STC3057-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3057-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01798-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 7 de septiembre de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida, mediante apoderado judicial, por Mar\u00eda In\u00e9s Charcas Guti\u00e9rrez contra la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado 31 Laboral del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social-UGPP, as\u00ed como a las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso con radicado 2016-00324. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad y m\u00ednimo vital, as\u00ed como a los principios de favorabilidad, primac\u00eda del derecho sustancial sobre el formal y el desconocimiento del precedente. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La actora indic\u00f3 que naci\u00f3 el 27 de julio de 1959 y que el 6 de junio de 1980 ingres\u00f3 a trabajar en la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima, relaci\u00f3n laboral que dur\u00f3 hasta el 28 de abril de 2006, cuando la entidad fue liquidada, de manera que estuvo a su servicio durante 25 a\u00f1os, 10 meses y 23 d\u00edas. <\/p>\n
2.2. Para la fecha de terminaci\u00f3n del contrato ten\u00eda la condici\u00f3n de pre pensionada, dado que cumpl\u00eda con el requisito establecido en la cl\u00e1usula 8.3 del Acuerdo 041 de 1983, emanado de la Junta Directiva de la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima, consistente en haber cumplido 25 a\u00f1os de servicio en el sector oficial de las telecomunicaciones, independientemente de la edad; adem\u00e1s, precis\u00f3 que dichos presupuestos se cumplieron antes de la expedici\u00f3n del Acto Legislativo 01 de 2005. <\/p>\n
2.3. Teletolima, antes de su liquidaci\u00f3n, hab\u00eda celebrado una Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo con el Sindicato de la empresa, la cual se encontraba vigente para el momento en que termin\u00f3 el contrato de la accionante, quien resalt\u00f3 que la misma, en su cl\u00e1usula 42, se\u00f1alaba que la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n se reconocer\u00eda al trabajador que \u00abcumpla veinte (20) a\u00f1os o m\u00e1s de servicio continuos o discontinuos al servicio de la Empresa, tenga cincuenta (50) a\u00f1os de edad y haya sido vinculado a la Empresa por contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido con anterioridad al 31 de enero de 1996\u00bb, raz\u00f3n por la cual, en su sentir, la edad \u00abse pod\u00eda cumplir en vigencia o no del v\u00ednculo laboral\u00bb. <\/p>\n
2.4. Con base en lo expuesto, la tutelante solicit\u00f3 el reconocimiento de su pensi\u00f3n ante Caprecom, de conformidad con el Acuerdo 041 de 1983, petici\u00f3n que fue negada. <\/p>\n
2.5. Por ello, interpuso demanda ordinaria laboral, asunto que correspondi\u00f3 al Juzgado 31 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 y cuya sentencia de primera instancia, emitida el 29 de noviembre de 2016, le fue desfavorable, decisi\u00f3n confirmada el 9 de febrero de 2017 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad y, a su vez, ratificada, el 16 de marzo de 2021, por la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
2.6. En relaci\u00f3n con los hechos descritos, la promotora censur\u00f3 que la Corte interpret\u00f3 que la convenci\u00f3n colectiva \u00abexige encontrarse como trabajador activo para poder solicitar la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n pactada\u00bb, no obstante, dicho criterio resulta ser el m\u00e1s desfavorable para el trabajador, aunado a que \u00abla Sala Laboral de la Corte ha manifestado que para que esta condici\u00f3n se d\u00e9, debe estar por escrita directa y expresamente en la Convenci\u00f3n; pero (\u2026) err\u00f3 en despreciar el Acuerdo 041 de 1983\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que los fallos objeto de la controversia incurrieron en una v\u00eda de hecho, por desconocimiento del precedente jurisprudencial, pues se apartaron de la postura que, desde la SU-241 de 2015, ha tenido la Corte Constitucional, en el sentido que los conflictos que surgen de la interpretaci\u00f3n de las cl\u00e1usulas convencionales deben resolverse con base en el principio de favorabilidad. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, inst\u00f3 dejar sin efectos las sentencias emitidas por las autoridades judiciales accionadas, para que, en su lugar, se imponga a la UGPP el reconocimiento de la pensi\u00f3n reclamada; igualmente, pidi\u00f3 que se ordenara a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral que dict\u00e9 sentencia de unificaci\u00f3n en relaci\u00f3n con las \u00abpensiones del sector de las Telecomunicaciones\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS DEL ACCIONADO <\/p>\n
Y LOS VINCULADA <\/p>\n
1. El Juzgado 31 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 el expediente del proceso laboral objeto de cuestionamiento. <\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP solicit\u00f3 negar la tutela, toda vez que lo pretendido era \u00abSUSTITUIR UNA DECISI\u00d3N JUDICIAL EJECUTORIADA PROFERIDA POR EL JUEZ NATURAL DE LA CAUSA, quien con base en la normativa y jurisprudencia, vigente para la \u00e9poca de los hechos, NEGO (sic) las pretensiones por cuanto la parte actora no reuni\u00f3 los requisitos cl\u00e1usula 42 de la convenci\u00f3n colectiva 2002-2003 de Trabajo\u00bb. Destac\u00f3 que la accionante no logr\u00f3 demostrar el derecho reclamado, aunado a que agot\u00f3 todas las instancias judiciales, las cuales \u00abdecidieron en derecho coincidiendo que no le asisti\u00f3 raz\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, debido a que consider\u00f3 que \u00abla sentencia de casaci\u00f3n cuestionada se encuentra debida y suficientemente argumentada, de manera que es posible concluir que la misma resulta ser razonable y, en consecuencia, tambi\u00e9n se puede aducir que ella se encuentra amparada por los principios constitucionales de autonom\u00eda e independencia que orientan la funci\u00f3n judicial, y constituy\u00f3 el fen\u00f3meno de la cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que, aunque las decisiones dictadas en la causa fueron desfavorables, \u00abno adolecen de ninguna causal espec\u00edfica de procedencia de la tutela en contra de providencias judiciales y, en consecuencia, es claro que las mismas no desconocen los derechos fundamentales de la parte actora\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la accionante, a trav\u00e9s de su apoderado, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial, enfatizando que \u00abLa edad [\u2026] es un factor de reconocimiento del derecho mas no de adquisici\u00f3n\u00bb y que, en su caso, no se aplic\u00f3 el principio de favorabilidad. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la actora pretende que se dejen sin efectos las decisiones emitidas en las distintas instancias del proceso ordinario laboral que promovi\u00f3 para obtener el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, con el fin de que se acceda a lo all\u00ed pretendido, pues en ellas se incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho, en tanto, en su sentir, no aplicaron el principio de favorabilidad ni el criterio constitucional sobre la materia. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya propuestos y decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo excepcional no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; en ese orden, la jurisprudencia constitucional ha considerado que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n en forma alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano. <\/p>\n
3. Centrado el an\u00e1lisis en la determinaci\u00f3n emitida en sede de casaci\u00f3n, dado que fue la que defini\u00f3 el asunto, se observa que la Sala acusada, al desatar el mencionado recurso extraordinario, expuso que el problema jur\u00eddico planteado se enfocaba en establecer si el Tribunal err\u00f3 al estimar que \u00abla edad de 50 a\u00f1os establecida en la cl\u00e1usula 42 convencional, era un requisito de causaci\u00f3n para obtener la pensi\u00f3n all\u00ed consagrada, el que deb\u00eda cumplirse estando al servicio de la empresa\u00bb y se\u00f1al\u00f3 que, pese a la v\u00eda indirecta escogida, no era motivo de controversia en el caso objeto de estudio: \u00abi) que la demandante labor\u00f3 al servicio de Teletolima S.A. ESP. del 16 de junio de 1980 al 28 de abril de 2006; ii) que naci\u00f3 el 27 de julio de 1959, esto es, cumpli\u00f3 los 50 a\u00f1os de edad el mismo d\u00eda y mes del 2009; y iii) que es beneficiaria de la convenci\u00f3n colectiva 2002-2003\u00bb. <\/p>\n
3.1. Ahora, luego de hacer referencia a la cl\u00e1usula 42 de la convenci\u00f3n colectiva suscrita entre Teletolima S.A. ESP. y Sintraofitel, que estableci\u00f3 que, para acceder a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reclamada, era necesario que el trabajador cumpliera 50 a\u00f1os de edad y 20 a\u00f1os de servicio, entre otros, precis\u00f3 que, como lo advirti\u00f3 el ad quem, si bien \u00abla demandante contaba con m\u00e1s de 20 a\u00f1os de servicios a Teletolima, para el momento en que termin\u00f3 el v\u00ednculo laboral, no ten\u00eda la edad exigida por la disposici\u00f3n convencional, por lo que, cuando arrib\u00f3 a la edad de 50 a\u00f1os, carec\u00eda de la calidad de trabajadora activa. Circunstancia que le imped\u00eda ser beneficiaria de la prestaci\u00f3n de jubilaci\u00f3n reclamada y consagrada en dicha cl\u00e1usula\u00bb. <\/p>\n
Bajo esas circunstancias, consider\u00f3 que no se evidenciaba \u00abun dislate en el entendimiento que hizo el Tribunal de la citada cl\u00e1usula, menos con el car\u00e1cter de ostensible. Por el contrario, estima que se trata de una apreciaci\u00f3n razonable y plausible teniendo en cuenta que la misma se refiere expresamente al \u2018trabajador\u2019 que cumpla 20 a\u00f1os o m\u00e1s de servicios a la empresa y 50 a\u00f1os de edad\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, destac\u00f3 que el texto convencional \u00abconsagra que tal prerrogativa pensional \u2018solo se reconocer\u00e1 a los trabajadores que tengan contrato de trabajo\u2019 indefinido suscrito hasta el 31 de enero de 1996, as\u00ed como que \u2018Los trabajadores\u2019 deben presentar ante la empresa la solicitud de pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, junto con la documentaci\u00f3n con una anticipaci\u00f3n de 6 meses antes de \u2018cumplir el estatus\u2019 de pensionado\u00bb, por lo cual estim\u00f3 que \u00abtodas estas expresiones de manera razonable permiten entender que el cumplimiento de la edad, en este caso particular, deb\u00eda acontecer cuando se tuviera la calidad de trabajador, esto es, durante la vigencia del v\u00ednculo laboral\u00bb. <\/p>\n
3.2. En cuanto a lo manifestado por la censura, en el sentido que por haberse terminado su contrato ante la liquidaci\u00f3n de la empresa no pudo cumplir la edad de 50 a\u00f1os estando en servicio activo, resalt\u00f3 que \u00abla cl\u00e1usula 42 no previ\u00f3 ninguna salvedad que pueda invocarse respecto de la acreditaci\u00f3n de los requisitos all\u00ed exigidos\u00bb, situaci\u00f3n que se explicaba en la medida en que \u00abla prestaci\u00f3n all\u00ed regulada corresponde a una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n y no a una pensi\u00f3n sanci\u00f3n, pues, frente a la primera no resulta relevante la forma de culminaci\u00f3n de nexo laboral, a diferencia de la segunda\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, enfatiz\u00f3 que, \u00absi las partes no establecieron expresamente que la prestaci\u00f3n extralegal regulada en la cl\u00e1usula 42 de la convenci\u00f3n colectiva 2002-2003 pod\u00eda causarse con posterioridad a la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo, el entendimiento razonable que debe hacerse respecto de esta es que, el derecho procede siempre y cuando se re\u00fanan los requisitos, esto es, una vinculaci\u00f3n mediante contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido antes del 31 de enero de 1996, as\u00ed como la edad y tiempo de servicios mientras est\u00e9 en vigor el v\u00ednculo laboral, tal y como lo consider\u00f3 el Tribunal, sin apartarse del texto convencional\u00bb, de manera que resultaba \u00abrazonable el entendimiento que le imprimi\u00f3 el colegiado a la norma convencional, dado que los acuerdos colectivos tienen como prop\u00f3sito fijar las condiciones que regir\u00e1n los contratos de trabajo durante su vigencia, por lo que, al no existir un acuerdo concreto entre las partes que expresamente ampl\u00ede la vigencia de tales estipulaciones a los extrabajadores, no hab\u00eda lugar a predicar una excepci\u00f3n inexistente\u00bb, refiriendo en sustento lo se\u00f1alado por la Sala de Casaci\u00f3n Permanente en las sentencias CSJ SL609-2017 y CSJ SL953-2019, entre otras. <\/p>\n
3.3. En lo atinente al principio de favorabilidad, precis\u00f3 que este no operaba \u00abfrente a la valoraci\u00f3n probatoria que hagan los jueces, como en este caso ocurri\u00f3\u00bb, y que el mismo solo se aplica cuando existe un choque \u00aboriginado a partir de dos o m\u00e1s interpretaciones firmes y bien fundamentadas o estructuradas, tal como lo ha dicho la Sala, entre otras en la decisi\u00f3n CSJ SL18110-2016\u00bb, no obstante, en este caso, \u00abno existe una discrepancia de criterios de tal magnitud, pues la apreciaci\u00f3n que le imprimi\u00f3 el Tribunal es razonable y debidamente fundamentada, lo cual descarta la presencia de un error de hecho con el car\u00e1cter de ostensible y protuberante que d\u00e9 lugar al quebrantamiento de la decisi\u00f3n confutada\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, con base en lo considerado en la sentencia SL18308-2016 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente, afirm\u00f3 que \u00abpor regla general, no es finalidad del recurso de casaci\u00f3n establecer el sentido de las estipulaciones convencionales, pues, en principio tal labor corresponde a las partes en ejercicio del derecho de negociaci\u00f3n y libertad de contrataci\u00f3n\u00bb; adem\u00e1s, arguy\u00f3 que tampoco le asist\u00eda raz\u00f3n a la recurrente al indicar que la edad era solo un requisito de exigibilidad y no de causaci\u00f3n, toda vez que \u00abtrat\u00e1ndose de pensiones extralegales tal circunstancia depender\u00e1 de lo que las partes -en ejercicio del derecho de negociaci\u00f3n colectiva y la autonom\u00eda de contrataci\u00f3n- hayan acordado, sin que pueda entenderse razonablemente que la cl\u00e1usula que fundamenta el derecho aqu\u00ed reclamado, como qued\u00f3 visto, haya previsto que la edad constituyera un requisito de mera exigibilidad\u00bb. <\/p>\n
3.4. Frente al desconocimiento del precedente jurisprudencial, en especial, de las sentencias CC SU241-2015 y CSJ SL del 23 de octubre de 2012 (rad. 42223), resalt\u00f3 que no se configur\u00f3 en este asunto, dado que all\u00ed se resolvieron unas situaciones f\u00e1cticas distintas, toda vez que en la primera se estudi\u00f3 la \u00abconvenci\u00f3n colectiva suscrita el 9 de diciembre de 1970, entre el Departamento de Antioquia y la organizaci\u00f3n sindical\u00bb y en la segunda \u00abcl\u00e1usula 22 de la convenci\u00f3n colectiva de Inravisi\u00f3n\u00bb, cuyo contenido y alcance eran diferentes al de la disposici\u00f3n objeto de revisi\u00f3n. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria ni manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, independientemente de que la postura sea o no compartida, toda vez que fue proferida a la luz de la normatividad aplicable, la jurisprudencia relacionada con el tema y las probanzas allegadas, acorde con las cuales la Sala accionada concluy\u00f3 que no exist\u00eda yerro alguno en la interpretaci\u00f3n dada a la cl\u00e1usula 42 de la Convenci\u00f3n Colectiva y que no era viable el otorgamiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reclamada, al no cumplirse a cabalidad con los requisitos exigidos en la misma. <\/p>\n
4.1. Por tanto, en opini\u00f3n de la Sala, las razones con las que la parte accionante recrimina la actuaci\u00f3n judicial tienen como sustento un disentimiento particular frente a los argumentos que la Sala de Descongesti\u00f3n convocada tuvo en cuenta para resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden, debe recordarse que las inconformidades de las partes frente a las decisiones adoptadas no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01, reiterada en STC7495-2020 17 sep, Rad. 2020-00255-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada en STC7348-2020. 14 sep, Rad. 2020-00485-01). <\/p>\n
4.2. Al respecto, es pertinente poner de presente que, en un asunto de similares caracter\u00edsticas, en el que tambi\u00e9n se reclamaba el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional con fundamento en la cl\u00e1usula 42 de la Convenci\u00f3n Colectiva celebrada entre Teletolima y Sintraofitel, se neg\u00f3 el amparo invocado, teniendo en cuenta que, al resolver el recurso de casaci\u00f3n, la Sala de Descongesti\u00f3n entonces accionada consider\u00f3 que \u00ab\u2018si las partes no establecieron expresamente que la prestaci\u00f3n regulada en la cl\u00e1usula 42 de la convenci\u00f3n colectiva 2002-2003 pod\u00eda causarse con posterioridad a la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo, el entendimiento (\u2026) que debe hacerse respecto de esta es que, el derecho procede siempre y cuando se re\u00fanan los requisitos, esto es, una vinculaci\u00f3n mediante contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido antes del 31 de enero de 1996, as\u00ed como la edad y tiempo de servicios mientras est\u00e9 en vigor el v\u00ednculo laboral, tal y como lo consider\u00f3 el Tribunal, sin apartarse del texto convencional\u2019\u00bb. <\/p>\n
Frente a ello, esta Sala de Casaci\u00f3n concluy\u00f3 que la autoridad judicial accionada \u00abvalor\u00f3 \u2018razonablemente\u2019 las pruebas que soportaron el juicio, para verificar el no cumplimiento de los presupuestos previstos en el art\u00edculo 42 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo para el otorgamiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, confront\u00e1ndolas con los preceptos y jurisprudencia que rigen la materia\u00bb, por lo que se impon\u00eda \u00abmantener el fallo refutado, en tanto la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente (\u2026) advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre (\u2026), comp\u00e1rtase o no lo solventado por el juez natural\u00bb (CSJ STC14314-2021, expediente 2021-01789-01, del 28 de octubre de 2021). <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido en precedencia, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC3057-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC3057-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01798-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 7 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62062","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62062","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62062"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62062\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62062"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62062"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62062"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}