STC3083-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3083-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00013-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 27 de enero de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Hidelgardo Meza Santiago, \u00c1ngel Marchena Marchena, Adolfo Coronado Cepeda y L\u00e1zaro Rodr\u00edguez Arregui contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso laboral con radicado 2006-00361. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los actores reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y trabajo, y solicitaron, dejar sin efectos las sentencias proferidas el 10 de agosto de 2021 y el 12 de diciembre de 2017 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, respectivamente, para en su lugar, confirmar la decisi\u00f3n emitida en primera instancia en el referido asunto. <\/p>\n
Igualmente requirieron que se profiera una decisi\u00f3n acorde con las facultades ultra y extrapetita del juez constitucional. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se extraen, en s\u00edntesis, los siguientes hechos: <\/p>\n
El 29 de marzo de 2006 el Gerente del Centro Materno Infantil ESE-Ceminsa, les comunic\u00f3 a los aqu\u00ed accionantes su desvinculaci\u00f3n en cumplimiento del proceso de reorganizaci\u00f3n, redise\u00f1o y modernizaci\u00f3n, adoptado a trav\u00e9s del Acuerdo n\u00ba 0038 del 25 de enero de 2005, mediante el cual se suprimi\u00f3 la planta de personal. <\/p>\n
En consecuencia, iniciaron proceso ordinario laboral contra Ceminsa, con el fin de obtener, el reintegro al cargo que ven\u00edan desempe\u00f1ando o uno de igual o superior jerarqu\u00eda, adem\u00e1s del pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de cancelar; asunto tramitado ante el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Sabanalarga, quien, en sentencia de 2 de agosto de 2016 accedi\u00f3 a las pretensiones formuladas por los demandantes, fallo que revoc\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla el 12 de diciembre de 2017. <\/p>\n
Frente a la anterior sentencia presentaron recurso extraordinario de casaci\u00f3n, sin embargo, la Sala Especializada en Descongesti\u00f3n n\u00ba 1, mediante fallo CSJ SL3657-2021 de 10 de agosto de 2021, dispuso no casar el pronunciamiento de segunda instancia. <\/p>\n
Afirmaron los interesados que las autoridades accionadas incurrieron en v\u00eda de hecho, al no dar aplicaci\u00f3n a los art\u00edculos 467 y 468 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, as\u00ed como a los art\u00edculos 53 y 93 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y las cl\u00e1usulas m\u00e1s favorables a los trabajadores, con sujeci\u00f3n al Convenio n\u00ba 154 de la OIT. <\/p>\n
Reprocharon que igualmente desconocieron el contenido del Laudo arbitral, seg\u00fan el cual los trabajadores gozaban de estabilidad laboral y garant\u00edas frente a un cambio de empleador o transformaci\u00f3n de la empresa. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que los funcionarios accionados tuvieron en cuenta la prevalencia de las normas procesales sobre las sustanciales y \u00abdesecharon la instituci\u00f3n jur\u00eddica del laudo arbitral proferido por un tribunal de arbitramento, laudo que nunca fue atacado con recurso de anulaci\u00f3n, laudo que qued\u00f3 en firme y de obligatorio cumplimiento para las partes, y con las decisiones que se presentaron en las instancias, cercenaron esta instituci\u00f3n jur\u00eddica del laudo arbitral en materia laboral viol\u00e1ndonos el derecho fundamental al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, aseguraron que existi\u00f3 una violaci\u00f3n directa a la Ley 996 de 2005, pues su desvinculaci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo pese a la prohibici\u00f3n contemplada en los c\u00e1nones 32 y 33 de la citada normativa, teniendo en cuenta que las elecciones presidenciales fueron el 28 de mayo de 2006. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 defendi\u00f3 la legalidad de su proceder e indic\u00f3 que la decisi\u00f3n acusada se fundament\u00f3 en los precedentes jurisprudenciales fijados por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, entre ellos, la CSJ SL893-2015, reiterada, entre otras, en la CSJ SL 2247-2019 y en lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional en la sentencia C370-1999, que invoca lo expresado en providencia C527-1994. <\/p>\n
Destac\u00f3 que lo resuelto se ajust\u00f3 a los m\u00faltiples pronunciamientos de esa Corporaci\u00f3n en los cuales se estableci\u00f3 que \u00abel inter\u00e9s particular atinente a la estabilidad laboral consagrada, entre otros, en un acuerdo extralegal y en este caso en un laudo arbitral, debe ceder ante el inter\u00e9s general\u00bb, determinando la viabilidad de la supresi\u00f3n o eliminaci\u00f3n de cargos, acorde a la facultad leg\u00edtima de las entidades del Estado de reorganizarse y estructurar sus plantas de persona de acuerdo con sus necesidades. <\/p>\n
Por otra parte, consider\u00f3 inaceptable que los reclamantes acudieran a este mecanismo constitucional para introducir un debate novedoso no planteado en casaci\u00f3n, como la existencia de unas elecciones presidenciales del 2006, teniendo en cuenta que la acci\u00f3n de tutela no fue instituida para revivir un asunto ya definido con sentencia en firme y ejecutoriada o introducir hechos ajenos al litigio que origin\u00f3 el debate. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo, tras considerar que lo pretendido por los reclamantes era hacer de la acci\u00f3n constitucional una instancia adicional, para valorar nuevamente los planteamientos que ya hab\u00edan sido objeto de estudio por los jueces ordinarios. <\/p>\n
Estim\u00f3 adem\u00e1s, que los argumentos de la Sala de Descongesti\u00f3n accionada se mostraban razonables, y en este sentido, explic\u00f3: \u00ab[L]a Sala encuentra que la decisi\u00f3n objeto de cuestionamiento, no solo atiende y resuelve los reclamos que nuevamente se plantean por v\u00eda constitucional, sino que, adem\u00e1s, lo hace de manera l\u00f3gica y fundada, sustentada en precedentes jurisprudenciales y normativos que impiden llegar a sostener que la soluci\u00f3n brindada al problema jur\u00eddico propuesto, resulta ser una v\u00eda de hecho que desconoce los derechos y garant\u00edas fundamentales de los actores, motivo por el cual no se advierte necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional en el presente asunto\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por los accionantes sin exponer los argumentos de desacuerdo frente a la decisi\u00f3n constitucional, as\u00ed, \u00abNosotros los aqu\u00ed accionantes manifestamos que no estamos de acuerdo con la decisi\u00f3n de primer grado, por ende, manifestamos que impugnamos la presente decisi\u00f3n con el fin de que sea revisada por el superior jer\u00e1rquico\u00bb. <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n esta llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio, los accionantes solicitan que se dejen sin efectos las sentencias proferidas el 10 de agosto de 2021 y 12 de diciembre de 2017 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, respectivamente, en el proceso laboral por ellos iniciado contra el Centro Materno Infantil ESE-Ceminsa. <\/p>\n
3. De entrada, ha de precisarse que el an\u00e1lisis de la presente solicitud de protecci\u00f3n constitucional se ce\u00f1ir\u00e1 al pronunciamiento emitido por la Sala de Casaci\u00f3n acusada, teniendo en cuenta que fue el que defini\u00f3 la controversia y, en \u00faltimas, ese es el criterio que se impone mientras no sea invalidado o revocado. <\/p>\n
Estudiada la referida sentencia de 10 de agosto de 2021, se puede observar que la Sala de Descongesti\u00f3n accionada tras relatar los antecedentes del caso, procedi\u00f3 al estudio del cargo \u00fanico formulado por los recurrentes, quienes acusaron la decisi\u00f3n emitida por el ad quem de ser violatoria por v\u00eda directa, de los art\u00edculos 452, 467 y 468 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y 93 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Indic\u00f3 que lo planteado en el cargo, era un debate jur\u00eddico relacionado con \u00abla tensi\u00f3n normativa se genera entre la garant\u00eda de estabilidad laboral derivada de un laudo arbitral y la potestad leg\u00edtima de las entidades del Estado de reorganizarse y estructurar sus plantas de personal de acuerdo con sus necesidades\u00bb. <\/p>\n
Y en relaci\u00f3n con lo anterior, consider\u00f3 acertada la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla, refiriendo que la misma se ajustaba a la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, que ha establecido que el inter\u00e9s particular atinente a la estabilidad laboral consignada en un acuerdo extralegal, debe ceder ante el inter\u00e9s general; puso de presente adem\u00e1s, lo se\u00f1alado en providencia CSJ SL8939-2015 reiterada, entre otras, en las CSJ SL12728-2017 y CSJ SL1651-2019, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00abEn torno a dicha tem\u00e1tica, contrario a lo que arguye la censura, esta Sala de la Corte ha adoctrinado que las cl\u00e1usulas que disponen el reintegro de trabajadores, bien que provengan de disposiciones legales, acuerdos convencionales o garant\u00edas como el fuero circunstancial, en tanto intereses particulares, deben ceder ante intereses generales como los que se traducen en las facultades del Estado de reorganizar, suprimir y liquidar sus entidades administrativas, y, como consecuencia, eliminar cargos. Ante dicho panorama, se ha precisado, las medidas de reintegro se tornan de imposible cumplimiento. (Ver CSJ SL, 13 abr. 2010, rad. 33888, CSJ SL, 6 jul. 2011, rad. 39325, entre muchas otras)\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que dicha l\u00ednea argumentativa hab\u00eda sido \u00abmorigerada\u00bb por esa Colegiatura en casos donde las reestructuraciones administrativas provienen de las mismas entidades y no tienen un soporte en la protecci\u00f3n de bienes de inter\u00e9s superior, eventos en los cuales existe la posibilidad de un reintegro. Para fundamentar esa tesis, rese\u00f1\u00f3 lo dicho por la Hom\u00f3loga Laboral en la sentencia CSJ SL 16 de sep. 2008, rad. 33004, reiterada entre otras, en la CSJ SL16218-2014: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] no puede concluirse autom\u00e1ticamente que el reintegro es de imposible acatamiento, sino que es necesario verificar que la reorganizaci\u00f3n y supresi\u00f3n de cargos estuvo precedida de estudios especializados que aconsejen el reordenamiento administrativo, de manera que se acredite el cumplimiento y realizaci\u00f3n de intereses superiores, que prevalezcan sobre los derechos colectivos e individuales de los trabajadores\u00bb. <\/p>\n
No obstante, puntualiz\u00f3 que, para demostrar esa situaci\u00f3n, el reparo ten\u00eda que acudir a la v\u00eda indirecta y atacar los medios probatorios tenidos en cuenta para definir el asunto, en especial el Acuerdo 038 del 25 de enero de 2005, la Resoluci\u00f3n 00011 del 29 de marzo de 2006 y el convenio de desempe\u00f1o 0388 del 29 de diciembre de 2004, suscrito entre el Departamento del Atl\u00e1ntico y el Ministerio de Protecci\u00f3n Social, ya que, <\/p>\n
\u00abfueron estas probanzas las que le sirvieron a la alzada para arribar a la conclusi\u00f3n de que la reestructuraci\u00f3n de la entidad demandada y supresi\u00f3n de los cargos ocupados por los actores obedec\u00eda a \u00abpol\u00edticas de redise\u00f1o y modernizaci\u00f3n de la red departamental de prestadores p\u00fablicos de servicio de salud\u00bb, lo que se omiti\u00f3 por completo, sin que la Corte pueda emprender esa tarea de oficio, pues un proceder as\u00ed, implicar\u00eda no s\u00f3lo el quebranto de las reglas propias del recurso extraordinario, sino tambi\u00e9n la violaci\u00f3n del debido proceso y el derecho de defensa de la parte que no recurre en casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Bajo esas premisas, la Sala en Descongesti\u00f3n accionada determin\u00f3 que el Tribunal no incurri\u00f3 en el error alegado por los recurrentes. <\/p>\n
4. De las anteriores consideraciones, advierte la Sala que el fallo de primer grado constitucional habr\u00e1 de ser confirmado, comoquiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele la v\u00eda de hecho se\u00f1alada por los actores y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, pues la Sala de Decisi\u00f3n Laboral accionada fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en la jurisprudencia emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y la Corte Constitucional referente a la estabilidad laboral y la necesidad del Estado de restructurarse con fines e intereses superiores que prevalecen sobre los intereses individuales. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al margen de que la Sala o los reclamantes no compartan esas apreciaciones, no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, ya que obedecen a una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n, avalada por el contexto particular que revelaba el proceso. En ese sentido, esta Corte ha se\u00f1alado que, <\/p>\n
\u00abel mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ. STC de 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
Adem\u00e1s, esta Sala en pronunciamientos recientes ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abPara esta Corporaci\u00f3n es procedente el respeto por las \u00abdecisiones judiciales\u00bb, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del socorro, comp\u00e1rtase o no lo solventado por el juez natural\u00bb (STC13808-2021, reiterada en STC2310-2022). <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, y en lo referente a la queja elevada por los solicitantes sobre el desconocimiento de la Ley 996 de 2005 por parte de la Sala de Casaci\u00f3n acusada, no se emitir\u00e1 pronunciamiento, teniendo en cuenta que dicho reparo no fue formulado en el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, circunstancia que impide la intervenci\u00f3n de esta judicatura en sede constitucional. <\/p>\n
6. De conformidad con lo considerado, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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