STC3072-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3072-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01535-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 10 de agosto de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela que Claudia Helena D\u00edaz Lozano, en su calidad de Gerente Regional del Tolima de Saludvida EPS, interpuso en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Sexto Penal del Circuito de la misma ciudad, extensiva al Consejo Superior de la Judicatura -Oficina de Cobro Coactivo de Ibagu\u00e9-, la Superintendencia Nacional de Salud, la Polic\u00eda Nacional, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso radicado bajo el n\u00b0 2014-00054. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante pidi\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso y, como consecuencia, solicit\u00f3: (i) \u00abdecretar la [\u2026] suspensi\u00f3n de las sanciones impuestas en [su] contra mediante auto del 09 de abril de 2019 proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Ibagu\u00e9 y Tribunal Administrativo del Tolima, hasta que se resuelva de manera motivada y de fondo las solicitudes de inaplicaci\u00f3n radicadas.\u00bb; (ii) \u00abordenar [a dichas autoridades] inaplicar todas las sanciones impuestas\u00bb; (iii) \u00abhasta que dicho Despacho Judicial realice una adecuada valoraci\u00f3n probatoria, notificar a la direcci\u00f3n de investigaci\u00f3n criminal, a la oficina de Cobro Coactivo de la DESAJ de la suspensi\u00f3n de la misma y ordenar que as\u00ed lo registren en sus bases de datos de manera que no aparezca vigente hasta que el Despacho Judicial de conocimiento emita un pronunciamiento ajustado con el precedente jurisprudencial\u00bb. <\/p>\n
2. Para sustentar sus peticiones manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que el 9 de abril de 2019 el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagu\u00e9 la sancion\u00f3 con 3 d\u00edas de arresto y una multa equivalente a 3 S.M.L.M.V., en raz\u00f3n al desacato a la orden de tutela contenida en la sentencia de 3 de octubre de 2014, la cual fue emitida en la acci\u00f3n iniciada por Dina Mercedes Murillo Bravo; determinaci\u00f3n que fue confirmada en sede de consulta por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, mediante providencia de 23 de mayo de 2019. <\/p>\n
Asever\u00f3, que se desconoci\u00f3 la imposibilidad jur\u00eddica y material de Saludvida EPS en liquidaci\u00f3n para cumplir con lo ordenado, en raz\u00f3n al inicio del proceso de liquidaci\u00f3n y el traslado de todos sus afiliados, as\u00ed como las barreras existentes para agilizar ese tr\u00e1mite. <\/p>\n
Explic\u00f3, que los juzgadores se apartaron del debido proceso ya que desconocieron: \u00abi) los hechos que imposibilitaron el cumplimiento frente a la prestaci\u00f3n de servicios de salud, ii) el an\u00e1lisis de elementos objetivos y subjetivos para mantener la sanci\u00f3n, iii) se advierte un incorrecto an\u00e1lisis probatorio de las pruebas aportadas por la liquidaci\u00f3n y contrav\u00eda en el actuar de los despachos frente a los antecedentes jurisprudenciales existentes y iv) los antecedentes jurisprudenciales que en casos an\u00e1logos han resuelto dejar sin efecto las sanciones impuestas contra la suscrita\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, inform\u00f3 que en su momento confirm\u00f3 la sanci\u00f3n cuestionada en grado de consulta, por ser la hoy accionante la responsable de dar cumplimiento a la orden de tutela, y porque se verific\u00f3 que la se\u00f1ora Dina Mercedes Murillo Acevedo, desde el 6 de septiembre del a\u00f1o 2018, requer\u00eda la realizaci\u00f3n de una cirug\u00eda paliativa de descompresi\u00f3n de cord\u00f3n medular, la cual, pese a haber sido reprogramada en diferentes momentos [8 de octubre, 20 de diciembre de 2018 y 21 de marzo de 2019] no le fue practicada por causas ajenas a su voluntad, \u00abhecho y demora que repercut\u00eda negativamente en su salud\u00bb. <\/p>\n
Adicion\u00f3, que la respuesta brindada en su momento por la sancionada no justificaba la omisi\u00f3n de la EPS en practicar la mentada cirug\u00eda, \u00abpues ni siquiera pon\u00eda de presente las gestiones realizadas para llevar a cabo la misma.\u00bb En cuanto a las solicitudes de inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, indic\u00f3 que fueron presentadas ante el juzgado de conocimiento y no ante ese Tribunal, motivo por el que no le es atribuible la presunta omisi\u00f3n. <\/p>\n
El Consejo Superior de la Judicatura requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, toda vez que en sus funciones no se encuentran las relacionadas en la demanda. <\/p>\n
En el mismo sentido se expres\u00f3 la Superintendencia Nacional de Salud. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal accedi\u00f3 al amparo, teniendo entre sus consideraciones, que en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991, el silencio del Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagu\u00e9 y la presencia innegable de un memorial de 20 de enero de 2020, por medio del cual, la accionante solicit\u00f3 la \u00abinaplicaci\u00f3n\u00bb de la sanci\u00f3n, cuya respuesta no fue acreditada, permit\u00edan observar vulnerado el derecho al debido proceso reclamado, y orden\u00f3 a ese Despacho resolver dentro de un t\u00e9rmino perentorio. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la tutelante para reiterar sus argumentos iniciales y criticar la orden proferida, dado que, consider\u00f3: <\/p>\n
(i) \u00abpese a que ampar[\u00f3] el derecho, dej[\u00f3] la \u00faltima decisi\u00f3n en manos del juzgado promiscuo municipal de morales, bol\u00edvar (sic) para que se pronunci[ara] frente a los argumentos expuestos en la[s] solicitudes de inaplicaci\u00f3n, disposici\u00f3n que resulta contradictoria en atenci\u00f3n al hecho que ya el estrado judicial de conocimiento ha mostrado su posici\u00f3n en dejar activa la sanci\u00f3n al considerar que no existe prueba del cumplimiento del fallo tan es as\u00ed que ha omitido notificar o proferir respuesta alguna\u00bb. <\/p>\n
(ii) Se deb\u00eda \u00abanalizar que la pretensi\u00f3n principal de esta tutela es garantizar el derecho al debido proceso, a trav\u00e9s de una valoraci\u00f3n acertada del acervo probatorio, configuraci\u00f3n de elemento subjetivo y objetivo para mantener sanci\u00f3n y antecedentes jurisprudenciales, luego, dejar la decisi\u00f3n en manos del juzgado de conocimiento, dejar\u00eda en desventaja al suscrito, dado que la posici\u00f3n del Despacho es clara y apuntar\u00eda a una futura confirmaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, sin olvidar que dejar\u00eda sin recursos y en un foco de condenas injustificadas.\u00bb y, <\/p>\n
(iii) No se hizo \u00abun estudio riguroso de los elementos tanto facticos como jur\u00eddicos que convergieron en el presente asunto\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
2. El derecho al debido proceso consagrado en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica debe aplicarse en toda actuaci\u00f3n judicial y administrativa, pues las personas necesitan ser juzgadas conforme a las leyes preexistentes al acto que se les imputa, ante el juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, respetando, eso s\u00ed, los t\u00e9rminos consagrados por el legislador. <\/p>\n
3. Ahora, en relaci\u00f3n con la \u00abmora judicial\u00bb, esta Corte, ha tenido la oportunidad de acentuar que \u00abla protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u00bb. (CSJ STC, 19 sep. 2008, Rad. 01138-00, citada en STC2000-2018, reiterada en STC195-2021 y STC10205-2021). <\/p>\n
A su turno, la Corte Constitucional ha precisado que \u00abquien presenta una demanda, interpone un recurso, formula una impugnaci\u00f3n o adelanta cualquier otra actuaci\u00f3n dentro de los t\u00e9rminos legales, estando habilitado por ley para hacerlo, tiene derecho a que se le resuelva del mismo modo, dentro de los t\u00e9rminos legales dispuestos para ello\u00bb1, pues, de lo contrario, se desconocen sendas prerrogativas ius fundamentales. <\/p>\n
4. Como se dej\u00f3 establecido en los antecedentes, la accionante acredit\u00f3 haber radicado ante el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagu\u00e9, una solicitud de 20 de enero de 2020, a trav\u00e9s de la cual, requiri\u00f3 la \u00abinaplicaci\u00f3n\u00bb de la sanci\u00f3n que le fuera impuesta dentro del incidente de desacato con radicado 2014-00054. <\/p>\n
Dicha autoridad complet\u00f3 m\u00e1s de diecisiete meses sin atender la petici\u00f3n y, no obstante haber sido debidamente notificada de esta acci\u00f3n, guard\u00f3 silencio y se abstuvo de proceder como m\u00ednimo se esperaba, esto es, acreditando la respuesta suministrada plasmada en una providencia judicial. <\/p>\n
Por lo tanto, surge acertada la aplicaci\u00f3n de la presunci\u00f3n de veracidad de que trata el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991, de la que hizo uso la primera instancia, y de contera, la orden espec\u00edfica consignada en la parte resolutiva de su decisi\u00f3n, ya que, se insiste, la acci\u00f3n de tutela no fue concebida con la finalidad de conseguir decisiones concomitantes o paralelas a las que debe emitir el juez natural, m\u00e1xime si se toma en cuenta que, en esta ocasi\u00f3n, no se prob\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable o de un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional que, eventualmente, le hubiesen abierto paso al amparo de manera transitoria. <\/p>\n
5. Como consecuencia de lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Corte Constitucional. Reiterado en Sentencia T-366 de 2005. <\/p>\n
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