaimes Uribe cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, en lo fundamental, el auto del 2 de septiembre de 2021 de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, que mantuvo \u00edntegramente la decisi\u00f3n del 28 de mayo del mismo a\u00f1o del Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad, de declarar impr\u00f3spera la objeci\u00f3n que ella present\u00f3 frente a los inventarios y aval\u00faos presentados dentro del litigio de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial que en su contra adelanta Carlos Fernando Jerez Perucho, pues seg\u00fan su dicho, no correspond\u00eda incluir en el haber social un inmueble sobre el que ejerci\u00f3 posesi\u00f3n en vigencia de la sociedad patrimonial, porque el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 1792 del C\u00f3digo Civil establece, que \u00abni los bienes litigiosos, ni las posesiones adquiridas por los c\u00f3nyuges, ingresan al haber social de la comunidad patrimonial de hecho o a la sociedad conyugal\u00bb. <\/p>\n
3. Del an\u00e1lisis de la decisi\u00f3n cuestionada a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, \u00fanica sobre la que recaer\u00e1 el an\u00e1lisis porque cerr\u00f3 la tem\u00e1tica objeto de cuestionamiento, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, ya que los argumentos expuestos en esa determinaci\u00f3n no son el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, que por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales de la promotora de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
Para adoptar la decisi\u00f3n que la gestora no comparte, la citada Colegiatura comenz\u00f3 por hacer un recuento de c\u00f3mo fueron presentados los inventarios, de las objeciones que contra el mismo present\u00f3 aquella, del fundamento de la decisi\u00f3n que las declar\u00f3 infundadas, y, del recurso vertical formulado contra esa determinaci\u00f3n, para en seguida citar las normas y el precedente jurisprudencial que consideraba aplicables al caso concreto, y despu\u00e9s abordar al estudio de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, de cuyo an\u00e1lisis observ\u00f3 que \u00ab(i) la promesa de compraventa del inmueble inventariado y avaluado se celebr\u00f3 en vigencia de la sociedad patrimonial del fallecido GONZALO JEREZ FLOREZ e IBETH URIBE JAIMES, pues la fecha que registra el respectivo documento que recoge lo acordado entre MARIA IRENE CARRILLO SALCEDO, como promitente vendedora, e IBETH URIBE JAIMES, como promitente compradora, est\u00e1 dentro los hitos temporales de la uni\u00f3n marital de hecho y la consecuente sociedad patrimonial declarada judicialmente. {Diciembre de 2006 a 28 de febrero de 2013}. <\/p>\n
(ii) Dentro de la mentada sociedad se hizo el pago de m\u00e1s del 50% del precio pactado en la promesa que era por $10.000.000, en tanto que se efectuaron dos (2) abonos cada uno por valor de $3.000.000, el primero a la fecha de celebraci\u00f3n del acto preparatorio {14 de diciembre de 2009} y el segundo en marzo de 2009, dineros que, se presume, pertenec\u00edan a la sociedad, aun cuando se tomara en cuenta que estos proven\u00edan de cr\u00e9ditos personales adquiridos por la hoy demandada o de la venta de un ganado del compa\u00f1ero, conforme a lo previsto por el art\u00edculo 1781 del C.C. <\/p>\n
(iii)La promesa de compraventa contiene un acuerdo de voluntades de la partes contratantes, consistente en que la promitente vendedora prometi\u00f3 dar en venta a la promitente compradora, y esta prometi\u00f3 comprar, el predio denominado Santa Rosa ubicado en el sitio La Laguna Municipio de C\u00e1chira N. de S., por un precio determinado, lo que expresa evidentemente la causa en la que se origin\u00f3 posteriormente la materializaci\u00f3n y perfeccionamiento del contrato de venta prometido, contenido en la escritura p\u00fablica n\u00famero 6187 del 22 de octubre de 2015 de la Notar\u00eda S\u00e9ptima de Bucaramanga. <\/p>\n
(iv) Si bien, la propiedad del citado inmueble se consolid\u00f3 mediante el aludido instrumento p\u00fablico casi 9 a\u00f1os despu\u00e9s de la promesa y cuando ya se hab\u00eda disuelto la sociedad patrimonial, sin que interese para el caso, establecer las circunstancias que embarazaron la titulaci\u00f3n, lo determinante aqu\u00ed es que la causa es la promesa de compraventa que se celebr\u00f3 en vigencia de la sociedad y a partir de la cual se acord\u00f3 que la escritura p\u00fablica de venta se otorgar\u00eda en fechas que cae dentro de los hitos temporales de la uni\u00f3n marital de hecho, solo que por circunstancias que no se precisaron, se otorg\u00f3 despu\u00e9s de terminada \u00e9sta. <\/p>\n
(v)Sobre lo pactado en la promesa, se materializ\u00f3 y protocoliz\u00f3 la compraventa del citado inmueble, y en el devenir de todos esos a\u00f1os en que demor\u00f3 el perfeccionamiento de dicho contrato, pese a los evidentes incumplimientos, {no se va a determinar aqu\u00ed por parte de qui\u00e9n}, la demandada busc\u00f3 consolidar el derecho de dominio, hizo pagos como parte del precio acordado con dineros sociales, y celebr\u00f3 acuerdo conciliatorio a inicios de 2008 con el objeto de cumplir lo pactado. <\/p>\n
(vi) No se trata \u00fanicamente de la posesi\u00f3n sino de todos los derechos y obligaciones que se derivaron para las contratantes a partir de la promesa de compraventa y que tienen como finalidad transferir el dominio del inmueble. <\/p>\n
As\u00ed, con fundamento en estas premisas el Tribunal coligi\u00f3, que \u00aben efecto, el objeto del contrato de promesa de compraventa no es la posesi\u00f3n del inmueble, sino hacer realidad esta y la transferencia del derecho de dominio del inmueble en cabeza – en este caso- de la promitente compradora. \u201cSu fin es, primordialmente, hacer posible la realizaci\u00f3n de otro contrato que est\u00e1 sujeto a un evento futuro, cierto o incierto, que las partes han previsto expresamente en el campo de la soberan\u00eda de la voluntad privada\u201d, que para este caso no es otros que radicar en cabeza de la promitente compradora la finca SANTA ROSA. <\/p>\n
Por tanto, para establecer si el bien era o no social, ninguna utilidad prestaba el que se estableciera si el compa\u00f1ero, quien no figuraba en la promesa de compraventa como contratante, ejerc\u00eda o no la posesi\u00f3n del predio, y por tanto no se considera de importancia hacer pronunciamiento alguno frente a si \u00e9ste ten\u00eda o no la posesi\u00f3n. <\/p>\n
Lo relevante es que la se\u00f1ora MARIA IRENE CARILLO SALCEDO, promitente vendedora y quien figuraba como titular del derecho real de dominio, le hizo entrega material del inmueble a la promitente compradora desde la celebraci\u00f3n de tal acto preparatorio, como un acto que anticip\u00f3 los efectos del contrato prometido. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Que no quede duda, entonces, de que la promesa de compraventa, cuyo negocio prometido deb\u00eda cumplirse en vigencia de la sociedad conyugal, es el negocio que sirve como causa de la adquisici\u00f3n de la finca. <\/p>\n
Establecido lo anterior, precis\u00f3 \u00aben cuanto al argumento esgrimido por el apoderado de la demandada apelante, en el que sustent\u00f3 tanto la objeci\u00f3n como la alzada, consistente en que las posesiones no ingresan al haber social por mandato del numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 1972 del CC, el tribunal no lo considera como correcto, por la elemental raz\u00f3n de que esa norma no se aplica al caso concreto, aun cuando estuvi\u00e9ramos en el plano exclusivo de la posesi\u00f3n ejercida por los compa\u00f1eros o por alguno de ellos\u00bb. <\/p>\n
Ac\u00e1 de lo que se trata es de un inmueble prometido en venta durante la vigencia de la sociedad patrimonial, cuyo contrato de compraventa deb\u00eda otorgarse en vigencia de esta sociedad, pero que por diversas circunstancias se otorg\u00f3 despu\u00e9s de disuelta la sociedad\u00bb <\/p>\n
Lo expuesto le permiti\u00f3 a la autoridad accionada concluir, \u00aba la luz de las pruebas legalmente recaudadas y de cara a la normatividad que rige la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, con especial \u00e9nfasis en el art\u00edculo 1793 del C.C., y la jurisprudencia citada up supra, es claro que el inmueble denominado San Rosa, ubicado en la regi\u00f3n de la Laguna, vereda San Jos\u00e9 de Contadero, municipio de C\u00e1chira Norte de Santander, identificado con el n\u00famero catastral o predial 000500000001021100000, y con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 261-32383, corresponde a un bien social, y por tanto entra dentro de los haberes de la sociedad patrimonial JEREZ-URIBE, como activo de la misma\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, frente a la objeci\u00f3n al aval\u00fao del haber social en comento, el Tribunal sostuvo que, \u00abpara evitar que la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, cuyo \u00fanico bien inventariado es el inmueble SANTA ROSA, se haga sobre dos errores: (i) sobre un valor inexacto de ese activo, pues el valor asignado por el demandante no tiene soporte alguno, simplemente su dicho, y (ii) desconociendo que la franja de terreno que posee CARLOS FERNANDO JEREZ PERUCHO no forma parte del activo de la sociedad patrimonial, habr\u00e1 de revocarse la decisi\u00f3n de tener como aval\u00fao del inmueble inventariado la suma de $80.000.000, para en su lugar ordenarle al a quo que decrete la siguiente prueba: el aval\u00fao comercial del predio denominado SANTA ROSA, ubicado en la regi\u00f3n de la Laguna, vereda San Jos\u00e9 de Contadero, municipio de C\u00e1chira Norte de Santander, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 261-32383, en el que debe determinarse concretamente el valor del derecho que tiene CARLOS FERNANDO JEREZ PERUCHO sobre una franja de terreno ubicada dentro del predio de mayor extensi\u00f3n, con un \u00e1rea de 1 hect\u00e1rea y media de tierra. Igualmente deber\u00e1 oficiarse al IGAC, para que con cargo a las partes, se remita el aval\u00fao catastral del aludido bien\u00bb. <\/p>\n
4. De este modo, no cabe duda que, a diferencia de lo considerado por la gestora del amparo, la decisi\u00f3n proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga se soport\u00f3 en el razonable entendimiento de la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso, por lo que el mero disentimiento con esa interpretaci\u00f3n no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, siendo evidente en este caso, que lo expuesto por la gestora es su particular manera de analizar las pruebas y las normas llamadas a regular la disputa, sin que solo por ello se pueda descalificar la labor realizada por la Colegiatura cognoscente. <\/p>\n
Y es que, como qued\u00f3 visto, la decisi\u00f3n del ad quem criticado emergi\u00f3, en \u00faltimas, de constatar que el bien que la aqu\u00ed accionante pretend\u00eda excluir de los inventarios correspond\u00eda a uno que le fue prometido en venta y pag\u00f3 la mayor\u00eda de su precio, durante la vigencia de la sociedad patrimonial, por lo que el respectivo contrato de compraventa debi\u00f3 otorgarse en vigencia de esa sociedad, solo que, por diversas situaciones, se otorg\u00f3 y registr\u00f3 cuando ya hab\u00eda fallecido su compa\u00f1ero, por lo cual, se trataba de un inmueble que deb\u00eda hacer parte el haber de la sociedad por haberse adquirido despu\u00e9s de su disoluci\u00f3n, pero por una causa o t\u00edtulo oneroso generado durante la vigencia de la misma. <\/p>\n
De otro lado, no hay lugar a intervenir en lo decidido por el Tribunal frente al aval\u00fao del comentado predio, pues, contrario a lo expuesto por la gestora, quien afirm\u00f3 que el valor de \u00e9ste ya hab\u00eda quedado establecido y que no lo compart\u00eda, lo cierto es que el tema a\u00fan es objeto de discusi\u00f3n dentro de la contienda, al haberse ordenado rehacer el aval\u00fao, situaci\u00f3n que, entonces, cierra cualquier posibilidad de manifestaci\u00f3n al respecto por parte del juez de tutela, dada la residualidad y subsidiariedad que caracterizan al presente mecanismo. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, como la sola divergencia conceptual expuesta por la se\u00f1ora Ibeth no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n de los medios de prueba se ajusta a la normativa llamada a aplicarse al caso concreto, habr\u00e1 de desestimarse lo reclamado, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
7. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC3036-2022 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC3036-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00709-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Ibeth […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62055","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62055","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62055"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62055\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62055"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62055"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62055"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}