STC3056-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3056-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-02420-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de marzo dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por Jhonatan Lozano Medina contra el Tribunal Superior Militar y Policial de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado 180 de Instrucci\u00f3n Penal Militar de la Polic\u00eda de Neiva -Huila- y a las partes e intervinientes en el proceso objeto de censura. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, mediante apoderado, demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, plazo razonable, interpretaci\u00f3n pro homine y favorabilidad. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
En contra del accionante y de otros tres uniformados de la Polic\u00eda Nacional se inici\u00f3 proceso por el punible de abandono del puesto, tramitado en el Juzgado 180 de Instrucci\u00f3n Penal Militar de la Polic\u00eda de Neiva, en el cual el apoderado del tutelante solicit\u00f3 la nulidad1 por presuntas irregularidades acaecidas en dicho tr\u00e1mite, la cual fue denegada el 27 de noviembre de 2020. <\/p>\n
La alzada contra dicha providencia correspondi\u00f3 al Tribunal Superior Militar y Policial de Bogot\u00e1, ante el cual el actor present\u00f3 \u00abSolicitud Celeridad Procesal\u00bb, toda vez que \u00abel pr\u00f3ximo 30-11-2021 se cumplir\u00e1 UN A\u00d1O desde la interposici\u00f3n del recurso, sin que se haya emitido decisi\u00f3n por parte del Ad quem, lo que a mi parecer ya ni siquiera podr\u00eda hacerse porque habr\u00eda operado en este asunto el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n\u00bb2. <\/p>\n
Mediante auto del 3 de noviembre de 20213, la Corporaci\u00f3n demandada manifest\u00f3 que la mora obedec\u00eda a la carencia de personal y a la congesti\u00f3n judicial y argument\u00f3 por qu\u00e9 no hab\u00eda operado el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n, citando en soporte lo previsto en la Ley 1474 de 2011, entre otros. <\/p>\n
El 10 de noviembre de ese mismo a\u00f1o, el Tribunal confirm\u00f3 el auto que deneg\u00f3 la nulidad y precis\u00f3 que la causa no hab\u00eda prescrito, dado que los hechos investigados se cometieron el 9 de marzo de 2016 y, por tanto, proced\u00eda la ampliaci\u00f3n del t\u00e9rmino, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1474 de 20114, en raz\u00f3n a su condici\u00f3n de servidor p\u00fablico. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la interpretaci\u00f3n del Tribunal somete al patrullero \u00aba una extensi\u00f3n arbitraria del poder punitivo del Estado quien en una actitud negligente e inoperante lleva m\u00e1s de media d\u00e9cada sin salir de la etapa de instrucci\u00f3n (\u2026) pasando a un t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de 7 a\u00f1os y medio, que resulta siendo m\u00e1s del doble de la pena m\u00e1xima de la conducta enrostrada\u00bb. En ese sentido, destac\u00f3 que, a pesar de que el Juzgado reconoci\u00f3 la prescripci\u00f3n, el superior impone continuar con el juicio \u00absin que exista al interior del proceso, forma alguna de evitarlo\u00bb. <\/p>\n
4. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se ordene al accionado \u00abelaborar una nueva providencia en la que reconozca que ha operado el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DEL ACCIONADO <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Tribunal Superior Militar y Policial sostuvo que, en el auto del 3 de noviembre de 2021, explic\u00f3 que por algunos a\u00f1os \u00fanicamente cont\u00f3 tres magistrados, per\u00edodo durante en el cual \u00abla carga laboral de los despachos de segunda instancia se increment\u00f3 enormemente al arribar procesos de todo el pa\u00eds y de todas las Fuerzas\u00bb y que, el 2 de septiembre de 2021, nombraron a tres funcionarios m\u00e1s para apoyar su labor, circunstancia que permiti\u00f3 repartir las cargas. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el aumento en el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n obedeci\u00f3 a que, seg\u00fan el art\u00edculo 20 de la Ley 599 de 2000, los miembros activos de la fuerza p\u00fablica son servidores p\u00fablicos y se les debe aplicar la reglamentaci\u00f3n correspondiente, por virtud del principio de igualdad. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda 149 Penal Militar se\u00f1al\u00f3 que no hab\u00eda vulnerado el debido proceso al promotor. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado 180 de Instrucci\u00f3n Penal Militar de Neiva se abstuvo de realizar pronunciamiento de fondo, pues \u00ablos cuadernos de esta investigaci\u00f3n (\u2026) no reposan en esta instancia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo, tras considerar que el proceso seguido en contra del actor \u00abse encuentra en curso, concretamente, en etapa instructiva, motivo por el cual la presente acci\u00f3n tuitiva se torna improcedente\u00bb. Argument\u00f3 que el interesado contaba con \u00ablas herramientas y recursos ordinarios que dispone el proceso penal militar para seguir debatiendo la configuraci\u00f3n del fen\u00f3meno extintivo de la acci\u00f3n. Incluso, puede hacer valer los mecanismos extraordinarios\u2026\u00bb y que no se evidenciaba la ocurrencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien reiter\u00f3 los argumentos del escrito inicial e indic\u00f3 que se cumpl\u00eda con el presupuesto de subsidiariedad, pues el Tribunal ya resolvi\u00f3 negar la ocurrencia del fen\u00f3meno prescriptivo. Arguy\u00f3 que extender el proceso genera desgaste para los sujetos procesales y la administraci\u00f3n de justicia y que las herramientas ordinarias y extraordinarias de protecci\u00f3n judicial no son efectivas y agravan la vulneraci\u00f3n de sus derechos. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante pretende el amparo de los derechos fundamentales invocados, que considera vulnerados porque el Tribunal accionado neg\u00f3 la solicitud de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal seguida en su contra, dado que, en su criterio, no le es aplicable el aumento del t\u00e9rmino previsto en la Ley 1474 de 2011 para los servidores p\u00fablicos, pues su proceso se rige por el C\u00f3digo Penal Militar. <\/p>\n
2. Vistas las actuaciones surtidas en el plenario, la Sala advierte que no se satisface el requisito de subsidiariedad, en raz\u00f3n a que el proceso penal en contra del accionante se encuentra activo y, como tal, aqu\u00e9l es el escenario en el que debe hacer valer las prerrogativas que estima le han sido afectadas. <\/p>\n
2.1. Al respecto, en un asunto con alguna similitud, la Sala sostuvo que: <\/p>\n
\u00ab\u2026para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n constitucional impetrada, es necesario el agotamiento de todos los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior de la causa y, hall\u00e1ndose vigente la etapa del juicio, subsisten las posibilidades jur\u00eddicas para reformular los planteamientos relacionados con la cesaci\u00f3n del procedimiento por la causal objetiva que propone en esta senda excepcional. <\/p>\n
Y es que ha sido postura definida y reiterada de la Sala, que no es viable acudir al juez de tutela para que intervenga en los litigios en tr\u00e1mite, no s\u00f3lo porque desconoce la independencia y la autonom\u00eda de que est\u00e1 revestido el juez ordinario para dirigir y resolver los asuntos de su competencia, sino porque, tal proceder desnaturaliza la filosof\u00eda que inspir\u00f3 la acci\u00f3n de amparo para la protecci\u00f3n de derechos superiores, mas no para su declaraci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, como lo previno la Hom\u00f3loga Penal, la tesis del gestor del resguardo respecto a la forma en que deben interpretarse los art\u00edculos 83 y 86 del C\u00f3digo Penal, y si en su caso ser\u00eda aplicable o no el incremento del t\u00e9rmino prescriptivo de la acci\u00f3n penal contemplado en el inciso 6\u00ba del \u00faltimo canon mencionado, se reitera, puede ser objeto de resoluci\u00f3n en la sentencia, y eventualmente, a trav\u00e9s de los recursos ordinarios y extraordinarios a que haya lugar, si es que aqu\u00e9lla le es desfavorable. <\/p>\n
En esas circunstancias, pretender que el Juez de amparo revise la razonabilidad de la determinaci\u00f3n aqu\u00ed atacada ser\u00eda no solo, se itera, una injerencia impertinente en la competencia del fallador, sino anticipar un debate que tiene su propio escenario de confrontaci\u00f3n y contradicci\u00f3n, y no a trav\u00e9s de un tr\u00e1mite expedito y sumario como la acci\u00f3n de tutela\u00bb (CSJ STC5463-2021). <\/p>\n
2.2. En ese orden, la salvaguarda invocada es improcedente, porque estando el proceso penal en tr\u00e1mite no es el juez constitucional el llamado a determinar si ha operado el fen\u00f3meno prescriptivo, teniendo en cuenta el car\u00e1cter residual y subsidiario de este mecanismo excepcional y dado que ese aspecto puede ser objeto de an\u00e1lisis al dictar sentencia, decisi\u00f3n que, a su vez, puede ser censurada a trav\u00e9s de los mecanismos previstos en el respectivo procedimiento; m\u00e1xime que, en este caso, no est\u00e1n probados los presupuesto impostergabilidad, inminencia, gravedad y urgencia propios del perjuicio irremediable alegado, pues el tutelante est\u00e1 vinculado al proceso adelantado en su contra por las autoridades competentes y en este ha intervenido y puede seguir actuando en defensa de sus intereses. <\/p>\n
3. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Documento \u00abPRUEBA_17_11_2021 14_08_02.pdf\u00bb, carpeta REPARTO, expediente constitucional. <\/p>\n
2\u0002 Documento \u00abANEXOS_17_11_2021 14_08_40.pdf\u00bb, Ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Documento \u00abPRUEBA_17_11_2021 14_08_28.pdf\u00bb, Ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Documento \u00abPRUEBA_17_11_2021 14_08_49.pdf\u00bb, Ibidem. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3056-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC3056-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-02420-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de marzo dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62061","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62061","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62061"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62061\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62061"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62061"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62061"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}