STC3112-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3112-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-02337-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 2 de diciembre de 20211, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Diana Quintero D\u00edaz contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, salud, \u00abindemnizaci\u00f3n integral\u00bb, entre otras, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada en un juicio laboral (SL897-2021, 15 mar., rad. 76655). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que present\u00f3 demanda contra Almacenes SI S.A., en procura de la declaraci\u00f3n de existencia de un contrato de trabajo del 25 de julio de 2006 al 1 de marzo de 2012, que finaliz\u00f3 \u00abpor decisi\u00f3n unilateral e injusta del empleador, al no tener en cuenta el estado de salud\u00bb \u2013con ocasi\u00f3n del accidente que origin\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad laboral\u2013, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali, quien absolvi\u00f3 a la requerida. <\/p>\n
Inconforme, apel\u00f3 esa determinaci\u00f3n, por lo que la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa localidad la revoc\u00f3, para, en su lugar, acceder al petitum y ordenar su reintegro, adem\u00e1s del pago de las acreencias respectivas. Sin embargo, la pasiva formul\u00f3 la impugnaci\u00f3n extraordinaria y la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 invalid\u00f3 la resoluci\u00f3n estimatoria del ad quem, para, en sede de instancia, confirmar el fallo de primer grado. <\/p>\n
En ese orden, se\u00f1al\u00f3 que con ese proceder se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico por indebida valoraci\u00f3n probatoria de varios medios de convicci\u00f3n adosados a esa causa y en desconocimiento del precedente judicial, espec\u00edficamente, de la sentencia SU\u2013049 del 2017 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3, en compendio, \u00abdejar sin efectos la sentencia proferida el d\u00eda quince (15) de marzo del a\u00f1o 2021 en el proceso con radicaci\u00f3n n\u00famero: 2015-00263-01, por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral – Sala de descongesti\u00f3n nro. 4 de La Corte Suprema de Justicia\u00bb y \u00abordenar que profiera una nueva sentencia, en la cual se haga una valoraci\u00f3n adecuada del precedente judicial en el tema, de acuerdo con las reglas jurisprudenciales vigentes a la presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali manifest\u00f3 que \u00abse atiene\u00bb a lo probado en este asunto. <\/p>\n
2. Un abogado que refiri\u00f3 ser el mandatario judicial de la actora en el proceso laboral coadyuv\u00f3 la solicitud. <\/p>\n
3. Almacenes SI S.A.S. reliev\u00f3 que \u00ablo que aqu\u00ed se pretende es usar la tutela como una cuarta instancia frente a un proceso que fue atendido en sus dos instancias y resuelto mediante el recurso extraordinario de casaci\u00f3n el 15 de marzo de 2021\u00bb <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el resguardo, porque \u00abverificado el contenido de la decisi\u00f3n SL897- 2021, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral -Sala de Descongesti\u00f3n n.o 4- el 15 de marzo de 2021 al interior del radicado 76655, en virtud de la cual se dirimi\u00f3 de manera definitiva la controversia planteada por DIANA QUINTERO D\u00cdAZ, la esta Sala de tutelas estima que providencia se ofrece razonable y ajustada a los par\u00e1metros normativos y jurisprudenciales que rigen el tema all\u00ed desarrollado\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, coligi\u00f3 que \u00abal emitir el fallo de instancia, dijo que lo antes expuesto, era suficiente para confirmar la sentencia absolutoria del a quo, toda vez que: i) la demandante no era sujeto de la protecci\u00f3n especial consagrada en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997 toda vez que, no contaba con p\u00e9rdida de capacidad laboral m\u00ednimo del 15%, y, ii) DIANA QUINTERO D\u00cdAZ decidi\u00f3 no volver a trabajar y as\u00ed lo manifest\u00f3 en el acta de descargos que le fue practicada el 17 de febrero de 2012. Bajo el anterior contexto, la Sala evidencia que, la accionada valor\u00f3 las pruebas aportadas al proceso y las normas que regulan la materia, para concluir que la aqu\u00ed actora no contaba con estabilidad reforzada, en tanto no cumpl\u00eda con el porcentaje de p\u00e9rdida de la capacidad laboral exigida por la ley, adem\u00e1s, que tampoco existi\u00f3 terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral sin justa causa. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El apoderado de la censora recurri\u00f3 la precitada sentencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00absi bien es cierto se observ\u00f3 la inasistencia de la trabajadora a su lugar de trabajo, nunca fue debatido el hecho probado de las razones por las cuales ello sucedi\u00f3. Adicionalmente, no se tuvo en cuenta que \u2014tal como se prob\u00f3 en el proceso inicial\u2014 el empleador pretend\u00eda exponer la salud de la trabajadora al conminarle a realizar funciones para las cuales ten\u00eda limitaciones y restricciones m\u00e9dicas vigentes, mayormente con el uso de bast\u00f3n ordenado por el especialista tratante; razones que fueron m\u00e1s que suficientes para que la trabajadora no acudiera al puesto de trabajo que, por capricho, arbitrariedad y falta de empat\u00eda del empleador, con violaci\u00f3n a sus restricciones m\u00e9dicas, le fue impuesto\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, Almacenes SI alleg\u00f3 memorial en el que se opuso a lo expuesto en la citada defensa y requiri\u00f3 que \u00abse mantenga el fallo objeto de impugnaci\u00f3n que neg\u00f3 la tutela por la razonabilidad de la sentencia de casaci\u00f3n\u00bb, porque \u00ablo que aqu\u00ed se pretende es usar la tutela como una cuarta instancia frente a un proceso que fue atendido en sus dos instancias y resuelto mediante el recurso extraordinario de casaci\u00f3n el 15 de marzo de 2021, con una sentencia congruente y acorde a las pruebas y hechos del caso espec\u00edfico\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 la gestora (SL897-2021, 15 mar., rad. 76655), por casar la providencia estimatoria del tribunal ad quem, para, en su lugar, denegar el petitum, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
En efecto, al analizar conjuntamente los cargos formulados por la contraparte de la convocante, relacionados con (i) la violaci\u00f3n indirecta, en la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida, de varios c\u00e1nones de la Constituci\u00f3n, el C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y otros compendios normativos, por \u00abno dar por demostrado, est\u00e1ndolo, que la se\u00f1ora Diana Quintero, deliberadamente y sin justificaci\u00f3n m\u00e9dica dej\u00f3 de asistir a su trabajo durante dos meses y 25 d\u00edas\u00bb; y con (ii) la infracci\u00f3n directa, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de otros preceptos, porque \u00abno se discute que Diana Quintero D\u00edaz tuviera una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 10,15%, lo cual conduce a concluir que ella no es beneficiaria de las prerrogativas se\u00f1aladas en la Ley 361 de 1997\u00bb, la Sala encartada se\u00f1al\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abNo se discute en sede casacional que: (i) el 25 de julio de 2006 los litigantes suscribieron contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido y que la actora desempe\u00f1\u00f3 el cargo de vendedora en un comienzo de la relaci\u00f3n; (ii) ella tuvo un accidente de trabajo el 13 de julio de 2007, por el que fue atendida por la ARP, hoy ARL y la EPS por su constante dolor; (iii) el 8 de mayo de 2008, cuando se dirig\u00eda a su casa, se cae y se fractur\u00f3 la clav\u00edcula; (iv) con ocasi\u00f3n de ambos sucesos, tiene m\u00faltiples intervenciones quir\u00fargicas, as\u00ed como incapacidades que finalizan el 11 de noviembre de 2011 (f.\u00b0103); (v) es calificada en 3 ocasiones, la primera fue el 19 de febrero de 2009, donde la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez del Valle del Cauca le asign\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 23,79%, con fecha de estructuraci\u00f3n el 22 de agosto de 2008 de origen com\u00fan. La segunda, por la Junta Nacional el 29 de julio siguiente, donde solamente modific\u00f3 la causa como laboral. <\/p>\n
Por \u00faltimo, la primera entidad, al revisar la rehabilitaci\u00f3n de Diana Quintero, el 15 de abril de 2010, le estableci\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 10,15%, dejando los dem\u00e1s \u00edtems inc\u00f3lumes; (vi) Almacenes SI SA reubic\u00f3 a la demandante, en diversas ocasiones, en diferentes puestos de trabajo, de acuerdo con las recomendaciones m\u00e9dicas de la ARP y de la EPS, siendo el \u00faltimo el de auxiliar de vestier. Finalmente, que Diana Quintero D\u00edaz deja de asistir a laborar el 22 de noviembre de 2011, y a pesar de requerirla en diversas oportunidades, no se presenta a las instalaciones de la demandada sino el 17 de febrero de 2012, fecha en la que se realiza un acta de descargos, la cual da lugar a la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo, bajo el argumento de abandono del cargo\u00bb. <\/p>\n
En ese contexto, estableci\u00f3 como problema jur\u00eddico a dirimir si el ad quem acert\u00f3 o no cuando concluy\u00f3 que la se\u00f1ora Quintero D\u00edaz ten\u00eda derecho al reintegro por ser despedida, presuntamente, en situaci\u00f3n de debilidad manifiesta por la p\u00e9rdida de capacidad laboral; y que, por lo mismo, la empresa deb\u00eda contar previamente con el permiso del Ministerio del Trabajo, para lo cual recalc\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abLa Corporaci\u00f3n se\u00f1ala de entrada que la censura tiene raz\u00f3n respecto a las objeciones jur\u00eddicas y f\u00e1cticas que anota en relaci\u00f3n con el entendimiento que el Tribunal dio al art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, por las razones que se explican a continuaci\u00f3n. En primer lugar, la jurisprudencia de la Sala ha adoctrinado que el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997 establece una protecci\u00f3n legal para aquellos trabajadores con deficiencias f\u00edsicas, sensoriales y mentales, que se extiende desde el inicio de la relaci\u00f3n laboral hasta su extinci\u00f3n; y que su prop\u00f3sito fundamental es el de promover la participaci\u00f3n en condiciones equitativas en el ambiente de trabajo y salvaguardar la estabilidad laboral, dada la segregaci\u00f3n hist\u00f3rica que padecen. <\/p>\n
En esa misma perspectiva, ha precisado que dicha protecci\u00f3n legal no pretende conceder a los trabajadores con discapacidad un derecho a permanecer en el empleo a perpetuidad sino disuadir despidos o terminaciones de las relaciones de trabajo con fundamento en razones discriminatorias. De modo que, si la decisi\u00f3n de terminar el v\u00ednculo laboral deviene en un motivo diverso al estado fisiol\u00f3gico o ps\u00edquico del trabajador, como lo ser\u00eda una justa causa, tal protecci\u00f3n no opera. En este punto, es oportuno destacar que la jurisprudencia de la Corte ten\u00eda establecido que el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997 no conten\u00eda una presunci\u00f3n legal ni de derecho, pues de su literalidad no se puede deducir que, a partir del simple conocimiento del estado de discapacidad del trabajador, el legislador pretende dar por presumible o probable el m\u00f3vil discriminatorio del despido (CSJ SL, 16 mar. 2010, rad. 36115 y CSJ SL 10 ago. 2010, rad. 35794). <\/p>\n
No obstante, a trav\u00e9s de la sentencia CSJ SL1360-2018 la Sala modific\u00f3 el criterio descrito y arrib\u00f3 a una intelecci\u00f3n distinta del precepto, que es la imperante en la actualidad. Desde entonces, la Corporaci\u00f3n considera que la prohibici\u00f3n prevista en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997 se encamina a censurar \u00fanicamente los despidos motivados en razones discriminatorias, de modo que si el v\u00ednculo laboral se extingue por una causa objetiva como lo es la existencia de una justa causa, la protecci\u00f3n en referencia no es procedente. Asimismo, establece que, si en el juicio laboral el trabajador acredita su discapacidad, el despido se presume discriminatorio, a menos que el empleador demuestre la justa causa. <\/p>\n
De ah\u00ed que este \u00faltimo es el que tiene la carga de desvirtuar el acto discriminatorio, so pena de la declaratoria de ineficacia del despido y de la orden de reintegro del trabajador, junto con el pago de los salarios y prestaciones que deja de percibir y la sanci\u00f3n de 180 d\u00edas de salario que establece el inciso segundo de la norma en comento. En lo que concierne al literal c) transcrito, en armon\u00eda con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C531-2000, se tiene que el legislador establece como mecanismo especial la obligaci\u00f3n del empleador de solicitar la autorizaci\u00f3n del Ministerio del Trabajo, en aquellos eventos en los cuales la finalizaci\u00f3n del contrato de trabajo carece de una justa causa y la discapacidad es un obst\u00e1culo insuperable para prestar el servicio, para lo cual, sin embargo, es deber de la autoridad administrativa verificar el agotamiento de las etapas de rehabilitaci\u00f3n integral, readaptaci\u00f3n, reinserci\u00f3n y reubicaci\u00f3n laboral del trabajador (CSJ SL1360-2018, CSJ SL2548-2019 y CSJ SL260\u20132019). <\/p>\n
Frente a este \u00faltimo aspecto, es claro que la demandante agota cada uno de los pasos y en virtud del tratamiento m\u00e9dico, su p\u00e9rdida de capacidad laboral pasa del 23,75% al 10,15%, de origen laboral, con estructuraci\u00f3n el 13 de julio de 2007, fecha del accidente de trabajo (f.\u00b0 246 a 250). Aunado a lo anterior, es preciso se\u00f1alar que la protecci\u00f3n que establece la Ley 361 de 1997 no procede respecto de cualquier tipo de discapacidad conforme a los art\u00edculos 1 y 5 ib\u00eddem, y 7 del Decreto 2463 de 2001, toda vez que se dirige a las personas consideradas por la ley \u00abcomo limitadas, es decir, todas aquellas que su discapacidad comienza en el 15% de p\u00e9rdida de capacidad laboral\u00bb. Por lo que no es suficiente que al momento del despido el trabajador sufra quebrantos de salud, este en tratamiento m\u00e9dico o se le concedan incapacidades, sino que debe acreditar que al menos tiene una limitaci\u00f3n f\u00edsica, ps\u00edquica o sensorial con el car\u00e1cter de moderada, esto es, que implique un porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral igual o superior al 15% (CSJ SL, 28 ag. 2012, rad. 39207, reiterada en las decisiones CSJ SL14134-2015, CSJ SL10538-2016, CSJ SL5163-2017, CSJ SL11411-2017, CSJ SL4609-2020 y CSJ SL058-2021)\u00bb <\/p>\n
Con fundamento en las premisas que anteceden, esa corporaci\u00f3n precis\u00f3 que \u00abal momento de la finalizaci\u00f3n del contrato de trabajo, febrero de 2012, no se acredita que la demandante este afectada por una p\u00e9rdida de capacidad laboral en el porcentaje legal indicado, es decir, no es beneficiaria de la Ley 361 de 1997, es donde se evidencia el primer yerro del Tribunal, lo que es suficiente para casar la decisi\u00f3n, pero la Sala encuentra importante precisar el tema del abandono del cargo, pues en la sentencia impugnada se se\u00f1ala que no era una justa causa, a menos que exista una conducta inequ\u00edvoca que conduzca a concluir que la intenci\u00f3n del trabajador es renunciar\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en cuanto al \u00ababandono del cargo\u00bb, adujo que \u00abesta Corporaci\u00f3n en la sentencia CSJ SL 5861-2015 reiterada en las decisiones CSJ SL 1531-2019 y CSJ SL1051-2020, precisa que no constituye propiamente un modo de terminaci\u00f3n del contrato laboral ni una justa causa de despido; ya que tal figura no existe en la legislaci\u00f3n laboral, pero si se enmarca dentro de la causal 6 del art\u00edculo 62 del CST, al referir la violaci\u00f3n grave de las obligaciones y prohibiciones que le incumben al trabajador\u00bb, de modo que \u00abno queda duda, que Diana Quintero D\u00edaz deja de asistir a prestar sus servicios por m\u00e1s de 2 meses, en raz\u00f3n de que \u00abno quiero [e]star en almacenes de cadena ni almacenes\u00bb, pues \u00fanicamente desea trabajar en bodega, bajo la justificaci\u00f3n de que es por el estado de su pierna, sin contar con incapacidades m\u00e9dicas. As\u00ed las cosas, incumple las labores propias de su cargo, configurando la justa causa invocada\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, al invalidarse la resoluci\u00f3n del ad quem, en sede de instancia la colegiatura denunciada arguy\u00f3 que \u00abno se evidencia que el empleador haya tomado la decisi\u00f3n de dar por terminado el contrato de trabajo, por el contrario, lo que hace es informarle en donde est\u00e1 la liquidaci\u00f3n final de prestaciones sociales, despu\u00e9s de que Diana Quintero D\u00edaz haya decidido no volver a trabajar y as\u00ed lo manifest\u00f3 en el acta de descargos que le fue practicada el 17 de febrero de 2012, d\u00eda en el que se present\u00f3 en las instalaciones de la demandada a decir que no iba a volver a laborar, ni le interesaba ensayar si el nuevo puesto le serv\u00eda. Por lo tanto, al no haber terminaci\u00f3n del contrato de trabajo de manera unilateral por parte del empleador, menos a\u00fan se puede considerar como injusta, sin que se pueda predicar la indemnizaci\u00f3n respectiva\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb enunciados en el libelo inicial, esta Sala colige que la diferencia de criterios, por s\u00ed misma, no tiene la entidad de enervar la juridicidad de la sentencia de casaci\u00f3n, aunado a que en la misma providencia se hizo alusi\u00f3n a los postulados jurisprudenciales del \u00f3rgano de cierre laboral en lo concerniente a la problem\u00e1tica estudiada \u2013entre otros, se apoy\u00f3 en los fallos SL1360-2018, 11 abr., rad. 53394; SL2548-2019, 10 jul., rad. 69150; SL260-2019, 30 ene., rad. 71395; SL11411-2017, 2 ago., rad. 67595; SL4609-2020, 9 sep., rad. 60859; SL058-2021, 20 ene., rad. 65559\u2013, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC3112-2022 Magistrado ponente STC3112-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-02337-01 (Aprobado en Sala de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 2 de diciembre de 20211, proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62093","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62093","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62093"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62093\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62093"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62093"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62093"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}