STC3102-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3102-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 25000-22-13-000-2022-00041-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 23 de febrero de 2022, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Horacio Gait\u00e1n G\u00f3mez frente a los Juzgados de Familia de Funza y Civil Municipal de Mosquera, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso de sucesi\u00f3n, con radicado 2017-00064. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su nombre, el solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados por los Juzgados accionados, y, para su restablecimiento requiri\u00f3 que, (i) \u00abse ordene al juzgado accionado dejar sin efectos sus decisiones tomadas en la diligencia de inventarios y aval\u00faos\u00bb y, (ii) \u00abproceda a dejar sin valor ni efectos los autos del Juzgado accionado de negativa del decreto y pr\u00e1ctica de esas pruebas, y le imprima las directrices para actuar sin vulneraci\u00f3n del debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, luego de varios tropiezos y demoras injustificadas, el despacho se\u00f1al\u00f3 el 16 de septiembre de 2021, para llevar a cabo la diligencia de inventarios y aval\u00faos. <\/p>\n
Inform\u00f3 que, previo al inicio de la misma, su apoderado judicial mediante correo electr\u00f3nico present\u00f3 al despacho escrito de inventarios y aval\u00faos debidamente explicados, en los que demostraba que las cuotas sociales de la de cujus ten\u00edan un valor que superaba los $6.700.000.000,oo, sin embargo, el Juzgado no los tuvo en cuenta y ni siquiera los present\u00f3 en la audiencia, tras argumentar que estaban en la misma l\u00ednea del allegado por el procurador que representa a sus dos hermanas. <\/p>\n
Expuso que, como adem\u00e1s, al haberse presentado objeciones a los inventarios, el Juzgado Civil Municipal de Mosquera debi\u00f3 atender lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 501 del C\u00f3digo General del Proceso que se\u00f1ala que la audiencia debe suspenderse para que se pudieran allegar las pruebas, sin que tal actuaci\u00f3n hubiese acaecido, interpuso recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n que fueron negados; frente a la denegatoria de la alzada recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y en queja subsidiaria in\u00fatilmente, porque el Juzgado de Familia de Funza confirm\u00f3 tal decisi\u00f3n. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, adem\u00e1s, present\u00f3 el 16 de septiembre de 2021 incidente de declaratoria de incompetencia, que reiter\u00f3 de manera posterior en dos oportunidades, sin que hasta la fecha se haya emitido pronunciamiento alguno. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juez de Familia de Funza, adem\u00e1s de remitir el expediente digital del proceso censurado, inform\u00f3 que conoci\u00f3 del recurso de queja que concedi\u00f3 el Civil Municipal de Mosquera en el juicio sucesorio de la causante Amanda G\u00f3mez de Gait\u00e1n, en el que emiti\u00f3 la decisi\u00f3n conforme a derecho. <\/p>\n
La apoderada del heredero Luis Carlos Gait\u00e1n G\u00f3mez, solicit\u00f3 negar la acci\u00f3n de tutela bajo el argumento que lo pretendido por el accionante es suplantar la decisi\u00f3n del juez ordinario y limitar su discrecionalidad, lo que es contrario a derecho. <\/p>\n
El procurador judicial de las herederas Marta Ofelia y Nancy Amanda Gait\u00e1n G\u00f3mez, coadyuvaron la petici\u00f3n formulada por el accionante, a fin de que se realice control constitucional a las actuaciones surtidas por el Juzgado de conocimiento. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cundinamarca concedi\u00f3 el amparo constitucional \u00abpara que la autoridad local demandada encauce y decida las apelaciones comentadas por la v\u00eda de la reposici\u00f3n; as\u00ed, confluye que esa sede judicial deber\u00e1 reexaminar y desatar la contradicci\u00f3n planteada por el quejoso, lo que naturalmente deriva en el resurgimiento de la oportunidad de que se verifique lo esgrimido en la solicitud de amparo, circunstancia que en virtud del principio de subsidiariedad que rige a esta clase de actuaciones, impide a esta corporaci\u00f3n adentrarse en el fondo de la discusi\u00f3n en que ahora plantea el actor\u00bb. <\/p>\n
La anterior decisi\u00f3n tuvo como sustento las siguientes reflexiones, <\/p>\n
\u00abSin entrar a considerar s\u00ed la oficina municipal anduvo acertada o no cuando rechaz\u00f3 por improcedente las alzadas esgrimidas contra los autos que desataron adversamente el pedido probatorio e incidente formulado dentro de la audiencia de inventarios seguida en la pugna que involucra al aqu\u00ed solicitante del amparo ni tampoco calificar la actividad del juzgado del circuito que desat\u00f3 las quejas respectivas, encuentra este tribunal que el despacho municipal, en cuanto al tr\u00e1mite que dio a los recursos de apelaci\u00f3n que enderez\u00f3 el aqu\u00ed actor contra las providencias reprendidas, no enalteci\u00f3 los lineamientos trazados en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual, \u201ccuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deber\u00e1 tramitar la impugnaci\u00f3n por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente\u201d; as\u00ed son las cosas porque de considerar impertinentes aquellas apelaciones, en tanto que estim\u00f3 que el pleito combatido era de m\u00ednima cuant\u00eda, como es natural, exig\u00eda particularmente que las puntuales inconformidades expuestas en las apelaciones fuesen solucionadas por el sendero del recurso de reposici\u00f3n conforme lo erige la norma reci\u00e9n transcrita\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme el accionante, manifest\u00f3 que se trat\u00f3 de un fallo parcial, en la medida que no se definieron todos los aspectos que constitu\u00edan el amparo, puesto que, \u00aben una forma reiterativa se insisti\u00f3 en que la tutela iba con contra del Juzgado Civil Municipal de Mosquera y el Juez de Familia del Circuito de Funza, respecto de lo cual no dijo nada el tribunal, a pesar de la protuberante falencia de la conducta de los entes accionados\u00bb. <\/p>\n
Mas adelant\u00e9 agreg\u00f3 que \u00abMi inconformidad con el fallo emitido por el tribunal obedece al hecho que veo una omisi\u00f3n de decidir todos los puntos objeto de la acci\u00f3n de tutela, donde sin raz\u00f3n no define nada en relaci\u00f3n con el tema de la cuant\u00eda ya latente en este proceso. Desde la primera instancia se pidi\u00f3 que se decretara como prueba, el env\u00edo del expediente que recoge ese proceso de sucesi\u00f3n, donde los interesados, en especial mi apoderado que en ese proceso me representa, aport\u00f3 unos medios de prueba contundentes en los cuales aparece que los bienes relictos superan los seis mil millones de pesos. Si esto es as\u00ed, no encuentro raz\u00f3n por la cual los juzgados accionados se empecinen en omitir medidas de saneamiento y de control de legalidad, que se lo impone el art\u00edculo 521 del CGP y no respete el inter\u00e9s de los herederos que se le d\u00e9 un valor real a los bienes y un capital tan cuantioso se limite al irrisorio nominal que le quiere dar el Juzgado a toda costa\u00bb, a lo que agreg\u00f3. <\/p>\n
\u00abEl fallo impugnado omiti\u00f3 a toda costa cualquier an\u00e1lisis al respecto, precisamente porque no tuvo a su disposici\u00f3n todo el expediente que recoge el juicio de sucesi\u00f3n, que con tanta insistencia yo solicit\u00e9 como prueba en todo el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela. Es que tanto en el escrito de inventarios y aval\u00faos presentado por el abogado que representa al suscrito, como en el escrito de la objeci\u00f3n que present\u00f3 contra el inventario del Albacea, se aport\u00f3 una serie de documentos y medios de prueba, de donde se concluye sin lugar a equ\u00edvocos que el valor del capital de la causante es de miles de millones de pesos, y no puedo entender c\u00f3mo es que una juez se empecina a tramitar el proceso en su despacho municipal y en una cuant\u00eda m\u00ednima, para que sea de \u00fanica instancia y todas sus decisiones no tengan contradicci\u00f3n en una segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n atacada, en la que, el Tribunal Superior de Cundinamarca concedi\u00f3 el amparo a fin de que el Juzgado Civil Municipal de Mosquera resolviera los recursos formulados por el actor, siendo esa la oportunidad para reexaminar las inconformidades objeto de la queja constitucional, garantizando as\u00ed el derecho al debido proceso del accionante. <\/p>\n
Y es que, cotejados tanto los reparos elevados por el se\u00f1or Horacio Gait\u00e1n G\u00f3mez en el escrito inicial como en la impugnaci\u00f3n, es claro que, la queja constitucional est\u00e1 dirigida a que, (i) \u00abse ordene al juzgado accionado dejar sin efectos sus decisiones tomadas en la diligencia de inventarios y aval\u00faos\u00bb y, (ii) \u00abproceda a dejar sin valor ni efectos los autos del Juzgado accionado de negativa del decreto y pr\u00e1ctica de esas pruebas, y le imprima las directrices para actuar sin vulneraci\u00f3n del debido proceso\u00bb, raz\u00f3n por la cual, surge de manera clara que, al juzgador constitucional en cumplimiento del principio de la subsidiariedad, no le era factible pronunciarse sobre el fondo del asunto, pues tal competencia correspond\u00eda al Juzgado Civil Municipal de Mosquera, como fue ordenado. <\/p>\n
2. Ahora bien, la Sala advierte que en cumplimiento del fallo de primer grado, el 28 de febrero de 2022, el nombrado Juzgado Civil Municipal de Mosquera, llev\u00f3 a cabo control de legalidad frente a la audiencia de inventarios y aval\u00faos adelantada el 16 de septiembre de 2021, y resolvi\u00f3 dejarla sin valor y efecto, procediendo a iniciarla de nuevo con la intervenci\u00f3n de los apoderados judiciales de los herederos, ci\u00f1\u00e9ndose al tr\u00e1mite contemplado en el art\u00edculo 501 del C\u00f3digo General del Proceso, teniendo en cuenta los inventarios y aval\u00faos allegados por las partes, y ante las objeciones formuladas, concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de 5 d\u00edas para las solicitudes probatorias. <\/p>\n
As\u00ed mismo, en la referida diligencia, emiti\u00f3 pronunciamiento frente a la solicitud del incidente de competencia, ordenando correr traslado a las partes por el t\u00e9rmino de 3 d\u00edas, conforme a lo ordenado en el art\u00edculo 129 numeral 3 del Estatuto Procedimental. [Derivado expediente digital archivo 27. Cumplimientoalfallo.pdf]. <\/p>\n
3. En relaci\u00f3n con la inconformidad que ata\u00f1e a que el Tribunal constitucional de primera instancia no realiz\u00f3 un debido estudio ante la falta del expediente contentivo del juicio objeto de estudio, esta afirmaci\u00f3n carece de asidero f\u00e1ctico, en tanto que, revisadas las piezas digitales allegadas a este tr\u00e1mite, se puede observar que, el Juzgado de Familia de Funza, en la respuesta emitida, alleg\u00f3 el enlace del proceso cuestionado, que si bien, fue remitido con radicaci\u00f3n err\u00f3nea \u00ab25286311000120210079200\u00bb, siendo la correcta, 5473400300120170006400, lo cierto es que tal expediente corresponde al juicio sucesorio de la causante Amanda G\u00f3mez de Gait\u00e1n y contiene todas las actuaciones adelantadas en dicho tr\u00e1mite, por lo que, y contrario a lo afirmado por el aqu\u00ed accionante, tal expediente fue de conocimiento del a quo. [Derivado expediente digital archivo 07.Linkinformetutela.pdf]. <\/p>\n
4. De acuerdo con lo expresado, se impone la confirmaci\u00f3n del fallo de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil a los interesados y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3102-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC3102-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 25000-22-13-000-2022-00041-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 23 de febrero […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62083","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62083","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62083"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62083\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62083"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62083"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62083"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}