STC3104-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3104-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2022-00059-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 23 de febrero de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la acci\u00f3n de tutela que Asesor\u00edas y Servicios de Ingenier\u00eda – ASER Ingenier\u00eda, formul\u00f3 contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Edificio Vista Verde PH y las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo radicado n\u00b0 2019-120. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El representante legal de la sociedad accionante, solicit\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la igualdad, y requiri\u00f3 \u00abordenar al juzgado tutelado el env\u00edo del expediente a los juzgados de ejecuci\u00f3n civil del circuito de la ciudad para que asuma la competencia o en efecto subsidiario proceda a lo siguiente: 1. Resolver sobre la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra el \u00faltimo auto del 14 de enero del 2022 y enviarse al Magistrado Jos\u00e9 Mauricio Mar\u00edn quien ha venido asumiendo [\u2026] en segunda instancia\u00ab y, \u00ab2. Correr traslado por secretaria de la liquidaci\u00f3n judicial allegada desde el 23 de marzo del 2021\u00bb. <\/p>\n
Para sustentar sus peticiones indic\u00f3, en s\u00edntesis, que en el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga se adelanta el proceso ejecutivo que promovi\u00f3 contra el Edificio Vista Verde PH, en el que \u00abse encuentra en firme la sentencia, el auto que fij\u00f3 costas y agencias en derecho\u00bb; el 13 de enero de 2020 present\u00f3 un \u00abincidente contra los destinatarios de los oficios embargos\u00bb (sic), por el incumplimiento de las medidas cautelares \u00abal no colocar los dineros ordenados\u00bb, y han transcurrido dos a\u00f1os sin una decisi\u00f3n de fondo. <\/p>\n
Agreg\u00f3, adem\u00e1s, que como el 10 de junio de 2021 el juzgado accionado orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente a los de ejecuci\u00f3n, \u00aby el 13 de enero de 2022 qued\u00f3 en firme y ejecutoriada la providencia mencionada\u00bb, el Juzgado nombrado perdi\u00f3 competencia para continuar conociendo de la ejecuci\u00f3n, y, en consecuencia, al no observar lo ordenado en el Acuerdo PSAA13-9984 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se vulneran sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Finalmente, indic\u00f3 que tampoco se ha resuelto la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n que interpuso contra el auto proferido en el incidente mencionado el 14 de enero del 2022, ni se ha dado el traslado que por secretaria se deb\u00eda realizar a la liquidaci\u00f3n que alleg\u00f3 el 23 de enero de 2021. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, inform\u00f3 las actuaciones surtidas en el proceso ejecutivo y precis\u00f3 que el 4 de febrero de 2021 orden\u00f3 la apertura de un tr\u00e1mite incidental por desacato a las \u00f3rdenes impartidas en el curso del proceso, y neg\u00f3 otras medidas cautelares solicitadas el 18 de noviembre de 2020. <\/p>\n
Adicion\u00f3, que el 15 de marzo de 2021 orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y notificar a los incidentados; que el 10 de junio de 2021 aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas y en el tr\u00e1mite incidental puso en conocimiento las respuestas allegadas el 26 de julio subsiguiente, Corina Buend\u00eda Grigoriu formul\u00f3 una solicitud de nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo. <\/p>\n
Puso de presente, que la providencia que aprob\u00f3 costas y orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente a los juzgados de ejecuci\u00f3n de sentencias, fue recurrido en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria, decididos el 16 de diciembre de 2021, providencia que, a su vez, tambi\u00e9n fue objeto de controversia por la parte demandante y los se\u00f1ores Corina Buend\u00eda Grigoriu y Bjorn Reu, y se encuentra pendiente por resolver, pero la conocida congesti\u00f3n judicial no se lo ha permitido. <\/p>\n
Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que el accionante ha usado de manera \u00abdesmedida\u00bb la acci\u00f3n de tutela a fin de buscar que sus peticiones se resuelvan de forma m\u00e1s c\u00e9lere, y a la fecha, ha interpuesto un total de catorce acciones constitucionales. <\/p>\n
El Edificio Vista Verde P. H. a trav\u00e9s de apoderada indic\u00f3 que la parte demandante ha presentado un gran c\u00famulo de actuaciones procesales que han trastornado el proceso ejecutivo, desde memoriales simples, recursos, tutelas contra sentencias, terminaciones, nulidades; peticiones todas estas, que han impedido el env\u00edo del proceso a los juzgados de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bucaramanga, luego de efectuar una revisi\u00f3n del expediente digital, neg\u00f3 el amparo por improcedente, tras considerar que las peticiones presentadas por la sociedad accionante \u00abhan sido resueltas en t\u00e9rminos razonables\u00bb; aunado a lo anterior, consider\u00f3 que la sociedad accionante \u00abno puede pretender, como lo ha venido haciendo con las m\u00faltiples acciones de tutela que ha instaurado frente al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, que de forma casi que inmediata le sean estudiadas y resueltas por el juez director del proceso sus peticiones, porque son muchos los asuntos sometidos a conocimiento del juez y \u00e9ste debe respetar los turnos para resolver, salvo que exista prelaci\u00f3n constitucional o legal\u00bb, m\u00e1xime si se toma en cuenta que tan solo ha transcurri\u00f3 un mes desde la \u00faltima acci\u00f3n de tutela que present\u00f3 por hechos similares. <\/p>\n
De tal manera, se\u00f1al\u00f3 que mientras se encuentre pendiente la decisi\u00f3n del Juez Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga sobre la concesi\u00f3n o no del recurso de apelaci\u00f3n formulado por una de las partes, no puede el juez de tutela arrogarse la competencia para dirigir y resolver el proceso. El competente para estudiar esta petici\u00f3n es el juez natural, quien deber\u00e1 tomar la decisi\u00f3n fundada en derecho. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la tutelante para indicar que no se resolvi\u00f3 \u00abde forma contundente la petici\u00f3n principal\u00bb, esto es, el env\u00edo del expediente a los juzgados de ejecuci\u00f3n, tomando en cuenta que el accionado perdi\u00f3 competencia, al quedar ejecutoriada la orden impartida en tal sentido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como mecanismo preferente y sumario, tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de las personas cuando quiera que sean amenazados o vulnerados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de un particular -en casos excepcionales- siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o salvo que aquella se utilice como un dispositivo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable1. <\/p>\n
2. Frente a la concreta inconformidad planteada por la impugnante, basta decir que, si bien, con vista en lo establecido en los Acuerdos PSAA13-99842, PCSJA17-106783 y PCSJA18-110324, expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, el proceso ejecutivo al que se circunscribe la controversia -en principio- cumple con los criterios necesarios para que sea remitido a los juzgados de ejecuci\u00f3n, no menos cierto resulta que, de cara a las m\u00faltiples peticiones, recursos e incidentes invocados por los sujetos procesales, as\u00ed como las catorce acciones constitucionales de tutela que ha presentado la sociedad accionante en el tr\u00e1mite de la ejecuci\u00f3n, surge razonable que el mismo no haya sido enviado a\u00fan a esas oficinas, lo que descarta de tajo la configuraci\u00f3n de una eventual \u00abmora judicial\u00bb. <\/p>\n
S\u00famese a lo anterior que, a la fecha, se encuentra pendiente la concesi\u00f3n de una apelaci\u00f3n, as\u00ed como la consecuente remisi\u00f3n del caso al Superior para lo de su cargo, aspectos que son del resorte del juzgador de conocimiento. <\/p>\n
Cabe recordar, sobre dicha tem\u00e1tica en espec\u00edfico, que esta Corte ha predicado, que: <\/p>\n
\u00abla protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u00bb. (CSJ STC, 19 sep. 2008, Rad. 01138-00, citada en STC2000-2018, reiterada en STC195-2021 y STC10205-2021). <\/p>\n
En ese orden, visto que lo que pretende la promotora del amparo es acudir -una vez m\u00e1s- a la tutela como una especie de tercera instancia, a conseguir decisiones concomitantes o paralelas a las que debe emitir la autoridad que dirige su proceso, es claro que la acci\u00f3n estaba llamada a su fracaso, en los t\u00e9rminos en los que se defini\u00f3 en la primera instancia. <\/p>\n
Adem\u00e1s, debe tenerse presente, que, pese a que una de las particularidades que reviste la tutela es su evidente car\u00e1cter informal, es necesario corroborar los hechos que dan cuenta de la violaci\u00f3n denunciada, pues, como lo ha determinado la jurisprudencia, no puede concederse si no existe prueba de la transgresi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental que requiera el amparo constitucional en un proceso preferente y sumario5. <\/p>\n
3. Finalmente, esta Sala no advierte la vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad al que alude el interesado y cuya protecci\u00f3n invoca, pues no s\u00f3lo no hay elementos de juicio ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, sino que no se acredit\u00f3 un tratamiento especial o preferente en alg\u00fan caso similar al suyo, \u00abno demostr\u00f3 el interesado la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, toda vez que no existen pruebas que den cuenta de otras personas en circunstancias similares a la suya\u2026, circunstancia que impide realizar el paralelo respectivo a fin de determinar si los accionados con su actuar le quebrantaron esa prerrogativa de rango constitucional\u00bb (CSJ STC402-2021 y STC1620-2022, entre muchas). <\/p>\n
4. Consecuencia de todo lo anterior es que se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sobre la procedencia de la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, resultan relevantes, entre otras tantas, las sentencias T-225 de 1993; SU-544 de 2001; SU-1070 de 2003; T-827 de 2003; T-1225 de 2004 y T-702 de 2008. <\/p>\n
2\u0002 De 5 de septiembre de 2013. <\/p>\n
4\u0002 De 27 de junio de 2018. <\/p>\n
5\u0002 \u00c9nfasis no original Cfr, Sentencia T-702 de 2000 MP. Alejandro Mart\u00ednez Caballero, reiterada en 2017, en Sentencia T-471\/17 M. S.: Gloria Stella Ortiz Delgado. <\/p>\n
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