STC3073-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
STC3073-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01869-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 5 de octubre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Ricaurte Valencia Angulo contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de la misma ciudad y la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas -UARIV-. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y tutela efectiva, y, solicit\u00f3 \u00abdejar sin efectos la providencia del 5 del mes de agosto de [2021]\u00bb y, en su lugar, ordenar al Tribunal Superior de Cali que \u00abprofiera nueva providencia que decida el incidente de desacato, en un t\u00e9rmino perentorio e improrrogable de tres (3) d\u00edas [y] confirme la sanci\u00f3n impuesta\u00bb. <\/p>\n
En s\u00edntesis, relat\u00f3 que el 24 de mayo de 2021, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cali, ampar\u00f3 su derecho fundamental de petici\u00f3n en la acci\u00f3n de tutela que formul\u00f3 contra la UARIV y orden\u00f3 a esa entidad, resolver de fondo su pretensi\u00f3n \u00aben lo correspondiente a determinar la procedencia o no de la aplicaci\u00f3n a su solicitud de indemnizaci\u00f3n administrativa bajo el r\u00e9gimen de transici\u00f3n dispuesto en el par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 1 del Decreto 4800 de 2011 y lo dispuesto en el art\u00edculo 2.2.7.3.10 del Decreto 1084 de 2015 que contempla como ruta priorizada a aquellas personas de reparaci\u00f3n que no fueron resueltas en vigencia del Decreto 1290 de 2008\u00bb. <\/p>\n
Al considerar incumplido lo dispuesto en esa providencia, promovi\u00f3 incidente de desacato, en el cual, surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 13 de julio de 2021 se sancion\u00f3 al Representante Judicial y al Director T\u00e9cnico de la UARIV con tres d\u00edas de arresto inconmutables y multa de un salario m\u00ednimo legal mensual vigente. <\/p>\n
El 5 de agosto de 2021, en grado de consulta, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali revoc\u00f3 dicha determinaci\u00f3n, al establecer la configuraci\u00f3n de un hecho superado. <\/p>\n
El actor acus\u00f3 al Tribunal de incurrir en defecto f\u00e1ctico, procedimental y sustantivo, al fundamentar su decisi\u00f3n en la respuesta emitida por la UARIV sin tener en cuenta m\u00e1s pruebas y, no exigirle aplicar el procedimiento se\u00f1alado en el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 155 del Decreto 4800 de 2011, para las solicitudes de indemnizaci\u00f3n administrativa que no fueron resueltas por el Comit\u00e9 de Reparaciones. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cali, rese\u00f1\u00f3 las actuaciones surtidas y precis\u00f3 que la determinaci\u00f3n emitida por ese Despacho, fue referida exclusivamente a la protecci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n, comoquiera que la respuesta ofrecida por la entidad demandada no resolvi\u00f3 de fondo lo solicitado. Igualmente, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional, argumentando que la vulneraci\u00f3n alegada se discute frente a la revocatoria de la decisi\u00f3n sancionatoria por esa judicatura. <\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, alleg\u00f3 la providencia cuestionada. <\/p>\n
El Representante Judicial de la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, inform\u00f3 que dio cumplimiento a lo ordenado en la acci\u00f3n de tutela iniciada por Ricaurte Angulo Valencia, comunic\u00e1ndole que la entidad se encontraba en el t\u00e9rmino de 120 d\u00edas h\u00e1biles para dar respuesta de fondo y definir si proced\u00eda o no a favor del reclamante el reconocimiento de la medida de indemnizaci\u00f3n. Por lo dem\u00e1s, requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 el amparo tras considerar que el Tribunal acusado no incurri\u00f3 en defecto constitutivo de v\u00edas de hecho, puesto que la protecci\u00f3n reclamada por el actor se satisfizo con la respuesta ofrecida por la UARIV el 15 de julio de 2021; adem\u00e1s puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u00abIgualmente, debe se\u00f1alar la Sala que el incidente de desacato no puede versar sobre asuntos que no fueron objeto de debate en el tr\u00e1mite tutelar, sino que tienen que ser consistentes con lo que fue objeto de amparo, so pena de violar el debido proceso de las partes accionadas contra las cuales se dirige el mandato constitucional. <\/p>\n
En el caso presente, si el accionante considera que la respuesta ofrecida por la UARIV desatiende las reglas previstas en la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, debe agotar los medios de defensa judicial que ese procedimiento le ofrece para lograr sus aspiraciones, en tanto el incidente de desacato se debe ocupar, \u00fanicamente, de lo que objeto de amparo\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante, quien, en extenso escrito, insisti\u00f3 en los argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali vulner\u00f3 los derechos fundamentales del accionante con ocasi\u00f3n de la providencia proferida el 5 de agosto de 2021, con la cual revoc\u00f3 en grado de consulta la sanci\u00f3n impuesta por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cali, al Representante Judicial y al Director T\u00e9cnico de la UARIV por el incumplimiento del fallo de tutela del 24 de mayo de la misma anualidad, que ampar\u00f3 el derecho de petici\u00f3n de Ricaurte Valencia Angulo. <\/p>\n
2. Examinadas las pruebas allegadas a este tr\u00e1mite, observa la Sala, que el Tribunal Superior de Cali en la providencia acusada expres\u00f3 los motivos que la llevaron a revocar la sanci\u00f3n impuesta por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cali. <\/p>\n
Al respecto, indic\u00f3 que los sancionados allegaron informe el 17 de julio de 2021, manifestando que contaban con 120 d\u00edas para brindarle una respuesta de fondo al accionante, donde se le indicar\u00eda si ten\u00eda derecho o no a la indemnizaci\u00f3n administrativa, por el homicidio de su hijo, encontr\u00e1ndose en el t\u00e9rmino de an\u00e1lisis de dicha solicitud; adem\u00e1s, se\u00f1alaron que Ricaurte Valencia Angulo no hab\u00eda aportado documento probatorio que indicara alg\u00fan criterio de priorizaci\u00f3n, por lo cual, continuar\u00edan con el tr\u00e1mite de ruta general. <\/p>\n
De otra parte, rese\u00f1\u00f3 lo consignado en el oficio n\u00ba 202172020622841 de 15 de julio de 2021 allegado por la UARIV con el aludido informe, mediante el cual dio respuesta al derecho de petici\u00f3n elevado por el actor, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00ab[C]on el fin de dar respuesta a su petici\u00f3n relacionada con el otorgamiento de la medida de indemnizaci\u00f3n administrativa por el hecho victimizante de HOMICIDIO le informamos que luego de verificar los sistemas de informaci\u00f3n, se radic\u00f3 solicitud de indemnizaci\u00f3n administrativa en el marco de la LEY 418 DE 1997. <\/p>\n
Es de indicar que usted no ha aportado documental probatoria v\u00e1lida que indique alg\u00fan criterio de priorizaci\u00f3n, por tal motivo continuamos en el tr\u00e1mite por la Ruta General, que del t\u00e9rmino de an\u00e1lisis a la fecha han transcurrido 6 d\u00edas h\u00e1biles. <\/p>\n
La Unidad para las V\u00edctimas est\u00e1 realizando las verificaciones correspondientes en los diferentes sistemas de informaci\u00f3n para poder establecer de manera definitiva si le asiste el derecho o no a recibir la medida, de acuerdo con el procedimiento determinado en la Resoluci\u00f3n No. 01049 del 15 de marzo de 2019. <\/p>\n
Es pertinente aclararle que los montos y orden de entrega de la medida de indemnizaci\u00f3n administrativa depende de las condiciones particulares de cada v\u00edctima, del an\u00e1lisis del caso en concreto y la disponibilidad presupuestal anual con la que cuente la Unidad, de igual forma, es preciso indicar que s\u00f3lo se realizar\u00e1 la entrega de la medida a las personas que resulten priorizadas para cada vigencia de acuerdo con la aplicaci\u00f3n del M\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n. Finalmente, la entrega de la indemnizaci\u00f3n administrativa depende de que se cuente con un estado de inclusi\u00f3n en el Registro \u00danico de V\u00edctimas\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en esa informaci\u00f3n consider\u00f3 que la Unidad accionada hab\u00eda atendido de fondo la solicitud del actor, por lo cual no se cumpl\u00edan los factores para confirmar la sanci\u00f3n impuesta, debiendo ser revocada. <\/p>\n
3. Sobre el particular, advierte la Sala que el auxilio no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por lo tanto, el fallo impugnado habr\u00e1 de ser confirmado, comoquiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los defectos alegados por el petente y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, al margen de que el reclamante no comparta esas apreciaciones, no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, ya que obedecen a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis, avalada por el contexto particular que revelaba el asunto. <\/p>\n
Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, es necesario destacar que el Juez de tutela s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub examine, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio. (STC811-2022). <\/p>\n
4. De conformidad con lo exrpesado, el fallo impugnado ser\u00e1 confirmado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3073-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ STC3073-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01869-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 5 de octubre de 2021 por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62074","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62074","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62074"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62074\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62074"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62074"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62074"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}