STC3099-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3099-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-00331-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 23 de febrero de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que Inversiones Dama Salud SAS formul\u00f3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, extensiva a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor radicada bajo el n\u00b0 20-433357. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. – La sociedad accionante pidi\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, e igualdad y, solicit\u00f3, que se declarara que, (i) \u00abla sentencia proferida en ejercicio de funciones jurisdiccionales por la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, viol\u00f3 el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia\u00bb, y, (ii) \u00abla nulidad de lo actuado en el proceso 2020-433357 desde el auto 152655 de 15 de diciembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Para sustentar sus peticiones indic\u00f3, en s\u00edntesis, que Ana Lucelida G\u00f3mez Mendivelso present\u00f3 ante la Superintendencia de Industria y Comercio, demanda de protecci\u00f3n al consumidor en su contra, que se radic\u00f3 bajo el n\u00famero 20-433357. <\/p>\n
En ejercicio de su derecho de contradicci\u00f3n y defensa, contest\u00f3 la demanda el 18 de diciembre de 2020, a las 4:26 p.m., en el que pese a que las partes y dem\u00e1s referencias del documento se encontraban correctas, por un error involuntario, se\u00f1al\u00f3 el consecutivo 20-383276 y no el 20-433357, como correspond\u00eda, no obstante, en auto de 15 de diciembre de 2021, se tuvo por no contestada la demanda, y se convoc\u00f3 a las partes para llevar a cabo la audiencia de que trata el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El 20 de enero de 2022 present\u00f3 incidente nulidad \u00aben contra del auto n\u00famero 152655\u00bb, en el que argument\u00f3 que contest\u00f3 en t\u00e9rmino, sin que fuera de recibo el argumento referente a la indebida identificaci\u00f3n en el memorial, porque la solicitud fue negada en audiencia de 21 de enero subsiguiente, en la que se determin\u00f3 que deb\u00eda asumir el error de la radicaci\u00f3n, posici\u00f3n que desconoci\u00f3 la primac\u00eda de lo sustancial sobre las formalidades y descalific\u00f3 su buena fe. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y VINCULADA <\/p>\n
La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, indic\u00f3 que la tutela es improcedente, por dirigirse contra una providencia dictada en el curso de una acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor. <\/p>\n
Destac\u00f3 igualmente, que en la audiencia de que trata el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso, valor\u00f3 cada una de las pruebas allegadas por las partes y resolvi\u00f3 el incidente de nulidad propuesto por Inversiones Dama Salud SAS tras se\u00f1alar que \u00abla notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda se notific\u00f3 al correo registrado en el RUES de la demandada; sin embargo, por error de la demandada, y no de la entidad, la contestaci\u00f3n de la demanda fue enviada a una radicaci\u00f3n distinta, por lo tanto, no se vulner\u00f3 la oportunidad para solicitar pruebas\u00bb. <\/p>\n
Ana Lucena G\u00f3mez Mendivelso, se\u00f1al\u00f3 que en el sistema de consulta de tr\u00e1mites de la SIC, a trav\u00e9s de la cual se realiza el seguimiento del proceso, no se registr\u00f3 la actuaci\u00f3n se\u00f1alada; adem\u00e1s, que a su correo electr\u00f3nico no lleg\u00f3 copia de la contestaci\u00f3n aludida; resalt\u00f3 que la interesada se demor\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o en averiguar las razones por las cu\u00e1les su memorial no se hab\u00eda registrado en el sistema, e incumpli\u00f3 las reglas establecidas en el Decreto 806 de 2020 y el art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso, lo cual indicaba su mala fe. <\/p>\n
De otra parte, hizo \u00e9nfasis en que la sociedad no agot\u00f3 los recursos que ten\u00eda a su disposici\u00f3n, incumpli\u00f3 el requisito de inmediatez y desconoci\u00f3 el debido proceso. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo, bajo el argumento que la accionante no acredit\u00f3 la presencia de un perjuicio irremediable. Resalt\u00f3 que frente al auto 152655 de 2021, con el que se tuvo por no contestada la demanda, no se presentaron recursos y que se haya acudido a un tard\u00edo e infundado incidente de nulidad el cual, una vez resuelto por la autoridad de conocimiento, tampoco fue cuestionado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la sociedad para solicitar el estudio \u00abadecuado [\u2026] pues se evidencia en el fallo proferido objeto de recurso, que se omit[i\u00f3] y desat[endi\u00f3] el deber de valorar e interpretar integral y cr\u00edticamente los elementos remitidos\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3, que la entidad accionada tiene conocimiento del error involuntario en el que incurri\u00f3, y que contrario a lo afirmado por el Tribunal constitucional, se manifest\u00f3 al respecto dentro de la audiencia celebrada, al haber invocado un incidente de nulidad \u00abteniendo en cuenta que el mismo proceso dispone de una \u00fanica instancia con ocasi\u00f3n a la cuant\u00eda [\u2026] lo que no permite apelar la decisi\u00f3n para que sea revisada por un superior jer\u00e1rquico\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
2. En ese contexto, si se verifica que el accionante no agot\u00f3 \u00abtodos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance\u00bb4, el mecanismo resulta improcedente, por ausencia del requisito de subsidiariedad, a menos que se acredite la inminente consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, consistente este en el \u00abgrave e inminente detrimento de un derecho fundamental, que deba ser contrarrestado con medidas urgentes, de aplicaci\u00f3n inmediata e impostergables\u00bb5 para neutralizar, en la medida en que ello sea posible, su quebrantamiento, excluyendo eventos inciertos, riesgos potenciales y hechos verificados en el pasado remoto6; en su defecto, la falta de idoneidad o eficacia de los recursos ordinarios de defensa existentes para conjurar la respectiva situaci\u00f3n, o la presencia de un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
3. Ahora bien, en el caso bajo estudio observa la Sala que la sociedad accionante se encuentra inconforme con el auto n\u00b0 152655 de 2021, a trav\u00e9s del cual la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC tuvo por no contestada la demanda radicada bajo el n\u00b0 20-433357, as\u00ed como la determinaci\u00f3n que profiri\u00f3 en audiencia de 21 enero de 2022, en torno al incidente de nulidad que interpuso. <\/p>\n
En este punto, es evidente que la sociedad promotora del amparo, como demandada y afectada por las decisiones referidas, no hizo uso del medio de impugnaci\u00f3n instituido en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso [reposici\u00f3n] en contra de ninguna de las decisiones que ahora se\u00f1ala lesivas de sus prerrogativas constitucionales. <\/p>\n
Tal escenario, sin que se requiera de otros an\u00e1lisis, se\u00f1alan el inminente fracaso de la acci\u00f3n de tutela invocada, por la evidente ausencia del requisito de subsidiariedad analizado en l\u00edneas precedentes, situaci\u00f3n que le imped\u00eda a la sociedad Inversiones Dama Salud SAS acudir a este expedido tr\u00e1mite, en busca de revivir oportunidades procesales desaprovechadas. <\/p>\n
Sobre el precitado requisito en particular, esta Corte ha tenido la oportunidad de acentuar que este mecanismo excepcional no se ha establecido para ser utilizado en forma alternativa o sustitutiva de dichos dispositivos, al reiterar que: <\/p>\n
\u00abel accionante no pude acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00b0 dic. 2016, rad. 00607-01, STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01, STC820-2020, STC6580-2021, STC12011-2021, STC784-2022 y, STC2296-2022, entre muchas otras). <\/p>\n
4. Adem\u00e1s, no puede decirse que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 la providencia recurrida es quien lo resuelve o que no existe Superior jer\u00e1rquico que lo desvirt\u00fae, ya que de aceptarse tales afirmaciones lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio, supuestamente porque la autoridad judicial en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, \u00abrazonamiento que la Corte ha considerado deleznable\u00bb, si en cuenta se tiene que el prop\u00f3sito del Legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, fin que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia -como el que ocupa la atenci\u00f3n de esta Sala- [CSJ STC 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y 2012-02127-00]. <\/p>\n
5. En consecuencia de lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u201c(i) Que el caso tenga relevancia constitucional, esto es, que involucre la posible vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de las partes; (ii) que se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad, es decir, que al interior del proceso se hubiesen agotado todos los medios de defensa judiciales al alcance del afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, esto es, que la tutela se hubiese interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la presunta vulneraci\u00f3n; (iv) que se trate de una irregularidad procesal con un efecto decisivo en la providencia que se impugna; (v) que el tutelante identifique, de manera razonable, los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y los derechos vulnerados, as\u00ed como, de haber sido posible, la etapa en que fueron alegados en el proceso ordinario y, finalmente, (vi) que la decisi\u00f3n judicial que se cuestione no sea de tutela\u201d. Sentencia T-269 de 2018. <\/p>\n
2\u0002 Esto es, si la providencia adolece de un defecto \u201cmaterial o sustantivo, f\u00e1ctico, procedimental, decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente, org\u00e1nico, error inducido o violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u201d. Sentencia T-269 de 2018. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. Sentencia SU-050 de 2018, parafraseando lo dicho en las sentencias SU-573 de 2017, SU-050 de 2017 y SU-917 de 2010. Reiterado en Sentencia SU-573 de 2019 M.P. Carlos Bernal Pulido. <\/p>\n
4\u0002 Corte Constitucional, sentencia C- 590 de 2005, posteriormente reiterada en las providencias T-388 de 2006, SU- 946 de 2014, SU- 537 de 2017, entre otras. <\/p>\n
5\u0002 Cfr. Sentencia T-161 de 2005. <\/p>\n
6\u0002 Para cuya determinaci\u00f3n deben confluir los siguientes criterios a saber: (i) una amenaza actual e inminente, (ii) que se trate de un perjuicio grave; (iii) que sea necesaria la adopci\u00f3n de medidas urgentes y, (iv) que las mismas sean impostergables Cfr. Sentencia T-1190 de 2004. Sobre la procedencia de la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, resultan relevantes, entre otras tantas, las sentencias T-225 de 1993; SU-544 de 2001; SU-1070 de 2003; T-827 de 2003; T-1225 de 2004 y T-702 de 2008. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3099-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC3099-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-00331-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 23 de febrero […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62080","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62080","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62080"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62080\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62080"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62080"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62080"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}