STC3040-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3040-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2021-04611-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Edmundo Jos\u00e9 Mosquera Chaves le instaur\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto y a los Juzgados Segundo y Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en los consecutivos debatidos. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas a la \u00abvida, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso y propiedad privada\u00bb, para que se ordenara, que \u00abi) el inmueble vuelva a [sus] manos; ii) se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto hacer efectiva la orden emitida y se haga valer la calidad de retenedor que le dieron al comprador inicial Lu\u00eds Hernando T\u00e1quez; iii) se nuliten las sentencias emitidas por los otros juzgados y el Tribunal que concedieron la posesi\u00f3n a Sandra Narv\u00e1ez Ca\u00f1izares; iv) se ordene la devoluci\u00f3n del dinero cancelado que reposa en el Juzgado Segundo Civil del Circuito a manera de t\u00edtulo judicial con los intereses y los valores actualizados a la fecha y v) se ordene a los juzgados, hacer valer todos [sus] derechos que perdi\u00f3 y se condene los perjuicios civiles que le ocasionaron y sean cancelados todos los dineros dejados de percibir durante casi veinte a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Del extenso escrito incoatorio, se extrae que el accionante adquiri\u00f3 el inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 240-22034 el 3 de diciembre de 1979 y, en ejercicio de los atributos derivados del derecho de dominio, prometi\u00f3 transferirlo en venta a Lu\u00eds Hernando T\u00e1quez Pantoja (17 sep. 1993), oferta que se perfeccionar\u00eda con la tradici\u00f3n en el a\u00f1o de 1998, cuando se cancelara el saldo del precio convenido. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que el incumplimiento en el pago por el promitente comprador llev\u00f3 a solicitar la resoluci\u00f3n de lo pactado, tr\u00e1mite que correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto (rad. 998-00187), quien declar\u00f3 la \u00abnulidad absoluta del contrato, ordenando las restituciones mutuas y se le concedi\u00f3 el derecho de retenci\u00f3n a T\u00e1quez Pantoja hasta que le cancelara m\u00e1s de $200.000.000\u00bb (12 dic. 2001), monto disminuido por el Superior (9 sep. 2002). <\/p>\n
Sostuvo que el referido estrado, libr\u00f3 mandamiento ejecutivo, \u00aborden\u00e1ndole a T\u00e1quez Pantoja la restituci\u00f3n del predio y efectuar el pago de las sumas reconocidas a favor de aquel\u00bb, por lo que consign\u00f3 $113.022.946,13 \u00abdinero que en la actualidad est\u00e1 en la cuenta de ese juzgado\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que ante la manifestaci\u00f3n de T\u00e1quez Pantoja, de que \u00able era imposible cumplir con la restituci\u00f3n ordenada porque el bien ya no se encontraba en su poder, pues lo hab\u00eda transferido mediante contrato de permuta a Franco G\u00f3mez (3 oct. 2013)\u00bb, se comision\u00f3 la entrega, al estimar que \u00abello no estaba dentro de los par\u00e1metros legales porque no pod\u00eda transferirse el dominio por ning\u00fan modo\u00bb, diligencia en la que Sandra Patricia Narv\u00e1ez Ca\u00f1izares formul\u00f3 oposici\u00f3n, rechazada inicialmente por el comitente por cuanto \u00abel derecho de retenci\u00f3n concedido a T\u00e1quez le era oponible a la posesi\u00f3n alegada, por lo que el retenedor no pod\u00eda permutar el bien y por ende la opositora ingres\u00f3 al mismo sin indagar sobre su real propietario\u00bb (5 mar. 2015), determinaci\u00f3n revocada por el ad quem (20 abr. 2016). <\/p>\n
Relat\u00f3 que, por lo anterior, inici\u00f3 junto con otros reivindicatorio contra Narv\u00e1ez Ca\u00f1izares en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pasto (rad. 2016-00112), actuaci\u00f3n en la que se fall\u00f3 que \u00abno se cumpl\u00edan los presupuestos para acceder a [sus] pretensiones, pero s\u00ed los de la demanda de reconvenci\u00f3n propuesta por Narv\u00e1ez Ca\u00f1izares\u00bb, ya que \u00abpermiti\u00f3 que transcurriera m\u00e1s de 10 a\u00f1os sin ejercer acciones oportunas para poner a salvo el bien de los actos posesorios de Narv\u00e1ez Ca\u00f1izares. De hecho, Edmundo Jos\u00e9 ni siquiera est\u00e1 legitimado para actuar, comoquiera que en el 2015, transfiri\u00f3 por donaci\u00f3n a Diana Roc\u00edo Mosquera Ibarra (hija) y Tatiana Mosquera Galeano, el derecho de dominio, sobre el cual, real y materialmente, ya no era titular, en virtud del fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n tanto adquisitiva como extintiva\u00bb (26 oct. 2018), convalidada por el fallador de segundo grado (26 jul. 2019) y declarado inadmisible el recurso de casaci\u00f3n que inco\u00f3 ante esta Colegiatura (AC3484-2020,14 dic.). <\/p>\n
En su criterio, las providencias rese\u00f1adas lesionaron sus garant\u00edas, puesto que \u00able quitaron [su] inmueble de la manera m\u00e1s habilidosa, extra\u00f1a y confusa\u00bb, debido a la falta de diligencia de los jueces que tramitaron los litigios, ignorando que Sandra Patricia Narv\u00e1ez Ca\u00f1izares \u00absab\u00eda que el bien no era ni de Franco, su cu\u00f1ado, ni de T\u00e1rquez, sino de [su] propiedad\u00bb, sin embargo, \u00ablos falladores, solamente se basaron en las pruebas de posesi\u00f3n que ella entreg\u00f3 para despu\u00e9s con argumentos balad\u00edes quedarse con [su] bien\u00bb. <\/p>\n
2.- La Presidencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n alleg\u00f3 copia del interlocutorio AC3484-2020. <\/p>\n
El Segundo Civil del Circuito de esa localidad y Sandra Patricia Narv\u00e1ez Ca\u00f1izares se opusieron al amparo; el primero por no configurarse ninguna v\u00eda de hecho, y la egunda, por \u00abfalta del principio de inmediatez y la afectaci\u00f3n al buen nombre que con las imputaciones en su escrito hace el actor en [su] contra y apoderado\u00bb, pretendiendo ahora replantear \u00abun nuevo escenario con los mismos argumentos sobre los cuales fund\u00f3 su defensa y acciones ante la justicia ordinaria, lo cual es inaceptable\u00bb. <\/p>\n
El Segundo Civil Municipal y Tercero Civil del Circuito, rogaron su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte el decaimiento del resguardo por no cumplirse el presupuesto de inmediatez que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, en virtud a que entre la fecha del auto cuestionado que \u00abrevoc\u00f3 lo dispuesto por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto para en su lugar conceder la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega a favor de Sandra Patricia Narv\u00e1ez Ca\u00f1izares\u00bb (20 abr. 2016) y la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa (6 dic. 2021), transcurrieron cinco (5) a\u00f1os, siete (7) meses y diecis\u00e9is (16) d\u00edas, es decir, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer el auxilio. <\/p>\n
Igual acontece con los reparos frente a las decisiones que negaron las aspiraciones del quejoso dentro de la causa reivindicatoria interpuesta contra Sandra Patricia Narv\u00e1ez Ca\u00f1izares (26 oct. 2018, 26 jul. 2019 y 14 dic. 2020), toda vez que contado el lapso desde la \u00faltima resoluci\u00f3n criticada al momento de la formulaci\u00f3n de este selecto instrumento (6 dic. 2021), sobrevinieron once (11) meses y veintid\u00f3s (22) d\u00edas. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha predicado que: <\/p>\n
\u00ab[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (Se resalta- STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC4535-2020, STC 3457-2021). <\/p>\n
\u00abDe otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma, en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
No obstante, en el sub lite, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis rese\u00f1adas, debido a que, m\u00e1s all\u00e1 de estar inconforme con las disposiciones de las autoridades reprochadas, el sedicente no esboz\u00f3 las razones para disculpar su tardanza en acudir a este especial\u00edsimo sendero, ya que se limit\u00f3 a expresar que \u00abel hecho de acudir durante veinte a\u00f1os a las oficinas jur\u00eddicas, de pagar abogados, de utilizar todas las instancias, sin obtener resultados positivos, generan situaciones v\u00e1lidas para justificar la inactividad del accionante y la nueva acci\u00f3n judicial, como es la presente acci\u00f3n de tutela, tiene su tiempo, m\u00e1xime cuando es una persona entrada en a\u00f1os y estuvo durante tres meses intervenido m\u00e9dicamente\u00bb. <\/p>\n
2.- Finalmente, en torno a que por esta v\u00eda \u00abse ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto dentro del radicado 1998-00187, ordenar la devoluci\u00f3n del t\u00edtulo que consign\u00f3 por $113.022.946,13\u00bb, advierte la Sala que esa s\u00faplica la debe elevar el precursor ante dicho despacho, para que sea \u00e9l, como juez natural el que la solucione, sin que est\u00e9 permitido al constitucional invadir esferas que no le son propias (STC16347-2021 y STC903-2022), m\u00e1xime cuando por comunicaci\u00f3n con dicha autoridad se constat\u00f3 la existencia del dep\u00f3sito judicial. <\/p>\n
< <\/p>\n
Mem\u00f3rese que no es dable a ning\u00fan sujeto dolerse del quebrantamiento de prebendas si en el pasado o ahora, tuvo o tiene la oportunidad de controvertir dentro del pleito ordinario las \u00abactuaciones u omisiones\u00bb que cuestiona, <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abcomo tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (STC6853-2018, STC10863-2020, STC16653-2021 y STC898-2022, entre otros) <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3.- Como colof\u00f3n, se declarar\u00e1 la inviabilidad del socorro invocado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Edmundo Jos\u00e9 Mosquera Chaves. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
ALVARO BARRERO BUITRAGO <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
EDGAR AUGUSTO RAM\u00cdREZ BAQUERO <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
LU\u00cdS DAR\u00cdO VALLEJO OCHOA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
ALEJANDRO VENEGAS FRANCO <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
GABRIEL JAIME VIVAS D\u00cdEZ <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
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STC3040-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC3040-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2021-04611-00 (Aprobado en Sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la tutela que Edmundo Jos\u00e9 Mosquera Chaves le instaur\u00f3 a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62059","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62059","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62059"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62059\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62059"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62059"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62059"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}