STC3070-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3070-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00132-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Herlyde del Rosario Ni\u00f1o Reyes, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cincuenta Civil Municipal de Bogot\u00e1 de esta capital; extensiva al Juzgado Noveno Civil del Circuito de esta ciudad y a la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes en el proceso ejecutivo hipotecario con radicado N\u00b0 2003-01287 y en el amparo constitucional N\u00b0 2018-01104. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La actora exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y vivienda digna, entre otros, presuntamente vulnerados en los asuntos citados por las autoridades accionadas y solicit\u00f3: \u00ab[S]e revoque la providencia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 del 20 de junio de 2018 (\u2026) [y se emita] una decisi\u00f3n que se equipare a lo dispuesto en los fundamentos de derecho y jurisprudenciales anotados con similitud de condiciones, puesto que es [el inmueble cautelado es su] \u00fanico patrimonio y con fecha para realizar[le] el desalojo (sic) (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Requiri\u00f3 igualmente declarar la nulidad de lo actuado en el proceso ejecutivo referido, y, como medida provisional, la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega del inmueble. <\/p>\n
En apoyo de sus reparos, anot\u00f3 que el proceso cuestionado fue iniciado en su contra y de Javier Garc\u00eda Perdomo, por el entonces Banco Granahorrar S.A., para el cobro de un cr\u00e9dito de vivienda que les fue otorgado en Upacs, garantizado con hipoteca sobre el inmueble que adquirieron. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que a\u00fan cuando esa entidad financiera no cumpli\u00f3 con la reestructuraci\u00f3n de la deuda en los t\u00e9rminos de la Ley 546 de 1999, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1, tramit\u00f3 el asunto y en sentencia de 22 de agosto de 2011, dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n y proceder al remate del predio. <\/p>\n
Expuso que el ejecutante cedi\u00f3 la obligaci\u00f3n a V\u00edctor Leonel B\u00e1ez Pe\u00f1a, a quien le fue adjudicado el predio el 18 de septiembre de 2014, tras declararse la deserci\u00f3n del remate. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que el Juzgado municipal acusado, en prove\u00eddo de 27 de abril de 2017, dio por terminado el asunto ante la falta de restructuraci\u00f3n de la acreencia, previa petici\u00f3n realizada en ese sentido por la accionante, determinaci\u00f3n confirmada en apelaci\u00f3n el 22 de mayo de 2018, por el Juzgado Noveno Civil de Circuito de esta ciudad. <\/p>\n
Frente a lo anterior, el cesionario V\u00edctor Leonel B\u00e1ez Pe\u00f1a interpuso una acci\u00f3n de tutela radicada 2018-01104, tr\u00e1mite en el cual el Tribunal Superior accionado, con sentencia de 20 de junio de 2018, accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n reclamada al hallar evidencia de un posible \u00abun embargo de remanentes sobre un proceso de [cuotas de] administraci\u00f3n\u00bb; por tanto, orden\u00f3 <\/p>\n
\u00abal Juzgado 50 civil Municipal de Bogot\u00e1, que (\u2026) proceda a dejar sin valor ni efecto todo lo actuado dentro del proceso (\u2026) a partir del auto proferido el 27 de abril de 2017 y previ\u00f3 el despliegue probatorio del caso \u2013 de ser procedente \u2013 vuelva a estudiar la solicitud de nulidad que concluy\u00f3 con la terminaci\u00f3n del proceso\u00bb. <\/p>\n
Impugnada esa providencia por Harlyde del Rosario Ni\u00f1o Reyes, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, con sentencia STC9535-2018, confirm\u00f3 la citada determinaci\u00f3n. <\/p>\n
En cumplimiento del amparo rese\u00f1ado, el Juez municipal convocado, en providencia de 17 de agosto de 2018, neg\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo censurado y, apelada esa decisi\u00f3n, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de esta ciudad la ratific\u00f3 el 21 de febrero de 2019, al definir la apelaci\u00f3n propuesta por la aqu\u00ed interesada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el criterio expuesto en la se\u00f1alada acci\u00f3n de tutela contrar\u00eda la jurisprudencia constitucional pues ella prob\u00f3 que contaba con \u00abcapacidad de pago\u00bb para asumir sus obligaciones y \u00abla existencia de un remanente posterior al remate y a su leg\u00edtima adjudicaci\u00f3n, no es \u00f3bice al derecho a la reestructuraci\u00f3n\u00bb, tal como, seg\u00fan aduce, lo determin\u00f3 esta Corte en STC5248-2021. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el proceso compulsivo donde se decret\u00f3 el embargo de remanentes, fue \u00abterminado (\u2026) por pago total de la obligaci\u00f3n\u00bb, cancel\u00e1ndose \u00abla liquidaci\u00f3n final (\u2026) en t\u00edtulos judiciales (\u2026) el 13 de octubre de 2021\u00bb; todo lo cual evidencia su \u00abcapacidad de pago\u00bb y la viabilidad de terminar el asunto ejecutivo hipotecario aqu\u00ed cuestionado, por falta de reestructuraci\u00f3n, cuesti\u00f3n, esta \u00faltima, que le solicit\u00f3 al Juzgado Municipal denunciado el 14 de octubre de 2021, sin que se le diera \u00abcurso procesal (traslado)\u00bb a su reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que esta acci\u00f3n es procedente para evitar un perjuicio irremediable, pues la entrega del inmueble hipotecado ya fue fijada en el litigio censurado. <\/p>\n
2. Asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo hipotecario con radicado N\u00b0 2003-01287 y en la acci\u00f3n constitucional N\u00b0 2018-01104. <\/p>\n
3. Mediante providencia se dispuso pasar el presente asunto a los dem\u00e1s integrantes de la Sala, para que manifestaran si en ellos concurr\u00eda causal de impedimento para definir este asunto, suspendi\u00e9ndose los t\u00e9rminos para resolver, mientras se surt\u00eda dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Noveno Civil del Circuito de esta ciudad, se\u00f1al\u00f3 que conoci\u00f3 del asunto criticado, en segunda instancia, en seis oportunidades; no obstante, como el asunto se llev\u00f3 por escrito y lo devolvi\u00f3 al a quo, por \u00faltima vez, el 28 de febrero de 2020, \u00abno es posible en env\u00edo del expediente digital\u00bb. <\/p>\n
Doris Patricia Cabieles Garc\u00eda, apoderada de V\u00edctor Leonel B\u00e1ez Pe\u00f1a, expres\u00f3 que la accionante incurre en temeridad, como quiera que, en otras oportunidades, en sede constitucional, se ha discutido lo planteado por ella en esta ocasi\u00f3n. Resalt\u00f3 que la entrega del predio adjudicado a su mandatario tendr\u00eda lugar el 10 de febrero de 2022 y a\u00f1adi\u00f3 que, en todo caso, est\u00e1 \u00abdemostrado que la accionante no habita el bien inmueble (\u2026), lo tiene dado en arriendo hace varios a\u00f1os, entonces tenemos que se aprovecha de un arrendamiento que no le pertenece, para ella es un tema meramente econ\u00f3mico, ese inmueble es una fuente de ingreso abusiva, pues como se lo mencion\u00f3 la juez al arrendatario, la se\u00f1ora Herlyde del Rosario Ni\u00f1o no pod\u00eda arrendar el bien inmueble (\u2026), ya que ten\u00eda pendiente cumplir una orden de entrega de hace m\u00e1s de tres a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Ochenta y Cinco Civil Municipal de Bogot\u00e1 expres\u00f3 que el proceso iniciado por el Conjunto Residencial Parque Fontib\u00f3n contra la aqu\u00ed peticionaria, ya no est\u00e1 \u00abbajo su custodia\u00bb, pues fue remitido a su hom\u00f3logo Quince Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta capital. <\/p>\n
El Juzgado Cincuenta Civil Municipal de esta ciudad se opuso a la prosperidad del auxilio, por cuanto no ha lesionado los derechos de la solicitante. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el 20 de enero de 2022 se dio inicio a la diligencia de entrega del inmueble objeto del ejecutivo cuestionado, oportunidad en la cual se evidenci\u00f3 que \u00aben el bien no habita o reside la aqu\u00ed accionante, diligencia que fue suspendida a fin de que el arrendatario que se encontraba en el lugar y seg\u00fan su dicho paga arriendo a la se\u00f1ora Herlyde desocupara voluntariamente el bien, se\u00f1al\u00e1ndose la hora de las diez (10) A.M., del d\u00eda 10 de febrero de esta misma calenda, para proseguirse con la referida entrega, ya con el acompa\u00f1amiento de autoridad de Polic\u00eda Nacional y de las entidades distritales que acompa\u00f1an esta clase de diligencias\u00bb. <\/p>\n
Faustino C\u00e1rdenas Varela, quien afirm\u00f3 actuar como apoderado de la accionante en el caso censurado, reclam\u00f3 que se decidiera tempestivamente esta acci\u00f3n, dado el perjuicio inminente para su representada consistente en la entrega del inmueble objeto de la ejecuci\u00f3n reprochada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Examinada la queja y los soportes allegados, pronto se advierte el fracaso de la protecci\u00f3n exigida frente al fallo de tutela emitido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 20 de junio de 2018, en el radicado 2018-01104 y confirmado por esta Sala en sentencia de 26 de julio de 2018 STC9535-2018, toda vez que las decisiones que se adopten en virtud de una tutela, no pueden ser objeto de controversia a trav\u00e9s de ese mismo mecanismo, pues <\/p>\n
\u00abEl fundamento de tal improcedencia se encuentra, por un lado, en que se debe respetar la funci\u00f3n judicial que se concreta en la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y, por otro, garantizar la defensa del acceso efectivo a la justicia. (\u2026) Esta posibilidad afectar\u00eda la seguridad jur\u00eddica y la cosa juzgada adem\u00e1s de generar un perjuicio al goce efectivo de los derechos constitucionales que la tutela busca garantizar\u00bb (Corte constitucional Sentencia SU-1219 de 2001). <\/p>\n
Adem\u00e1s, esta Sala reiteradamente ha denegado tales amparos a fin de evitar <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ, 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada recientemente en STC2255-2021). <\/p>\n
Se destaca, asimismo, que la peticionaria, para controvertir lo resuelto en los fallos de tutela cuestionados, cont\u00f3 con la revisi\u00f3n de tales pronunciamientos ante la Corte Constitucional -art. 33 del Dto. 2591 de 1991- y, de ser el caso, con la posibilidad de activar el mecanismo de insistencia -Acuerdo N\u00b0 05 de 1992-; no obstante, se observa que ese Alto Tribunal excluy\u00f3 el asunto de su estudio el 30 de agosto de 20181, sin que aqu\u00e9lla manifestaran inconformidad, con lo cual las rese\u00f1adas decisiones adquirieron firmeza, siendo inviable reabrir el debate tutelar. <\/p>\n
En cuanto a lo anotado, esta Sala ha esgrimido: <\/p>\n
\u00abUna vez ha culminado el proceso de revisi\u00f3n por parte de la Corte, \u2018no hay lugar para reabrir el debate\u2019 y, por tanto, la decisi\u00f3n se torna inmutable y definitivamente vinculante, revisti\u00e9ndose de la calidad de cosa juzgada. As\u00ed las cosas, \u2018(\u2026) [d]ecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n y precluido el lapso establecido para insistir en la selecci\u00f3n de un proceso de tutela para revisi\u00f3n (\u2026), opera el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisi\u00f3n judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido\u2019. Por lo anterior, se reitera, incluso en casos en los cuales la misma parte demandante vencedora en una litis precedente, instaure una nueva acci\u00f3n de tutela que de alguna manera permita a la parte vencida en ese proceso anterior cuestionar aquella decisi\u00f3n, tales argumentos no ser\u00e1n procesalmente admisibles, pues la decisi\u00f3n del juez de tutela, una vez surtido el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n en la Corte Constitucional, se encuentra revestida de la calidad de la cosa juzgada constitucional\u201d (sentencia T-218 de 2012)\u00bb (CSJ. STC de 25 de junio de 2013, exp. 01262-00, reiterada en STC14099-2021 y STC591-2022, entre otras). <\/p>\n
2. Precisado lo anterior, corresponde ahora advertir que los cuestionamientos frente al proceso ejecutivo hipotecario reprochado, tampoco tienen vocaci\u00f3n de prosperidad, pues examinadas las diligencias aportadas, no se constata irregularidad en la actuaci\u00f3n de los funcionarios cognoscentes de dicho tr\u00e1mite, de cara a la jurisprudencia de esta Sala sobre la viabilidad de terminar un asunto como el reprochado por falta de \u00abreestructuraci\u00f3n\u00bb de la deuda, en los t\u00e9rminos de la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
Sobre lo expuesto, t\u00e9ngase en cuenta que, para casos como el presente, esta Sala reiteradamente, ha se\u00f1alado que el amparo procede si concurren los siguientes requisitos: (i) que la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente, esto es, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble hipotecado o, a\u00fan, con posterioridad, si el bien fue adjudicado a la parte ejecutante2; (ii) que se haya actuado con una m\u00ednima diligencia dentro del asunto censurado, ejerci\u00e9ndose los mecanismos de defensa procedentes; y (iii) que directa o indirectamente se afecte el derecho a la vivienda digna, conforme a lo previsto en la Ley 546 de 1999 (CSJ, STC6437-2015, reiterada en STC14456-2021 y STC13756-2021, entre otras). <\/p>\n
Asimismo, se estableci\u00f3 que en los asuntos en los que el inmueble hipotecado sea garant\u00eda de otros litigios, por cuenta de embargos de remanentes o juicios coactivos, la protecci\u00f3n constitucional no prospera, pues, en realidad, el derecho a la vivienda no podr\u00eda ser protegido (CSJ, STC17838-2016, reiterada en STC1551-2017 y STC11199-2020, entre otras). <\/p>\n
2.1. Visto lo anterior, en el presente caso, resulta necesario advertir que la tutela formulada otrora por el cesionario V\u00edctor Leonel B\u00e1ez P\u00e9\u00f1a, fue concedida en primer grado el 20 de junio de 2018 y ratificada por esta Sala, en sede de impugnaci\u00f3n el 26 de julio siguiente en STC9538-2018, en vigencia del \u00faltimo criterio expuesto, esto es, que si exist\u00edan embargos de remanentes o cobros coactivos donde el bien hipotecado se viera involucrado, la terminaci\u00f3n del litigio por falta de \u00abreestructuraci\u00f3n\u00bb no pod\u00eda prosperar. <\/p>\n
Por tanto, esta Sala, en la determinaci\u00f3n referida, expres\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[L]a Corte anticipa que ratificar\u00e1 el fallo impugnado y refrendar\u00e1 el amparo de las prerrogativas del actor, ya que, conforme lo aportado a estas diligencias se tiene que, en efecto, el estrado judicial precitado, dentro del ejecutivo singular que inco\u00f3 el Conjunto Residencial Parque de Fontib\u00f3n contra Herlyde del Rosario Ni\u00f1o Reyes, mediante auto de 4 de septiembre de 2017 decret\u00f3: <\/p>\n
\u00ab1). El embargo del remanente y\/o de los bienes que por cualquier concepto se llegaren a desembargar dentro del proceso ejecutivo hipotecario n\u00ba 2003-1287 de Granahorrar contra Herlyde del Rosario Ni\u00f1o Reyes y Javier Garc\u00eda Perdomo, que cursa en el Juzgado 50 Civil Municipal de esta urbe. Se limita a la suma de $27.500.000. Of\u00edciese. <\/p>\n
2.) El embargo del remanente y\/o de los bienes que por cualquier concepto se llegaren a desembargar dentro del proceso ejecutivo hipotecario n\u00ba 2014-0426 del Conjunto Residencial Parque de Fontib\u00f3n PROCESO HIPOTECARIO contra Herlyde del Rosario Ni\u00f1o Reyes y Javier Garc\u00eda Perdomo, que cursa en esta misma sede judicial. Se limita a la suma de $27.500.000. Of\u00edciese\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, al evidenciarse dicha cautela, se avizoraba el infortunio de cualquier petici\u00f3n tendiente a terminar el proceso por falta de reestructuraci\u00f3n, pues esa situaci\u00f3n, por s\u00ed sola, excluye todo tipo de observaci\u00f3n, tal como acertadamente lo coligi\u00f3 el Tribunal a quo\u00bb. <\/p>\n
Para dar cumplimiento al fallo de tutela confirmado por esta Sala, donde se hab\u00eda resuelto que el \u00abJuzgado 50 civil Municipal de Bogot\u00e1, (\u2026) proced[iera] a dejar sin valor ni efecto todo lo actuado dentro del proceso (\u2026) a partir del auto proferido el 27 de abril de 2017 y previ\u00f3 el despliegue probatorio del caso \u2013 de ser procedente \u2013 v[olviera] a estudiar la solicitud de nulidad que concluy\u00f3 con la terminaci\u00f3n del proceso\u00bb; esa autoridad, en providencia de 17 de agosto de 2018 neg\u00f3 la nulidad pedida y, en consecuencia, la terminaci\u00f3n del litigio por falta de \u00abreestructuraci\u00f3n\u00bb porque evidenci\u00f3 que el embargo de remanentes decretado en el ejecutivo iniciado por el Conjunto Residencial Parque de Fontib\u00f3n contra Herlyde del Rosario Ni\u00f1o Reyes, se manten\u00eda vigente. <\/p>\n
Apelada esa decisi\u00f3n, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 la mantuvo porque estim\u00f3 que el a quo hab\u00eda acertado, dado que <\/p>\n
\u00abel \u00f3rgano de cierre constitucional ha puntualizado que es deber del juez de conocimiento analizar esa particular tem\u00e1tica en asuntos como el que hoy se censura, pues lo cierto es que dicha carga se circunscribe a la verificaci\u00f3n en el mismo proceso de la existencia de otros procesos ejecutivos en contra de los obligados, embargos fiscales, particulares o de remanentes, siempre y cuando, se reitera, en el litigio se tenga noticia de ello, los deudores hubiesen aceptado estar en alguno de los eventos descritos en l\u00edneas anteriores o en su defecto, la parte ejecutante, adose las pruebas pertinentes y conducentes para acreditar las circunstancias precedentes, lo que de contera dar\u00eda al traste con el pretendido finiquito procesal. Resulta entonces que tal como lo aduce el juez de primera instancia, a folio 585 del cuaderno principal, cobra un embargo de remanentes, del cual se tiene noticia y se ten\u00eda desde mucho antes de promoverse el incidente de terminaci\u00f3n del proceso, sin que, como lo afirma la apoderada demandante, se haya levantado, pese a que este tema incidental lleva debati\u00e9ndose m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Para reforzar su decisi\u00f3n, el ad quem cit\u00f3 las sentencias STC10141-2015, STC13347-2015 y STC5560-2017 de esta Sala, relativas a la imposibilidad de terminar procesos como el aqu\u00ed cuestionado cuando existen embargos de remanentes o deudas fiscales. <\/p>\n
Se observa, asimismo, que la tutelante reiter\u00f3 su solicitud de terminar el proceso por falta de \u00abreestructuraci\u00f3n\u00bb el 20 de octubre de 2021, exponiendo que el proceso ejecutivo seguido contra ella por el Conjunto Residencial Parque hab\u00eda terminado por pago de la obligaci\u00f3n, procedi\u00e9ndose al levantamiento de las cautelas all\u00ed decretadas, lo que, en su sentir, mostraba que ya no exist\u00edan cautelas sobre el bien hipotecado y, asimismo, su \u00abcapacidad de pago\u00bb, cuestiones que, adujo, permit\u00edan la finalizaci\u00f3n del proceso, como lo resolvi\u00f3 esta sala en la sentencia STC5248-2021; sin embargo, en auto de 20 de enero de 2022, ello fue negado porque ya se encontraba dilucidado lo relativo a \u00abla falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
2.2. Para resolver el presente asunto, es necesario destacar que aunque la accionante cumpli\u00f3 con los presupuestos relativos a (i) formular la tutela antes de la entrega del bien al cesionario del cr\u00e9dito, por cuenta de la adjudicaci\u00f3n hecha en su favor, y (ii) obrar con un \u00abm\u00ednimo de diligencia\u00bb, dado que en varias oportunidades ha puesto en conocimiento de los jueces naturales la problem\u00e1tica aqu\u00ed expuesta; no cumple con el (iii) requisito, relativo a buscar con este amparo la protecci\u00f3n de su derecho a la vivienda. <\/p>\n
Sobre esa \u00faltima circunstancia, se destaca que, aun cuando en la sentencia STC5248-2021, se modific\u00f3 la postura atr\u00e1s citada, en cuanto a la inviabilidad de terminar ejecuciones como la reprochada cuando existen cautelas adicionales sobre el bien objeto de la ejecuci\u00f3n hipotecaria, toda vez que se exigi\u00f3, adem\u00e1s, que estuviese plenamente acreditado lo relativo a la \u00abcapacidad de pago\u00bb del ejecutado para definir si la terminaci\u00f3n del pleito por falta de \u00abreestructuraci\u00f3n\u00bb pod\u00eda o no tener lugar, en este caso esa postura resulta intrascendente. <\/p>\n
Lo anotado porque, como lo refiri\u00f3 la abogada del cesionario y la titular del despacho municipal censurado, la actora no habita en el predio hipotecado desde hace \u00abvarios a\u00f1os\u00bb, hall\u00e1ndose en el mismo una persona que dijo ser arrendataria y a quien se le confiri\u00f3 un plazo adicional para desalojar el predio; aspectos que muestran, sin duda, que este amparo no puede salir avante para proteger el derecho a la vivienda de la accionante, como quiera que ella no est\u00e1 ocupando el inmueble con tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
\u00ab[N] o se advierte reunido el tercer presupuesto reclamado por esta Corporaci\u00f3n como necesario para acceder a la salvaguarda incoada, relativo a que \u00ab(iii) que directa o indirectamente se afecte el derecho a la vivienda digna\u00bb, por cuanto obran en el expediente varias probanzas que descartan la vulneraci\u00f3n alegada, como pasa a enunciarse. <\/p>\n
As\u00ed, seg\u00fan la propia afirmaci\u00f3n del accionante, se avizora que \u00e9ste no reside en el inmueble objeto del gravamen hipotecario, pues, desde el a\u00f1o 2003, se encuentra domiciliado en el municipio de La Vega \u2013 Cundinamarca- . <\/p>\n
Dicha situaci\u00f3n tambi\u00e9n fue reportada por el actor al formular la tutela de radicado 2019-00907, con la que pretendi\u00f3 dejar sin efectos el prove\u00eddo de 6 de noviembre de 2018, mediante el cual el Tribunal revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo que hab\u00eda accedido a la nulidad del proceso por indebida notificaci\u00f3n de la orden de apremio y que fue resuelta por esta Sala mediante STC4410-2019. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, tampoco puede pasarse por alto la referencia de los procesos de pertenencia promovidos en contra del aqu\u00ed actor por los poseedores que, en la actualidad, habitan el predio materia de controversia; pues, si bien se trata de asuntos ajenos a este examen constitucional, s\u00ed ponen de presente que, tal como el propio tutelante lo afirm\u00f3, \u00e9ste no detenta el goce material del inmueble en disputa. <\/p>\n
Ahora, al margen del criterio de la Sala en lo atinente a la acreditaci\u00f3n de la capacidad de pago del deudor como exigencia para acceder al procedimiento de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito e independientemente de que la postura del Tribunal acusado sea o no compartida por esta Corporaci\u00f3n, lo cierto es que Luis Hernando Ortiz Huertas ha reconocido no tener su vivienda en el inmueble en controversia desde hace m\u00e1s de 15 a\u00f1os, incluso cuatro a\u00f1os antes de la iniciaci\u00f3n del juicio ejecutivo que ahora censura, por tanto, no le es dable alegar la vulneraci\u00f3n a su derecho de vivienda respecto del bien objeto de litigio, lo cual impone negar el amparo pretendido\u00bb (subraya fuera de texto) (CSJ, STC17513-2021). <\/p>\n
3. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por Herlyde del Rosario Ni\u00f1o Reyes contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cincuenta Civil Municipal de esta ciudad; extensiva al Juzgado Noveno Civil del Circuito de esta ciudad y a la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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2\u0002 CSJ STC6968-2015. <\/p>\n
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STC3070-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC3070-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00132-00 Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Herlyde del Rosario Ni\u00f1o Reyes, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62071","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62071","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62071"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62071\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62071"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62071"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62071"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}