STC3037-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3037-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00727-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta Eduardo Enrique Gargioli Piedriz contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ci\u00e9naga, Magdalena, as\u00ed como las partes y los intervinientes en el proceso coercitivo que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del auxilio reclama la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental de petici\u00f3n, presuntamente conculcada por la autoridad de segundo grado convocada, en el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n de auto surtida en desarrollo del juicio ejecutivo por \u00e9l promovido en contra de C.I. Andiminerals S.A.S, identificado con el consecutivo 2021-00020. <\/p>\n
Y aun cuando no se\u00f1ala de manera expresa una pretensi\u00f3n en contra de la Colegiatura enjuiciada, de los hechos narrados en el escrito de amparo se extrae, que lo que pretende es que se le ordene a \u00e9sta dar contestaci\u00f3n a los derechos de petici\u00f3n que radic\u00f3 el 10 de septiembre y 5 de octubre del a\u00f1o pasado, con el fin que se diera impulso procesal a la apelaci\u00f3n radicada en sus dependencias desde el mes de abril de 2021. <\/p>\n
2. En apoyo de su s\u00faplica expone, en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n de la presente contienda, que mediante auto del 26 de marzo de 2021, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ci\u00e9naga, Magdalena, rechaz\u00f3 por falta de subsanaci\u00f3n la demanda compulsiva referenciada en l\u00edneas anteriores, determinaci\u00f3n que recurri\u00f3 tanto horizontal como verticalmente, manteni\u00e9ndose inc\u00f3lume en primer grado y concedi\u00e9ndose la alzada subsidiaria, la cual fue radicada ante el ad quem el 16 de abril postrero. <\/p>\n
Comenta que mediante derechos de petici\u00f3n radicados el 10 de septiembre y 5 de octubre siguiente, solicit\u00f3 que se zanjara dicho tr\u00e1mite, sin que a la fecha se hubiere resuelto sobre los mismos, motivo por el que acude a la presente v\u00eda excepcional. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 4 de marzo hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta manifest\u00f3, que \u00abmediante prove\u00eddo del pasado 6 de diciembre se resolvi\u00f3 lo pertinente, sin que a la fecha se encuentre alguna otra actuaci\u00f3n pendiente de pronunciamiento por parte del Tribunal\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, puso de presente que \u00abel promotor ha presentado con anterioridad 2 acciones de igual estirpe a la que hoy ocupa la atenci\u00f3n de la H. Corte, en las que se duele de la vulneraci\u00f3n de su derecho al debido proceso dentro del aludido juicio, causas identificadas con los radicados Nos. 11001-02-03-000-2021- 04440-00 y 11001-02-03-000-2021-04657-00 y que fueron denegadas por esa Corporaci\u00f3n. La primera por circunstancias similares a la actual, y la segunda frente a las razones que llevaron al Tribunal a confirmar la determinaci\u00f3n objeto de apelaci\u00f3n dentro del ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
b. A su turno, la titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ci\u00e9naga dijo que no conoce de la actuaci\u00f3n que se ha adelantado por parte del Superior, en lo que refiere a la apelaci\u00f3n del auto que rechaz\u00f3 la demanda ejecutiva, adem\u00e1s de hacer \u00e9nfasis en que \u00abla petici\u00f3n a que alude el accionante no se ci\u00f1e a los par\u00e1metros fijados en la ley 1755 de 2015, toda vez que, al ser elevada al interior de un proceso de estirpe judicial, debe guiarse a lo que estipula el C. G. del P., ello indistinto del deber que tiene la Secretar\u00eda del Tribunal o el despacho del magistrado, de informar el estado del proceso, si as\u00ed lo piden los extremos procesales\u00bb. <\/p>\n
c. Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades, y eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: la posibilidad de acudir ante el destinatario, y, la de obtener una respuesta pronta, congruente y sobre la cuesti\u00f3n planteada, por lo que la esencia de dicha prerrogativa comprende entonces, pronta resoluci\u00f3n, respuesta de fondo, y, notificaci\u00f3n de la respuesta al interesado. <\/p>\n
2. Sin embargo, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, esta Colegiatura de vieja data ha reiterado, que: <\/p>\n
\u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (ver entre otras STC3077-2021). <\/p>\n
En igual sentido, se ha precisado que: <\/p>\n
\u00abno resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (Cit.). <\/p>\n
Luego, cuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto propio del proceso, por dem\u00e1s regulado en la ley adjetiva. <\/p>\n
3. Aqu\u00ed, tras realizarse el correspondiente escrutinio a la demanda de resguardo constitucional presentado por el se\u00f1or Eduardo Enrique Gargioli Piedriz, se revela sin asomo de duda que la misma debe desestimarse, pues frente a las quejas esbozadas respecto de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, en el marco de la falta de contestaci\u00f3n de los derechos de petici\u00f3n referenciados, y agotada la revisi\u00f3n del contenido del escrito de tutela y las documentales allegadas, advierte la Sala el fracaso de lo reclamado a trav\u00e9s de esta v\u00eda excepcional, teniendo en cuenta que con anterioridad esta Corporaci\u00f3n ya se pronunci\u00f3 frente a los mismos hechos, quejas y pretensiones elevadas por el aqu\u00ed actor, en la sentencia proferida en sala virtual del pasado 7 de diciembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela con radicado No. 2021-04440-00, oportunidad en la que se le precis\u00f3 al interesado lo siguiente: <\/p>\n
\u00abAs\u00ed, cuando por v\u00eda de tutela se aduce el desconocimiento del precepto 23 de la Carta Pol\u00edtica por parte de una autoridad jurisdiccional, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto vinculado a la litis y, si se determina lo primero, el amparo devendr\u00e1 improcedente, por las razones expuestas. En el presente asunto, es claro que la referida petici\u00f3n se orient\u00f3 en forma expresa a impulsar la resoluci\u00f3n de un recurso de alzada, lo cual resulta improcedente dada la naturaleza judicial del tr\u00e1mite en el cual dicho pedimento fue elevado. <\/p>\n
3.2. Tampoco la solicitud de amparo en estudio resulta apta para conjurar la eventual mora judicial que all\u00ed se le atribuy\u00f3 a la magistratura encartada, puesto que, durante esta tramitaci\u00f3n constitucional, dicha colegiatura emiti\u00f3 el auto de 6 de diciembre de 2021, mediante el cual resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n que el hoy accionante formul\u00f3 contra el auto que rechaz\u00f3 su demanda. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la eventual mora que se le hubiera podido atribuir a la corporaci\u00f3n encartada, ya se super\u00f3 en virtud del rese\u00f1ado prove\u00eddo, resultando inocua cualquier manifestaci\u00f3n que pudiere hacerse frente a la situaci\u00f3n descrita en el libelo introductor. En tal virtud, se configura la carencia actual de objeto, perdiendo el auxilio su raz\u00f3n de ser, por sustracci\u00f3n de materia, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Frente a lo anterior, esta Sala ha precisado que \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 02211- 01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 00194-01, entre otras)\u00bb. <\/p>\n
4. Entonces, el extremo reclamante promovi\u00f3 la actual demanda constitucional basada en los mismos supuestos f\u00e1cticos y, deprecando que se tutelara su derecho fundamental al derecho de petici\u00f3n, por cuanto supuestamente la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Sanata Marta, no ha zanjado recurso de alzada ni contestado las peticiones de impulso procesal; en ese orden, es evidente que del material de prueba obrante en el expediente, se establece que la acci\u00f3n de tutela de la que se ocupa en este momento la Corte es similar a la estudiada por esta misma Sala de Casaci\u00f3n Civil en sentencia STC16689 de 7 de diciembre de 2021, sin que se haya acreditado un motivo expresamente justificado para que la parte accionante acudiera nuevamente a solicitar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, lo que revela, sin asomo de duda, la utilizaci\u00f3n desbordada y desmedida del mecanismo constitucional, puesto que los temas que plantean ya hab\u00edan sido sometidos a escrutinio de la acci\u00f3n de tutela, y es necesario que \u00e9sta se emplee de manera razonable y ponderada, a fin de evitar un desgaste innecesario de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
5. Al respecto, ha se\u00f1alado esta Sala, que una solicitud de amparo es temerario en los t\u00e9rminos de la norma transcrita, \u00absi la nueva acci\u00f3n es igual a la anterior, vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n del amparo obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u00bb (CSJ STC1090-2021). <\/p>\n
6. En consecuencia, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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