STC3038-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3038-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00743-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Luis Fernando Soto Guill\u00e9n contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, la cual se hace extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio penal a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, el promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, al negar la solicitud de pr\u00f3rroga para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, radicado bajo el consecutivo n.\u00ba 2010-00085, interno Sala Penal Corte 58141. <\/p>\n
Solicita entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se \u00abDEJE SIN EFECTOS la negativa de la pr\u00f3rroga dictada por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 \u2013 Sala Penal, con ponencia de la Magistrada MARIA CRISTINA YEPES AVIVI, mediante el auto del 24 de febrero de 2022, y en su lugar, CONCEDA a la parte que represento la pr\u00f3rroga del t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas adicionales al t\u00e9rmino ordinario de cinco (5) d\u00edas que inician a partir del 28 de febrero de 2022, para la debida sustentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n\u00bb, y de forma concomitante, que la Magistratura convocada le remita el \u00ablink de acceso digital al expediente que fue remitido desde la H. Corte\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo aduce, en s\u00edntesis, que mediante decisi\u00f3n del 22 de enero de los corrientes, la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 la \u00absolicitud de reconocimiento de personer\u00eda jur\u00eddica realizada por el abogado Jes\u00fas Herrera Garc\u00eda como defensor de LUIS FERNANDO SOTO GUILLEN, y la de nulidad parcial del auto del 12 de agosto de 2020 dictado por Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 que declar\u00f3 desierto el recurso extraordinario interpuesto por el anterior defensor del procesado\u00bb, raz\u00f3n por la cual dispuso, entre otros, (i) declarar la nulidad \u00abde numeral primero del auto del 12 de agosto de 2020 mediante el cual se declar\u00f3 desierto el recurso de casaci\u00f3n interpuesto a favor de SOTO GUILL\u00c9N\u00bb; (ii) remitir el asunto al tribunal de origen para restablecer el t\u00e9rmino de sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario; y, (iii) se abstuvo de proveer sobre la solicitud de \u00abampliaci\u00f3n del t\u00e9rmino en tanto el competente para ello es el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9.\u201d\u00bb. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo explic\u00f3, que aunque la Sala de Casaci\u00f3n no accedi\u00f3 a la solicitud por temas estrictos de competencia, s\u00ed advirti\u00f3 sobre la razonabilidad de esa petici\u00f3n; empero, el Tribunal receptor en decisi\u00f3n del 23 de febrero actual, simplemente restableci\u00f3 el per\u00edodo de sustentaci\u00f3n y no accedi\u00f3 a su aspiraci\u00f3n, pretextando la improrrogabilidad de los t\u00e9rminos procesales, situaci\u00f3n que, asegura, adem\u00e1s de no ser cierta, \u00abporque, expresamente, as\u00ed lo desmiente el art. 163 del cpp\/2000, cuando indica que \u201cLos t\u00e9rminos legales o judiciales no pueden ser prorrogados sino a petici\u00f3n de los sujetos procesales, realizada antes de su vencimiento, por causa grave y justificada\u201d\u00bb, fue soportada bajo \u00abun antecedente jurisprudencial que no guarda ninguna pertenencia material con los hechos del caso. Sobre la base de resguardar los principios de \u201cigualdad procesal y seguridad jur\u00eddica\u201d, se apoy\u00f3 en la sentencia T-1165 de 2003\u00bb, determinaci\u00f3n que no cuestion\u00f3 \u00abpor tratarse de una decisi\u00f3n de sustanciaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en la necesidad de ampliar el t\u00e9rmino reclamado dada la \u00abcomplejidad natural que deriva de la sustentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n\u00bb, aunado a que era imperioso consultar integralmente el proceso, con el cual no cuenta, raz\u00f3n por la que el 4 de febrero pasado pidi\u00f3 \u00abla copia de piezas procesales, frente a las cuales la Secretaria de la Sala de Casaci\u00f3n Penal no les dio ning\u00fan tr\u00e1mite\u00bb, vicisitudes todas \u00e9stas que, dice, viabilizan la intervenci\u00f3n del juez de tutela en su favor. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 7 de marzo hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). La Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 a trav\u00e9s de su Magistrada Sustanciadora explic\u00f3, que conoci\u00f3 de la apelaci\u00f3n interpuesta por la defensa del quejoso contra la sentencia condenatoria del 1\u00b0 de junio de 2013, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Primero Penal del Circuito de El Espinal, Tolima, encontr\u00f3 a Soto Guill\u00e9n como coautor del delito de homicidio agravado, y lo conden\u00f3 a la pena principal de 30 a\u00f1os de detenci\u00f3n intramural; dijo adem\u00e1s, que neg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n a su cargo modific\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n, en el sentido de condenar a los procesados \u00aben calidad de coautores del delito de homicidio simple, a la pena de 17 a\u00f1os de prisi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo t\u00e9rmino de la pena principal\u00bb. En punto a la queja aqu\u00ed advertida, anot\u00f3 que el 12 de agosto de 2020 declar\u00f3 desierto el que interpusiera el aqu\u00ed actor, y previa solicitud de parte, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n, en decisi\u00f3n del 26 de enero hoga\u00f1o, en efecto, declar\u00f3 \u00abla nulidad de numeral primero del auto del 12 de agosto de 2020 mediante el cual se declar\u00f3 desierto el recurso de casaci\u00f3n interpuesto a favor de SOTO GUILL\u00c9N\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, en obedecimiento de lo anterior, por auto de 22 de febrero actual restableci\u00f3 el \u00abt\u00e9rmino de sustentaci\u00f3n restante del recurso de casaci\u00f3n de cinco d\u00edas h\u00e1biles, a partir del d\u00eda 28 de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022)\u00bb, y neg\u00f3 la solicitud reclamada por el actor, comoquiera que los t\u00e9rminos son improrrogables. A ese respecto, anot\u00f3 que \u00abla Corte Suprema no orden\u00f3 conceder la pr\u00f3rroga, sino que precis\u00f3 que, como en efecto lo es, la competencia est\u00e1 asignada al Tribunal, y en ese caso, teniendo la facultad para decidir, la Corporaci\u00f3n no consider\u00f3 necesaria la pr\u00f3rroga, tal y como se sustent\u00f3 en el auto transcrito\u00bb; atest\u00f3 adem\u00e1s, que aunque el abogado defensor desde el 8 de febrero actual estuvo enterado de la reanudaci\u00f3n de t\u00e9rminos, pudo presentar la demanda de casaci\u00f3n, pero no lo hizo. <\/p>\n
Con todo, precis\u00f3 que el aqu\u00ed interesado radic\u00f3 de forma oportuna la demanda de casaci\u00f3n \u20134 de marzo de 2022, por lo que pidi\u00f3 denegar el amparo por hecho superado. <\/p>\n
b.) La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, por intermedio del Magistrado que tramit\u00f3 el decurso cuestionado, manifest\u00f3 que es del resorte del juez cognoscente resolver sobre la ampliaci\u00f3n de t\u00e9rminos, y alleg\u00f3 certificaci\u00f3n de la remisi\u00f3n de las copias solicitadas por el quejoso. <\/p>\n
c.) Por su parte, el Juzgado Primero de Circuito de El Espinal, Tolima, simplemente dijo que no era el competente para resolver sobre la solitud de pr\u00f3rroga del quejoso y, por lo tanto, aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La protecci\u00f3n constitucional prevista en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Nacional, puede orientarse a cuestionar actuaciones jurisdiccionales s\u00f3lo s\u00ed en las mismas el juez natural incurre en causal de procedencia del amparo, valga decir, cuando aquella decisi\u00f3n del funcionario carezca de soporte jur\u00eddico y, por el contrario, luzca diamantinamente antojadiza, eso s\u00ed, siempre que el afectado en sus prerrogativas fundamentales no tenga a su alcance otros instrumentos h\u00e1biles para acudir ante los jueces a exigir su inmediato restablecimiento, porque, en la eventualidad de haber podido o de poder todav\u00eda accionar a trav\u00e9s de alguno de ellos, el amparo tutelar es inviable, debido a su naturaleza residual. <\/p>\n
2. En el presente asunto, el se\u00f1or Luis Fernando dirige su reclamo en contra de la decisi\u00f3n proferida el 22 de febrero actual, a trav\u00e9s del cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, restableci\u00f3 el \u00abt\u00e9rmino de sustentaci\u00f3n restante del recurso de casaci\u00f3n de cinco d\u00edas h\u00e1biles, a partir del d\u00eda 28 de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022)\u00bb, pero neg\u00f3 la pr\u00f3rroga reclamada por el interesado, so pretexto, dice, de considerar improrrogables los mismos con sustento en un precedente constitucional no aplicable al caso y, por el contrario, desconociendo que el \u00f3rgano de cierre, pese a advertir que no era el competente para dirimir esa situaci\u00f3n, estim\u00f3 razonable la ampliaci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
3. Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la protecci\u00f3n constitucional rogada por quejoso es improcedente, pues la aludida determinaci\u00f3n, por medio de la cual resolvi\u00f3 no acceder a la ampliaci\u00f3n del plazo, no fue atacada a trav\u00e9s del recurso pertinente, esto es, el de reposici\u00f3n, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 189 de la Ley 600 de 2000, pues era ese el escenario id\u00f3neo para exponer las quejas que ahora pretende traer a colaci\u00f3n, situaci\u00f3n que no puede exculparse, so pretexto de tratarse de \u00abun auto de sustanciaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A ese respecto, la norma en mientes refiere que: \u00abSalvo las excepciones legales, el recurso de reposici\u00f3n procede contra las providencias de sustanciaci\u00f3n que deban notificarse, contra las interlocutorias de primera o \u00fanica instancia y contra las que declaran la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n o de la pena en segunda instancia cuando ello no fuere objeto del recurso\u00bb. De este modo, como lo que ocurri\u00f3 fue que el gestor del amparo dej\u00f3 de cuestionar la decisi\u00f3n en mientes pese a considerarla lesiva a sus garant\u00edas, no puede salir avante la protecci\u00f3n reclamada, dado el consabido car\u00e1cter residual de esta acci\u00f3n; luego entonces, ha debido primigeniamente censurarla a trav\u00e9s del remedio ya advertido, con independencia que el Tribunal haya considerado que se trataba de un auto de \u00abc\u00famplase\u00bb, al no tratarse de una simple orden secretarial, sino de una decisi\u00f3n que defini\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la que ahora se duele el gestor. <\/p>\n
Por lo tanto, cerrada le qued\u00f3 toda oportunidad de acudir a la presente senda, por incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, pues tal y como lo se\u00f1al\u00f3 la Sala en reciente pronunciamiento dentro de un caso de similares matices al que ahora se analiza, \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC3803-2021). <\/p>\n
Y sobre la eficacia de la r\u00e9plica horizontal, se ha indicado que, \u00abY, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u00bb (ejusdem). <\/p>\n
4. Con independencia en lo expuesto, y sin desconocer que es al juez natural a quien compete decidir sobre la extensi\u00f3n o no de t\u00e9rminos, ha de decirse que aun cuando en el hipot\u00e9tico caso de haberse mantenido inc\u00f3lume esa determinaci\u00f3n (siempre que el quejoso la hubiere cuestionado), tampoco se advierte un actuar contraevidente por cuenta del juez convocado, pues m\u00e1s all\u00e1 que la Sala proh\u00edje o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la Colegiatura criticada, lo cierto es que estas son el resultado de una interpretaci\u00f3n respetable de las normas que gobierna el asunto. <\/p>\n
Por lo tanto, no era suficiente con afirmar, como lo hizo el querellante, que en la parte motiva de la determinaci\u00f3n a trav\u00e9s de la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dispuso entre otras, declarar la nulidad del auto que rechaz\u00f3 la casaci\u00f3n y orden\u00f3 la reanudaci\u00f3n de t\u00e9rminos, se hab\u00eda calificado como razonable la ampliaci\u00f3n de \u00e9stos por \u00e9l solicitada, pues tal manifestaci\u00f3n hace parte del proceso argumentativo que pesa sobre los hombros de los operadores judiciales, pero que de modo alguno puede ser considerada como un imperativo de obligatorio cumplimiento para el superior, en tanto que, en estrictez, no se imparti\u00f3 una orden en ese particular sentido y, por el contrario, dej\u00f3 al arbitrio de \u00e9ste tal soluci\u00f3n del caso, por ser ello de su particular competencia. <\/p>\n
Por otro lado, tampoco puede tildarse de equivocado el precedente constitucional tra\u00eddo a cuento por el juez colegiado aqu\u00ed criticado, al considerarlo como inapropiado para el asunto de marras por no dirimir una problem\u00e1tica de iguales connotaciones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas a las suyas, pues tal cita de modo alguno se contrapone a las reglas que gobiernan la pr\u00f3rroga de t\u00e9rminos que, en \u00faltimas, corresponde a la discrecionalidad del juez hallar o no justificados los motivos de la solicitud. Por lo tanto, las discrepancias planteadas en esta oportunidad son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que en realidad busca el quejoso es anteponer la propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica a la del fallador de instancia. <\/p>\n
5. Con todo, sin perjuicio de lo expuesto, advierte la Sala que el defensor del quejoso radic\u00f3 en tiempo la demanda de casaci\u00f3n respecto de la cual ahora pretende ampliar el t\u00e9rmino para ello, tal y como fue puesto aqu\u00ed de presente por la autoridad convocada; por lo tanto, ning\u00fan sentido tendr\u00eda aqu\u00ed impartir una orden tendiente a extender un per\u00edodo que supuestamente resultaba insuficiente, cuando el mismo fue aprovechado por quien ahora acude al resguardo. <\/p>\n
6. Finalmente, frente a la solicitud de remisi\u00f3n del expediente completo para el estudio integral de la causa, la cual, presuntamente, fue elevada sin \u00e9xito ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal, suficiente con referir que en el decurso de la actuaci\u00f3n constitucional, esa Magistratura, mediante oficio 5994 de 7 de marzo actual, le explic\u00f3 que desde el 22 de febrero actual, cuando declar\u00f3 la nulidad del prove\u00eddo censurado, orden\u00f3 remitir las diligencias a la Sala Penal del tribunal convocado. Por lo tanto, le era imposible acceder a su pedimento. <\/p>\n
7. En consecuencia, y sin exponer m\u00e1s razones por considerarse innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3038-2022 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC3038-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00743-00 Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Luis Fernando Soto Guill\u00e9n contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62057","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62057","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62057"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62057\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62057"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62057"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62057"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}