STC3106-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3106-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00755-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, desata la Corte la tutela que Marta Luz Pe\u00f1a Correa y Virgilia L\u00f3pez Ramos, en nombre propio y en representaci\u00f3n de su hija Daniela Casta\u00f1o L\u00f3pez, instauraron en contra de la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, del Juzgado Cuarto Civil del Circuito, de la Alcald\u00eda, la Personer\u00eda Municipal y la Unidad para las V\u00edctimas, todos de la misma ciudad, del Gobernador y la Defensor\u00eda del Pueblo, ambos del Cesar, de Afinia (EPM), Comfacesar, el Fondo de Vivienda de Inter\u00e9s Social y Reforma Urbana (Fonvisocial), el Consorcio \u201cEl Porvenir\u201d y a la sociedad Cotes Infraestructura S.A.S., extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2011-00145. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Las libelistas exigieron la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abvivienda digna\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb para que se ordenara: (i) Al Tribunal Superior de Valledupar dejar sin efectos el auto proferido el 2 de febrero de 2022 y resolver de nuevo con \u00ablas pruebas obrantes en el incidente de desacato\u00bb; (ii) Al Juzgado Cuarto Civil del Circuito \u00abtramitar conforme al art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991 las solicitudes de cumplimiento que presenten los intervinientes (\u2026) [y que] se abstenga de obstruir y paralizar el cumplimiento de las \u00f3rdenes de amparo\u00bb; (iii) Al Alcalde, la Unidad para las V\u00edctimas, ambos de Valledupar, al Gobernador del Cesar, al Fondo de Vivienda de Inter\u00e9s Social y Reforma Urbana (Fonvisocial), a Comfacesar, a Afinia (EPM) y a la sociedad Cotes Infraestructura S.A.S., que cumplan \u00abcon la orden cuarta de la Sentencia T-946 de 2011 y el auto de 28 de julio de 2020, de realizar las gestiones administrativas necesarias para tramitar las obras de urbanismo y complementarias de la urbanizaci\u00f3n \u201cEl Porvenir\u201d\u00bb; y, (iv) A la Defensor\u00eda del Pueblo del Cesar y la Personer\u00eda Municipal de Valledupar, \u00abrealizar el seguimiento al cumplimiento de las \u00f3rdenes de amparo constitucional e informar de inmediato al juez de tutela de (\u2026) [las] irregularidades, acorde con los art\u00edculos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan el pliego introductorio y sus anexos es posible resumir el contexto f\u00e1ctico as\u00ed: <\/p>\n
En sentencia T-946 de 2011 la Corte Constitucional en sede de revisi\u00f3n, concedi\u00f3 parcialmente la salvaguarda a favor de aproximadamente 800 familias desplazadas por la violencia y, mand\u00f3, entre otras cosas, a la Alcald\u00eda de Valledupar, a la Gobernaci\u00f3n del Cesar y a la Unidad de V\u00edctimas, \u00abgarantizar un plan de vivienda digna para las personas desplazadas asentadas en la finca \u201cLa Sabana\u201d\u00bb, adecuadas para ser habitables, \u00aben sentido de poder ofrecer espacio (\u2026) a sus ocupantes y de protegerlos del fr\u00edo, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar tambi\u00e9n la seguridad f\u00edsica de los ocupantes\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s, los all\u00e1 gestores denunciaron el presunto incumplimiento de dicha disposici\u00f3n y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar se abstuvo de sancionar a las entidades querelladas, pero orden\u00f3 a la Alcald\u00eda de esa urbe (28 jul. 2020): <\/p>\n
\u00abadelantar las gestiones administrativas tendientes a cumplir con las actividades complementarias como la instalaci\u00f3n de contadores y energizaci\u00f3n del proyecto, pruebas hidr\u00e1ulicas y estanqueidad del sistema de acueducto y alcantarillado (instalaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos domiciliarios), terminaci\u00f3n de obras de urbanismo como v\u00edas de acceso, bordillos y andenes, as\u00ed como aspectos de seguridad, es decir, toda actividad que permita la habitabilidad de las 802 casas de la Urbanizaci\u00f3n El Porvenir, para realizar la reubicaci\u00f3n de las familias o personas beneficiadas con la sentencia T-946 de 2011. Lo anterior, en coordinaci\u00f3n con los representantes legales, o quien haga sus veces, de entidades como el FONDO DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE VALLEDUPAR – FONVISOCIAL, UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMDUPAR S.A. E.SP. EMDUPAR, ELECTRICARIBE, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR -COMFACESAR (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Luego, con ocasi\u00f3n a la desatenci\u00f3n permanente de los organismos convocados a lo determinado por la Corte Constitucional (T-946 de 2011) y en el auto de 28 de julio de 2020 del Juzgado Tercero Civil del Circuito, los promotores de la referida \u201cacci\u00f3n de tutela\u201d y las aqu\u00ed solicitantes, quienes resultaron beneficiadas de tales pronunciamientos, incoaron nuevo \u201cincidente de desacato\u201d. <\/p>\n
Se\u00f1alaron las peticionarias que, en el curso de esa articulaci\u00f3n, el estrado judicial \u201cindividualiz\u00f3 al responsable de la orden judicial\u201d contenida en la T-946 de 2011 (18 dic.) y, para tal fin, notific\u00f3 a los vinculados a trav\u00e9s del \u201coficio n\u00ba 1064\u201d, entre estos, a los e-mails registrados de la Alcald\u00eda Municipal: \u201cjuridica@valledupar-cesar.gov.co; jcastroarias@hotmail.com; abog.jmartinez@gmail.com; luisca.ramirez@hotmail.com\u201d y, posteriormente, impuso arresto de tres (3) d\u00edas y diez (10) S.M.M.L.V. al Alcalde implicado (11 ag. 2021); empero el superior declar\u00f3 la nulidad del castigo (2 feb. 2022), al advertir que no se realiz\u00f3, en debida forma, el enteramiento al incidentado. <\/p>\n
Tildaron de irregular dicha decisi\u00f3n, puesto que el ad quem cometi\u00f3 \u201cdefecto f\u00e1ctico y procedimental\u201d al no valorar adecuadamente las pruebas que reposan en el dossier, que demostraban que, en realidad, aquel s\u00ed fue \u201cnotificado e individualizado\u201d y adem\u00e1s se requiri\u00f3 \u201cen varias oportunidades\u201d para que entregara los respectivos informes. <\/p>\n
A\u00f1adieron que el grado jurisdiccional de consulta se debe resolver en tres (3) d\u00edas acorde con el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991 y la Magistratura acusada tard\u00f3 seis (6) meses para ello. <\/p>\n
En virtud de lo extensamente narrado, rogaron que las entidades confutadas atendieran lo establecido por la Corte Constitucional en la T-946 de 2011 y en el auto de 28 de julio de 2020 del Juzgado Tercero Civil del Circuito, habida cuenta que en la urbanizaci\u00f3n \u201cEl Porvenir\u201d, a ra\u00edz de la omisi\u00f3n y abandono en las gestiones administrativas, se presentan las problem\u00e1ticas que se sintetizan en: <\/p>\n
<\/p>\n
* Obstaculizaci\u00f3n en la entrada por las \u201caguas negras putrefactas y el desbordamiento de la acequia Las Mercedes\u201d que no les permiten movilizarse y ausencia de v\u00edas de acceso. <\/p>\n
<\/p>\n
* Falta de impulso del \u201cPlan de Manejo Ambiental\u201d y de la \u201cLicencia de Urbanismo\u201d con el fin de ahuyentar las serpientes venenosas que habitan en el lugar.<\/p>\n
* No se ha perfeccionado la entrega e instalaci\u00f3n de: (i) Las certificaciones el\u00e9ctricas \u201cRETIE y RETILAP\u201d; (ii) 9 transformadores; (iii) Gas natural domiciliario; (iv) Dotaci\u00f3n de las \u00e1reas de cesi\u00f3n obligatorias para equipamiento p\u00fablico colectivo y espacio p\u00fablico; (v) Limpieza de escombros y desechos de \u00e1reas ejecuci\u00f3n de las obras; (vi) Redes de alumbrado p\u00fablico y obras complementarias; (vii) Certificado de uso final de las viviendas; (viii) Adici\u00f3n de las zonas de cesi\u00f3n; (ix) 700 casas que faltan y asignaci\u00f3n de los subsidios y escrituraci\u00f3n de las viviendas para brindar la seguridad jur\u00eddica de la propiedad. <\/p>\n
2.- La Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas se opuso a la guarda, porque no encontr\u00f3 ning\u00fan pedimento con el que las precursoras \u201cbuscaran iniciar proceso de retorno o reubicaci\u00f3n, circunstancia que impide la aplicaci\u00f3n del criterio de priorizaci\u00f3n, contenido en el art\u00edculo 2.2.7.4.7. del Decreto 1084 para la entrega de la medida reclamada\u201d. <\/p>\n
La Direcci\u00f3n General del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social asever\u00f3 que dentro de sus competencias no est\u00e1 la posibilidad de \u201cdisponer o construir albergues temporales o soluciones definitivas en materia de vivienda\u201d; empero, dada la situaci\u00f3n y \u201ccon el prop\u00f3sito de contribuir de manera activa en la soluci\u00f3n definitiva en materia de vivienda para la poblaci\u00f3n beneficiaria de la sentencia T-946 de 2011, la entidad se comprometi\u00f3 mediante oficio radicado el 11 de abril de 2018 ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar, a adelantar la gesti\u00f3n para la obtenci\u00f3n de Mil Trescientos Millones de Pesos m\/cte ($1.300.000) con el fin de aportarlos al proyecto de vivienda en ejecuci\u00f3n por parte de la Alcald\u00eda de Valledupar, para la realizaci\u00f3n de obras de urbanismo, tales como, pavimentaci\u00f3n de calles urbanas, andenes, entre otros\u201d, emolumento que aport\u00f3 desde el 15 de septiembre de 2020, lo que significa que cumpli\u00f3 con el 100% de la sentencia \u201cporque en cuanto al recibo final de las viviendas y entrega de las mismas a la comunidad, es responsabilidad del contratista y el Ente Territorial\u201d. <\/p>\n
La Defensor\u00eda del Pueblo del Cesar coadyuv\u00f3 el amparo y exigi\u00f3 que \u201csea excluida de cualquier responsabilidad que se llegare a atribuir\u201d. <\/p>\n
El Juzgado Tercero Civil del Circuito y el Tribunal Superior enviaron el enlace del pleito censurado; adem\u00e1s, el \u00faltimo relat\u00f3 lo acontecido en la segunda instancia en el asunto combatido. <\/p>\n
AFINIA (EPM), en representaci\u00f3n de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. destac\u00f3 que no intervino en la lid disputada; no obstante, indic\u00f3 que ante ese organismo se radic\u00f3 \u201cproyecto de electrificaci\u00f3n de las viviendas construidas (\u2026) en \u201cEl Porvenir\u201d, sobre el cual el consorcio solo ha presentado la documentaci\u00f3n respectiva a 2 transformadores, para la energizaci\u00f3n de 94 usuarios\u201d; de manera que, cuando se entregue la totalidad de lo requerido, iniciar\u00e1 con el contrato. Por lo esbozado, dijo no tener \u201clegitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u201d, pues ha realizado \u201clas gestiones administrativas necesarias para lograr que el consorcio culmine a satisfacci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda Judicial para Asuntos Civiles afirm\u00f3 que \u201cha propugnado por la necesidad de dar cumplimiento, de manera \u00edntegra y efectiva a las \u00f3rdenes impartidas en el marco de la acci\u00f3n de tutela (\u2026) y de que el juez tome las medidas correctivas que ordena la ley (\u2026) en pos de la protecci\u00f3n de los intereses de las personas beneficiadas o concernidas con el susodicho fallo\u201d. <\/p>\n
Los suplicantes en la \u201cacci\u00f3n de tutela\u201d que finaliz\u00f3 con la sentencia T-946 de 2011, inst\u00f3 la prosperidad de la salvaguarda. <\/p>\n
El Juzgado Cuarto Civil del Circuito apunt\u00f3 que recibi\u00f3 el dossier correspondiente al \u201cincidente de desacato\u201d debatido, en virtud de la nulidad decretada por el superior y el 3 de marzo de 2022 \u201cdio traslado a los incidentados para que, a la mayor brevedad posible, dieran cuentas de las gestiones realizadas para darle cumplimiento a la orden judicial impartida y est\u00e1 a la espera de las respuestas para seguir con la etapa siguiente, respetando el principio de legalidad\u201d. <\/p>\n
El Fondo de Vivienda de Inter\u00e9s Social y Reforma Urbana de Valledupar \u2013 FONVISOCIAL hizo un recuento de lo emprendido en el predio \u201cEl Porvenir\u201d, con ocasi\u00f3n al mandato constitucional, todo lo relacionado con \u201cla entrega de certificaciones el\u00e9ctricas RETIE y RETILAP de las instalaciones el\u00e9ctricas (\u2026), instalaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos (\u2026), redes de gas natural domiciliario previsto en la licencia de urbanismo como en el POT del municipio, (\u2026) alumbrado p\u00fablico y obras complementarias, (\u2026) entrega mediante escritura p\u00fablica y dotaci\u00f3n de las \u00e1reas de cesi\u00f3n obligatorias para el equipamiento p\u00fablico y colectivo y espacio p\u00fablico (\u2026), limpieza de escombros y desechos de \u00e1reas de ejecuci\u00f3n de obras\u201d, entre otras. En ese orden, asegur\u00f3 que \u201cno ha vulnerado los derechos fundamentales invocados\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En materia de \u00abincidentes de desacatos\u00bb, esta Corporaci\u00f3n en aras de no abrir la puerta a infinitas acciones de la misma naturaleza por similares hechos, ha permitido la procedencia excepcional de la \u00abtutela\u00bb, sujetando la factibilidad a una vulneraci\u00f3n clara y ostensible del \u00abderecho al debido proceso\u00bb de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado de \u00e9ste. <\/p>\n
Sobre el particular, siguiendo la postura de la Corte Constitucional fijada en la SU-627 (1\u00ba oct. 2015), se acepta dicho instrumento bajo los siguientes derroteros: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella (\u2026). <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia (\u2026). <\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb (citada en STC7007-2021). <\/p>\n
Ahora, sin perjuicio de lo antelado y en atenci\u00f3n a que las accionantes finalmente lo que cuestionan es el \u00abtr\u00e1mite del desacato\u00bb en s\u00ed mismo, en espec\u00edfico, lo adverado por la Colegiatura censurada, en relaci\u00f3n con las anomal\u00edas en \u00abla individualizaci\u00f3n y notificaci\u00f3n\u00bb del alcalde de Valledupar, que culmin\u00f3 con la \u00abdeclaratoria de nulidad\u00bb que aqu\u00ed se reprocha, se recalca que del escrutinio de los elementos de convicci\u00f3n incorporados al paginario, confrontados con los argumentos expuestos en dicha directriz, es inexistente la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
Ello, por cuanto, cavil\u00f3 que en los \u00aboficios\u00bb remitidos a la Alcald\u00eda de Valledupar, al igual que los correos electr\u00f3nicos enviados para lograr el enteramiento, no se \u00abindividualiz\u00f3 (\u2026) [el] servidor p\u00fablico cuya responsabilidad subjetiva quiere establecerse\u00bb, de ah\u00ed que, \u00abla entrega de un[a] (\u2026) comunicaci\u00f3n en el organismo accionado, sin mayores previsiones, no es suficiente para garantizarle al incidentado el ejercicio de su derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, al verificar la p\u00e1gina web de esa entidad, encontr\u00f3 el e-mail alcaldia@valledupar-cesar.gov.co el que, seg\u00fan los datos all\u00ed incluidos, pertenece al alcalde de la localidad \u00abal que tambi\u00e9n pudo haberse enviado la notificaci\u00f3n del requerimiento, del auto de apertura del incidente y del prove\u00eddo que lo sancion\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abal examinar el tema, en punto a las diligencias que se surten a prop\u00f3sito del incidente que se origina por el supuesto incumplimiento del fallo de tutela, ha considerado improcedente una nueva revisi\u00f3n de la misma naturaleza constitucional, toda vez que, en torno al desacato, s\u00f3lo se previ\u00f3 respecto del auto que lo encuentra procedente y, por tanto, impone o fija sanciones, el grado de consulta, exclusivamente\u00bb (subrayado y negrillas fuera del texto), STC7007-2021. <\/p>\n
Y en el mismo sentido, en STC1823-2021 memor\u00f3, que: <\/p>\n
\u00abque el incidente de desacato, per se, culmina con una decisi\u00f3n judicial, la cual, prima facie, podr\u00eda estimarse que es susceptible de ser enjuiciada mediante otra acci\u00f3n de tutela. Empero, examinado el tema en conjunto, como debe ser, la resoluci\u00f3n judicial en comento no puede apreciarse en forma insular o aislada, sino como parte de una actividad seriada y, por ende, compleja en el entorno constitucional, lo que exige una valoraci\u00f3n panor\u00e1mica, como tal omnicomprensiva de todo el tr\u00e1mite tutelar. De ah\u00ed la \u00edntima relaci\u00f3n existente entre la tutela y su desacato, al punto que el funcionario competente para determinar si hubo o no inejecuci\u00f3n de la orden dada, sea el mismo que conoci\u00f3 del amparo. <\/p>\n
Por consiguiente, superadas esas etapas consustanciales a la acci\u00f3n de tutela, bien porque no se promovieron en tiempo los medios aludidos, ya por cuanto se interpusieron y fueron desatados por los funcionarios competentes, queda definitivamente cerrado el tema en torno a los puntos que all\u00ed comportaron debate (thema decissum), de suerte que no podr\u00edan volver aquellos sobre esa precisa controversia, menos, se itera, otros Jueces a trav\u00e9s de una nueva queja constitucional, puesto que el instrumento empleado se traducir\u00eda en un inconveniente espiral, en clara contrav\u00eda de claros postulados que edifican y salvaguardan la seguridad jur\u00eddica, pot\u00edsimo y acerado principio digno de frontal respeto y acatamiento. Observase que, si hoy es pac\u00edfico que, contra lo sentenciado en tutela, no es dable acci\u00f3n -ex novo- de naturaleza semejante, menos proceder\u00eda esta acci\u00f3n extraordinaria en punto a las providencias que se pronuncien en la etapa derivada del incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de desacato)\u00bb. <\/p>\n
3.- Ahora, en lo que concierne con la aspiraci\u00f3n encaminada a que las autoridades denunciadas \u00abcumplan con la orden cuarta de la Sentencia T-946 de 2011 y el auto de 28 de julio de 2020, de realizar las gestiones administrativas necesarias para tramitar las obras de urbanismo y complementarias de la urbanizaci\u00f3n \u201cEl Porvenir\u201d\u00bb, la salvaguarda no sale avante, toda vez que lo que buscan las inconformes es, que se conmine a obedecer la \u00absentencia de tutela\u00bb de la Corte Constitucional, cuando ello debe ventilarse, como en efecto se hizo, por medio del \u00abincidente de desacato\u00bb previsto en el Decreto 2591 de 1991, el cual se halla en curso, como quiera que a la fecha el Juzgado Cuarto Civil del Circuito reanud\u00f3 la articulaci\u00f3n, con ocasi\u00f3n a la manifestaci\u00f3n de impedimento efectuada el 9 de febrero hoga\u00f1o por el Juzgado Tercero Civil del Circuito. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha puntualizado: <\/p>\n
(\u2026) la protecci\u00f3n constitucional solicitada no es posible dispensarla, toda vez que, en estrictez, ella se orienta a cuestionar la determinaci\u00f3n adoptada por los funcionarios judiciales acusados en cumplimiento de una orden de tutela, lo que conduce a que la acci\u00f3n est\u00e9 llamada al fracaso, dado que para el referido prop\u00f3sito el legislador dise\u00f1\u00f3 un mecanismo diverso al utilizado por los accionantes. <\/p>\n
(\u2026) En efecto, est\u00e1 claro que mediante fallo de tutela emitido el 5 de febrero de 2009 se le orden\u00f3 al Tribunal accionado, que conoci\u00f3 de la segunda instancia del proceso adelantado por\u2026 contra los accionantes, que analizara \u2018nuevamente la situaci\u00f3n que se le ha puesto a su consideraci\u00f3n y que (\u2026)\u2019. Siendo, as\u00ed las cosas, el escenario apropiado para escrutar la actitud asumida por la autoridad aludida respecto del pronunciamiento judicial antes trascrito, es el previsto por el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
(\u2026) Por manera que habiendo dise\u00f1ado el legislador otra herramienta id\u00f3nea para elucidar la problem\u00e1tica expuesta, se estructura, entonces, el motivo legal de improcedencia que prev\u00e9 el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del citado Decreto, puesto que al margen de toda otra consideraci\u00f3n, lo cierto es que la decisi\u00f3n de 31 de marzo de 2009 -que constituye el origen del amparo- se adopt\u00f3 para acatar una sentencia de tutela, lo que implica que cualquier cr\u00edtica relacionada con ese proceder cumple suscitarla en el particular terreno del incidente de desacato….\u201d (Providencias de 22 de enero, 10 de julio y 9 de septiembre de 2008; 8 de mayo, 3 de junio y 6 de noviembre de 2009 exps. 02092-00, 01034-00, 00097-01, 01367-00, 00060-00, 00882-00 y 01824-00, respectivamente) CSJ STC4172-2021 y STC5446-2021. <\/p>\n
De modo que las impulsoras no pueden suscitar otro auxilio para que se revise la actuaci\u00f3n originada en uno anterior. <\/p>\n
4.- Por \u00faltimo, se pone de presente a las actoras que pueden comparecer ante la Defensor\u00eda del Pueblo del Cesar y la Personer\u00eda Municipal de Valledupar y elevar las inconformidades, cuestionamientos y\/o solicitudes -si as\u00ed lo estiman-, con el objetivo de provocar de aquellas, los pronunciamientos pertinentes sobre \u00abrealizar el seguimiento al cumplimiento de las \u00f3rdenes de amparo constitucional e informar de inmediato al juez de tutela de (\u2026) [las] irregularidades, acorde con los art\u00edculos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991\u00bb. <\/p>\n
5.- Ergo, surge inviable el socorro suplicado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Marta Luz Pe\u00f1a Correa y Virgilia L\u00f3pez Ramos, en nombre propio y en representaci\u00f3n de su hija Daniela Casta\u00f1o L\u00f3pez. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3106-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC3106-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00755-00 (Aprobado en Sala de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62087","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62087","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62087"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62087\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62087"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62087"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62087"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}