STC3101-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3101-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-22-13-000-2022-00033-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n contra el fallo proferido el 24 de febrero de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro de la acci\u00f3n de tutela que Jos\u00e9 Rodrigo L\u00f3pez Mart\u00ednez formul\u00f3 contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citados Luis Carlos Jaramillo Echeverry y Rosita Garc\u00eda Zuluaga quienes participaron en el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo radicado bajo el n\u00b0 2020-00188-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El interesado solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, e igualdad y, requiri\u00f3: (i) \u00abdejar sin efectos las decisiones adoptadas en el d\u00eda 22 de octubre de 2021 y que decidi\u00f3 no reponer mediante auto del 26 de enero de 2022.\u00bb; (ii) ordenar al Juzgado accionado: a) \u00abproceder a aceptar la terminaci\u00f3n por pago del proceso adelantado por la se\u00f1ora Rosita Garc\u00eda Zuluaga\u00bb y, b). \u00abproceder a aceptar el acuerdo de transacci\u00f3n celebrado el d\u00eda 12 de abril de 2021, entre los se\u00f1ores Luis Carlos Jaramillo Echeverry [y] Jos\u00e9 Rodrigo L\u00f3pez Mart\u00ednez o[,] en su defecto[,] se permita aportar uno nuevo, ya que por la mora judicial ese acuerdo tiene a la fecha m\u00e1s de 10 meses y se continuaron causando intereses de mora.\u00bb. <\/p>\n
2. En sustento de lo anterior, indic\u00f3, en s\u00edntesis, que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales desconoci\u00f3 sus derechos fundamentales e incurri\u00f3 en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al negarse a dar por terminados los procesos ejecutivos singular y con garant\u00eda real, promovidos por \u00e9l y Rosita Garc\u00eda Zuluaga, respectivamente, en contra de Luis Carlos Jaramillo Echeverry, acumulados y radicados bajo el n\u00famero arriba rese\u00f1ado. <\/p>\n
Resalt\u00f3, que a su vez, tambi\u00e9n se tramitaban otros procesos ejecutivos en contra del citado deudor, en los Juzgados Tercero Civil del Circuito y Quinto Civil Municipal de Manizales que culminaron por pago, y desconoce si a la fecha, existen otros acreedores de Jaramillo Echeverry. <\/p>\n
Precis\u00f3, que este \u00faltimo, sin autorizaci\u00f3n del Juzgado de conocimiento, pag\u00f3 el cr\u00e9dito de la se\u00f1ora Rosita Garc\u00eda Zuluaga y celebr\u00f3 con \u00e9l un contrato de transacci\u00f3n, sin embargo, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales no aval\u00f3 dicho convenio, ni la solicitud de terminaci\u00f3n elevada por la citada ejecutante, con el argumento que se encontraba suspendido el pago a los acreedores. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales indic\u00f3 que sus decisiones se profirieron dentro del marco del debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, as\u00ed como en cabal cumplimiento del ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
A su turno, Luis Carlos Jaramillo Echeverry coadyuv\u00f3 las pretensiones de la tutela y consider\u00f3 que la funcionaria accionada incurri\u00f3 en exceso ritual manifiesto, al negarse a terminar por pago el proceso ejecutivo singular instaurado por Rosita Garc\u00eda Zuluaga y no aprobar la transacci\u00f3n que pact\u00f3 con el se\u00f1or Jos\u00e9 Rodrigo L\u00f3pez Mart\u00ednez, dado que no se est\u00e1n afectando derechos de ning\u00fan otro acreedor, se satisfacen todas las obligaciones y son las partes quienes tienen la libre disposici\u00f3n del litigio. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El Tribunal Superior de Manizales declar\u00f3 improcedente el amparo, por ausencia del requisito de subsidiariedad, en la medida que, los interesados no presentaron recursos contra las decisiones que negaron la terminaci\u00f3n por pago y la aprobaci\u00f3n del aludido acuerdo de transacci\u00f3n. Aunado a lo anterior, porque el proceso ejecutivo es id\u00f3neo y eficaz para resolver el asunto, y no se acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante para asegurar que s\u00ed agot\u00f3 los recursos \u00absuficientes\u00bb, puesto que, ante la negativa recibida frente a la transacci\u00f3n en comento, la se\u00f1ora Rosita Garc\u00eda Zuluaga radic\u00f3 solicitud de terminaci\u00f3n de su proceso; petici\u00f3n de la que se le corri\u00f3 traslado y fue respaldada por el mismo, por lo que es claro que la voluntad de las partes es finiquitar el asunto. <\/p>\n
Hizo \u00e9nfasis adem\u00e1s, en que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales, aplaz\u00f3 la decisi\u00f3n de las referidas solitudes hasta la providencia de 22 de octubre de 2021, en la que concluy\u00f3 que no acceder\u00eda a \u00e9stas por cuanto: \u00abno puede el despacho avalar dicha terminaci\u00f3n en tanto [que] al decretarse la acumulaci\u00f3n en este asunto se produjo la suspensi\u00f3n del pago a los acreedores, en aras de que fuera en este mismo proceso y por una \u00fanica cuerda que se estableciera c[\u00f3]mo se pagar\u00edan las acreencias. (\u2026) cualquier pago realizado al margen del proceso no es v\u00e1lido y en ese orden, se efect\u00faa un llamado de atenci\u00f3n al demandado, quien no solo paso por alto los ordenamientos del despacho en cuanto a la suspensi\u00f3n del pago a los acreedores, (\u2026) tampoco puede el despacho avalar la solicitud de transacci\u00f3n presentada dentro de la demanda acumulada, toda vez que la terminaci\u00f3n del proceso de forma anormal, dada la acumulaci\u00f3n, debe darse para todas las demandas y no puede estar sujeta a ninguna condici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Acorde con los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es viable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Sin embargo, en los puntuales casos en los cuales los funcionarios incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico, si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Ahora, el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto -denunciado por el actor- se configura cuando el funcionario judicial utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, de forma que, por esa v\u00eda, sus actuaciones resultan en una denegaci\u00f3n de justicia, vulnerando as\u00ed el debido proceso. <\/p>\n
Frente a esta materia en particular, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u00abuna providencia judicial puede configurarse un defecto procedimental por \u201cexceso ritual manifiesto\u201d, cuando hay una renuncia consciente de la verdad jur\u00eddica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicaci\u00f3n de las normas procesales. Espec\u00edficamente, seg\u00fan la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta cuando el operador judicial concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, convirtiendo su actuar en un acto de denegaci\u00f3n de justicia por: (i) dejar de inaplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; o (iii), incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta porque el juez no acata el mandato de dar prevalencia al derecho sustancial, situaci\u00f3n que lo lleva a denegar o vulnerar el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb (C.C. T-201 de 2015; citada en CSJ STC3119-2020, STC10167-2021, STC13728-2021, STC1389-2022 y STC2257-2022, entre muchas). <\/p>\n
2. Descendiendo al caso objeto de estudio, la Sala encuentra acreditado, con relevancia para lo que habr\u00e1 de decidirse, lo siguiente: <\/p>\n
<\/p>\n
1. La se\u00f1ora Rosita Garc\u00eda Zuluaga demand\u00f3 ejecutivamente a Luis Carlos Jaramillo Echeverry, con el fin de que se librara mandamiento de pago en contra de este, dicho asunto recibi\u00f3 por radicado el n\u00b0 2019-00019-00 y fue inicialmente tramitado por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Manizales. <\/p>\n
En la mencionada ejecuci\u00f3n se cautelaron los predios distinguido con los folios de matr\u00edcula inmobiliaria Nros. 100-193353, 100-193347, 100- 193348 y 108-51761, as\u00ed como los remanentes del proceso ejecutivo hipotecario promovido por Bancolombia S.A. en contra del citado demandado, tramitado ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
Notificado Jaramillo Echeverry y ante su comportamiento silente, se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, as\u00ed como la remisi\u00f3n del expediente a la oficina de apoyo correspondiente, y fue asignado por reparto al Juzgado Segundo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Manizales, despacho que orden\u00f3 la citaci\u00f3n de Alberto Montes Giraldo y Jos\u00e9 Rodrigo L\u00f3pez Mart\u00ednez [accionante] en su condici\u00f3n de acreedores hipotecarios del inmueble 100-51761, para que hicieran valer sus derechos, conforme a lo reglado en el art\u00edculo 462 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El se\u00f1or Alberto Montes Giraldo solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del caso porque cedi\u00f3 sus derechos a Jos\u00e9 Rodrigo L\u00f3pez Mart\u00ednez. <\/p>\n
El 23 de octubre de 2020 se acept\u00f3 la acumulaci\u00f3n, al primer litigio, de la demanda ejecutiva hipotecaria incoada por el aqu\u00ed accionante, en contra del se\u00f1or Jaramillo Echeverry y se dispuso su remisi\u00f3n al Superior por competencia, en virtud a que las pretensiones eran de mayor cuant\u00eda. <\/p>\n
2.2 Por reparto correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales, al proceso se le asign\u00f3 el n\u00famero de radicado 2020-00188-0023, y el de diciembre siguiente se avoc\u00f3 el conocimiento, se libr\u00f3 mandamiento de pago en la forma solicitada, se suspendi\u00f3 el pago a los acreedores y se dispuso el emplazamiento de todos los que tuvieren cr\u00e9ditos de ejecuci\u00f3n en contra del deudor, Luis Carlos Jaramillo Echeverry. <\/p>\n
Por otra parte, mediante oficio n\u00b0 2409\/2020-15527, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Manizales comunic\u00f3, que en el proceso ejecutivo 2020-00155-00 promovido por Jes\u00fas Giraldo Pab\u00f3n Cardona, en contra del citado Jaramillo Echeverry, se decret\u00f3 un embargo de remanentes sobre el proceso 2020-00188. <\/p>\n
El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales, en auto de 9 de febrero de 2021 especific\u00f3 que en el proceso no se hab\u00edan presentado otros acreedores para hacer valer sus derechos, y advirti\u00f3 que se continuar\u00eda el tr\u00e1mite con las personas que hac\u00edan parte del litigio; asimismo, y en atenci\u00f3n al contenido del inciso 3\u00b0 del numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 468 del C\u00f3digo General del Proceso, se tuvo por embargado el remanente para la demanda principal, esto es, la n\u00b0 2019-00019-00, y, en consecuencia, no se tendr\u00eda en cuenta la medida ordenada por el despacho municipal referido en el p\u00e1rrafo anterior. <\/p>\n
El 11 de marzo de 2021 se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n de la garant\u00eda real, la venta en p\u00fablica subasta del bien hipotecado, para que con su producto se cancelaran los cr\u00e9ditos conforme a la prelaci\u00f3n establecida en la ley sustancial, la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, la comisi\u00f3n para el secuestro y la respectiva condena en costas. <\/p>\n
Las partes de la ejecuci\u00f3n, esto es, los se\u00f1ores Jos\u00e9 Rodrigo L\u00f3pez Mart\u00ednez y Luis Carlos Jaramillo Echeverry, celebraron un acuerdo transaccional que fue presentado al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales el 22 de abril de 2021, sin embargo, este no fue avalado porque el pago a los acreedores se encontraba suspendido desde el mandamiento de pago proferido, y era imperioso que el acuerdo de voluntades fuera celebrado por todos los sujetos procesales de la demanda principal y la acumulada, y que versara sobre todas las pretensiones, de acuerdo con lo establecido en el art\u00edculo 312 del C\u00f3digo General del Proceso. Contra esa decisi\u00f3n no se interpuso recurso alguno. <\/p>\n
El 2 de junio de 2021, la apoderada judicial de la se\u00f1ora Rosita Garc\u00eda Zuluaga solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n de su proceso ejecutivo por pago total de la obligaci\u00f3n y el levantamiento de las medidas cautelares; petici\u00f3n que tambi\u00e9n fue negada en auto de 13 de julio de ese a\u00f1o, debido a la orden de suspensi\u00f3n de pago de los acreedores, ya mencionada, no obstante, se dispuso correr traslado de la misma al apoderado judicial del se\u00f1or Luis Carlos L\u00f3pez Mart\u00ednez, en conjunto con la manifestaci\u00f3n hecha en el mismo sentido por el demandado, relativa a que se estudiara nuevamente el tema. Esta providencia tampoco fue recurrida. <\/p>\n
Con el oficio 283 de 6 de julio de 2021, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales inform\u00f3 sobre la terminaci\u00f3n por pago total de la obligaci\u00f3n, del proceso ejecutivo promovido por Bancolombia en contra del se\u00f1or Jaramillo Echeverri [n\u00b0 2019-0001934] y dej\u00f3 a disposici\u00f3n las cautelas que reca\u00edan sobre los folios de matr\u00edcula inmobiliaria 100-193349, 100-193350 y 100-39352. <\/p>\n
El 30 de septiembre subsiguiente, la abogada de la ejecutante principal, Rosita Garc\u00eda Zuluaga, insisti\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales en que diera tr\u00e1mite a la terminaci\u00f3n del proceso por haberse superado todos los inconvenientes; solicitud que tambi\u00e9n fue resuelta de forma adversa el 22 de octubre de 2021, con el argumento de que el pago no era v\u00e1lido, y, a su vez, frente a la transacci\u00f3n aportada, iter\u00f3 que no pod\u00eda ser avalada, por no haberse celebrado para todas las demandas. <\/p>\n
Inconforme, la se\u00f1ora Garc\u00eda Zuluaga interpuso los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, en los que adujo que la terminaci\u00f3n de su proceso ejecutivo no afectaba negativamente el acumulado, sino, todo lo contrario, lo beneficiaba porque liberaba unos bienes que engrosar\u00edan la garant\u00eda del acreedor hipotecario, a\u00fan m\u00e1s cuando su derecho real no se ve menoscabado. A la par, se\u00f1al\u00f3 que es injusto obligarla a negarse a recibir el pago y esperar las resultas de la ejecuci\u00f3n, pues la pon\u00eda en una posici\u00f3n residual que podr\u00eda obstaculizar la satisfacci\u00f3n de su cr\u00e9dito. <\/p>\n
Ese recurso fue respaldado tanto por el demandado Luis Carlos Jaramillo Echeverry, como por el se\u00f1or Luis Carlos L\u00f3pez Mart\u00ednez, tras considerar que se cancel\u00f3 la obligaci\u00f3n y que ning\u00fan perjuicio le causa al acreedor hipotecario; adem\u00e1s, porque existe acuerdo transaccional entre estos y son las partes quienes tienen la disposici\u00f3n del litigio. <\/p>\n
En auto de 26 de enero de 2022 se rechazaron los recursos en comento, con sustento en que el art\u00edculo 463 del en su numeral segundo, establece que, trat\u00e1ndose de la acumulaci\u00f3n de demandas, se debe \u00absuspender el pago a los acreedores y emplazar a todos los que tengan cr\u00e9ditos con t\u00edtulos de ejecuci\u00f3n contra el deudor, para que comparezca a hacerlos valer mediante acumulaci\u00f3n de sus demandas, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes.\u00bb Adicionalmente, consider\u00f3, que: <\/p>\n
\u00aben el auto [en el] que se dispuso librar mandamiento de pago en favor de Jos\u00e9 Rodrigo L\u00f3pez Mart\u00ednez se profiri\u00f3 dicho ordenamiento [el que es vinculante para las partes] <\/p>\n
Ahora, respecto de la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, el art\u00edculo 2499 regula que pertenecen a la tercera clase los cr\u00e9ditos hipotecarios; mientras que el art\u00edculo 2509 asigna la quinta clase a aquellos cr\u00e9ditos que no gozan de preferencia. <\/p>\n
[\u2026] en este asunto, se present\u00f3 una acumulaci\u00f3n de demandas; como se dijo en el ac\u00e1pite de antecedentes, se encontraba en curso en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Manizales (sic) el proceso ejecutivo promovido a instancia de Rosita Garc\u00eda Zuluaga en contra de Luis Carlos Jaramillo Echeverry; y en el marco de dicho asunto se present\u00f3 la demanda para la efectividad de la garant\u00eda real promovida por Jos\u00e9 Rodrigo L\u00f3pez Mart\u00ednez. <\/p>\n
De lo anterior refulge con claridad que mientras que el cr\u00e9dito de Jos\u00e9 Rodrigo L\u00f3pez Mart\u00ednez pertenece a los de tercera clase en virtud de la garant\u00eda a su favor, el de Rosita Garc\u00eda Zuluaga al de quinta clase, por no tener preferencia alguna, y en ese orden, el primero debi\u00f3 ser cubierto con preferencia, y en el marco del presente proceso, tal y como se orden\u00f3 desde que se libr\u00f3 mandamiento de pago y no con pagos al margen del proceso y acomodados al arbitrio del demandado, que ha demostrado desatender los ordenamientos del despacho y las reglas propias del proceso. Es mas -sic- con las manifestaciones de la apoderada que representa a Rosita Garc\u00eda Zuluaga en el sentido que su poderdante no pod\u00eda quedarse esperando para ver si quedaba plata para cubrir su cr\u00e9dito, se advierte cierto desapego de la norma, sin tener en cuenta que ella est\u00e1 atada a las resultas del proceso y que no resulta viable tratar de obtener beneficios en desmedro de los dem\u00e1s intervinientes y en abierta contravenci\u00f3n de lo ordenado por el despacho, como consecuencia de la ya mencionada acumulaci\u00f3n. <\/p>\n
En este orden, la determinaci\u00f3n del despacho no es antojadiza, como lo pretenden hacer ver las partes, sino que tiene como \u00fanico y principal fin, resguardar las decisiones que se encuentran debidamente ejecutoriadas, y que tienen respaldo legal, al haber sido proferidas bajo el amparo de la normatividad legal vigente para el presente asunto, como lo es el art\u00edculo 463 del C.G.P y garantizar el curso del proceso, conforme el procedimiento determinado por el legislador. <\/p>\n
Se suma a lo anterior que el art\u00edculo 1636 del C. Civil, sobre el pago, como forma de extinci\u00f3n de las obligaciones, consagra: \u201cEl pago hecho al acreedor es nulo en los casos siguientes: 1o.) Si el acreedor no tiene la administraci\u00f3n de sus bienes; salvo en cuanto se probare que la cosa pagada se ha empleado en provecho del acreedor, y en cuanto este provecho se justifique con arreglo al art\u00edculo 1747. 2o.) Si por el juez se ha embargado la deuda o mandado retener el pago. 3o.) Si se paga al deudor insolvente en fraude de los acreedores a cuyo favor se ha abierto concurso\u201d. <\/p>\n
Es as\u00ed que no encuentra el despacho que los argumentos de la recurrente tengan la vocaci\u00f3n para que se proceda a reponer la decisi\u00f3n, por lo que se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume el auto a trav\u00e9s del cual se neg\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por pago. <\/p>\n
En cuanto al recurso de apelaci\u00f3n presentado subsidiariamente, el auto que no accede a la terminaci\u00f3n de la causa ejecutiva no tiene contemplado dicho recurso, al no estar contenido en el art.321 del C.G. del P., o en otra norma especial de dicho compendio, por lo que no se conceder\u00e1\u00bb. <\/p>\n
3. Puestas as\u00ed las cosas, observa la Sala que la negativa criticada por el accionante constituye uno de aquellos escenarios de exceso ritual manifiesto mencionados en el numeral 1\u00b0 de esta providencia, dado que, no resulta justificable abstenerse de finiquitar un asunto como el estudiado, en contra de la inequ\u00edvoca voluntad expuesta por los propios sujetos procesales. <\/p>\n
Es que la Sala no encuentra respaldo en el ordenamiento jur\u00eddico, a la posici\u00f3n asumida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales, en torno a que, como no se pag\u00f3 en primer lugar la acreencia respaldada con garant\u00eda real, no se pod\u00eda cancelar la de contenido quirografario, si se toma en cuenta la realidad procesal, que permite observar que, en este momento, tanto la acreedora de la ejecuci\u00f3n inicial, Rosita Gaviria Zuluaga, como el \u00fanico acreedor hipotecario acumulado, Jos\u00e9 Rodrigo L\u00f3pez Mart\u00ednez, solicitaron al un\u00edsono declarar la terminaci\u00f3n inmediata de sus cobros, la primera, por el pago total de la obligaci\u00f3n que exist\u00eda a su favor y, el segundo, con base en el acuerdo transaccional suscrito con el deudor Luis Carlos Jaramillo Echeverry, quien, a su vez, tambi\u00e9n consinti\u00f3 en dichas peticiones. <\/p>\n
Ahora, si se mira con detenimiento, a falta de otros acreedores que hubiesen acumulado sus cobros en el asunto inicial, que eventualmente pudiesen ver insatisfechos sus derechos, tanto el orden, como la forma en la que se hubiesen atendido los cr\u00e9ditos pendientes, resulta ser una discusi\u00f3n injustificada que en nada altera el fin perseguido por las partes en conflicto, se insiste, terminar los litigios existentes, con base en la clara expresi\u00f3n de sus voluntades. <\/p>\n
Es aqu\u00ed donde cobra gran relevancia la nota jurisprudencial tra\u00edda a colaci\u00f3n y que se\u00f1ala, que los jueces no pueden imponer su particular lectura normativa como una barrera para efectivizar los derechos de las partes, en un actuar r\u00edgido e irreflexivo que desconozca la realidad expuesta por los intervinientes. <\/p>\n
4. Considera la Sala que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales err\u00f3 al dar prevalencia a las formalidades sobre el derecho sustancial, en detrimento del derecho al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de los sujetos participantes en el juicio puesto en su conocimiento, y como consecuencia de todo lo anterior, se revocar\u00e1 el fallo impugnado para que la nombrada autoridad proceda a resolver nuevamente sobre la tem\u00e1tica planteada, pues, contrario a lo dilucidado por el Tribunal Superior constitucional el accionante agot\u00f3 los medios defensivos que tuvo a su disposici\u00f3n y, no obstante, el Juzgado accionado no flexibiliz\u00f3 su postura. <\/p>\n
5. En ese orden, se conceder\u00e1 el amparo y se ordenar\u00e1 lo pertinente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia constitucional impugnada y, en su lugar, CONCEDER el amparo solicitado por Jos\u00e9 Rodrigo L\u00f3pez Mart\u00ednez. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR al citado Despacho que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, y con base en los lineamientos expuestos en esta providencia, decida nuevamente sobre la transacci\u00f3n suscrita entre los se\u00f1ores Jos\u00e9 Rodrigo L\u00f3pez Mart\u00ednez y Luis Carlos Jaramillo Echeverry presentada en el proceso mencionado, as\u00ed como la solicitud de terminaci\u00f3n que, por pago total de la obligaci\u00f3n elev\u00f3 la se\u00f1ora Rosita Gaviria Zuluaga, para ese mismo litigio. <\/p>\n
CUARTO: COMUN\u00cdCAR lo resuelto a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC3101-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC3101-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-22-13-000-2022-00033-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n contra el fallo proferido el 24 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62082","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62082","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62082"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62082\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62082"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62082"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62082"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}