STC3077-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3077-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02535-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 18 de enero de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela que la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013 UGPP interpuso en contra de la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta misma entidad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Treinta y Seis Laboral del Circuito de la misma ciudad, la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado, el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, y las partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral radicado bajo el n\u00b0 2017-0064200. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Para sustentar sus peticiones indic\u00f3, en s\u00edntesis, que el se\u00f1or \u00c1lvaro Romero Pineda present\u00f3 demanda ordinaria laboral en su contra, con el fin de que se le condenara al pago de una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional a partir del 1\u00b0 de febrero de 2012, bajo los par\u00e1metros y condiciones del art\u00edculo 98 de la Convenci\u00f3n Colectiva suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial el 31 de octubre de 2021. <\/p>\n
El asunto fue repartido en primera instancia al Juzgado Treinta y Seis Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, el que mediante sentencia de 22 de noviembre de 2018 absolvi\u00f3 a la demandada de todas las pretensiones y conden\u00f3 en costas al demandante. <\/p>\n
Impugnada la decisi\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en sentencia de 18 de diciembre de 2018, la confirm\u00f3, por lo que el se\u00f1or Romero Pineda interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y la Sala de Descongesti\u00f3n accionada, en sentencia SL2596-2021 cas\u00f3 el fallo de segundo grado y reconoci\u00f3, en favor del peticionario, entre otros, la prestaci\u00f3n perseguida en cuant\u00eda inicial de $1\u00b4608.021,00, y conden\u00f3 a la UGPP a pagar $12\u00b4962.491,00, por concepto de diferencias pensionales causadas desde el 20 de junio de 2014 y hasta el 31 de mayo de 2021. <\/p>\n
Aleg\u00f3, que, con la decisi\u00f3n reprochada, la accionada cometi\u00f3 defectos de conducta que conllevan a la violaci\u00f3n de los enunciados derechos. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
La Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia indic\u00f3 que en la sentencia atacada en sede constitucional no incurri\u00f3 en ning\u00fan defecto susceptible de ser amparado por este medio, puesto que se ajust\u00f3 a los precedentes de las Altas Cortes y aplic\u00f3 los principios y normas constitucionales vigentes para su expedici\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo, porque no observ\u00f3 vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la UGPP, y enfatiz\u00f3 que la simple discrepancia o desacuerdo con el contenido de una decisi\u00f3n, no habilita la interposici\u00f3n de esta acci\u00f3n, ya que se trata de un mecanismo excepcional, el cual no fue dise\u00f1ado como una instancia adicional a las existentes. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la UGPP para insistir en sus pretensiones e indicar que esta acci\u00f3n no se present\u00f3 de forma caprichosa y por un simple desacuerdo con una decisi\u00f3n judicial, sino que esa discrepancia est\u00e1 fundamentada en un \u00abtotal desconocimiento del ordenamiento jur\u00eddico vigente\u00bb. <\/p>\n
Ech\u00f3 de menos la constataci\u00f3n y un an\u00e1lisis detallado de los argumentos que expuso para demostrar que la sentencia casaci\u00f3n incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho y un abuso del derecho, por tanto, exigi\u00f3 un estudio m\u00e1s riguroso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como se dej\u00f3 consignado en los antecedentes, la UGPP pretende que se deje sin efectos la sentencia proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n 2\u00b0 de Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 8 de junio de 2021, por cuanto considera que constituye una v\u00eda de hecho vulneradora de sus prerrogativas ius fundamentales, igualmente y de manera subsidiaria solicita que se suspenda el cumplimiento de esta, \u00abhasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que se iniciar\u00eda en virtud de [la] orden tutelar\u00bb. (sic) <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, pronto advierte la Sala la improcedencia del amparo invocado, en raz\u00f3n a que no se encuentra satisfecho el requisito general de subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela interpuesta en contra de providencias judiciales, ya que, como la misma tutelante lo reconoci\u00f3, no ha agotado el mecanismo ordinario con el que cuenta para, eventualmente, obtener lo que pretende por esta v\u00eda extraordinaria. <\/p>\n
En efecto, en contra la decisi\u00f3n cuestionada procede la interposici\u00f3n del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, tal como lo contempla el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 20031, el que, se itera, se encuentra sopesado por la entidad accionante, pero no ha sido ni siquiera radicado. <\/p>\n
En situaciones de similares matices al estudiado, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abla UGPP cuenta con el remedio atr\u00e1s referido, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, el cual procede contra sentencias ejecutoriadas, que \u00abhayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro p\u00fablico o a fondos de naturaleza p\u00fablica la obligaci\u00f3n de cubrir sumas peri\u00f3dicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podr\u00e1n ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, del Contralor General de la Rep\u00fablica o del Procurador General de la Naci\u00f3n. (\u2026) La revisi\u00f3n se tramitar\u00e1 por el procedimiento se\u00f1alado para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por el respectivo c\u00f3digo (\u2026). <\/p>\n
La entidad reclamante tiene a su alcance otro medio de defensa a trav\u00e9s del cual puede procurar la protecci\u00f3n de los bienes jur\u00eddicos fundamentales que estima transgredidos, es decir, el recurso extraordinario de revisi\u00f3n de que trata el canon 30 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo, en concordancia con lo estipulado en el precepto 20 de la Ley 797 de 2003 para cuestionar la legalidad de dichas determinaciones, por lo que no resulta pertinente convertir la tutela en un camino alterno o paralelo a aqu\u00e9l, en virtud de su car\u00e1cter subsidiario y residual. (CSJ, STC, 24 abr., rad. 2020-00210-01, STC6282-2021 y STC12506-2021, reiteradas en Sentencias STC804-2022). <\/p>\n
El t\u00e9rmino que tienen las administradoras de pensiones para interponer el mecanismo \u00abextraordinario de revisi\u00f3n de las decisiones judiciales\u00bb que hayan reconocido pensiones, en contrav\u00eda del ordenamiento jur\u00eddico, seg\u00fan los art\u00edculos 30 y 32 de la Ley 712 de 2001, no puede exceder de cinco (5) a\u00f1os contados a partir de la sentencia laboral recurrida, lapso que se encuentra vigente, si en cuenta se toma que la decisi\u00f3n fustigada data del 8 de junio de 2021. <\/p>\n
3. Ahora, en relaci\u00f3n con la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela ante la existencia de otros medios ordinarios o extraordinarios de defensa, esta Sala ha manifestado en reiteradas ocasiones que: <\/p>\n
\u00abeste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala\u201d (CSJ STC7966-2018, reiterado en STC10541-2018 y en reiterada en CSJ STC2799-2020, Mar. 12 de 2020. Rad. 2020-00627-00). <\/p>\n
Por su parte, la Corte Constitucional ha puntualizado, que: \u00abtrat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos or\u00edgenes\u2019. Por tanto, no es admisible que el afectado alegue la vulneraci\u00f3n o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jur\u00eddico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para corregir durante su tr\u00e1mite las irregularidades procesales que puedan afectarle\u00bb2. <\/p>\n
4. Adicional a lo anterior, tampoco \u00abse demostr\u00f3 la necesidad de evitar un perjuicio irremediable que torne factible el amparo en forma transitoria, pues no hay evidencia sobre la presencia del da\u00f1o, esto es, grave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 14 dic. 2011, rad. 2011-00162-01; STC, 3 jul. 2012, rad. 2012-00135-01; y STC, 18 oct. 2012, rad. 2012-00213-01, reiteradas en Sentencias STC804-2022). <\/p>\n
Mem\u00f3rese que, a pesar de que una de las particularidades que reviste la tutela es su evidente car\u00e1cter informal, es necesario corroborar los hechos que dan cuenta de la violaci\u00f3n denunciada, pues, no puede concederse si no existe prueba de la transgresi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental que requiera el amparo constitucional en un proceso preferente y sumario3, ya que \u00abla persona que alega la ocurrencia de un perjuicio irremediable debe acreditar probatoriamente los hechos en los que funda la configuraci\u00f3n de dicha situaci\u00f3n\u00bb4, sin que para ello sea suficiente una simple afirmaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Como consecuencia de lo anterior se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada, aunque por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 20. REVISI\u00d3N DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERI\u00d3DICAS A CARGO DEL TESORO P\u00daBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA P\u00daBLICA. Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro p\u00fablico o a fondos de naturaleza p\u00fablica la obligaci\u00f3n de cubrir sumas peri\u00f3dicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podr\u00e1n ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, del Contralor General de la Rep\u00fablica o del Procurador General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
La revisi\u00f3n tambi\u00e9n procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacci\u00f3n o conciliaci\u00f3n judicial o extrajudicial. <\/p>\n
La revisi\u00f3n se tramitar\u00e1 por el procedimiento se\u00f1alado para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por el respectivo c\u00f3digo y podr\u00e1 solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo c\u00f3digo y, adem\u00e1s: <\/p>\n
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violaci\u00f3n al debido proceso, y b) Cuando la cuant\u00eda del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convenci\u00f3n colectiva que le eran legalmente aplicables\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. Sentencia T-396-2014. <\/p>\n
3\u0002 \u00c9nfasis no original Cfr, Sentencia T-702 de 2000 MP. Alejandro Mart\u00ednez Caballero, reiterada en 2017, en Sentencia T-471\/17 M. S.: Gloria Stella Ortiz Delgado. <\/p>\n
4\u0002 Sentencia T-471\/17 M. S.: Gloria Stella Ortiz Delgado. <\/p>\n
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STC3077-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC3077-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02535-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 18 de enero […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62076","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62076","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62076"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62076\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62076"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62076"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62076"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}