STC3107-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3107-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00704-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Alfredo Hurtado Barrera contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, extensiva al Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, obrando en su propio nombre, acude al presente mecanismo buscando la protecci\u00f3n \u00abde los derechos que resultaren probados y el de tutela judicial efectiva\u00bb. <\/p>\n
2. De la demanda se puede extraer que Luis Alfredo Hurtado Barrera promovi\u00f3 demanda de impugnaci\u00f3n de las decisiones adoptadas por la asamblea general ordinaria del Edificio Centro Comercial Combeima P.H., contenidas en el acta n\u00b0. 358 de 18 de marzo de 2021, \u00abpor ser violatoria de los art\u00edculos 46-2 y 47 de la Ley 675 [sic]\u00bb. <\/p>\n
El conocimiento de dicha actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, despacho que, mediante auto de 30 de julio de 2021 la rechaz\u00f3 por haber operado el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la caducidad. <\/p>\n
Contra tal providencia el promotor interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n. <\/p>\n
El primero fue resuelto por la c\u00e9lula judicial cognoscente el 13 de agosto de aquel a\u00f1o manteni\u00e9ndose en lo decidido, en tanto que el de apelaci\u00f3n lo desat\u00f3 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 el 15 de octubre siguiente en el sentido de confirmar la determinaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
3. El gestor afirma que el fallador de segundo grado, al considerar que \u00abla demanda\u2026 deb\u00eda presentarse dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de la reuni\u00f3n, es decir, entre el 18 de marzo y 18 de mayo de 2021, al margen del cumplimiento de las condiciones legales de todo acto jur\u00eddico\u00bb, desconoci\u00f3 que \u00abel requisito imperativo de publicidad del acto o prerrogativa de surtir efectos jur\u00eddicos y garantizar el debido proceso, se dio el 4 de junio de 2021\u00bb m\u00e1xime cuando a la \u00faltima data en menci\u00f3n \u00abd\u00eda 39 h\u00e1bil desde la fecha de reuni\u00f3n, el acta no hab\u00eda sido firmada ni puesta a disposici\u00f3n de los propietarios del edificio\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, aduce que \u00abel acta impugnada es ineficaz por desconocimiento de una norma imperativa\u00bb, dado que las decisiones adoptadas por la asamblea no fueron adoptadas por la \u00abmayor\u00eda calificada del 70 % de los coeficientes de copropiedad\u00bb, sino por el 62,97 %, situaci\u00f3n que solo conoci\u00f3 el \u00ab3 de junio de 2021\u00bb cuando obtuvo copia del acto demandado. <\/p>\n
4. Asegura que corresponde a esta Corporaci\u00f3n \u00abdefinir\u2026 acerca de la correcta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la ley a trav\u00e9s del resguardo\u00bb y solicita, en consecuencia, remover los efectos jur\u00eddicos del auto de 15 de octubre de 2021, para que, en su lugar, \u00absea dictado un nuevo auto con base en las directrices que se determinen en esta acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La magistrada ponente de la determinaci\u00f3n cuestionada se\u00f1al\u00f3 que \u00abse atiene\u2026 a lo consignado en el expediente contentivo del tr\u00e1mite judicial en que tiene hontanar la acci\u00f3n de tutela y las razones jur\u00eddicas que motivaron la decisi\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas por Luis Alfredo Hurtado Barrera al confirmar el auto por medio del cual, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad rechaz\u00f3 la demanda de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea que aquel promovi\u00f3 contra el Edificio Centro Comercial Combeima P.H., al haber operado el fen\u00f3meno de la caducidad, supuestamente por realizar una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de la normativa llamada a gobernar el asunto. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Advierte la Sala la inviabilidad del resguardo comoquiera que la determinaci\u00f3n proferida por la colegiatura reprochada, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable del contexto f\u00e1ctico y jur\u00eddico, as\u00ed como de los medios de convicci\u00f3n allegados para el estudio de la admisi\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
En efecto, el tribunal luego de un breve recuento procesal identific\u00f3 el problema jur\u00eddico as\u00ed: \u00ab(\u2026) corresponde\u2026 determinar si la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 es acorde a la normatividad adjetiva vigente, al rechazar la demanda de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea\u2026 por encontrar configurado el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la caducidad de la acci\u00f3n (\u2026)\u00bb <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, para abordar el examen del caso particular, se\u00f1al\u00f3 que \u00abel acta a impugnar data del 18 de marzo de 2021 y la demanda fue radicada el 21 de julio del mismo a\u00f1o, motivo por el que resultaba procedente dar aplicaci\u00f3n al art. 90 del CGP y, en consecuencia rechazar el medio de control judicial, como quiera que el mismo fue interpuesto por fuera del t\u00e9rmino legal\u2026 dispuesto para debatir su legalidad ante la administraci\u00f3n de justicia, los cuales venc\u00edan el 18 de mayo de la anualidad en comento\u00bb. <\/p>\n
Para la colegiatura ad quem el planteamiento del censor, relativo a que el conteo del t\u00e9rmino de caducidad deb\u00eda comenzar desde de la \u00faltima fecha mencionada, por ser en la cual \u00abse comunic\u00f3 telef\u00f3nicamente con la administradora del centro comercial\u2026 para solicitarle copia del acta objeto de debate y no desde el 18 de marzo cuando se llev\u00f3 a cabo la reuni\u00f3n\u00bb, dado que para esa fecha el acto no \u00abexist\u00eda formalmente\u00bb por cuanto no hab\u00eda sido suscrito por los intervinientes, no era de recibo pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de la lectura del documento objeto de censura se desprende que el acto cuestionado es del 18 de marzo de 2021, pese a que, seg\u00fan voces del extremo activo, se hubiese firmado con posterioridad, de lo que, valga decir, no existe m\u00e1s medio probatorio que la manifestaci\u00f3n del demandante, por lo que no queda m\u00e1s camino que concluir que el t\u00e9rmino de caducidad fue debidamente computado por el fallador de instancia, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que no existe fundamento legal alguno para concluir como de manera errada lo hizo el apelante, que una llamada telef\u00f3nica tuviese la virtualidad de dar inicio al lapso que ha sido se\u00f1alado, pues, se recuerda, el t\u00e9rmino de los dos meses ha de contabilizarse a partir de la fecha de la reuni\u00f3n en la cual sean adoptadas las decisiones, como es el caso que ocupa la atenci\u00f3n del tribunal ya que no se trata de acuerdos o actos de asamblea que deban ser inscritos en el registro mercantil, lo que indica, se itera, que la iniciaci\u00f3n del respectivo conteo se define por la calenda en que se lleva a cabo el acto impugnado, o en otros t\u00e9rminos, desde el momento en que el mismo fue adoptado por el respectivo \u00f3rgano de decisi\u00f3n, de manera que debe darse aplicaci\u00f3n a la literalidad de la norma y, en consecuencia, concluir que el t\u00e9rmino de caducidad iniciaba el 18 de marzo del 2021, tal y como lo estableci\u00f3 la decisi\u00f3n apelada, raz\u00f3n por la que se confirmar\u00e1 (\u2026)\u00bb <\/p>\n
La anterior determinaci\u00f3n se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, en tanto que en ella se expusieron los fundamentos jur\u00eddicos que sirvieron de soporte para rechazar la demanda por inobservancia del presupuesto de la tempestividad consagrado en el art\u00edculo 382 del C\u00f3digo General del Proceso, comoquiera que fue instaurada por fuera del t\u00e9rmino all\u00ed establecido. <\/p>\n
Adicionalmente, la postura del censor sobre el momento en que se deb\u00eda iniciar el conteo del aludido lapso, fue desestimada con suficiencia argumentativa, observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que se busca es anteponer la propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica por encima de la autoridad jurisdiccional, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela pues no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En el presente asunto, aun cuando el gestor del resguardo se\u00f1ala lo que, en su sentir, son \u00aberrores\u00bb en la interpretaci\u00f3n de la normativa llamada a gobernar el asunto, lo que en realidad hace es insistir en puntos que fueron estudiados y resueltos al interior del mismo por los funcionarios competentes, con apoyo en los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se impone negar el amparo porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda y lo pretendido por el demandante desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar imponer su particular comprensi\u00f3n jur\u00eddica, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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